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Boaventura de Sousa Santos: Latinoamérica bipolar

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El analista social más importante de América Latina analiza la situación del continente, que para él está entrando a una fase de polarización crucial. País por país, traza los desafíos actuales y avanza sobre el futuro: “No creo que se pueda cambiar el mundo sin tomar el poder, pero tampoco creo que podemos cambiar algo con el poder existente. Entonces, afirmo que debemos cambiar las lógicas del poder, y para ello las luchas democráticas son cruciales”

Mientras que los jefes de Estado de Europa y América Latina se reunieron en Lima, “protegidos” por rejas y miles y miles de policías, para la Quinta Cumbre Oficial entre ambas regiones, la Universidad Nacional de Ingeniería fue el escenario de la Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas. Activistas de ambas regiones se juntaron para discutir alternativas al neoliberalismo, para la creación de un mundo más justo, democrático y solidario. El activista-investigador portugués Boaventura de Sousa Santos fue uno de los participantes más conocidos y queridos. Boaventura –profesor de Sociología del Derecho en Yale y Coimbra- es actualmente uno de los principales intelectuales en el área de ciencias sociales, con reconocimiento internacional. El periodista Raphael Hoetmer lo entrevistó durante su estadía en Lima.
¿Cómo caracterizas el escenario actual en América Latina?
Los cambios en el mundo son rápidos, y muestran muchas contradicciones, debido a la asociación de eventos políticos que nos han impactado mucho en los años recientes. Ejemplos de ellos, son los cambios en Ecuador y Bolivia, y recientemente en Paraguay. En estos países han ganado un economista progresista, un campesino indígena y un sacerdote de la teología de liberación, materializando la resistencia contra las políticas neoliberales de las últimas décadas.
Por otro lado, América Latina es una pieza clave en las estrategias económicas actuales de las empresas transnacionales y los gobiernos del Norte global. Hay que entender que el sistema capitalista siempre necesita nuevos espacios para generar ganancia económica. De esta manera, la expansión del mercado ha llegado a convertir el agua, los servicios de salud, y la educación en mercancía. Algo que anteriormente era impensable. En este momento, la mercantilización de los recursos naturales es la estrategia fundamental para la acumulación de capital al mediano plazo, poniendo la biodiversidad enorme de América Latina en el centro de la atención.
Este proceso, de re-enfocar América Latina, ha sido acelerado por el fracaso de la guerra en Irak. Los Estados Unidos encontraron que durante su relativa ausencia en su backyard, se habían gestionado cambios en América Latina, que presentaron dos problemas a su agenda. En primer lugar, los procesos sociales habían avanzado fuera de su control, y mas allá de sus planes, resultando en gobiernos progresistas, y en movimientos sociales fuertes. En segundo lugar, estos movimientos habían llegado al poder a través de la democracia, en una época en la cual los EE UU están usando el discurso de la lucha por la democracia para justificar sus intervenciones alrededor del planeta.
En este escenario se desarrolla una nueva estrategia de contra-insurgencia, que consiste de una mezcla entre las estrategias de la Alianza por el Progreso con una política conciente de división de los movimientos, y específicamente del movimiento indígena. Por otro lado, se intensificó en los últimos años, de manera brutal, la criminalización de la protesta y la profundización de la militarización.
En el escenario que usted ha descrito, se puedan dar cuenta de algunos cambios en el paradigma neoliberal. ¿Cree usted que podemos hablar de una modificación de este a un paradigma de seguridad, en el cual toda la actividad humana se subordina al objetivo mayor de la seguridad?
Sí, me parece que esto es la perversión final del proceso de re-estructuración neoliberal. Efectivamente, el neoliberalismo intenta sustituir todos los conceptos existentes, como los de desarrollo y de la democracia, por los conceptos de control y de seguridad, tras su incapacidad de generar un apoyo popular sólido.
Esto es consecuencia de la profundización de la exclusión social, de la miseria y de la desigualdad creciente bajo el capitalismo neoliberal, que implica la emergencia de un fenómeno que quiero llamar el fascismo social. Este no es un régimen político, pero una forma de sociabilidad, de desigualdades tan fuertes, que unos tienen capacidad de veto sobre la vida de otros. Corremos el riesgo de vivir en sociedades que son políticamente democráticas pero socialmente fascistas.
El mejor ejemplo de esta lógica es el doloroso incremento del hambre en el mundo, que muestra la contradicción entre la vida (la producción de alimentos accesibles para la población mundial), y la ganancia (la producción de los rentables bio-combustibles). La emergencia del fascismo social muestra que la modernidad como proyecto está roto, porque no ha cumplido sus promesas de libertad, igualdad y solidaridad, y ya sabemos que no va a cumplirlas tampoco.
En este escenario, se presenta entonces la contradicción entre el paradigma de la seguridad, y de la lucha contra el terrorismo a un lado, y al otro los Estados que reivindican su soberanía, los movimientos sociales, y específicamente las luchas de los pueblos indígenas. Es en los territorios indígenas donde se encuentra el ochenta por ciento de la biodiversidad latinoamericana. Las organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería del Perú (Conacami), y la Coordinadora Nacional de Ayllus y Marqas (Conamaq), son en este sentido un peligro para el status quo.
No sorprende, por ende, que la criminalización de la disidencia que existe en toda América Latina, es aún más fuerte en contra de los indígenas, como vemos en el Perú y en Chile. Queda claro que existe la intención de transformar a los indígenas en los terroristas del siglo XXI, como muestran los documentos de la CIA. En Global Trends 2020, se puede ver que sus grandes preocupaciones son la radicalización del movimiento indígena y el control de los recursos naturales. De hecho, Alan García (el presidente del Perú, red.) toma esto como inspiración cuando habla de las redes de terroristas que iban a atacar la Cumbre entre Europa y América Latina.
El uso de las leyes antiterroristas en contra de los dirigentes indígenas se basa en una descaracterización total del concepto del terrorismo, ya que esto significa el ataque y el daño a civiles inocentes. En el caso de las luchas de los indígenas, máximamente se trata de ataques a la propiedad privada para defender otra propiedad: la propiedad comunitaria y ancestral. Esto no cabe en ningún concepto de terrorismo. Por lo tanto, el uso de estas leyes debería ser suprimido lo antes posible.
En este sentido, el llamado consenso post-Washington, es post porque los neoliberales ya no confían solamente en la economía, y por lo tanto, aplican la guerra y la lucha contra el terrorismo, para mantener el sistema de desigualdad a nivel global. Ejemplos claros de esto, podamos ver en Santa Cruz de la Sierra, donde paramilitares colombianos entrenan a los grupos privados de seguridad de la oligarquía cruceña, que está decidida a defender el status quo.
¿Cuáles son las posibilidades y desafíos para la izquierda latinoamericana en este contexto?, y ¿cuál es el papel de Brasil y Venezuela, que parecen impulsar proyectos propios que buscan una hegemonía regional?
Es evidente que en el continente han emergido gobiernos con una lógica distinta al Estado capitalista neoliberal. En sus gestiones económicas podemos señalar dos vertientes diferentes. A un lado, los gobiernos de Lula da Silva, Cristina Fernández y Michelle Bachelet, mantienen la macro-economía neoliberal, pero profundizan la protección social en los márgenes de la sociedad. Otros gobiernos, como los de Evo Morales, Rafael Correa y Hugo Chávez intentan cambiar el sistema económico. Desde una lógica de mayor soberanía, aplican diferentes estrategias, como la nacionalización, la recontractualización de la explotación de los recursos naturales, o la entrega de esta explotación a empresas privadas pequeñas nacionales.
En los casos de Brasil y Venezuela, existe el deseo de hacer cosas nuevas, pero sus gobiernos siguen trabajando con conceptos viejos del desarrollismo y del Estado. En Brasil, el gobierno deja, por ejemplo, todo el trabajo del desarrollo económico a las empresas nacionales y multinacionales. Esto incluye las inversiones inmensas en el agro combustible. Simultáneamente, Lula invierte en la redistribución social, a través de políticas sociales. En Venezuela se hace lo mismo, pero sobre la base del petróleo.
En ambos casos, se ve una mayor sensibilidad a la cuestión social, como también, de maneras diferentes, un cuestionamiento a las empresas transnacionales y sus actividades. La respuesta de las empresas a ello, es la invención de la responsabilidad social. Construyen escuelas y hospitales para sus relaciones públicas, para hacer aparecer que ellas también están preocupados por la desigualdad, en sociedades cada vez más desiguales. El Tribunal Permanente de los Pueblos, que se desarrolló durante esta Cumbre de los Pueblos en Lima, evidencia claramente que detrás de esta cara humana persisten las violaciones estructurales de los derechos humanos por parte de los transnacionales.
Analizando al caso de Brasil, uno piensa en la tesis de Ruy Mauro Marini, quien sostuvo que las condiciones de desarrollo de Brasil lo llevarán inevitablemente a una posición sub-imperial en el continente. Y, es cierto, que Brasil -como Sudáfrica en Africa- explota fuertemente a sus países vecinos, a través de sus empresas estatales, que a menudo no difieren de las empresas transnacionales del Norte global. No obstante, ya que estas empresas son nacionales, hay más sensibilidad a la lógica política, que permite la distorsión de la lógica del mercado por la negociación política. Así sucedió, con Petrobras en Bolivia, y ahora, posiblemente, con la hidroeléctrica en Paraguay.
Es un proceso confuso y contradictorio, pero sostengo que podemos ver la emergencia de una solidaridad regional, con mayor apertura y tolerancia a las diferencias políticas.
El caso de Bolivia lució por mucho tiempo como el proceso más transformador de la región, pero ahora ha entrado en crisis. ¿Cómo analiza usted el escenario boliviano y el proceso de regionalización subnacional que se está reivindicando en el país?
La regionalización subnacional ha sido promovida por el Banco Mundial, en la forma de descentralización, que apuntó a desmontar el Estado central, a través de la transferencia de responsabilidades del Estado central a los niveles locales. En Bolivia había una posición de descentralización dirigida por las autonomías indígenas, desde una visión política y cultural sólida, que permitió que los indígenas ganaran algo con las políticas de descentralización, impulsadas por el Banco Mundial.
Pero la bandera de la descentralización ha sido asumida ahora por las oligarquías, en respuesta a su perdida de control del Estado central. Ellos siempre habían sido centralistas, pero ahora tenían que tomar la bandera de la autonomía para defender sus privilegios económicos. Obviamente, esto generó un problema político para el movimiento indígena en Bolivia, que siempre habían promovido la autonomía de los oprimidos, y no de los opresores. En mi opinión, la declarada autonomía de Santa Cruz es ilegal, ya que no pueden hacer esto bajo la vieja constitución; si es una nueva, está por ser aprobada. En realidad, la decisión de las autonomías tocaría al Congreso, después de que se implemente la nueva constitución.
Yo he defendido en Bolivia, la distinción entre autonomías ancestrales y las de la descentralización. Propongo entender a las autonomías indígenas como extraterritoriales en relación a las autonomías departamentales. Es decir, se deberían basar en el control total de su territorio, fuera de la gobernabilidad descentralizada, ya que son anteriores al proceso de descentralización. Pero habría que fortalecer la institucionalidad indígena, que aún es muy frágil, frente el poder de las oligarquías bolivianas.
En todo caso, el debate actual es sumamente peligroso, ya que existen deseos recíprocos de enfrentamiento armado. Las oligarquías no quieren dejar sus privilegios, y los indígenas no van a dejar pacíficamente que se divida al país. Es muy interesante, ya que serían ellos los que defenderían al país.
En el nuevo escenario continental, Perú y Colombia representan posiciones diferentes a los nuevos gobiernos progresistas. ¿Cuál es su rol en los procesos actuales en América Latina?
Está claro que estos dos países representan al status quo neoliberal y a los Estados Unidos en la región. Me da la impresión que además actúan desde una complementariedad. Colombia, representa la lógica militar, que busca la creación de conflictos y tensiones que crean condiciones para la creciente militarización e intervención en la región. En el Perú se esta impulsando una lógica similar, con la fuerte criminalización de las organizaciones sociales. Este siempre es el primer paso que prepara la militarización posterior. De hecho, existen indicaciones muy claras, que la base de Manta en Ecuador se mudará a la Amazonía peruana.
Como ya dije, estos procesos de criminalización y militarización buscan asegurar el libre acceso y la mercantilización de los recursos naturales. Obviamente, en este modelo económico, el Perú juega un papel central, debido a sus enormes reservas de hidrocarburos, minerales y metales preciosos. Y las élites políticas y económicas del Perú están muy dispuestas a asumir este papel de exportador de recursos naturales en la división mundial del trabajo, ya que ellos ganan con esto. No obstante, la mayoría de los peruanos no ha ganado nada en los últimos años de crecimiento económico espectacular, y lógicamente buscarán alternativas al gobierno actual.
En todo este escenario, ¿cuál es el papel de Europa?
Al nivel de los contactos entre las organizaciones sociales de ambas regiones hay cosas muy positivas. Un proceso como Enlazando Alternativas muestra la profunda solidaridad que exista entre los pueblos de ambos continentes y la voluntad de las organizaciones europeas de aprender de las luchas latinoamericanas.
Pero al nivel de los gobiernos, veo algo muy diferente. Crecientemente, Europa busca seguir las políticas de los Estados Unidos, enfocadas en el acceso a los recursos naturales, para mantener su posición competitiva en el mundo. Esto me repugna aún más, ya que Europa tiene una deuda cultural, social y ecológica histórica muy grande con América Latina, por el saqueo de los recursos naturales del colonialismo y el genocidio a los indígenas. Por lo tanto, me parece inaceptable implementar en la actualidad políticas neocoloniales, que dan continuidad al mismo saqueo. No obstante, todo indica que en la actualidad las empresas transnacionales europeas definen la agenda de la UE, imposibilitando una posición europea que fortalecería la democracia, los derechos humanos y la redistribución social en el continente.
En este mundo tan confuso, en el cual parecen chocar diferentes proyectos territoriales, ¿cómo ve usted el futuro?
Esta clarísimo que estamos entrando en una fase histórica de polarización. A un lado, las políticas de mercantilización buscarán el libre acceso a los recursos naturales, y la continuidad de los privilegios económicos de las élites. Al otro, existe un imaginario radicalizado en las fuerzas progresistas del continente, que han desarrollado concepciones distintas de la democracia, del desarrollo, de los derechos y de la sustentabilidad, que son compartidas por cada vez más personas y organizaciones. Me da la impresión de que las fuerzas dominantes ya no pueden cooptar este imaginario radical, con sus propuestas de protección social. Y por esto la represión. Entonces vemos la confrontación entre la represión y la imaginación utópica. Es difícil de decir, a dónde vamos. Como sociólogos prevemos bien el pasado, no tanto el futuro.
Para mí el horizonte sigue siendo la democracia y el socialismo, pero un socialismo nuevo. Yo he dicho, en diferentes ocasiones que el nuevo nombre del socialismo, es democracia sin fin. Mi apuesta es una para la democracia radical, ya que ella representa una alternativa a dos ideas fundamentales. No creo que se pueda cambiar el mundo sin tomar el poder, pero tampoco creo que podemos cambiar algo con el poder existente. Entonces, afirmo que debemos cambiar las lógicas del poder, y para ello las luchas democráticas son cruciales.
Estas luchas son radicales, porque están fuera de las lógicas tradicionales de la democracia. Sostengo que debemos profundizar la democracia en todas las dimensiones de la vida. Desde la cama hasta el Estado, como dicen las feministas. Pero también con las generaciones futuras y con la naturaleza, lo cual nos urge a parar la destrucción del planeta que actualmente se está desarrollando.
Nuestro objetivo es salir de una democracia tutelada, restringida, de baja intensidad, para llegar a una democracia de alta intensidad que realmente haga que el mundo cada vez sea menos confortable para el neoliberalismo. Pero la realidad no cambia espontáneamente. En política para hacer algo hay que tener siempre dos condiciones: hay que tener razón a tiempo, en el momento oportuno; y hay que tener fuerza para poder imponer la razón.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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