Nota
Agrotóxicos en Exaltación de la Cruz: La exaltación presidencial
Tres vecinos y vecinas desplegaron una bandera en un acto presidencial que decía: “Basta de cáncer. Paren de fumigar”. Fueron detenidos, golpeados y les iniciaron una causa, que luego se demostró que estaba armada por la policía y la misma fiscalía que no investiga las pulverizaciones ilegales. La respuesta del fiscal a MU, lo que dijo el presidente en el acto, lo que cuentan las personas ilegalmente detenidas, la censura a la prensa, lo que se quiere tapar en Exaltación: una historia increíble, pero real.
Por Francisco Pandolfi.
“La realidad supera a la ficción”. Oscar Wilde
Miércoles 11 de enero. 11 horas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak; y el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, inauguran el Hospital Modular de Los Cardales, el primero de esta localidad emplazada en el municipio de Exaltación de la Cruz, a 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires.
Miércoles 11 de enero. 11 horas. A 10 minutos del flamante hospital, un mosquito –máquina terrestre con la que se fumiga–, pulveriza ilegalmente un campo lindante al barrio Larena, de Pilar, y al pueblo de Lemmé, en Exaltación de la Cruz, pese a que en ambos territorios rigen cautelares que prohíben el uso de agrotóxicos.
Miércoles 11 de enero. 11 horas. Anabel Pomar, Jorge Viale y Agustín Brun, tres integrantes de la organización Exaltación Salud que denuncia desde hace 10 años la contaminación en el pueblo, intentan en silencio desplegar una bandera blanca, con letras rojas, negras y verdes que forman un mensaje concreto: “Basta de cáncer. Paren de fumigar”. Lo hacen de frente al escenario, a más de 100 metros de donde hablan los funcionarios, fuera del vallado establecido para el acto, en la vía pública. Al ver la bandera, de no más de dos metros de ancho y uno de largo, efectivos de la custodia presidencial y de la Policía Bonaerense, varios de civil y sin identificación, corren hasta el lugar e intentan arrebatársela.
Anabel Pomar, una de las vecinas que desplegó la bandera, recibe a MU en su casa de Exaltación de la Cruz, a poco más de un mes de haber sido censurados, golpeados, detenidos, trasladados a la comisaría donde permanecieron durante casi cuatro horas e imputados por el delito de resistencia a la autoridad.
La primera pregunta es cómo se está después de aquel atropello. La primera respuesta de Anabel, que además es periodista (habitual colaboradora de esta revista) especializada en temas ambientales: “La situación producto de los agrotóxicos hace bastante difícil vivir acá; es asfixiante, y no solo desde la amenaza porque realmente nos están matando, sino que además debemos seguir insistiendo ante poderes del Estado absolutamente cómplices”.
Hace una pausa ínfima, piensa y sigue: “Ante esta censura me pregunto: ¿cómo cambiamos esto? ¿Hasta dónde quieren llegar si ni siquiera podemos desplegar una bandera de forma pacífica?
Entonces, ante la pregunta de cómo estoy, respondo: absolutamente indignada. La tristeza subyace desde siempre por toda esta situación, desesperante y triste. Pero las detenciones arbitrarias, la censura, las imputaciones y la causa armada son el colmo”.
La convivencia anti-democrática
“La diferencia entre la ficción y la realidad es que la ficción debe ser creíble”. Mark Twain
Los efectivos intentan arrebatarles la bandera. Ante el forcejeo, comienzan a protestar. Recuerda Anabel: “Los gritos que el presidente escucha son por el accionar de la seguridad: si no hubieran querido sacarnos la bandera, no se hubiera enterado casi nadie. Ante nuestros gritos, la gente empieza a darse vuelta y es el propio intendente Diego Nanni, con micrófono abierto, quien le dice al presidente ‘son los que se quejan de los agrotóxicos’”.
El presidente toma la palabra: “Escuchaba recién al compañero quejarse por el uso de agroquímicos, y está bien. Son temas que se debaten en el mundo, pero no es necesario hacerlo de ese modo. Una de las cosas que tenemos que aprender es a hablarnos en voz baja, plantear nuestras diferencias en voz normal, sin necesidad de maltratarnos. Ya demasiado nos maltratamos como país. Recuperemos la convivencia democrática”.
Anabel analiza la respuesta del primer mandatario: “El presidente piensa que lo estamos insultando cuando eso no sucedió: el reclamo era pacífico y en silencio, justamente para evitar que nos acusaran de ir contra la investidura presidencial… Nuestros gritos se dan al ser censurados y luego reprimidos, primero al querer arrancarnos la bandera y al instante, cuando al compañero que estaba filmando (Agustín Brun) le pegaron y le quisieron sacar el celular”. Plantea una suposición: “En el caso de que sí hubiéramos ido determinados a gritar ‘Basta de agrotóxicos’, ¿habría sido eso un maltrato?”. La doble vara: “Es claro que al presidente no le parece criminal que se utilicen plaguicidas altamente peligrosos”.
Tras los primeros golpes, los integrantes de Exaltación Salud decidieron retirarse del lugar: “Nos fuimos caminando más de 100 metros, seguidos por policías de civil. Todo parecía que se había calmado cuando de repente aparecieron más patrulleros con la orden de detenernos. Primero eran cinco, seis, y terminaron siendo más de quince efectivos. De la Bonaerense nos dicen que la detención fue por orden de Presidencia. Cuando le preguntamos el porqué, nos dijeron que después sabríamos los motivos. Todo fue totalmente ilegal, los policías sin identificarse y sin decirnos la causa de la detención”.
Le cambia la cara, se pone más seria aún. Recuerda: “Estamos en democracia, intentamos manifestarnos pacíficamente. Las horas detenidas en la subcomisaría de Los Cardales fueron horribles; todo rayaba lo absurdo, pero era real”.
La prensa censurada
“En el mundo real nos ocurren cosas que se parecen a la ficción. Y si la ficción resulta real, entonces quizá debamos reconsiderar nuestra definición de realidad…”. Paul Auster
Pese a que eran tres los manifestantes de Exaltación Salud, los detenidos fueron cuatro: Sebastián Vargas tiene 21 años recién cumplidos, estudia el profesorado de Educación Física y desde hace 8 es operador en FM Los Cardales, medio en el que también realiza coberturas periodísticas. El 11 de enero fue a acompañar a su mamá, la directora de la radio, para fotografiar y registrar los testimonios de los funcionarios. “Fue el único periodista que en vez de seguir viendo el acto, fue a ver a dónde nos llevaban. Fue el único testigo de las detenciones ilegales y se lo llevaron detenido”, describe Anabel.
Desde su casa en Los Cardales, Sebastián le cuenta su versión a MU: “Cuando empieza a hablar el presidente, en silencio abren la bandera. Entonces me acerco, iba a sacar un par de fotos y volver, hasta que de repente intentan quitarles la bandera. Escucho a un chico: ‘Ayuda, me están pegando’. Vuelvo al sector de prensa, le aviso a mi mamá y regreso. Los integrantes de Exaltación Salud se estaban yendo sin problemas, hasta que de un segundo a otro los detienen.
“Cuando empiezo a filmar, se acerca una persona por detrás, me agarra del hombro y me dice que me vaya. Le digo que estaba trabajando y me quita el celular. Me agarra del cuello y me asfixia con una llave. Luego me subieron al patrullero”.
Sebastián Vargas, 21 años, periodista que cubría el evento y las detenciones.
En los forcejeos me rompieron la remera y me dejaron moretones en los brazos y las piernas. Recién en la comisaría, después de cuatro horas, nos contestaron por qué estábamos ahí”.
¿Qué pensaste al leer la imputación?
El acta estaba llena de incoherencias: se menciona como si se hubiera puesto en peligro la seguridad del presidente, así como que yo le di un golpe en la cara al policía que me roba el celular. Repasando los videos, está registrado que se ponen violento conmigo a partir de que les digo que era un trabajador de prensa.
¿Qué te llamó más la atención de lo que pasaron?
Que los medios locales se llamaron completamente a silencio con lo que ocurrió; la noticia trascendió más afuera que adentro del pueblo.
El fiscal (des)Esperante
“Es extraño, pero es verdad; porque la verdad es siempre cosa extraña; más extraña que una ficción”. Lord Byron
El acta policial recayó en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio descentralizada en Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz, a cargo del fiscal Juan Manuel Esperante, de licencia esa tarde. La Fiscalía, en menos de cuatro horas, decidió, sin instrucción, la imputación de las cuatro personas, basándose únicamente en la versión de la Policía.
El abogado Fabián Maggi detalla: “Se percibe el armado de una causa, la incorporación de datos falsos en la instrucción policial; abuso de autoridad y lesiones. Los policías incorporaron testigos falsos que declararon utilizando las mismas palabras, que evidencian que quien habla es un funcionario policial, no el testigo. Esto no lo decimos solo nosotros sino el juez Grassi, que solicitó el inicio de una nueva causa para investigar a los funcionarios. Es un hecho de extrema gravedad, que no parece ser la decisión espontánea de un solo comisario, sino de órdenes superiores barajadas de entrada”.
¿Cómo analiza el desempeño de la Fiscalía?
La violencia institucional no fue solo de la Policía, sino que enmarca otras conductas, como la actuación del Ministerio Público Fiscal. Hace años denunciamos delitos graves por aplicar venenos en zonas habitadas. Y el fiscal Esperante no asumió ninguna conducta clara de tutela por parte del Estado sobre los vecinos afectados; demoró y cajoneó las causas durante años. En este caso, ante un llamado telefónico, en unas horas su fiscalía imputa a los manifestantes, en un obrar imprudente y negligente. No puede tomar la versión policial como única, sin analizar ni entrevistar a los imputados, e iniciarles una causa.
En mayo de 2021 presentaron una denuncia penal contra el fiscal Juan Manuel Esperante para que se investigue la posible comisión de delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sí, y por eso la Fiscalía se debía haber excusado de recibir la imputación policial. Esperante no investigó las fumigaciones en Exaltación de la Cruz por lo menos en siete causas, lo que forzó a las víctimas a tener que denunciarlo penal y administrativamente ante el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, denuncia sobre la cual aún no tenemos noticia. Nosotros no queremos papeles, sino medidas que cesen el delito y condenen a los responsables. Nunca investigó adecuadamente, ni imputó a ningún productor, ni llamó a indagatoria pese a las pruebas contundentes que había. No tomó medidas que deben realizarse en días, algunas incluso de inmediato, como allanamientos ni bien suceden las pulverizaciones. El accionar de Esperante no es exclusivo, casi el 100% de los fiscales de la provincia de Buenos Aires no hacen bien su tarea. La violencia institucional está instalada y el concepto abarca desde maltratos y malas respuestas en una fiscalía, hasta la inacción y el silencio.
HABLA EL FISCAL
“Los políticos deberían leer ciencia ficción, no westerns o historias de detectives”. Arthur Clarke
De no ser por el cartel pegado en la puerta, que informa que allí dentro funciona la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 6 descentralizada de Exaltación de la Cruz, correspondiente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, sería difícil adivinar que esa fachada vieja, despintada, con los ladrillos a la vista sin revocar, es el frente de una fiscalía. Tres grafitis pintados con aerosol rojo, sobre la acera, sirven de indicio de lo que funciona detrás de esas paredes, en la calle Alem 447, de Capilla del Señor: “Esperante cómplice del agronegocio”, “Cumplí la cautelar”, “Basta de criminalizar a los que luchan”.
En un miércoles caluroso de febrero, Juan Manuel Esperante, 40 años, abogado, fiscal, acepta el encuentro con MU. No cerrará la puerta de su despacho y pedirá no grabar la conversación, pese a la insistencia de este cronista en pos de evitar cualquier controversia a futuro. No acepta. “Hoy en la Fiscalía somos solo cuatro personas trabajando y tenemos una competencia amplia, desde un homicidio hasta una estafa. Estoy de turno 320 días al año, en los que debo estar disponible para intervenir. Hago instrucción y juicio, tengo multiplicidad de tareas”, arranca.
Sin embargo, el fiscal Esperante no se encontraba a cargo de su fiscalía justo el día de la visita presidencial.
Sobre este contexto de trabajo de los fiscales, una fuente judicial del Departamento Zárate-Campana, que pide reserva de su nombre “para no sufrir consecuencias”, revela: “Los fiscales de este Departamento son veinte y en funciones hay solo nueve. En 2023 se jubilan dos y pueden quedar siete. Nadie tiene en cuenta esta realidad”. Y traza un paralelismo. “En la provincia de Buenos Aires, en 2007 había 45 mil policías; hoy hay más de 70 mil. En ese entonces, había cerca de 500 mil causas; hoy hay un millón. Sin embargo, somos la misma cantidad de fiscales o menos”. Sintetiza: “Imaginate cómo funciona un sistema si el primer eslabón está a punto de colapsar; hay muchos fiscales con licencia psiquiátrica”.
El 11 de enero pasado, la Policía Bonaerense de la subestación comunal de Los Cardales confeccionó un acta que fue avalada por la Fiscalía, con la imputación a los tres integrantes de Exaltación Salud y al periodista de FM Los Cardales. Esperante se exculpa: “Ese día no estuve de turno, fue uno de los pocos en el año en que estaba de licencia, así que yo no intervine, no los dejé presos”.
Sí la fiscalía de la que usted está a cargo.
La fiscal Andrea Palacios, que me subroga, toma la decisión. A Andrea le comunican el hecho y toma medidas estándar de rigor en un delito menor como este.
¿Por qué se los imputa sin ni siquiera haberles tomado declaración y solo basándose en la versión policial?
Mirá, yo acabo de archivar la causa el viernes 10 de febrero pasado, que no quiere decir que sea falso lo que dice la Policía, pero no encontré elementos para probar el cargo de resistencia a la autoridad.
¿Qué significa concretamente que archivó la causa?
Que ya está, no va a pasar más nada. Como sucede muchas veces en el Poder Judicial, no solo en Argentina, sino universalmente, se generan papeles que no llegan a nada. No sé si hubo resistencia a la autoridad, pero no puedo probarlo.
El juez Julio Grassi advirtió inconsistencias en lo determinado por la Policía y en su fiscalía, y pidió que se investigue una presunta comisión de delitos. ¿Qué opina?
Yo no encontré elementos para probar delitos de resistencia a la autoridad, y es de lo único que puedo hablar.
El periodista detenido declara que le pegaron, le sacaron el celular para que no siga grabando, que mintieron en el acta; los miembros de Exaltación Salud, a su vez, que estaban haciendo una manifestación pacífica y que fueron golpeados y censurados. ¿Qué cree del procedimiento de la Policía?
No veo irregularidades en el accionar policial, no me parece fuera de lo normal que los lleven a la comisaría si se está incurriendo en disturbios.
¿Cómo considera el accionar ante el periodista y la libertad de ejercer su trabajo?
Eso corresponde a la nueva causa que se abrió por pedido del juez Grassi, no puedo opinar.
¿Es legal que policías de civil, sin identificación, se lleven detenidas a personas sin informarles el motivo?
La UFI 1 investigará su desempeño; no me corresponde opinar.
Hoy en día, ¿su fiscalía lleva adelante investigaciones por el uso de agrotóxicos?
No, las causas que tenía ahora están en Zárate.
En 2021 fue denunciado por mal desempeño de funcionario público, por no investigar causas relacionadas a las pulverizaciones ilegales.
Jamás tuve un sumario ni una causa penal y es fácil tenerlos porque es imposible conformar a las dos partes. No soy un fiscal cuestionado. No me es indiferente que se fumigue en el pueblo, pero no depende de mí. No soy yo quien debe determinar si el agroquímico debe estar prohibido ni puedo opinar sobre eso.
En la denuncia ante la Procuración General se enumera la inacción en tres causas y se señala que existen otras más “relacionadas con daño ambiental y fumigaciones ilegales”. Esperante se defiende: “En una de esas causas, por ejemplo, argumento que no hay delito porque no se encontraba en vigencia la medida cautelar que hoy rige de 1.000 metros de distancia a viviendas y escuelas. Hasta ese momento la ordenanza vigente solo ordenaba 150 metros el límite para el uso de agrotóxicos”.
Esto no coincide con los tiempos, porque la denuncia es de octubre de 2019, y la cautelar de los mil metros ya regía desde septiembre.
Es difícil probar una pulverización, no por el operador judicial, sino porque debe estar la muestra.
Eso justamente denuncian desde Exaltación Salud, que hay pruebas que, por no haberlas buscado con celeridad, se perdieron.
Hay que ver cada causa, había medidas pendientes pero pidieron que se me apartara, desconozco el porqué.
Por mal desempeño de funcionario público.
No entiendo por qué el encono, no conozco a las partes.
Denuncian la falta de celeridad, no haber llamado a declarar a nadie en ninguna causa, no haber ordenado pruebas relevantes…
Eso le corresponde a la policía ecológica.
¿Pero usted como fiscal no tiene la facultad de ordenar las pruebas necesarias?
Sí, pero hay que ver cada causa; quizás alguna prueba no se tomó, pero no es que no haya habido celeridad, lleva tiempo.
Denuncian que tuvo causas en su poder hasta dos años y no llamó nunca a indagatoria ni ninguna estuvo cerca de llegar a juicio.
No tuve muchas causas.
Pero en las que tuvo, ¿por qué no hubo avances?
Hay que analizar muchas cosas de cada causa. En el tiempo que tuve las causas, en ninguna había elementos para llamar a indagatoria, sino lo hubiese hecho.
Otra de las causas por la que se lo denuncia refiere a la familia Garri, quienes denunciaron fumigaciones ilegales. Al matrimonio se le detectó glifosato en sangre y su hija menor sufre de alopecia universal (se sospecha su relación a la convivencia con agroquímicos en el ambiente). Sin embargo, tampoco llamó a nadie a declarar.
No había pruebas concretas que acreditaran que las enfermedades eran por agrotóxicos. Si hubiese habido alguien para llamar, lo habría hecho.
Se están por cumplir cuatro años de una recordada fumigación desde una avioneta, que se hizo viral a nivel nacional por haber sido sobre la escuela rural de Parada de Robles, que generó la prohibición de las pulverizaciones aéreas y la ampliación de las distancias en las terrestres. En ese caso, tampoco usted imputó a nadie. ¿Cómo lo explica?
Hay que ver cómo probar cada hecho. Quizá no existió.
¿Cómo ‘quizá no existió ’? El video fue público.
Si hubiese tenido a alguien, lo hubiese llamado.
En su desempeño, ¿se siente presionado por el agronegocio?
No.
Al cierre de esta edición ni el abogado ni las personas imputadas fueron notificados de haberse archivado la causa ni de ninguna noticia.
LO DEMENCIAL
“He llegado a la conclusión de que la realidad mata y la ficción salva”. Javier Cercas.
12 de enero. A quince minutos del Hospital Modular, un día después de su inauguración, se pulveriza ilegalmente y se viola la cautelar otorgada a un apicultor, quien ya había denunciado en noviembre pasado otra fumigación. No hay detenidos.
14 de enero. A 5 kilómetros del Hospital Modular, pulverizan de madrugada un campo cercano al country las Vizcachas. Se viola la zona de exclusión y la cautelar. No hay detenidos.
23 de enero. A media hora del Hospital Modular, vecinas y vecinos frenan un “mosquito” que estaba pulverizando a 800 metros de la escuela de La Lata, en Capilla del Señor. No hay detenidos.
Breve contexto de estas postales: en 2019, un relevamiento vecinal en los barrios San José y Esperanza del municipio detectó 50 casos de cáncer en 30 manzanas. ¿Qué ocurrió tras esa encuesta? Responde Anabel Pomar: “La intendencia no hizo nada y el Concejo Deliberante votó en contra de permitir en esos territorios la realización de un campamento epidemiológico socioambiental, con profesionales de la salud. La propia comunidad hizo estudios: medimos agua y suelo y encontramos agrotóxicos en agua y en suelo; seguimos contando enfermos y enterándonos de gente que muere de cáncer, o de una epidemia de diabetes o que sufre problemas de tiroides, respiratorios, de asma (ver MU 165: La mancha venenosa). Son vox populi en el pueblo las cadenas de oración y la juntada de plata, mediante rifas y polladas, para pagar tratamientos de cáncer de familiares”.
Anabel analiza el panorama hacia adelante: “Hoy las proyecciones de lo que piensan cultivar van de la mano con este modelo; lo mismo la aprobación del trigo transgénico, el HB4. Y lo más reciente: la designación de Antonio Aracre, ‘ex’ –ponelo entre comillas– CEO de Syngenta, como jefe de Asesores de Alberto Fernández. Los gobiernos reciben constantes presiones de las corporaciones, y ahora la corporación está en el gobierno. Que además no es cualquier corporación, sino la mayor de agrotóxicos y transgénicos en el mundo y una de las principales responsables del envenenamiento en Argentina. Que Aracre esté ahí es solo una mala noticia: quien es causante de los problemas no puede ser parte de la solución”.
Anabel Pomar, 49 años, mamá de dos hijos –de 18 y 15 años–, desde 2017 conforma Exaltación Salud. En septiembre de 2021 falleció su compañero. De cáncer. “Con lo que pasó el 11 de enero, con lo que nos pasa todos los días, buscan rompernos el espíritu, las ganas, pero no es lo que lograron ni van a lograr. El otro día pensaba, ¿me querés arrancar una bandera? ¿Me querés imputar? ¿Creés que me importa? A mí me arrancaron a mi marido, ¿se entiende? Pero no necesito que me haya pasado para denunciarlo, porque investigo temas ambientales desde hace mucho tiempo. Puedo contar lo que pasa porque lo conozco, lo estudio y lo vivo, y no es una opción callarme. Los relatos de las enfermedades y muertes son similares y esto habla de la magnitud del crimen ambiental. Mi historia no es original, las historias se repiten: les cambiás las personas, y es lo mismo”.
La censura por intentar mostrar un mensaje no debe correr del foco central al mensaje en sí: “Paren de fumigar, basta de cáncer”.
“Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen, sino porque nos dicen que pueden ser vencidos”. Gilbert Chesterton
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Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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No son cifras