El jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la Sigen , Claudio Moroni, todavía deben dar respuesta por sus actuaciones en la función pública, donde tenían la responsabilidad de controlar a un sector que fue escenario de denuncias por corrupción, escandalosas quiebras y sospechosas impunidades. El periodista Julio Nudler quiso pedirlas y fue censurado. El columnista Horacio Vertbisky intentó refutar a Nudler y reprodujo el descargo de los funcionarios. lavaca realizó su propia investigación, que compartimos aquí con ustedes. El resultado es esta nota con la que brindamos por lo que vendrá: reciban nuestros mejores deseos, entonces, aquellos periodistas que seguirán atreviéndose a escribir sobre este tema.

Empecemos por el principio:
Alberto Fernández y Claudio Moroni fueron compañeros de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una vez recibidos, comenzaron a recorrer juntos una carrera en la función pública, interrumpida solo por cortos períodos de trabajo en el sector privado, en actividades íntimamente ligadas a sus gestiones gubernamentales. Hoy, Alberto Fernández es el jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y Claudio Moroni el encargado de controlarlo: fue designado presidente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo que debe detectar e informar los «perjuicios al patrimonio público» que pudieran realizar funcionarios como Fernández.
En los curriculums personales de Fernández y Moroni estas nuevas tareas significan, sin duda, un importante ascenso. Un premio político, quizá, por la perfomance alcanzada en el ámbito en el que se desempeñaron durante toda la década de los 90 y que les permitió convertirse en lo que hoy son.
Veamos cómo y por qué.
A seguro lo censuraron
La Superintendencia de Seguros de la Nación es un organismo público, descentralizado, dependiente del Ministerio de Economía. Su tarea es controlar a las empresas aseguradoras. Fiscaliza, en consecuencia, «la organización, la solvencia y la liquidación» de todas las compañías que operan en el mercado argentino. Su responsable ostenta el cargo de Superintendente.
Desde 1989 hasta 1995 Alberto Fernández ocupó ese puesto. Cuando renunció, lo dejó en manos de su gerente técnico, asesor y amigo: Claudio Moroni. La gestión de Fernández/Moroni al frente de la Superintendencia fue la más larga de la historia de ese organismo. La de Moroni tuvo dos períodos: desde el 95 hasta el 98, primero y desde el 2002 hasta el 2004, cuando abandonó ese cargo para convertirse en el titular de la Sigen.
Fue a propósito de este nombramiento que el periodista Julio Nudler decidió dedicar su habitual Panorama Económico de los sábados del diario Página 12 a recordar la trayectoria de Fernández y Moroni. Ya se sabe qué pasó: Nudler denunció que su artículo fue censurado.Como consecuencia de esa denuncia que se hizo pública, el diario retiró definitivamente la columna de Nudler, prohibió su firma en otros artículos y el director, Ernesto Tiffenberg, atacó el honor de Nudler en la portada del matutino, tratando de justificar lo que de esa manera se tornó injustificable. Para empeorar aún más las cosas, el domingo 14 de noviembre el columnista Horacio Vertbisky dedicó sus páginas del diario a refutar el censurado artículo de Nudler.
Así las cosas, la suerte de la más escandalosa denuncia de censura de este año no está echada. Dependerá, una vez más, del juicio de los lectores que soporten algo más que esta saga de dimes y diretes acerca de uno de los tantos casos de corrupción que la justicia no ha investigado. Estamos hablando de los años 90 y del control estatal del negocio de los seguros. Pero, sobre todo, estamos hablando de dos de sus protagonistas claves: Alberto Fernández y Claudio Moroni.
Que el árbol que intentó plantar Página 12 no nos tape el bosque.
Memoria del saqueo
El artículo de Nudler comenzaba citando a Roberto Guzmán, un conservador salteño que en setiembre de 1994 fue designado al frente del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Guzmán publicó un libro titulado «Saqueo Asegurado», cuya impresión pagó de su bolsillo. Así pudo detallar su versión acerca de las maniobras fraudulentas con las que compañías, funcionarios y políticos -con el amparo de sindicalistas, jueces y periodistas- convirtieron a ese organismo en «una verdadera organización para el delito y la defraudación», según las palabras con que Cavallo prologa el libro.
El muerto que gasta
El INdeR era la empresa estatal encargada de asegurar los seguros. Durante años monopolizó esta tarea hasta que en 1991, mediante un decreto del entonces presidente Carlos Menem, se resolvió liquidarla como parte de la política de «globalización» de la economía argentina en general y el mercado de seguros en particular. Desde entonces, las compañías que operan en el mercado local deben reasegurar sus servicios con bancas internacionales. Lo que sigue a partir de allí es un despropósito de tal dimensión que cuesta entenderlo y mucho más explicarlo. Recurramos entonces a la siguiente metáfora: el decreto de Menem le pegó un tiró al corazón del IndeR en 1991 y desde entonces ese Instituto está muerto, pero su cadáver sigue insepulto y, lo que es peor, cada vez más endeudado. Recordemos un dato: por entonces Alberto Fernández era el máximo responsable del gobierno en el diseño de las políticas del sector seguros y Moroni, su brazo técnico-legal.
El barril sin fondo
Al ordenarse la liquidación, el INdeR dejó de percibir ingresos y su función se redujo a una sola cosa: verificar los reclamos de las compañías ya reaseguradas para pagarlos. Pero ¿de dónde iba a salir el dinero para afrontar estos compromisos asumidos si ya no podía recibir nuevas primas? Pues bien: se creó un impuesto especial, que pagó cada paisano al contratar un seguro. Por ese impuesto el INdeR recaudaba aproximadamente 20 millones de dólares mensuales que fueron a dar a un verdadero barril sin fondo. «Solo un estado de corrupción a gran escala podía explicar el hecho de que tras dos años de funcionamiento de una Comisión Liquidadora la deuda aparente de este organismo se hubiera cuadriplicado», escribió Domingo Cavallo en el prólogo del libro Saqueo Asegurado al describir a donde le pidió que se instale Guzmán.
¿Dónde estaba por entonces Alberto Fernández?
Sentado en un sillón del INdeR.
Guzmán cuenta en su libro cómo lo encontró:
«Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del Instituto). Así, en tanto, a la vez miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y los reaseguros».
Los 250 millones de dólares que Fernández no vio
En el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, Alberto Fernández está descripto como el socio de Guzmán en la lucha contra la corrupción en el IndeR. Dice textualmente Vertbiky:
«Fernández afirma ser el Superintendente que más compañías cerró, por insuficiencias económico-financieras que hasta entonces se mitigaban privatizando las ganancias y socializando los pasivos con el INDER. ‘Limpié un tercio del mercado. También presenté cien denuncias penales, cosa que antes no se hacía, y dispuse que la Superintendencia se constituyera como querellante, para seguir las causas contra las aseguradoras'».
Veamos cúal es la versión de Guzmán.
«Por medio de la resolución 1010/94 dispuse una modificación muy sencilla para las operaciones conocidas como borderó, es decir, los siniestros menores a 10.000 dólares. Hasta entonces las compañías reaseguradas en el INdeR reclamaban el borderó automáticamente, con sólo informar que su cliente había sufrido un percance (accidente, incendio, robo). Un informe de la Auditoría Interna me había brindado datos reveladores acerca de los abusos que en la materia se cometían. En dos años se habían pagado- sin que el INdeR recibiese documentación alguna que respaldara el reclamo- 250 millones de dólares.(…) Esto resultaba muy extraño y era alarmante que las autoridades no lo hubieran tomado en cuenta. Más llamativo aún cuando había una comisión de nueve miembros, varios de ellos del sector asegurador, incluso el propio Superintendente de Seguros de la Nación (N de la R: se refiere a Alberto Fernández) que se suponía debía conocer las modalidades del mercado».
Guzmán decidió hacer lo que hasta ese momento nadie había hecho: los aseguradores debían presentar fotocopia autenticada del pago del siniestro al asegurado. Con esta sencilla medida, el INdeR pasó a pagar por borderó 373.000 dólares (de noviembre de 94 a noviembre de 96) contra los 4.739.966 dólares pagados entre junio de 92 a octubre del 94. Una reducción de más de cuatro millones de dólares (4.366.966 para ser exactos) que se logró con solo pedir una fotocopia.
La deuda del INdeR y el gran bonete
Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión Fernández/Moroni es cuál era en realidad la cifra adeudada por el INdeR a las compañías reaseguradas. No es un problema menor, ya que estamos hablando de millones de dólares y del gran bonete que impidió hasta la fecha la sepultura de un organismo que consume 3 millones de pesos anuales en gastos de funcionamiento.
Por un lado, las compañías aseguradas reclamaban al Estado una deuda de 1.200 millones de dólares. Por el otro, Guzmán calculó que el pasivo no superaba los 500 millones. Lo cierto es que era necesario -y se supone urgente- encontrar una manera de salir del atolladero, para lo cual se elaboraron distintas propuestas. Una fue la de Fernández.
Dice Fernández en la nota con la que Vertbisky intenta refutar a Nudler:
«Fui yo y no Guzmán quien redujo las obligaciones del Estado en 500 millones. Pero además sobre esos 911 millones proponía negociar una quita, cerrar la cuenta y pagar con bonos. Todo debía quedar saldado en 1995, y luego no se admitirían más reclamos.»
Veamos cuál es la versión de Guzmán.
La propuesta diseñada por Alberto Fernández en el año 95 «a la medida de los intereses de las compañías y en desmedro de los derechos del Estado» estaban basadas, según Guzmán, en una «inexistente auditoría realizada por la Superintendencia». Calificó también de «facilista» esa propuesta «tan irresponsable en lo jurídico como en lo financiero: pretendía pagar todo con una quita y por medio de subastas, sin ningún control, en efectivo o en bonos, como si el mayor endeudamiento no fuera a ser soportado por todos los argentinos». Su explicación: «Las soluciones para la Superintendencia pasan por un rápido jubileo». ¿Por qué? «El jubileo era imprescindible para tapar la nefasta política de descontrol realizada durante largos años. De alguna manera había que justificar su responsabilidad por la falta de control de la actividad aseguradora, política que desprotegió a los cientos de miles de asegurados en la Argentina. Para dar algunos ejemplos, cabe recordar la estafa del grupo Seguros del Interior y la de Belgrano Cooperativa de Seguros.
A) El grupo Seguros del Interior protagonizó una de las más escandalosas maniobras contra los asegurados, bajo la tolerancia de la Superintendencia y la complicidad del INdeR. Esta empresa tenía una deuda impositiva y previsional cercana a los veinte millones de dólares. A pesar de ello cobró, hasta días antes de su cierre por liquidación, una suma de casi 16 millones de dólares por parte del Instituto. Su morosidad había sido advertida por Ricardo Cossio, entonces titular de la DGI, al superintendente Fernández y a la Comisión Liquidadora del INdeR.
B) El caso Belgrano no es menos patético. Cuando la Superintendencia examinó los balances contables cerrados al 30 de junio de 1995 no encontró nada anormal: sólo una desviación del 2%. Pocos meses después, increíblemente, el mismo organismo cambió totalmente su diagnóstico al encontrar una insolvencia patrimonial de más de 100 millones de dólares. Los perjudicados por este ´descuido´ fueron las diez mil personas que sufrieron accidentes de tránsito provocados por las empresas de transporte público de pasajeros aseguradas en esa compañía».
Prebendas y responsabilidades
Guzmán también detalla por qué y cómo la gestión de Alberto Fernández fue tan permeable al reclamo de las empresas aseguradoras. Son cuatro páginas (de la 144 a la 148) que hay que tener paciencia de leer para entender su perspectiva.
A fines de agosto de 1995 Guzmán concurrió con su equipo y los abogados Luis Moreno Ocampo y Hugo Wortman Jofré (a quienes convocó para que se encarguen externamente de la investigación de la corrupción en el INdeR) al Congreso de la Nación para informar a diferentes comisiones la situación del organismo. En una de esas reuniones, un legislador les preguntó sobre el funcionamiento del «Fondo de Cooperación Técnica» creado por iniciativa de la Superintendecia de Seguros para «pagar más a los funcionarios». Responde Guzmán:
«La preocupación de los legisladores por el Fondo es consistente».
Detalla que con fecha 27 de abril de 1990, mediante escritura pública, se formalizó un Fondo de Cooperación entre la Superintendencia y un grupo de cinco asociaciones de compañías de seguros. Entre los objetivos del Fondo figuraban «el otorgamiento de incentivos a los agentes de la Superintendencia a través de estímulos pecunarios o becas». Los aportes serían «voluntarios y confidenciales» calculados en un 0,06% del monto de las primas de seguros directos.
Opina Guzmán:
«Es insólito que un mecanismo de manifiesta índole prebendaria haya sido al servicio directo de un organismo de control por parte de las mismas empresas que deben ser controladas, violando elementales principios jurídicos y éticos a que están insoslayablemente obligados los funcionarios de órganos fiscalizadores».
Para Guzmán las consecuencias fueron evidentes: «a través de distintos hechos y situaciones -que a continuación enumero- quedó demostrado que esta extraña ´cooperación´a que alude el Fondo creó una interrelación y dependencia de la Superintendencia con los intereses y posturas de la plaza aseguradora».
Uno de esos hechos que enumera Guzmán es el proyecto de Alberto Fernández de pago de la deuda del INdeR. «Me opuse en virtud del grave perjuicio, superior a los 1.000 millones de dólares, que se hubiera derivado de la no consideración de los créditos del INdeR respecto a las aseguradoras». El otro es «la negativa del superintendente Fernández a admitir que las Reservas de Siniestros Pendientes denunciadas por las compañías no se ajustaban a la realidad, lo que fue posteriormente confirmado por la auditoría realizada por la propia Superintendencia.»
Por último, señala Guzmán, la Gran y Única Cuestión a tener en cuenta en todo este embrollo:
«Debe tenerse presente que el doctor Fernández fue superintendente desde 1989, período en que se perpetraron todas las irregularidades denunciadas a la justicia. Por otra parte, tenía y tiene la obligación funcional de supervisar las cuentas del Instituto, la cual de haberla cumplido, habría evitado las graves irregularidades que ahora se conocen. Tampoco puede olvidarse que él formaba parte de la Comisión que omitió confeccionar balances y calcular los créditos a favor del Instituto. El Superintendente participó de todas las Comisiones Liquidadoras del INdeR y nunca objetó los procedimientos implementados por éstas, cuando mi gestión buscó adoptar las medidas tendientes a reducir perjuicios económicos al Estado nacional, el doctor Fernández sostuvo que «no se acompañaba adecuadamente al sector».
El fin
A menos de un año de la gestión Guzmán al frente del INdeR el ministro de Economía Cavallo recibió un informe (fechado 30-7-95) donde se afirmaba que ese Instituto no debía un peso. Al revés: tenía a su favor una suma calculada en 135.547.880 dólares. Guzmán cuenta detalladamente el resultado de ese informe: «El ministro no podía ocultar su sorpresa con este resultado y preguntó cómo era posible que las compañías reclamaran sumas millonarias sin ningún documento de respaldo. Le respondí que eso tenía que ver con un montaje perfectamente orquestado que instalaron hábilmente los intereses beneficiados con el saqueo del INdeR (…) Cavallo retomó la palabra para interrogarnos acerca de cuál era la responsabilidad que le cabía a los funcionarios que manejaron el INdeR. La única respuesta que correspondía era que tenían mucha responsabilidad: como mínimo, la funcional. Entonces, quiso saber qué intervención había tenido el superintendente, doctor Alberto Fernández, que era miembro nato de la Comisión Liquidadora: ¨la misma que todos los miembros de la Comisión durante los hechos ocurridos durante su mandato¨, le dijimos. El secretario Maccarone trató de explicar que, aparentemente, (Fernández) no concurría a las reuniones de la Comisión. Cavallo le respondió en forma tajante:
-Pídale la renuncia.
El secretario le respondió que, en realidad, ya la había presentado para colocarse al frente de la aseguradora del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Así concluyó la más larga gestión de un funcionario al frente del período más oscuro de la Superintendencia de Seguros.
Sobre el desempeño de Fernández, sintetiza Guzmán:
«Si hubo corrupción y él era funcionario debería explicar: qué hizo para acabar con ella, cuáles fueron las medidas implementadas y los resultados obtenidos, cuáles fueron las denuncias efectuadas y ante qué autoridades ¿o es que teniendo uno de los cargos más altos desconocía lo que ocurría dentro y fuera del INdeR?
Guzmán falleció en el año 2004 pero sus preguntas no murieron.
Veamos cuáles fueron finalmente las respuestas obtenidas gracias al artículo de Nudler.
Las fuentes
¿Podemos confiar en el testimonio de un hombre muerto? Vertbisky habla de la fe de Nudler por confiar ciegamente en la versión de Guzmán. Los periodistas no creyentes tienen, sin embargo, otros recursos.
Las denuncias presentadas en la justicia durante la gestión de Guzmán, son unos.
La respuesta del abogado Hugo Wortman Jofré, otro: «Guzmán era un hombre íntegro que luchó seriamente contra la corrupción en el INdeR», contestó a lavaca. El abogado admite que Fernández prestó siempre colaboración a los procedimientos que ellos impulsaron para esclarecer los ilícitos del Instituto, pero confirma que hasta la llegada de Guzmán al frente de INdeR no se habían realizado ni investigaciones ni denuncias sobre la corrupción en ese organismo. Señala, tal como cita el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, que es cierto que Guzmán mantenía diferencias con Alberto Fernández, pero no menciona el tema de los celos protagónicos, sino otras: «Guzmán era un técnico y Fernández un político». Para algunos lectores, estos sustantivos podrán convertirse en adjetivos. O no.
«En el directorio estaban representados todos los bloques parlamentarios. Había quien respondía al justicialismo y quién al radicalismo, así que hasta la llegada de Guzmán el manejo era, fundamentalmente, político», informa Wortman.
También el archivo ayuda: comprueba que la versión de Guzmán ya fue publicada y no refutada. Nudler la citó varias veces, ya que ante la llegada de cada nuevo superintendente o interventor del INdeR, dedicó un artículo. En el archivo encontramos por los menos ocho de ellos, en donde informa muchos de los temas que menciona en su columna censurada. También el libro de Guzmán es citado en esta sintética versión de su gestión, a propósito de una intervención de la Sigen, en tiempos del ahora canciller Bielsa, que ponía en tela de juicio las actuaciones posteriores a la gestión Guzmán que desarmaron prolijamente todo el control por él iniciado. Como antecedente de este enfrentamiento, el artículo resume:
«El INdeR, al que las compañías aseguradoras le reclaman una suma próxima a los 400 millones de dólares fue escenario de denuncias de corrupción. Cavallo designó a Roberto Guzmán. Roque Fernández lo relevó cuestionando que se hubiera dedicado a investigar la corrupción existente. (…) El procedimiento habitual que el defenestrado Guzmán denunció en un libro, consiste en la fabricación de miles de siniestros inexistentes».
Lo firma Horacio Vertbisky en <>b>Página 12, pero en julio de 2000.
Cuatro años después, Vertbisky transcribe el descargo de Moroni a las acusaciones de Nudler sobre su relación con la compañía Lua Seguros, uno de los casos más escandalosos de fraude en la industria del seguro, que dejó un saldo de más de 4.000 juicios sin pagar:
«Admite haber actuado durante seis meses en LUA. (…) Cuando fue designado por segunda vez Superintendente, en 2002, antes de asumir declaró a esas compañías entre sus incompatibilidades y se excusó de intervenir en asuntos que las involucraran. ‘Es mi profesión, y un ex funcionario si fue honesto necesita trabajar para vivir’.»
En la Oficina Anticorrupción respondieron que no hay otra constancia de incompatibilidad que las presentadas por Moroni en su declaración jurada, cuya copia solicitamos. Allí solo consta su relación en calidad de «socio» del Estudio Mazars, un buffet internacional, asociado localmente con el estudio García Lema. Es decir: la Oficina Anticorrupción no ofrece constancia de la mención de Moroni a ninguna compañía ligada a la función pública que iba a desempeñar.
Por otra parte, tampoco parece cierto que se haya excusado de intervenir en cuestiones referidas a LUA: en la resolución 28916 publicada en el Boletín Oficial el 9 de setiembre de 2002, Moroni dispone con su firma la disolución de Lua Vida Compañía de Seguros S. A., una de las companías de las cuales es accionista Investar, sociedad propietaria del 58% de Lua Porteña.
La excusación es obligatoria, según dictamina la Ley 25.188 de Etica Pública, en su capítulo V, artículo 15, que dispone que los funcionarios están obligados a «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años», fecha que alcanza a la relación de Moroni con LUA.
La justicia cómplice
Ni el censurado artículo de Nudler ni el de Vertbisky se extienden sobre la responsabilidad de la justicia en la investigación de las denuncias.
– El juez Urso fue el responsable de diluir las presentadas por Guzmán.
– El juez Rodolfo Canicoba Corral, que investigaba el vaciamiento de las empresas entre 1992 y 2001 en una causa promovida por los damnificados y en la que el fiscal Gerardo Pollicita señaló que era necesario determinar la responsabilidad «que podrían haber tenido los funcionarios de la Superintendencia encargados de verificar el funcionamiento de las compañías», terminó archivándola.
– El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino remitió copias de las actuaciones que se realizaron en ese organismo a raíz de las denuncias recibidas y el expediente está ahora en la Procuración, lo cual significa que la investigación del Defensor determinó que habría elementos para realizar presentaciones legales que todavía esperan trámite.
– En setiembre de 2002 el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el superintendente Claudio Moroni fueron denunciados ante la justicia federal por presunta «asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público», demandados por la madre de un niño de 3 años que murió al ser atropellado por un vehículo asegurado por Lua La Porteña. Por este caso fue condenado a trabajos comunitarios el conductor del vehículo (un remisero) y la justicia civil determinó un pago indeminizatorio de 700.000 dólares.
Los socios propietarios de LUA La Porteña son los mismos que poseen el 77% de las acciones de TBA Trenes de Buenos Aires, el 38% de Metrovías y el 40% de una línea de subterráneos en Porto Alegre, además de varias líneas de colectivos. También recibieron, dos años antes de quebrar, la inversión del fondo norteamericano Century, que aportó 30 millones de dólares. Entre todas las empresas del grupo forman un conglomerado que factura 600 millones de dólares al año. Sin embargo, al momento de solicitarse el embargo preventivo para garantizar el pago a la familia del niño muerto, la justicia se encontró con la siguiente respuesta del Banco Central:
«Lua La Porteña no posee cuentas bancarias».
Tampoco tenía activos declarados para embargar.
Lo cual significa, entre otras cosas, que de una empresa como esa fue asesor Moroni.
En la denuncia ante la justicia, la madre del niño muerto afirmó que el ministro de Economía, el Superintendente y la compañía «son socios de la impunidad» ya que las autoridades «permiten dicho funcionamiento ilícito».
Si la investigación judicial sobre la denuncia de complicidad entre los funcionarios que tienen la obligación de controlar que no sucedan estas cosas y las compañías que impunemente estafan con un nombre acá, mientras se presentan en licitaciones de servicios públicos con otro nombre allá, todo en el mismo mercado, con el mismo gobierno e idénticos empresarios, hubiese sido todo lo seria, acelerada y certera que obligaba la situación no estaríamos hoy leyendo este artículo que plantea más interrogantes que respuestas. Pero el periodismo es eso: preguntas y más preguntas que, como aquel tábano del que hablaba Botana, molestan con sus zumbidos los oídos de los funcionarios, de los jueces, de los políticos y de todos aquellos que están obligados por su función a dar respuestas.
Celebremos, al menos, que la censurada nota de Nudler, la réplica de Vertbisky y modestamente ésta, representen -con sus limitaciones y preferencias- el sano ejercicio de mantener en vuelo la información, aunque sea sobre temas tan intricandos y -reconozcámoslo- aburridos que alientan con el bostezo, la impunidad.
*Esta nota fue también remitida a un maling de 156 periodistas, a manera de saludo de fin de año.