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Bolivia hoy: la tensa calma en Plaza Murillo

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Los movimientos en la Plaza Murillo y las conferencias de prensa en el Palacio Quemado están ahora centradas en la criminalización del gobierno de Evo Morales. Denuncias, protestas montadas y acusaciones que, desde el poder de facto, apuntan hacia Argentina. Así vive hoy la capital de Bolivia las consecuencias del golpe.

(lavaca en La Paz) En los alrededores de la Plaza Murillo, donde queda el Palacio Quemado y la Asamblea Legislativa Plurinacional – nuestra casa Rosada y Congreso- hay una tensa calma. Así lo define Yolanda Mamani Mamani – sí, dos veces Mamani-, chola feminista y, como ella misma se llama en su canal de Youtube, chola bocona.

Es cierto: la boca de Yola es grande, pero quizá lo de bocona provenga en verdad de lo que sus palabras y su mirada sentencian.

Es cierto también lo de la tensa calma: no es un lunes de bloqueos (a pesar de que el domingo previo circuló que habría), ni el Parlamento sesiona. La autoproclamada  de facto Presidenta, Jeannine  Añez, estará por la mañana en Cochabamba presentando un auto eléctrico… Lo tenso: los militares custodian  a punta de pistola los edificios del gobierno; la  policía UTOP se pasea a paso marcial por la plaza y distintas camionetas estacionadas en las esquinas llevan la luz policial en el techo. Pero lo más inquietante quizá no esté pasando a la vista de los oficinistas, los periodistas y la gente que pasa.

Un grupo de jóvenes conversa y hace ademanes en una esquina; llaman la atención. Sobresalen por sus raras vestimentas: pantalones de gimnasia apretados, alguna capucha, todos de tez blanca y con las cejas fruncidas. “¿Vos de dónde sos?” le pregunta uno a otro, y el otro responde “De Santa Cruz; Argentino, no”. Eso detiene un inminente y prudente intento de charla con lavaca. La identidad de estos jóvenes quedará parcialmente develada en una entrevista exprés con la tevé boliviana, verdadera razón de la presencia de esta banda hoy: “Somos de Resistencia La Paz”, se identifica quien hace dos minutos se confesó ser de Santa Cruz. “Estamos acá porque no vamos a permitir que ningún partido político utilice los recursos naturales para su beneficio”, dice, sin que nadie entienda muy bien de qué habla. Es un día en el que los recursos – naturales y humanos- formarán parte de este clima enrarecido en el que todo parece ser una gran puesta en escena.

Yola es periodista de la Radio Deseo – única radio feminista de Bolivia- y desde ese dial emite noticieros semanales que trazan una precisa radiografía de lo que pasa en las calles y en los cuerpos de Bolivia. Uno de sus últimos informes hablan de algo que está presente en esta tensa calma en Plaza Murillo, y que revela quiénes son en verdad estos jóvenes: “Estuvieron acampando hasta el jueves pasado frente a la sede del UTOP – la policía- diciendo que estaban resguardando la Plaza Murillo”, cuenta. Un policía de UTOP que corta el tránsito charla y confirma: “Son gente de Añez”. Yolanda precisa: “Son una especie de grupo paramilitar asociado a los jóvenes santacruceños”. Este grupo está conformado por jóvenes de corte fascista, protagonistas de las tomas al Palacio Quemado y de los saqueos de las casas de Evo Morales y oficinas de organizaciones ligadas al MAS.

En la calle se ve: gozan de la complicidad policial, están a su lado. Y pese a su falta total de institucionalidad, se mueven como peces en el agua de la Plaza Murillo, de la que desaparecen rápido tras la entrevista, quizá hasta la mañana siguiente.

Para Yolanda estos jóvenes autoproclamados Resistencia La Paz son una metáfora de lo que pasa en el gobierno: nadie los eligió, pero ellos mandan.

Ver la realidad a través de los ojos de Yola quizá ayude para derribar estereotipos, prejuicios e ideas comunes sobre lo que pasa en Bolivia.

Otro ejemplo de este lunes tranquilo en el que pasa de todo: su teléfono suena y le avisan que está por comenzar una conferencia de prensa en el Palacio Quemado. Con magia boliviana, nos hace entrar, a pesar de que en un primer momento la prensa internacional está vedada en la sala.

Ahí estamos.

Empresas (y conferencias) un poco truchas

Debajo de un techo que es todo ventanal, decenas de cámaras apuntan a tres personas sentadas justo delante de una escalera que conecta con el resto del bello Palacio Quemado. Los apuntados son Edwin Beyer Pacheco (director jurídico del ministerio de Comunicación), Oscar Ortiz (senador por Unidad Demócrata del departamento de Santa Cruz) y la Ministra de Comunicación del gobierno de facto, Roxana Lizarraga . El motivo: el gobierno convocó a los medios para comunicar los avances en una denuncia sobre 23 funcionarios del anterior gobierno por una presunta contratación intencionada de la empresa mexicana Neurona Consulting.

Todos los condimentos de la denuncia cuajan con la coyuntura que pretende agitar el gobierno de Añez-Camacho. Según la investigación encabezada por el senador Ortíz, de Santa Cruz, la empresa Neurona Consulting fue contratada en cuatro oportunidades por el gobierno de Evo Morales para realizar trabajos de comunicación. Siempre según la denuncia, la adjudicación se habría dado por contratación directa y por un monto total de 13 millones de bolivianos (unos 130 millones de pesos argentinos). La animadora del evento es la ministra de Comunicación del gobierno de facto, quien presenta y pasa la palabra a su antojo, y resalta: “Claramente vemos conexiones entre el gobierno boliviano y el mexicano de López Obrador, cuando el ex presidente Morales se encuentra asilado casualmente en ese país”. Y pregunta. retóricamente: “¿Será que el gobierno mexicano le devuelve el favor? Es lo que todos aquí nos preguntamos”.

Lo cierto – según los propios datos brindados en conferencia- es que los contratos con Neurona Consulting datan de 2017 y 2018, cuando López Obrador aún no había asumido. Promediando la conferencia, el senador Ortíz se levantó para irse. lavaca lo abordó en la salida del Palacio para precisar justamente esta data, e intentar separar las informaciones de las operaciones.

La conexión que hacen entre la empresa y el gobierno de López obrador, ¿figura en la denuncia? Porque dijeron que eran contratos del 2017 y 2018, previos a la asunción de AMLO

Senador Ortiz: No, la denuncia que yo presenté es una conexión con el Movimiento al Socialismo. Ellos  (los integrantes de la empresa) vinieron a trabajar en la campaña del 2014.

Pero la ministra a su lado dijo que tenían conexiones con el gobierno de López Obrador

-En la denuncia que presenté no figura eso.

¿Cree que en el contexto que se está dando esta presentación hay una cierta tendencia a asociar cuestiones que no están probadas en la causa y que hoy se hacen para criticar la figura de Evo Morales?

Lo que hay es una serie de denuncias que formulamos que antes no había quien las procese. Por ejemplo: antes la Contraloría General del Estado nunca me respondió; el ministro de Comunicación del Estado nunca me respondió, y ahora la ministra de Comunicación sí está respondiendo. Es necesario que todos los colectivos ambientales y la gente vuelvan a pronunciarse. No puede existir impunidad para los responsables de los desastres ambientales.  Eso en mi rol de fiscalizar me es útil para, como senador, presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público.

Institucionalmente puede parecer intencionado que en un contexto de llamado a elecciones se augure una ola de juicios contra funcionarios del MAS.

Lo que pasa es que antes había una estrategia de protección al MAS. Los controles no funcionaban, en teoría son independientes, pero no procesaban las auditorias que presentábamos. Los tengo que dejar, por favor, que tengo otro compromiso.

Yolanda Mamani Mamani, cronista de Radio Deseo/ Mujeres Creando.

Criminalizando argentinos

Durante el fin de la conferencia, del que ya Ortiz no formó parte, un notero de tevé se salió del tema Neurona y le consultó a la Ministra Lizarraga sobre las repercusiones de la  visita de dirigentes sociales argentinos al país. Lizarraga contestó: “Las personas que han llegado a nuestro país lo que están cometiendo es injerencia. Comenten injerencia al llegar  a Bolivia y tratar de convulsionar. Lo que sí sabemos es que el señor (Juan) Grabois es un enviado del régimen de la señora Cristina Kirchner, que es quien está allanado el camino para que así pueda estar más tranquilo el ex dictador Evo Morales en la Argentina”.

Terminada finalmente la conferencia lavaca pudo hablar brevemente con la Ministra de Comunicación interina-autoproclamada:

Según el senador Ortiz, la relación que usted hizo entre la empresa Neurona con el gobierno de López Obrador no figura en la denuncia

Lizarraga: Nosotros hemos buscado toda la información sobre la empresa Neurona, pero además ellos declararon que cuando estuvieron acá trabajaron para los gobiernos progresistas. Y que ese dinero estaba siendo utilizado para los otros gobiernos progresistas de otros países. Estas personas de esta supuesta empresa, que no existe en las condiciones adecuadas en México,  han señalado que trabajan para el gobierno de López Obrador.

Respecto a la delegación argentina, usted asoció la visita a la figura de Cristina Kirchner y Evo Morales, pero más allá de esta asociación, sobre el contenido del informe, ¿qué dice el gobierno?

-Te dejo, necesito ver…

Y se va, escaleras arriba del Palacio Quemado, con una sonrisa.

Según revelaron, existen al menos 90 casos similares que se están auditando y que auguran una catarata de juicios hacia la ex Ministra de Comunicaciones de Evo – Jesica López, exiliada en Argentina- y para el propio Morales, quien ya armó un equipo legal comandado por Baltazar Garzón.

Femicidios de facto

Todo ocurrió este lunes.

Frente a la Defensoría del Pueblo, menos de diez personas protestan con carteles y pancartas. Son familiares de víctimas de feminicidios, pero su reclamo aquí está centrado en la renuncia de Nadia Cruz, la representante del organismo público.

Según detallan y denuncian, Cruz no les ha dado respuestas concretas a los distintos reclamos que le han venido haciendo ante el creciente aumento de femicidios. Solo en 2019, contabilizaron 110. Pero el enojo con Cruz –que no accedió a entrevistarse con lavaca– parece también venir de otra parte: una de las señoras que se manifiesta se queja por su afinidad al partido MAS y resalta la incongruencia: “Una defensora que devele velar por los derechos delos ciudadanos no puede ser parte del gobierno”. A su izquierda, otra pancarta por otro reclamo, que nada tiene que ver con los feminicidios, muestra a Nadia Cruz en un acto partidario del MAS.

La misma señora que denuncia eso ante las cámaras de tevé – que vendrán y se irán rápidamente- interrumpe la charla de lavaca con una señora, chola, que lleva la foto de su hija de 15 años, asesinada en Collana Norte. Dice que el “reclamo es a nivel nacional y no internacional” y a pesar del intento de relatarle el sentido de la cobertura, invita al grupo a retirarse hacia la Plaza San Pedro, a apenas 50 metros. Otro joven que sostenía el cartel de una familiar se separa del grupo y alienta al cronista desplantado.

Los militares nos preguntan si los familiares van a volver, o si “ya está”. Es que en la Defensoría no hubo un día normal desde el golpe, y la figura de Nadia Cruz parece estar acechada no precisamente –o no solo- por familiares de víctimas de feminicidios.

El factor Amazonas

La última y quizá más fuerte escena del lunes ocurre mientras tres mujeres intentan desplegar una bandera frente al Palacio Quemado. Dice: “Luchemos por la Amazonia”. Los policías actúan rápido y se acercan a la mayor de las tres: le piden que guarden la bandera y se retiren. “Vayan a la plaza de más allá”, le sugiere el uniformado, a lo que la mujer le responde que justamente la intención es desplegar la bandera aquí, en Plaza Murillo.

La más joven se llama Daniela Arraquia y cuenta el contexto: son parte de un colectivo llamado Lucha por la Amazonia Boliviana, oriundo de Cochabamba. Han llegado hasta La Paz para aprovechar el agite político y, justamente, plantar bandera: “Es necesario que todos los colectivos ambientales y la gente vuelva a pronunciarse ante este escenario”.

Sigue: “Estamos pidiendo un juicio de responsabilidad para todos los involucrados en los incendios, entre ellos el ex presidente Evo Morales y los ganaderos. También estamos pidiendo que se haga público el contrato que se hizo con la China para la exportación de carne: tenemos información de que la mejor carne boliviana va a ser vendida a 14 pesos el kilo, cuando acá la compramos a 50 bolivianos”.

Pese a su juventud, Daniela no se deja amedrentar por la decena de policías de refuerzo que acaba de llegar, pero habla más rápido porque sabe que está en tiempo de descuento: “Estamos pidiendo una pausa ambiental sin intervención del ser humano, así como una restauración del territorio afectado. Lamentablemente lo que ha pasado con el gobierno extractivista es que ha destrozado el medio ambiento a nombre del pachamamismo”.

Yolanda Mamani: ¿Qué responsabilidad cree que tiene la presidenta de facto y su perspectiva respecto a los recursos naturales?

En este momento nos encontramos alarmados por la reunión que ha tenido la ministra de Medioambiente con los principales sectores agroindustriales y ganaderos. Nos encontramos alarmados por la promulgación del Decreto Supremo 3.874 que se ha firmado con el Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Es entonces cuando los policías de UTOP la empujan y arrugan la bandera.

Tanto a los escasos cronistas que entrevistaban como a las tres mujeres, les sugieren una frase que definen estos, los peores tiempos:

-Circulen.

Más atrás, trabajadores municipales se apuran a armar un gran árbol de Navidad.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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