Por primera vez desde que inició su explotación, la actividad de la mina Alumbrera pudo ser detenida por la acción coordinada de cuatro asambleas ambientalistas. Por primera vez, además, lograron impedir el inicio de otra explotación minera irregular, la de Agua Rica. Pero por primera vez, también, las corporaciones mineras mostraron las uñas y presionaron para que cuerpos especiales de policía primero y proveedores locales, después, usaran la violencia para restablecer la actividad minera en la provincia de Catamarca.

La brutal represión en Tinogasta no lo logró: los vecinos volvieron a la ruta para impedir el paso de los camiones que llevaban materiales para los emprendimientos. En Belén y en Santa María, también. En Andalgalá intentaron entonces otra táctica: armaron una patota que tomó el control del acceso a la ciudad e impidió el ingreso de asambleístas, periodistas y delegaciones de derechos humanos. Así, Andalgalá quedó desde ayer a la madrugada bajo el control de una fuerza parapolicial, con la complicidad de las autoridades locales, que se encargó de revisar autos, palpar a los vecinos, revisar sus pertenencias e impedir el ingreso, entre otros, a los delegados del Serpaj con el siguiente argumento: “Estos son de Pérez Esquivel, que financia a los antimineros”. Luego de obligarlos a abandonar la ciudad, los persiguieron durante casi 50 kilómetros para vigilar su retirada.
El Estado Minero
“Acá no hay Estado de Derecho: hay Estado Minero”, sintetiza la asambleísta de El Algarrobo en diálogo telefónico con lavaca. No fue fácil concretar la comunicación. “Es que nos interfieren los teléfonos así como las transmisiones de nuestra radio comunitaria”, explica la asambleísta. Sin embargo, la radio sigue transmitiendo gracias a la cadena de radios comunitarias que reproducen sus contenidos y la alojan en sus páginas web. En esos detalles, se notan los avances de la organización asamblearia, que fue tejiendo sus redes en base a solidaridades y batallas territoriales similares. Esto es exactamente lo que también quedó a la vista estos días cuando el juez de minas, Raúl Guillermo Cerda autorizó que la multinacional Yamana Gold (que también participa en el consorcio que explota la Alumbrera) realice tareas menores en el proyecto Agua Rica, aún cuando les recordó que por resolución de la justicia “antes de los inicios de los trabajos, deberá contar con la declaración de impacto ambiental, para que luego la Secretaría de Minería haga un seguimiento y control de los trabajos que se vayan efectuando». Yamana interpretó como le convenía esta resolución e intentó avanzar con la instalación, pero los vecinos de Belén detectaron el paso de camiones cargando “unos caños enormes y tanques con líquidos que vaya a saber qué tenían”. Fue entonces cuando decidieron hacer las dos cosas que ya aprendieron que hay que hacer en esos casos para que las mineras acaten la letra de la ley: controlar la ruta y avisar a las otras asambleas. Así se sumaron las de Andalgalá, Santa María y Tunagasta. No se dedicaron a cortar la ruta, sino a impedir el paso de los camiones mineros.

La verdad es la realidad
Las cuatro localidades tienen en común algo más que la organización asamblearia: sufren desde hace 16 años el impacto de Alumbrera. No hay discurso mediático, campaña de marketing ni propaganda oficial o corporativa que pueda competir con esa realidad. “El modelo minero se basa en la explotación y destrucción del suelo y del agua. Y estamos entregando ese suelo y esa agua, sin siquiera debatir sobre las consecuencias, a corporaciones que violan la ley en todas sus formas, corrompen políticos y crean violencia social. Donde hay una minera, hay conflicto social. Eso está claro para nosotros, pero también está claro en un informe que hizo el Observatorio de la Actividad Minera en Chile, por ejemplo. Forma parte de su modo de instalarse”, señala la asambleísta de El Algarrobo.
Las patotas
La asambleísta describe la tensa situación que viven en estas horas en Andalgalá. “Los subcontratistas locales de las mineras, medianos comerciantes que agarran algunas migas, organizaron un grupo para tomar el control de la ruta y, así, de la ciudad. Son 40 ó 50 personas, que están ahí con la promesa de algún trabajo o alguna prebenda. Muy cebados por eso, en una ciudad donde lo único que ha traído la actividad minera es más pobreza y por eso cualquier salida desesperada puede avanzar”. La asambleísta aclara: “Nosotros no vamos a enfrentarnos contra los vecinos, por más que estén haciendo esto. Nuestra pelea no es con ellos, sino contra las corporaciones que provocan estas situaciones.” Pero la tensión crece al ritmo que fracasa la escala de esas empresas. “Hoy ningún asambleísta puede decir que no corre peligro porque se palpa un clima de incitación a la violencia con la anuencia de las autoridades nacionales y provinciales”. También señala que el propósito de la asamblea es claro: que se cumpla la ley. “Estas empresas violan todas las normas, resoluciones judiciales, leyes nacionales y tratados internacionales. Ya tienen sentencias que así lo dictaminan, pero la única forma de pararlas y que las acaten es con nosotros en la ruta. No  hay autoridad local ni nacional que hoy esté dispuesta a hacerlas cumplir la ley.”
El proyecto Agua Rica es un claro ejemplo. No tiene autorización para funcionar y no ha completado los pasos requeridos por la Ley de Minería para obtenerlo. El informe de impacto ambiental, la llamada licencia social y otros requisitos básicos para poder aspirar a la explotación no fueron aun presentados. El propio intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, se presentó ante la justicia para impedir que comiencen los trabajos en Agua Rica y este sábado dio una conferencia de prensa donde dejó en claro su posición. “No estoy a favor del emprendimiento Agua Rica y no voy a cambiar mi discurso de un día para otro. Llegué con esta propuesta de salvaguardar los recursos naturales para mi pueblo», señaló. También mencionó que mantuvo una reunión con la gobernadora, Lucía Corpacci, quien le confirmó que se iba a hacer el estudio de impacto ambiental antes de autorizar las obras. Esa misma madrugada, las patotas tomaron el control de la ciudad.
 
El 15, día clave
La escalada en Andalgalá tiene una fecha clave: el próximo miércoles 15 de febrero se cumplen 2 años de la represión con que se intentó desalojar la asamblea de El Algarrobo. Para ese día se está organizando un festival en la plaza, además de la caminata mensual, que el mes pasado reunió a más de 2.000 personas. Para éste, se esperaba aún más, lo cual da idea de cuánto ha crecido el apoyo a los asambleísta en una ciudad pequeña y con permanente caza de brujas para desalentar la participación en este tipo de actos. Los integrantes de El Algarrobo no piensan desistir y se preparan para comenzar a las 22, con el acto y un recital. Como siempre, y como hasta ahora, esperan que los acompañen y saben que son más.