Nota
Atanor contamina: El Juzgado Penal de San Nicolás confirma lo denunciado por las y los vecinos y advierte sobre la falta de control
La empresa norteamericana productora de agroquímicos, situada en pleno radio urbano de San Nicolás, desde hace 9 años es denunciada por contaminar aguas, tierra y aire: vecinos y vecinas detectaron más de 200 muertes por cáncer en seis manzanas. Los reclamos llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (incluyendo como pruebas las notas de MU y Lavaca). Mientras el Ejecutivo evita responder ante la CIDH, ahora un fallo del Juzgado de Ejecución Penal del municipio confirma la contaminación, cuestiona la falta de controles estatales y ordena medidas urgentes para evaluar el riesgo ambiental. Los vecinos celebran las medidas, pero señalan lo que falta: la recomposición de ese daño, y la aceptación de la contaminación en el aire. Los casos de enfermedades más graves, y la pregunta sobre lo ya hecho: ¿quién paga?
Hace nueve años que los vecinos del Barrio Química, en el partido bonaerense de San Nicolás, denuncian la contaminación en agua, aire y suelo por parte de la empresa Atanor, la tercera productora de agrotóxicos más importante del mundo, incluso llevando hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo intolerable: un censo casero con más de 200 muertes de cáncer en un radio de apenas seis manzanas. Esta semana recibieron una noticia que al menos les motivó un alivio: el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás hizo lugar a un amparo ambiental que acredita la contaminación; considera la pericia que determinó el vuelco de “desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad del agua del curso del Río Paraná”; cuestiona a organismos ambientales provinciales por el escaso o nulo control; critica la legislación provincial por “anacrónica”; y ordena medidas urgentes para evaluar el riesgo ambiental, con participación de expertos del CONICET y de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
“No puede perderse de vista que Atanor se encuentra situada en pleno radio urbano y que es una empresa que manipula productos peligrosos para la salud”, escribió la jueza Luciana Bancalari en la sentencia de 55 fojas, y agrega: “He de tener en cuenta además para resolver que es falsa la dicotomía entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico, ‘no puede haber crecimiento a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente ignorando a nuestros pueblos y nuestras economías’”.
Los vecinos celebraron el fallo que, después de nueve años, les da la razón. “En el contexto del poder judicial que tenemos, esta sentencia es para aplaudirla”, dice a lavaca Fabián Maggi, el abogado de la Asociación Civil Foro Medio Ambiental de San Nicolás (FOMEA), una de las dos organizaciones que representan a los vecinos.
En 2018, FOMEA llevó el caso de Atanor a la propia CIDH (donde adjuntó como material las notas publicadas por la Revista MU y lavaca.org), denunciando la inercia de los tribunales federales y provinciales ante un caso urgente. La jueza Bancalari tomó nota, ya que no sólo pide que se comunique la sentencia a la Corte IDH, sino que reconoce “el derecho a un ambiente sano como un derecho personalísimo del ser humano”, y lo ubica como “un derecho humano básico” reconocido por la Constitución Nacional.
A fines del año pasado, la CIDH le requirió al Estado argentino sus observaciones respecto de la denuncia presentada por los vecinos.
Es el tercer pedido que le realiza.
Hasta el momento, ninguno fue contestado.
Ilegalidad manifiesta
Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. En Argentina, la planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.
La sentencia considera que la planta de Atanor se encuentra ubicada en zona urbana de la ciudad y que está catalogada en la tercera categoría de la ley de Radicación Industrial en la provincia de Buenos Aires, “que incluye a los establecimientos que se consideran peligrosos porque su funcionamiento constituye un riesgo para la seguridad, salubridad e higiene de la población u ocasiona graves daños a los bienes y al medio ambiente”.
Por ese motivo, y luego de considerar los argumentos de la propia empresa, la jueza considera que “se ha probado el marco de ilegalidad en el que funcionaba Atanor al tiempo de la interposición de la presente acción (…) cuyo trámite obligó a ajustar su conducta a la legislación vigente, lo que evidencia la existencia de un actuar posiblemente lesivo (principio precautorio) llevado a cabo con ilegalidad manifiesta”.
Esa “ilegalidad manifiesta” es la que se traduce en los cuerpos de los vecinos:
- Uno de los casos emblemáticos del Barrio Química fue el de Lina Abigail Ramírez: murió a los 6 años por cáncer de pulmón y abdomen. Su familia vivía enfrente a Atanor. La enfermera que la trató fue Mercedes Meche Méndez, del Hospital Garrahan, una especialista que desde el área de cuidados paliativos suele tratar niñes con estos cuadros: la mayoría tienen en común vivir en zonas expuestas a agroquímicos. Méndez también declaró ante el fiscal Matías Di Lello sobre el impacto en la salud de la aplicación de estos “venenos”, tal como remarcó en su testimonio.
- En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
- Uno de los trabajadores que inició las primeras denuncias es Darío Álvarez, 50 años. Comenzó a trabajar en la planta de San Nicolás a fines de los 90. Lo echaron en 2005 por un accidente laboral, y fue uno de los testimonios de la nota de MU enviado como prueba de los reclamos a los expertos de la CIDH. Álvarez contó allí el caso de un extrabajador que relataba los constantes derrames tóxicos que iban al Paraná, el enterramiento de residuos peligrosos y los propios casos de contaminación.
- Otro extrabajador, Eduardo Ochoa, dejó constancia de los problemas de salud en el barrio: “Vecinos, muchísimos han muerto de cáncer y en la familia mi tío y mi hermana de cáncer. Mi tío murió de cáncer de esófago y mi hermana murió a los 50 años de cáncer de mama, hígado y cerebro”.
Los testimonios también se tradujeron en información científica: el CONICET confirmó que la empresa contaminó con Atrazina, un herbicida prohibido por la Unión Europea en 2013, el Río Paraná y el agua subterránea. Además constató contaminación con tres productos prohibidos como DDT, Aldrin y Metoxicloro. “También se detectaron cantidades no cuantificables de glifosato. Por su parte el tóxico 2,3D fue detectado en agua”, expresó FOMEA.
La jueza ordena una serie de medidas dirigidas al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y a la Autoridad del Agua (ADA), dos organismos que quedan expuestos por los escasos o nulos controles. Maggi: “Habla de demoras, de análisis no realizados de forma completa, de falta de respuesta adecuada, y eso hay que exponerlo como una falta grave por parte del Estado provincial y nacional, porque deja en evidencia que el Ejecutivo no ejerce adecuadamente el control ambiental”.
«El fallo deja en evidencia que el Ejecutivo no ejerce adecuadamente el control ambiental”.
Fabián Maggi, abogado de una de las asambleas
También expone a la normativa provincial en materia de muestra por contaminación: “Hay normativas que no mandan a analizar correctamente sustancias como la atrazina, que es eje de la discusión”. La propia jueza dice que esa resolución devino “anacrónica” por “el avance de los sistemas de producción”. Maggi dice que lo mismo pasa con el agua potable: “Hoy, para determinar si el agua es potable, no necesitás hacerle análisis de glifosato cuando es una sustancia presente en todos lados”.
Pese al valor de la sentencia, Maggi adelantó a lavaca que van a apelar algunos puntos. “Creemos que al fallo le falta robustez en aspectos esenciales como el de la recomposición del daño ambiental. Es fundamental y lo dice la Constitución. Entendemos que la jueza ordenó una serie de estudios y evaluaciones que necesitaban complementariedad pero deben ser ordenados bajo la indicación expresa de recomponer el daño ambiental. Debió decir expresamente que se condena a recomponer el daño causado y a caracterizar el pasivo: tomar muestras, analizar en laboratorio, establecer el grado del daño y diseñar un proceso para remediar esa contaminación. Es fundamental incorporar la evaluación de un pasivo ambiental en el curso del Río Paraná, que ni siquiera se ha explorado”.
También apuntarán respecto a la valoración que la jueza hizo de los gases. “No coincidimos en lo que expresó, consideramos que hay elementos suficientes para sostener que los gases son contaminantes. En ese sentido, también debió haber ordenado que Atanor implemente un sistema de monitoreo continuo. Estamos ante una empresa que ha sido temeraria, investigada con graves delitos ambientales, que ha desarrollado la actividad, como precisó la jueza, en un marco de ilegalidad. Hay que ponerle el máximo grado de control posible. Debe haber monitoreos continuos sobre todos los efluentes de Atanor”.
En San Nicolás hay expectativa con que este fallo repercuta en la causa penal que instruye el juez Carlos Villafuerte Ruzo, a la espera de citaciones de directivos para declaraciones indagatorias. El juez ya rechazó un pedido de las querellas por considerarlo “prematuro”. Maggi: “Después de ocho años, es escandaloso. Es un juez que fue llamado la atención por Casación Penal, que le dijo que evite las demoras que genera su juzgado. Hace dos meses nos rechazó la indagatoria. Nosotros apelamos”.
Los vecinos también esperan que tengan que responder ante la justicia directivos no sólo de la empresa, sino también de los organismos como ADA y OPDS, además del fiscal Rubén Darío Giagnorio. Maggi explica por qué: “Tuvo el inicio de la causa Atanor y fue responsable en su obrar negligente, con cierto grado de encubrimiento. Fue lo que impidió tanto tiempo que la investigación avanzara. Terminó celebrando un acuerdo alternativo de partes con la empresa para eximirla de la pena, cuando la ley regula que ese acuerdo no se puede celebrar si hay víctimas menores de edad y personas fallecidas: eso es lo que pasó en Atanor”.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8A a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8A que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 21 y 25 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Estela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!
Estilo Estela
Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
El clima del cambio
San Cayetano desde abajo
La policía apunta, las cámaras enfocan: señalan al cabo 1º Guerrero, como presunto autor del disparo contra Pablo Grillo
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio de Argentinos Juniors
Orgullo travesti-trans: Carla Morales lee a Marlene Wayar
Las fuerzas del cuerpo
Residencia (A)narcocapitalismo y cuerpos sociales: puesta en escena
ActualidadHace 3 semanasItuzaingó: los trabajadores ocupan la fábrica de ascensores Cóndor y proyectan una cooperativa
Derechos HumanosHace 4 semanasA 40 años de la sentencia: ¿Qué significa hoy el Juicio a las Juntas?
ActualidadHace 4 semanasMendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge
ComunicaciónHace 2 semanas19 y 20 de diciembre: La crónica que nos parió
NotaHace 1 semanaMatar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
