Nota
Atanor: vidas y muertes en la denuncia contra el Estado ante la CIDH por contaminación
Vecinos y vecinas del Barrio Química, de San Nicolás, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por su inacción judicial ante un reclamo de años: la contaminación ambiental que produce la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos del país. A través de un censo casero, relevaron 200 muertes en seis cuadras del vecindario. El caso de Lina, la niña de seis años que murió por cáncer de pulmón y abdomen. Qué dice el abogado de los denunciantes. Y la crónica de MU que fue presentada como prueba ante la CIDH.
“Numerosos habitantes de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, puntualmente los vecinos del barrio Química, son severamente afectados en sus vidas e integridad física por la contaminación ambiental que genera la empresa Atanor SCA, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, que en pleno radio urbano elabora productos químicos para la agroindustria: plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros productos de síntesis química de alta toxicidad”.
Así lo escriben vecinas y vecinos de San Nicolás que, junto al Foro Ambiental local (FOMEA), reclaman una medida cautelar para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenga ante estos hechos “de gravedad y urgencia” que afectan la vida de la población. Por eso denuncian al Estado argentino, debido a su inacción ante los reclamos por contaminación de los vecinos y vecinas contra Atanor, la segunda empresa productora de glifosato en el país, entre otros males.
¿Por qué denuncian al Estado? Pese a las numerosas demandas contra la empresa, el Estado “no garantiza el acceso a la justicia dado que ninguna acción judicial contra esta empresa de agrotóxicos tuvo resolución definitiva y eficaz en más de cuatro años de trámite”.
En esos años, los vecinos realizaron un mapa de las seis manzanas del vecindario. La imagen impacta: registraron 200 muertes que simbolizaron con 200 cruces negras por cada parcela. En sólo una cuadra, había 21 cruces.
El mal eterno
Roberto Pereyra se presenta como un vecino nacido y criado en San Nicolás. Tiene tres hijos –dos con problemas respiratorios- y su mujer, María Victoria Delgado, tiene una constante picazón que ubica con una preocupación latente: la cantidad de fallecidos por cáncer que hay en el Barrio Química. Su esposo también está con una dolencia particular: tiene heptacloro en sangre, un plaguicida prohibido en Argentina y el mundo. “En la Fiscalía me preguntaron a qué distancia vivo de la fábrica. Usted verá a una cuadra”, dijo a MU hace dos años.
Fue tan sólo uno de los testimonios que advertía la contaminación de un pueblo. Hoy es una de las víctimas que peticionó ante la CIDH.
Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.
En noviembre de 2016, se produjo un incendio en esa planta, que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
La petición ante la CIDH detalla que un estudio del Centro de Investigaciones Medio Ambientales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.
“La presentación abarca varios aspectos”, explica a lavaca Fabían Maggi, abogado de FOMEA y de un grupo de vecinos. “Si bien abarca la protección del medio ambiente como derecho humano, lo que nos impulsó ir a la CIDH es la falta de garantía de acceso a la justicia. El Estado argentino está incumpliendo. Y ese fue el disparador final, porque la justicia argentina se ha convertido en un laberinto sin salida. Y uno circula por un lugar sin llegar a destino”.
-¿Cómo fue ese laberinto?
-Es necesario distinguir que hay varias acciones judiciales en las que está involucrada Atanor. Uno es el amparo ambiental que presentamos en 2014: ese está en la justicia provincial y, por ahí, pasaron seis jueces. Como ese juzgado estaba acéfalo, iban pasando jueces subrogantes pero todos terminaban excusándose. Entendemos que hay una enorme presión económica del grupo con el poder judicial. También tenemos denuncias penales: una tramita en el fuero federal y otra en el fuero provincial, en la que están los testimonios de los trabajadores de la empresa que explican cómo enterraban residuos peligrosos en la planta. Allí las irregularidades son extremas, porque hasta un perito corroboró los niveles de contaminación en la tierra.
-¿Qué ocurrió mientras tanto?
-Seguían las enfermedades y las muertes. En julio de 2016 y en pleno trámite judicial, Lina Vallejos murió de cáncer de pulmón y abdomen: tenía seis años. Unos días después murió Eduarda Vallejos, su vecina, por la misma enfermedad. Ambas viven enfrente de la planta. A 100 metros hay una laguna de deshechos, donde van a parar grandes volúmenes de agua, que están contaminados con atrazina, fundamentalmente. Imaginate esos piletones gigantes: se evaporan gases, y eso es lo que los vecinos respiran sumado a lo que ventean las chimeneas. El CIMA, de La Plata, recolectó agua de lluvia: confirmó que está cargada hasta con glifosato.
-¿Cómo está el barrio hoy?
-La gente está muy sometida. Son muchos años de haber padecido la contaminación ambiental y ver que se acercaron profesionales de derecho, que hicieron denuncias, que los medios expusieron la problemática, pero nunca lograron torcer el brazo a la empresa. Ellos se piensan como las víctimas eternas, que nunca van a salir. El barrio está aleccionado. Queda esta medida cautelar que presentamos a la CIDH. Por eso esperamos que salga cuanto antes.
Compartimos la crónica de MU que reflejó las denuncias del barrio, con testimonios de vecinos y vecinas, de extrabajadores de Atanor que confirman la contaminación desde adentro, y de la familia de Lina, la niña de seis años. Ese artículo fue enviado como prueba, entre otros, a los expertos de la CIDH.
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Nota
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