La empresa norteamericana productora de agroquímicos, situada en pleno radio urbano de San Nicolás, desde hace 9 años es denunciada por contaminar aguas, tierra y aire: vecinos y vecinas detectaron más de 200 muertes por cáncer en seis manzanas. Los reclamos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (incluyendo como pruebas las notas de MU y Lavaca). Mientras el Ejecutivo evita responder ante la CIDH, ahora un fallo del Juzgado de Ejecución Penal del municipio confirma la contaminación, cuestiona la falta de controles estatales y ordena medidas urgentes para evaluar el riesgo ambiental. Los vecinos celebran las medidas, pero señalan lo que falta: la recomposición de ese daño, y la aceptación de la contaminación en el aire. Los casos de enfermedades más graves, y la pregunta sobre lo ya hecho: ¿quién paga?

Hace nueve años que los vecinos del Barrio Química, en el partido bonaerense de San Nicolás, denuncian la contaminación en agua, aire y suelo por parte de la empresa Atanor, la tercera productora de agrotóxicos más importante del mundo, incluso llevando hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo intolerable: un censo casero con más de 200 muertes de cáncer en un radio de apenas seis manzanas. Esta semana recibieron una noticia que al menos les motivó un alivio: el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental que acredita la contaminación; considera la pericia que determinó el vuelco de “desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad del agua del curso del Río Paraná”; cuestiona a organismos ambientales provinciales por el escaso o nulo control; critica la legislación provincial por “anacrónica”; y ordena medidas urgentes para evaluar el riesgo ambiental, con participación de expertos del CONICET y de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 

“No puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”, escribió la jueza Luciana Bancalari en la sentencia de 55 fojas, y agrega: “He de tener en cuenta además para resolver que es falsa la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, ‘no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías’”.

Los vecinos celebraron el fallo que, después de nueve años, les da la razón. “En el contexto del poder judicial que tenemos, esta sentencia es para aplaudirla”, dice a lavaca Fabián Maggi, el abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA), una de las dos organizaciones que representan a los vecinos. 

En 2018, FOMEA llevó el caso de Atanor a la propia CIDH (donde adjuntó como material las notas publicadas por la Revista MU y lavaca.org), denunciando la inercia de los tribunales federales y provinciales ante un caso urgente. La jueza Bancalari tomó nota, ya que no sólo pide que se comunique la sentencia a la Corte IDH, sino que reconoce “el derecho a un ambiente sano como un derecho personalísimo del ser humano”, y lo ubica como “un derecho humano básico” reconocido por la Constitución Nacional. 

A fines del año pasado, la CIDH le requirió al Estado argentino sus observaciones respecto de la denuncia presentada por los vecinos. 

Es el tercer pedido que le realiza.

Hasta el momento, ninguno fue contestado. 

Ilegalidad manifiesta

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. En Argentina, la planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.

La sentencia considera que la planta de Atanor se encuentra ubicada en zona urbana de la ciudad y que está catalogada en la tercera categoría de la ley de Radicación Industrial en la provincia de Buenos Aires, “que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”. 

Por ese motivo, y luego de considerar los argumentos de la propia empresa, la jueza considera que “se ha probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor al tiempo de la interposición de la presente acción (…) cuyo trámite obligó a ajustar su conducta a la legislación vigente, lo que evidencia la existencia de un actuar posiblemente lesivo (principio precautorio) llevado a cabo con ilegalidad manifiesta”. 

Esa “ilegalidad manifiesta” es la que se traduce en los cuerpos de los vecinos:

• Uno de los casos emblemáticos del Barrio Química fue el de Lina Abigail Ramírez: murió a los 6 años por cáncer de pulmón y abdomen. Su familia vivía enfrente a Atanor. La enfermera que la trató fue Mercedes Meche Méndez, del Hospital Garrahan, una especialista que desde el área de cuidados paliativos suele tratar niñes con estos cuadros: la mayoría tienen en común vivir en zonas expuestas a agroquímicos. Méndez también declaró ante el fiscal Matías Di Lello sobre el impacto en la salud de la aplicación de estos “venenos”, tal como remarcó en su testimonio.
• En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
• Uno de los trabajadores que inició las primeras denuncias es Darío Álvarez, 50 años. Comenzó a trabajar en la planta de San Nicolás a fines de los 90. Lo echaron en 2005 por un accidente laboral, y fue uno de los testimonios de la nota de MU enviado como prueba de los reclamos a los expertos de la CIDH. Álvarez contó allí el caso de un extrabajador que relataba los constantes derrames tóxicos que iban al Paraná, el enterramiento de residuos peligrosos y los propios casos de contaminación.
• Otro extrabajador, Eduardo Ochoa, dejó constancia de los problemas de salud en el barrio: “Vecinos, muchísimos han muerto de cáncer y en la familia mi tío y mi hermana de cáncer. Mi tío murió de cáncer de esófago y mi hermana murió a los 50 años de cáncer de mama, hígado y cerebro”.

Los testimonios también se tradujeron en información científica: el CONICET confirmó que la empresa contaminó con Atrazina, un herbicida prohibido por la Unión Europea en 2013, el Río Paraná y el agua subterránea. Además constató contaminación con tres productos prohibidos como DDT, Aldrin y Metoxicloro. “También se detectaron cantidades no cuantificables de glifosato. Por su parte el tóxico 2,3D fue detectado en agua”, expresó FOMEA. 

La jueza ordena una serie de medidas dirigidas al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA), dos organismos que quedan expuestos por los escasos o nulos controles. Maggi: “Habla de demoras, de análisis no realizados de forma completa, de falta de respuesta adecuada, y eso hay que exponerlo como una falta grave por parte del Estado provincial y nacional, porque deja en evidencia que el Ejecutivo no ejerce adecuadamente el control ambiental”. 

«El fallo deja en evidencia que el Ejecutivo no ejerce adecuadamente el control ambiental”. 

Fabián Maggi, abogado de una de las asambleas

También expone a la normativa provincial en materia de muestra por contaminación: “Hay normativas que no mandan a analizar correctamente sustancias como la atrazina, que es eje de la discusión”. La propia jueza dice que esa resolución devino “anacrónica” por “el avance de los sistemas de producción”. Maggi dice que lo mismo pasa con el agua potable: “Hoy, para determinar si el agua es potable, no necesitás hacerle análisis de glifosato cuando es una sustancia presente en todos lados”.

Pese al valor de la sentencia, Maggi adelantó a lavaca que van a apelar algunos puntos. “Creemos que al fallo le falta robustez en aspectos esenciales como el de la recomposición del daño ambiental. Es fundamental y lo dice la Constitución. Entendemos que la jueza ordenó una serie de estudios y evaluaciones que necesitaban complementariedad pero deben ser ordenados bajo la indicación expresa de recomponer el daño ambiental. Debió decir expresamente que se condena a recomponer el daño causado y a caracterizar el pasivo: tomar muestras, analizar en laboratorio, establecer el grado del daño y diseñar un proceso para remediar esa contaminación. Es fundamental incorporar la evaluación de un pasivo ambiental en el curso del Río Paraná, que ni siquiera se ha explorado”.

También apuntarán respecto a la valoración que la jueza hizo de los gases. “No coincidimos en lo que expresó, consideramos que hay elementos suficientes para sostener que los gases son contaminantes. En ese sentido, también debió haber ordenado que Atanor implemente un sistema de monitoreo continuo. Estamos ante una empresa que ha sido temeraria, investigada con graves delitos ambientales, que ha desarrollado la actividad, como precisó la jueza, en un marco de ilegalidad. Hay que ponerle el máximo grado de control posible. Debe haber monitoreos continuos sobre todos los efluentes de Atanor”. 

En San Nicolás hay expectativa con que este fallo repercuta en la causa penal que instruye el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a la espera de citaciones de directivos para declaraciones indagatorias. El juez ya rechazó un pedido de las querellas por considerarlo “prematuro”. Maggi: “Después de ocho años, es escandaloso. Es un juez que fue llamado la atención por Casación Penal, que le dijo que evite las demoras que genera su juzgado. Hace dos meses nos rechazó la indagatoria. Nosotros apelamos”. 

Los vecinos también esperan que tengan que responder ante la justicia directivos no sólo de la empresa, sino también de los organismos como ADA y OPDS, además del fiscal Rubén Darío Giagnorio. Maggi explica por qué: “Tuvo el inicio de la causa Atanor y fue responsable en su obrar negligente, con cierto grado de encubrimiento. Fue lo que impidió tanto tiempo que la investigación avanzara. Terminó celebrando un acuerdo alternativo de partes con la empresa para eximirla de la pena, cuando la ley regula que ese acuerdo no se puede celebrar si hay víctimas menores de edad y personas fallecidas: eso es lo que pasó en Atanor”.