Familias Sobrevivientes de Femicidios cuentan los niveles de maltrato, indiferencia, machismo y complicidad que detectan en el sistema judicial y policial. ¿Cuáles son sus propuestas para cambiar la lógica entre perversa y absurda con la que se consagra la impunidad machista? Trato humanizado, acelerar tiempos, cambiar jueces, invertir en presupuesto, capacitaciones y acompañamiento económico a las familias: algunos proyectos que pueden ponerse en práctica ya. Por Anabella Arrascaeta.

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Marta sale del hospital donde trabaja como enfermera y su marido, Guillermo, la espera en la puerta para ir a los Tribunales de Mar del Plata; tienen una audiencia con un juez por el femicidio de su hija Lucía Pérez, pero al llegar les dicen que no los puede atender. 

Facundo y Marisa, en Tigre, acompañan a una joven a la que no le quieren entregar fotocopias de la causa que investiga la muerte de su hermana. Para lograr una fotocopia, tuvieron que organizar una marcha. 

Mónica revela que en la comisaría que está frente a su rotisería desconocen el protocolo que deberían haber activado cuando su hija desapareció.  

Marian no tiene trabajo formal: no le borraron los antecedentes penales de una causa armada por la policía, de la que fue absuelta. 

Triny desde hace quince años transita y padece los pasillos judiciales por un litigio con su ex pareja; sabe que tendrá que seguir contestando interrogatorios, aunque nunca se hayan acordado de preguntarle cómo está. 

Daniel busca cómo juntar dinero para viajar 800 kilómetros hasta Capilla del Monte, Córdoba, donde se investiga –o mejor dicho no se investiga– el crimen de su hija.  

¿Cómo se llama la obra?

Cientos de familiares padecen a diario la violencia de un sistema judicial que no solo los revictimiza sino que es parte de la trama de impunidad de los femicidios.

En esos edificios, en estas anécdotas y en cada causa se palpa cómo el Estado no hace lo que está obligado a hacer para prevenir las violencias, pero tampoco para repararlas. El sistema judicial facilita la impunidad, antes que la justicia. 

Lo poco que se parece a la justicia llega por tracción de las familias y sobrevivientes, con su dinero, sudor y lágrimas.

Son ellas quienes mejor saben qué funciona, qué no y qué reforma hace falta. 

Son, como siempre, las de abajo: especialistas en construir verdad e ideas para para una justicia sin machismo. Por eso además de buscar justicia, se organizaron como Familias Sobrevivientes de Femicidios. Se reúnen una vez por mes en Plaza de Mayo. Llevan una bandera que plantea: “El Estado es responsable”. 

Humanidad

Cuando Marta Montero llegó con su marido Guillermo Pérez a los Tribunales de Mar del Plata, les dijeron que el juez de ejecución penal, Juan Sebastián Galarreta, no podía recibirlos. Habían pactado una audiencia pero eso no impidió que la cancelara. Marta le hizo saber que no se iban a ir hasta ser recibidos. “Nos plantamos”, cuenta para explicar cómo tiene que reaccionar una familia frente a sucesivos maltratos judiciales. “Te hacen venir y después te dicen ‘no te voy a atender’. Son cínicos. Pero no están acostumbrados a que los interpelen, creen que vamos a decir ‘bueno, volvemos mañana’. Pero no, nosotros somos bravos, y con eso los desencajás, terminan diciendo: ‘los voy a tener que atender’”. 

Marta y Guillermo habían pedido esa audiencia porque uno de los femicidas de su hija reclamaba el beneficio de la prisión domiciliaria. La anécdota revela cómo lo primero que le falta al Poder Judicial es un grado de humanidad: “Lo que necesitamos es una reforma judicial humana, una justicia más humanitaria que la que tenemos hoy. Hoy el sistema no mira a la persona. Hoy da todo lo mismo, entrás en una picadora de carne, y no sabemos ni quiénes somos. Da lo mismo una violación, un femicidio, un robo, un abuso”, sostiene Marta tras marchar a los Tribunales y de lograr así, el día después del plantón, que los femicidas sigan en prisión preventiva. 

El mundo del revés: “Hoy una víctima tiene que estar penando para que no suelten al asesino de su hija. ¿Por qué tenemos que estar haciendo esto? Te revierten los roles. Yo termino siendo la que persigue a tipo para que él no vaya afuera, y eso lo tiene que hacer la justicia. Yo tendría que estar en mi casa, no en una marcha enloqueciéndome con un montón de milicos adelante mío. Acá faltan los derechos humanos de las personas. Necesitamos una justicia que mire a las personas: los otros nombres que le dan a la reforma son marketing”. 

Tiempos

Pensar una justicia que mire a las personas implica que los pasillos para recorrerla no estén llenos de obstáculos, puertas cerradas y excusas de turno. 

Facundo es papá de Luna Ortiz, una joven de 19 años que fue drogada, alcoholizada y violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. Junto a Marisa, mamá de Luna, vuelven de cortar una calle frente a Tribunales en Tigre para que entreguen copia de la causa a una joven que pide justicia por su hermana. 

Cortar una calle para conseguir lo más básico. A Facundo y Marisa también les pasó. Cuando reclamaban copia del expediente de la causa de su hija escuchaban respuestas de todo tipo: “Vengan mañana”, “no hay sistema”, “se cortó la luz”, y un etcétera ingenioso y doloroso. Hasta que cortaron la calle. “¿A vos te parece que tenemos que ir a plantarnos a la puerta de la fiscalía por una fotocopia?”, se preguntan ahora. Así aprendieron que el sistema favorece más la impunidad que la justicia, y que la única forma de lograr los pequeños grandes avances es con la expresión en las calles. 

Lo volvieron a corroborar cuando, por el femicidio de su hija, pidieron lo básico: ver las cámaras de la zona. Se lo negaron. Tuvieron que hacer otra marcha. “Marchamos y nos atendió el intendente. ‘Sí, vayan al centro de monitoreo’, nos dijeron. Y cuando fuimos: ‘Ah no, ya pasó el tiempo, se borraron’ –relata la respuesta Facundo, indignado–. Entonces nos organizamos con otros familiares, hicimos un proyecto que dice que ante la desaparición de personas, un posible femicidio o ante violencia de género, las cámaras tienen que ser aportadas a los familiares”. Marisa explica que sobre ese proyecto les dijeron que el accesi a las cámaras es solo judicial o policial, y que hay muchas situaciones de violencia que son intrafamiliares. La explicación les pareció coherente y reformularon el proyecto. “Pedimos el resguardo del material –resume Marisa–, no que en 30 o 60 días lo borren, porque el proceso judicial es largo. Dicen que no, que no se puede resguardar. ¿Qué les cuesta?”. Para entender lo poco que resultan uno o dos meses hay que saber que el femicidio de Luna lleva cuatro años de impunidad. 

La incoherencia de los tiempos no es una excepción: en muchas causas de este tipo parece más bien la norma. 

Después de cuatro años de proceso judicial en el que participaron dos fiscales, una fiscala, dos juezas y seis jueces, Marian Gómez fue absuelta de los dos cargos por los que en 2019 había sido condenada: resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos policías de la Ciudad que la increparon y le iniciaron un procedimiento misógino y ridículo (todo se inició porque se estaba besando con su esposa). Durante todo ese tiempo Marian perdió posibilidades laborales y todavía aguarda que le eliminen los antecedentes penales. “Debería haber salido esa actualización de mi situación al ser absuelta hace más de un mes pero esto me sigue trabando las posibilidades de trabajo”, dice a MU. “Pensás que sale la absolución y listo, pero no. Llevo 4 años esperando. Al ser jueces, no registran tiempos ni normas que deberían respetar”. 

Marta Montero, mamá de Lucía: “Lo primero y principal debería ser el respeto.  Porque si no seguimos sumando palabras vacías. Hay que respetar las leyes, códigos que tenemos. La justicia no es una perspectiva, una opinión de acuerdo a la Biblia que vos comulgás, porque tenés en tu mano la vida de una persona. Hay cosas que ya están hechas, escritas, claro que se le puede agregar, pero sino respetamos lo básico, como los tiempos, no respetamos nada”.

Democracia

“Los jueces están todos como por acomodo. Es un círculo que no sale de ellos. Son jueces de la aristocracia, intocables, están allá arriba. No dan reportajes. Uno no se puede acercar a hablar. Que sean elegidos sería una posibilidad porque en ese caso al menos la sociedad sabría quiénes son”, analiza Facundo, papá de Luna. “Está más adelantada la sociedad que la justicia. Entonces, por ejemplo, cada tres años se podría ir a ver, ‘¿qué hiciste en tres años?’ Y sino hiciste nada, te vas, y que venga otro”. Otra definición, que cree más ajustada que la del término “jueces”: “Son operadores políticos”.

Rocío Girat y Marian Gómez se conocieron en un living televisivo al que fueron invitadas para relatar cómo habían sido violadas en su infancia y adolescencia. Dos años después se casaron en Olavarría. Juntas transitaron el proceso judicial misógino al que fue sometida Marian, pero antes ya habían padecido la violencia del Poder Judicial. “Debería haber una limpieza total, que sea una justicia que más allá de feminista sea una justicia democrática”, reflexiona Rocío. “Que haya un acceso a votar qué es la justicia y qué no es. El repudio masivo de la sociedad ante la violencia no se ve reflejado cuando un juez falla”. Marian: “Deberían ser públicos los fallos que dan los jueces, y saber quiénes son. Y que no se sigan eligiendo entre ellos”. 

Rocío grafica así lo que vio desde su propia experiencia: “Hay una casta judicial que sigue funcionando por más que consigamos fallos que nos hagan pensar que hay una perspectiva diferente. Te ponen un límite. Hasta acá llegaste”. 

Cuando Marcelo Alberto Girat, padre de Rocío y suboficial de contrainteligencia de la Armada, fue condenado por violarla durante cuatro años –desde que ella tenía 13, muchas veces en la propia Base Naval marplatense– le otorgaron el beneficio de arresto domiciliario con monitoreo satelital. 

Rocío tuvo que dar una batalla para que esa decisión del juez Esteban Viñas, de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Mar del Plata, sea revocada. Esteban Viñas es primo de Pablo Viñas, juez del Tribunal Criminal 1 de la misma ciudad, y uno de los responsables del fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez. 

Dato: Esteban Viñas fue quien le tomó el juramento a su primo Pablo para que asuma las funciones: verdadera “familia judicial”. 

Marian resume su impresión sin vueltas: “Huelen a bosta”.

La niñez

Para Rocío es necesaria una justicia con mirada sobre la niñez. Ella era menor cuando denunció a su progenitor, a los 17 años. El juicio se hizo tres años después. “Como no me habían hecho la Cámara Gesell, me tuve que exponer a diez audiencias, frente a mi violador y a un público”. 

Resalta que es fundamental empezar a desarrollar mecanismos de escucha a las infancias. “Es muy diferente si nosotres podemos entender cómo se manifiestan, la manera que tienen para hablar, para decir lo que pasó o le pasa un niñe, y que eso se tome como prueba. No puede ser que se tome solo lo de Cámara Gesell, porque eso no siempre se puede: a veces se manifiesta con un dibujo, un juego. Hoy se espera que un niñe tenga una reacción de adulto”. 

Triny es madre de dos varones y una mujer. Desde hace 15 años transita juzgados por conflictos con su ex pareja. Describe: “La justicia no contempla a los chicos”. El primer expediente se abrió cuando ella era menor y quedó embarazada: “Cuando mi hija nació, el papá me la sacó”. Desde entonces los asistentes sociales fueron una fija en su vida. “Se hicieron una idea errónea de mí, pasaron más de 10 años y no cambió jamás la mirada hacia mí ni hacia los niños. Y eso que hablamos de juzgados de familia. Por eso tiene que haber una reforma total. 

Triny vive felizmente con dos hijos de otra ex pareja: “Tampoco son coherentes. El caso de mi hija lo ven distinto que el de mis hijos, pero soy la misma persona. Me revienta tener que sentarme delante de gente desconocida: para ellos soy un papel. Por ejemplo no me quisieron dar terapia ante una situación de violencia. Yo soy para ellos una mala víctima. Desde que transito juzgados no cambió nada: hace 10 años la denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica era estar 12 horas con los pibes ahí, y ahora también”. 

Capacitaciones

Para Rueda, 16 años, recibió un mensaje de whastapp de un ex compañero de colegio el 23 de septiembre del año pasado, a las cuatro de la tarde. Salió. Fue la última vez que la vieron con vida. Cuatro horas después su mamá Mónica Cunchila fue a la comisaría que funciona frente a su rotisería, en Palpalá, Jujuy, a hacer la denuncia por desaparición. El discurso policial fue el mismo que en muchos: “Se habrá ido con un noviecito”, le dijeron. Ante la inacción estatal, Mónica, su marido y vecinos y vecinas salieron a buscarla. Rastrillaron, cortaron la ruta, marcharon durante cinco días. Su cuerpo apareció después de un sorpresivo corte de luz, en un lugar donde los vecinos ya habían rastrillado. Desde entonces marchan cada martes en Palpalá.

“El Estado es responsable de lo que le pasó a mi hija, porque yo puse una denuncia y nadie salió a buscarla”, dice Mónica desde Jujuy. La desaparición y femicidio de su hija le enseñó que en esa provincia hay desde 2017 una resolución firmada por el Ministro de Seguridad, Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un operativo cerrojo por el cual en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. “Nadie estaba enterado del Código Rojo. ¿Cómo puede ser que el Ministro de Seguridad lo haya firmado y no haya dado una capacitación en las comisarías para que sepan que tienen que poner todas las herramientas posibles para resguardar la vida de una persona? Con Iara no lo han hecho. Yo fui aprendiendo que en las comisarías: ni la policía, ni los comisarios, nadie tiene la capacidad de buscar pruebas. Y por no saber se pierde tiempo. Los policías nos decían: ‘No sabía’. Yo por mensaje de whatsapp le pasé el texto del Código Rojo para que se lo pasen entre ellos, para que así tengan conocimiento”. 

Una capacitación continua y real podría dar lugar a la especialización, impartida por las propias familias. “Debería de haber en cada lugar del país una fiscalía temática con fiscales, peritos, todo el personal muy preparado”, dice Marta Montero desde Mar del Plata, donde se cerró la Fiscalía de Género. “Dijeron que no había tantas muertes de mujeres, cuando en realidad sobran. Las cierran para que no haya investigaciones”. En línea con esa hipótesis, tampoco inauguran una morgue que fue construida con nueva tecnología. “La hicieron después de la muerte de Lucía pero está cerrada. Dicen que no hay gente competente ni insumos. Mentira. Les conviene más hacer una autopsia en una morgue obsoleta. En esta morgue todo es computarizado. Hay cosas importantísimas, pruebas irrefutables, que en una morgue obsoleta se pierden”. 

Así, a través de la falta de capacitación y de herramientas se alimenta la máquina de la impunidad. 

Acompañamiento

Las capacitaciones –reflexionan Facundo y Marisa, papá y mamá de Luna– tienen que ser también para los abogados y abogadas defensores: “Porque no tienen una materia que tenga que ver con la violencia de género en la carrera. tienen posgrados que son optativos. Por la causa de Luna pasaron tres abogados. La ley de Victimas dice que tiene que haber abogados especializados en cada delito, por ejemplo en violencia de género, pero eso no se cumple”. 

Otra vez, lo que una familia relata se replica en alguna otra familia del país. 

Mónica, mamá de Iara, llamó ante la desaparición de su hija a tres abogados para lograr encontrar quien entendiese la urgencia de la situación. “Me marcaban los números porque yo temblaba. Llamé a uno, dijo: ‘Bueno, vaya a pedir la constancia de la denuncia y en la noche voy y lo veo’. Entonces, no. Otro: ‘Saque la constancia, que mañana voy’. Entonces, no. El tercero, en cambio, dijo: ‘En 15 minutos estoy allí’. Y se vino: ahí me quedé con ese abogado”. 

Tampoco encontró Mónica quien la acompañe y la asesore correctamente en el proceso de la denuncia. “La policía no te dice lo que tenés que hacer. Que yo tenía que tener un abogado, que no tenían que tocar el cuerpo de mi hija a menos que yo ponga un perito de parte: hay mucha información que estaría bueno que las comisarias le brinden a los familiares, porque en ese momento vos estás sumergida en tu dolor y no pensás en abogado, peritos, nada. Pero la otra gente podría decirte: es parte de su trabajo. Por ejemplo, que haya una lista de abogados en cada comisaría: no hay nada de eso. Y otra cosa: cuando estás haciendo la denuncia tiene que haber un psicólogo al lado tuyo, en ese momento, no después. Porque en la desesperación hay tantas cosas que se te pasan… y un psicólogo que está al lado tuyo, en frío puede pensar de otra manera, te puede apoyar, calmar. Que haya alguien que te ayude, que te guie, porque vos estás shockeada”. 

Federalizar

Para Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, la policía y fiscalía del lugar donde ocurre un femicidio no deberían ser las encargadas de investigar los casos que tienen entramados territoriales. Por eso Familiares plantea un concepto nuevo: el de femicidios territoriales, en los cuales la clave no es que el crimen se produzca a manos de un novio, ex pareja o pareja violenta, sino que exista una red de impunidad territorial que permite cometer delitos. Esa trama implica tanto a la policía como las fiscalías por acción u omisión. Así resulta imposible para las familias acceder a un proceso judicial justo, ya que los primeros en actuar y escribir la versión de los hechos son partes implicadas, que hicieron posible que ese crimen ocurra.

Cecilia Basaldúa tenía 36 años y se encontraba de viaje cuando su familia tomó contacto con ella por última vez desde Capilla del Monte, Córdoba. Estuvo desaparecida veinte días, hasta que un adolescente encontró su cuerpo sin vida tras ser abusada y asfixiada. La denuncia por su desaparición fue hecha en Buenos Aires y Córdoba; la causa recayó en la fiscalía de Cosquín, a cargo de la fiscal Paula Kelm de quien la familia sostiene que esconde más de lo que investiga. La investigación judicial se encuentra hoy en punto muerto: no avanzó más después de la detención de Lucas Bustos, un peón de albañil de 23 años al que los organismos de derechos humanos locales definen como “perejil”. Los principales sospechosos siguen libres. 

“En esos lugare hacen lo que quieren”, dice Daniel. “Por eso en estos casos la justicia debería ser federal, porque vos viajás y no te dan bolilla. Es una casta a la que no le importa nada, con poder y plata. Esa gente no puede investigar estos casos. Estás en un pueblo, amenazan a testigos que no pueden decidir ni hablar libremente. Por eso agarran un perejil y no a los culpables. Todo esto no pasaría si hubiera una justicia federal, con gente capacitada, y que se traslade para que haya una brigada especial e imparcial que investigue”. 

Presupuesto

Daniel y su familia cuentan que no reciben ayuda económica para costear los kilómetros que tienen que hacer continuamente en busca de justicia: “Pagamos pasajes, peritos, abogados”. Daniel es cuentapropista: hace trabajos de electricidad, plomería, albañilería. Susana, mamá de Cecilia, es oficinista. “Somos gente trabajadora, no es que disponemos de ese dinero”, resume. Reciben ayuda de las artesanas de Fuerza Mestiza, compañeras de su hija, que los acompañan en el pedido de justicia. Daniel: “Los recursos los tiene que poner el Estado. Para estar ahí, porque es la única forma en que podés mover algo. Si no seguimos viajando la causa de Cecilia hubiera quedado con el perejil y chau”. 

La falta de acompañamiento económico a las familias también construye impunidad. 

Mónica, en Jujuy lo ve claro: la legislatura provincial sancionó una ley que lleva el nombre de su hija, Ley Brisa, que se supone que declara la emergencia ante la violencia machista pero que no tiene presupuesto. “Pusimos nueve mil firmas sobre tablas. Fue aprobada, promulgada y publicada, pero no tiene presupuesto. No hay nada. No hay contención a las familias violentadas por el mismo Estado. En Jujuy faltan fiscales expertos en cada situación. Faltan recursos a esas fiscalías. No invierten. No hay nada”. Un ejemplo: “Dicen que van a llegar cámaras de seguridad, pero nunca llegan”.

Marian Gómez y Rocío Girat hacen su propio diagnóstico: “Falta todo. Sin presupuesto es imposible. Y también hay falta de política. Pero estamos comprometidas, y es un gran paso para empezar a pensar en un futuro”.  

¿Cómo será ese futuro? Las familias lo están construyendo en la calle. Dice Marta Montero: “Estamos convencidas de que las cosa salen por la gente. La fuerza la tenemos en la calle. Todos estos negros y negras que salimos a la calle a protestar somos los que tenemos la fuerza; es nuestra”. 

Entonces, el futuro también.