Nota
Andalgalá: la gente vs. el Estado Minero
Por primera vez desde que inició su explotación, la actividad de la mina Alumbrera pudo ser detenida por la acción coordinada de cuatro asambleas ambientalistas. Por primera vez, además, lograron impedir el inicio de otra explotación minera irregular, la de Agua Rica. Pero por primera vez, también, las corporaciones mineras mostraron las uñas y presionaron para que cuerpos especiales de policía primero y proveedores locales, después, usaran la violencia para restablecer la actividad minera en la provincia de Catamarca.
La brutal represión en Tinogasta no lo logró: los vecinos volvieron a la ruta para impedir el paso de los camiones que llevaban materiales para los emprendimientos. En Belén y en Santa María, también. En Andalgalá intentaron entonces otra táctica: armaron una patota que tomó el control del acceso a la ciudad e impidió el ingreso de asambleístas, periodistas y delegaciones de derechos humanos. Así, Andalgalá quedó desde ayer a la madrugada bajo el control de una fuerza parapolicial, con la complicidad de las autoridades locales, que se encargó de revisar autos, palpar a los vecinos, revisar sus pertenencias e impedir el ingreso, entre otros, a los delegados del Serpaj con el siguiente argumento: “Estos son de Pérez Esquivel, que financia a los antimineros”. Luego de obligarlos a abandonar la ciudad, los persiguieron durante casi 50 kilómetros para vigilar su retirada.
El Estado Minero
“Acá no hay Estado de Derecho: hay Estado Minero”, sintetiza la asambleísta de El Algarrobo en diálogo telefónico con lavaca. No fue fácil concretar la comunicación. “Es que nos interfieren los teléfonos así como las transmisiones de nuestra radio comunitaria”, explica la asambleísta. Sin embargo, la radio sigue transmitiendo gracias a la cadena de radios comunitarias que reproducen sus contenidos y la alojan en sus páginas web. En esos detalles, se notan los avances de la organización asamblearia, que fue tejiendo sus redes en base a solidaridades y batallas territoriales similares. Esto es exactamente lo que también quedó a la vista estos días cuando el juez de minas, Raúl Guillermo Cerda autorizó que la multinacional Yamana Gold (que también participa en el consorcio que explota la Alumbrera) realice tareas menores en el proyecto Agua Rica, aún cuando les recordó que por resolución de la justicia “antes de los inicios de los trabajos, deberá contar con la declaración de impacto ambiental, para que luego la Secretaría de Minería haga un seguimiento y control de los trabajos que se vayan efectuando». Yamana interpretó como le convenía esta resolución e intentó avanzar con la instalación, pero los vecinos de Belén detectaron el paso de camiones cargando “unos caños enormes y tanques con líquidos que vaya a saber qué tenían”. Fue entonces cuando decidieron hacer las dos cosas que ya aprendieron que hay que hacer en esos casos para que las mineras acaten la letra de la ley: controlar la ruta y avisar a las otras asambleas. Así se sumaron las de Andalgalá, Santa María y Tunagasta. No se dedicaron a cortar la ruta, sino a impedir el paso de los camiones mineros.
La verdad es la realidad
Las cuatro localidades tienen en común algo más que la organización asamblearia: sufren desde hace 16 años el impacto de Alumbrera. No hay discurso mediático, campaña de marketing ni propaganda oficial o corporativa que pueda competir con esa realidad. “El modelo minero se basa en la explotación y destrucción del suelo y del agua. Y estamos entregando ese suelo y esa agua, sin siquiera debatir sobre las consecuencias, a corporaciones que violan la ley en todas sus formas, corrompen políticos y crean violencia social. Donde hay una minera, hay conflicto social. Eso está claro para nosotros, pero también está claro en un informe que hizo el Observatorio de la Actividad Minera en Chile, por ejemplo. Forma parte de su modo de instalarse”, señala la asambleísta de El Algarrobo.
Las patotas
La asambleísta describe la tensa situación que viven en estas horas en Andalgalá. “Los subcontratistas locales de las mineras, medianos comerciantes que agarran algunas migas, organizaron un grupo para tomar el control de la ruta y, así, de la ciudad. Son 40 ó 50 personas, que están ahí con la promesa de algún trabajo o alguna prebenda. Muy cebados por eso, en una ciudad donde lo único que ha traído la actividad minera es más pobreza y por eso cualquier salida desesperada puede avanzar”. La asambleísta aclara: “Nosotros no vamos a enfrentarnos contra los vecinos, por más que estén haciendo esto. Nuestra pelea no es con ellos, sino contra las corporaciones que provocan estas situaciones.” Pero la tensión crece al ritmo que fracasa la escala de esas empresas. “Hoy ningún asambleísta puede decir que no corre peligro porque se palpa un clima de incitación a la violencia con la anuencia de las autoridades nacionales y provinciales”. También señala que el propósito de la asamblea es claro: que se cumpla la ley. “Estas empresas violan todas las normas, resoluciones judiciales, leyes nacionales y tratados internacionales. Ya tienen sentencias que así lo dictaminan, pero la única forma de pararlas y que las acaten es con nosotros en la ruta. No hay autoridad local ni nacional que hoy esté dispuesta a hacerlas cumplir la ley.”
El proyecto Agua Rica es un claro ejemplo. No tiene autorización para funcionar y no ha completado los pasos requeridos por la Ley de Minería para obtenerlo. El informe de impacto ambiental, la llamada licencia social y otros requisitos básicos para poder aspirar a la explotación no fueron aun presentados. El propio intendente de Andalgalá, Alejandro Páez, se presentó ante la justicia para impedir que comiencen los trabajos en Agua Rica y este sábado dio una conferencia de prensa donde dejó en claro su posición. “No estoy a favor del emprendimiento Agua Rica y no voy a cambiar mi discurso de un día para otro. Llegué con esta propuesta de salvaguardar los recursos naturales para mi pueblo», señaló. También mencionó que mantuvo una reunión con la gobernadora, Lucía Corpacci, quien le confirmó que se iba a hacer el estudio de impacto ambiental antes de autorizar las obras. Esa misma madrugada, las patotas tomaron el control de la ciudad.
El 15, día clave
La escalada en Andalgalá tiene una fecha clave: el próximo miércoles 15 de febrero se cumplen 2 años de la represión con que se intentó desalojar la asamblea de El Algarrobo. Para ese día se está organizando un festival en la plaza, además de la caminata mensual, que el mes pasado reunió a más de 2.000 personas. Para éste, se esperaba aún más, lo cual da idea de cuánto ha crecido el apoyo a los asambleísta en una ciudad pequeña y con permanente caza de brujas para desalentar la participación en este tipo de actos. Los integrantes de El Algarrobo no piensan desistir y se preparan para comenzar a las 22, con el acto y un recital. Como siempre, y como hasta ahora, esperan que los acompañen y saben que son más.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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