La lof Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, El Bolsón, fue desalojada tras la denuncia del empresario Rocco, que ocupa esas tierras fiscales y goza de impunidad judicial, con aval político. El fallo que da la razón a la comunidad, versus las presiones que reconoció la fiscalía local a la comunidad mapuche. El testimonio de sus integrantes, y la relación con los recientes incendios. La voz de la abogada que desmiente las relaciones con la RAM y el «circo» montado para justificar el despojo con argumentos racistas. El post del gobernador Weretilneck, alineado a la bajada de Nación, y las amenazas a los pobladores locales. Una de terror que sucede en la Patagonia, donde las comunidades originarias se encuentran sin ley y sin derechos, y con cada vez menos territorios. «Vamos a presentar una medida cautelar para volver a nuestro territorio lo antes posible”.

Por Francisco Pandolfi

El 10 de diciembre pasado, Javier Milei derogó la ley de Emergencia Territorial Indígena dando así vía libre a los desalojos de las comunidades originarias y allanando el terreno para el destierro, sobre todo del pueblo mapuche y sobre todo en la Patagonia. Ayer, el Gobierno de Río Negro, mediante un despliegue de más de 150 agentes de la Policía provincial, dio un nuevo paso en ese sentido: desalojó de sus tierras a la comunidad Quemquemtrew, en el paraje Cuesta del Ternero, El Bolsón.

El operativo se realizó por orden judicial tras una denuncia del empresario forestal Rolando Rocco, que ocupa esas tierras fiscales desde hace años, gozando de beneficios tanto por parte del Ejecutivo como de la Justicia. En noviembre de 2021, dos empleados de Rocco atacaron a la comunidad y asesinaron a Elías Garay e hirieron de gravedad a Gonzalo Cabrera, dos de sus integrantes. 

La voz de la comunidad

Romina Jones es integrante del lof Quemquemtrew, pero no habla con lavaca desde ahí. “Nos dejaron sin nada”, comienza.

¿Qué hay detrás de este despojo?

Los intereses de un empresario forestal, Rolando Rocco, a quien la provincia prácticamente le regaló más de 2500 hectáreas en Cuesta del Ternero, en un proceso de muchísimas irregularidades. A un fiscalero (quien ocupa tierras fiscales) se lo obliga a vivir en el lugar, pero él vive incluso en otra provincia (Chubut); a un fiscalero se le otorga un terreno único, pero a él le dieron diferentes porciones de la Cuesta, un montón de parcelas. A un fiscalero también se le exige que tenga buena relación con sus vecinos, pero él tiene denuncias de varios por amenazarlos con armas de fuego y armas blancas. Y ni hablar que él fue quien contrató a las dos personas que entraron al territorio a matar a Elías (Garay, asesinado en noviembre de 2021). La Justicia lo eximió, pero la vinculación es evidente, no sólo por sus amenazas previas de que lo iba a hacer, sino que su abogado es el mismo que defiende a uno de los asesinos de Elías. En ese crimen también estuvo involucrado el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad provincial, ya que los autores materiales eludieron, portando armas de fuego, varios retenes policiales, en un momento donde nadie podía pasar. Hubo una cadena de responsabilidades que nadie las paga, como las hay ahora también con el desalojo de ayer. Hicimos varios reclamos a la Dirección de Tierra de Río Negro, pero es un organismo que ha venido regalando grandes extensiones a distintos empresarios, como es el caso de Joe lewis (el magnate británico que tiene la llave de Lago Escondido). Nosotros teníamos todas las de ganar, pero sin embargo nos desalojaron.

¿Por qué tenían todas las de ganar?

Porque estamos en territorio mapuche y eso fue reconocido por la jueza Romina Martini en la sentencia del juicio. Habló de nuestra ancestralidad, nos reconoció como comunidad mapuche, el derecho a reagruparnos, la necesidad de desarrollar la espiritualidad, pero ni eso alcanzó. El fallo que ordena el desalojo es una gran ironía, que se explica por los aprietes que hay hacia el Poder Judicial, que no es autónomo, sino que se inclina según las presiones políticas. Desde la propia fiscalía nos reconocieron las presiones del gobernador y de su partido Juntos Somos Río Negro. 

Circo y mentiras

Andrea Raile integra la Liga Argentina por los Derechos Humanos y es la abogada que representa a la comunidad Quemquemtrew. Dice que le gustaría que algo quede bien claro: “Tiene que dejar de hablarse de desalojo porque aunque la sentencia de la jueza sí ordenó la desocupación del predio, lo que hizo la lof fue un cumplimiento voluntario de la sentencia”. Se pregunta y se responde: “¿Qué significa esto? Significa que tanto el operativo que hizo ayer la provincia de Río Negro llevando tantos policías, así como sus discursos que hablan de una vinculación con la RAM, es todo circo y pura mentira. No hay ninguna vinculación con la RAM y lo único que encontraron en la comunidad fueron banderas mapuche y cartelería de Eíias Garay, recordando su asesinato”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ayer hizo una publicación en sus redes sociales en la que se jacta del magnífico operativo (cuando ya sabían que no habría nadie) y endilga a la comunidad de violenta y desobediencia judicial, así como de ser un sector radicalizado “que pretende imponer sus propios términos, desafiando al Estado y a la Justicia”. 

Andrea tiene muchísima bronca. Dice que la provincia siempre se escuda en un privado, pero es la que “tiene que dar la cara, porque es la dueña de la propiedad de la tierra”. Y aclara: “Esta comunidad siempre estuvo abierta al diálogo, aún después de que entraran en la comunidad y asesinaran a uno de sus integrantes, burlando dos retenes policiales. Lof Quemquemtrew siempre estuvo a derecho y cuando quedó firme la sentencia, la comunidad la cumplió y dejó su tierra, sin violencia. El circo que hicieron ayer no sé quién lo pagará, no era necesario”. 

Patagonia en venta

El desalojo de ayer se da en un contexto de persecución general al pueblo mapuche. A principios de este año el gobierno provincial desalojó a la comunidad Paillako; hace dos semanas comenzó el juicio a lof Lafken Winkul Mapu; todo en medio de monumentales incendios que desde el poder político buscaron culpabilizar al pueblo ancestral:

Romina Jones cuenta lo que percibe que sucede en la Patagonia: “Se están vendiendo todos los recursos naturales que todavía existen, a capitales extranjeros israelitas, cataríes, yanquis, a los amigos del poder. Y se va contra quienes defendemos estos bienes, sean del pueblo mapuche o no. Hace un mes, en el incendio de Mallín Ahogado, detuvieron a brigadistas a partir de mentiras, ensuciándolos, diciendo que en vez de apagar los incendios los prendían. Hoy sale a la luz, a punto de empezar las clases, que una escuela arranca con cuatro hectáreas menos en su predio, por habérselo vendido a terceros. El empresario Rocco tiene una plantación de pino, y justamente el pino es uno de los factores de incendios, porque además de secar la tierra, al prenderse el lugar se expande la pinocha, que vuela y genera distintos focos en poco tiempo. Entonces, el trasfondo de todo es la entrega de la tierra y para eso valen todos los hostigamientos, vale toda la campaña mediática que nos tilda de terroristas e incendiarios. Y esto se está extendiendo a cualquiera que nos acompañe”.

Romper el silencio

Daniela tiene 32 años y desde hace seis que se mudó de Buenos Aires a la Comarca Andina. Es productora hortícola y vive en Mallín Ahogado, paraje rural de El Bolsón. Integra la red de apoyo al lof Quemquemtrew. Daniela, anteayer, no dio más, y necesitó decir. Escribió un comunicado, en el que denunció: 

“Cómo es de público conocimiento, hoy jueves 6 de marzo 2025, durante la mañana se llevó adelante el nefasto operativo de desalojo en dicha Lof. Hoy también, alrededor de las 12hs, mientras el ministro de seguridad de la provincia (Daniel Jara) y el jefe de la policía de Río Negro (Daniel Bertazzo) daban una conferencia de prensa en la Comisaría N°12, se presentaron frente a la casa donde vivo junto a una amiga, un móvil y una 4×4, ambos de la policía de Río Negro. Desde hace un mes, en distintos momentos, venimos siendo amedrentadas por la policía. Empezó el 6 de febrero, cuando agentes subidos en tres motos señalaron nuestra casa desde el camino”. 

Horas después, Daniela habla con lavaca: “Desde que fue el desalojo a la comunidad Paillako, en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó una campaña mediática acusando al pueblo mapuche de terrorista. Empezaron los incendios en Epuyén (noroeste de Chubut) e inmediatamente militarizaron la Cuesta del Ternero, donde está el territorio del Lof Quemquemtrew. Luego se prendió fuego Mallín y la solidaridad que empezó a gestarse entre la comunidad fue impresionante, para  gestionar donaciones, armado de viandas. Eso molesta mucho al poder, lo pone en jaque, así que en respuesta arrancó una embestida de medios de comunicación demonizándonos, se escrachó a gente que estaba ayudando a apagar el fuego para generar pánico y divisiones, que detonó en detenciones al voleo y una patota (de Joe Lewis) golpeándonos a quienes reclamábamos por las liberaciones. Ese circo que se armaba era alrededor de un montón de vecinos de a pie que pedían el linchamiento y la muerte de todos los que estábamos ahí. Desde ese día empiezo a notar el hostigamiento policial hacia mí y a otras personas”.

¿Qué tipo de hostigamiento? 

Al día siguiente, tres motos de las fuerzas especiales de la Policía rionegrina se apostaron frente a mi casa a señalarla. Yo estaba adentro. Me asusté, me paralicé; sabía que no era algo individual, sino un un mensaje para el conjunto. Para resguardarme, decidí apagar el celular, y a los diez días aproximadamente se me prendió. Estaba muy caliente y tenía la fecha cambiada: decía 24 de marzo, una fecha lo suficientemente sugerente para nuestro país. Una semana después, volviendo a mi casa una noche, me apuntaron con un láser hasta que me perdieron de vista. Y ayer fue el detonante, tras el desalojo de la comunidad, el apostarse en la puerta de mi casa. Primero le resté importancia, pero después uní todo y decidí salir a hablar, y en las próximas horas presentar un hábeas corpus para averiguar qué pasa, qué están haciendo realmente conmigo y por qué merodean mi casa”.

Cuando le pregunto a Daniela cómo está, cómo se siente, su primera respuesta es en llanto. Y después le sale la voz, un poco entrecortada pero le sale, porque decidió decir: “Tengo mucha bronca, mucha impotencia y si estoy así de mal es por mi vieja, que vive en Buenos Aires; ella fue presa en la dictadura, estuvo un año y tres meses detenida en Chaco y todavía no he podido contarle la situación para no asustarla. El llanto, en realidad, es porque no sé cómo abordar la situación con mi mamá. Pero otra enseñanza que nos dejó el periodo de la dictadura es que hay que decir, que si me llega a pasar algo, se sepa el por qué”.

Quemquemtrew, en mapudungún, significa el sonido que se produce con la corriente de un río y las piedras. Romina Jones, integrante de la comunidad, adelanta que presentarán una medida cautelar en resguardo al sitio ceremonial y al rewe (sitio sagrado) y para que la machi (guía sanadora y espiritual) pueda volver al territorio: “Como pueblo originario lo que reclamamos es recuperar nuestros sitios ceremoniales, que son de suma importancia para nuestro físico, para lo espiritual, lo emocional. Entendemos que gran parte de la sociedad no llega a comprenderlo, porque hay un trabajo muy fino del discurso oficial, con expresiones racistas de distintos gobiernos, que reforzado por los medios hegemónicos da como resultado que no haya ni un pequeño interés en nuestra cosmovisión, al punto de banalizarla. Pero quienes menos respeto nos tienen son los que toman las decisiones, y que en realidad están obligados a proteger nuestras creencias, como lo establece la Constitución Nacional. Porque si bien hay leyes que protegían nuestros derechos y que Javier Milei ha derogado, siguen vigentes la Constitución y varios convenios internacionales que nos amparan. Vamos a presionar, porque el objetivo es claro: volver a nuestro territorio lo antes posible”. 

La obra que pretende modificar al barrio sin ningún beneficio vecinal, para colocar entre otras cosas un nuevo peaje, se estima que acabará con 70 mil metros cuadrados de espacio verde. Ayer la empresa concesionaria de la autopista Dellepiane comenzó con la tala, pese a que se había pactado una “mesa de trabajo” previo al inicio de las obras, que la comunidad rechaza. La voz de las y los vecinos, el silencio del gobierno porteño y la postura de AUSA: no dar entrevistas “en on”. Hoy por la tarde el barrio se autoconvoca a una ceremonia de reflexión y concientización: 18.30, en Cañada de Gómez y Riestra. 

Por Francisco Pandolfi

Ni el gobierno porteño ni la empresa AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima) cumplieron lo que habían prometido: ayer, con la luz verde del Gobierno de la Ciudad, la empresa concesionaria de la Autopista Dellepiane empezó con la tala indiscriminada de árboles, incumpliendo la promesa de no comenzar la obra del Máster Plan Autopista Dellepiane hasta iniciar una mesa de trabajo conjunta con las y los vecinos autoconvocados de Lugano, que la vienen exigiendo desde noviembre pasado.

Silencios y engaños

El pedido de diálogo primero fue en una audiencia pública. Ante el silencio como respuesta, se exigió por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. No hubo ninguna respuesta hasta el pasado jueves 20 de febrero, cuando en una reunión en la Junta Histórica de Lugano, el Gobierno de la Ciudad se comprometió a iniciar las mesas de trabajo previo al inicio de la obra. Los representantes gubernamentales en la reunión fueron Facundo Echeverría, de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano de la Ciudad, y Jorge Fiorentino, asesor de la secretaría de Ambiente y Espacios Arbolados. “La obra empezó y de las mesas de trabajo no hubo noticias, hasta que hoy vinieron y arrasaron con los primeros siete árboles”, denuncia la comunidad. 

Desde AUSA, la semana pasada habían informado que hoy harían la extracción y posterior trasplante de cuatro especies (dos ceibos y dos aguaribay) en Dellepiane Sur, pero el accionar fue otro: no hubo trasplante, sino tala directa, tanto en Dellepiane Sur como en Dellepiane Norte.

Sin beneficios

En esta nota publicada la semana pasada (https://lavaca.org/actualidad/lugano-resiste-al-master-plan-que-quiere-imponer-macri/), contamos los pormenores de una obra que modificará al barrio sin ningún beneficio vecinal, y de la que no está enterada (como figura por ley) la mayoría de los frentistas a la Dellepiane. Allí, a metros de la General Paz, el gobierno porteño pretende colocar un nuevo peaje, a sólo 4 kilómetros del ya existente en avenida Lacarra.

El “Máster Plan Autopista Parque Dellepiane” se emplazará sobre la traza de la autopista Dellepiane, desde el cruce de la avenida General Paz hasta el Peaje de Lacarra, y abarcará 4,6 km. La comunidad afirma que en ese tramo se talarán cientos de árboles, entre los cuales hay álamos, ceibos, ombúes, aguaribay, algunos de más de 100 años, que ahora están marcados con una cruz, como señal de la muerte anunciada. Dice Silvina Cammarotta, vecina: “Según un ingeniero de AUSA, 121 árboles los van a arrasar con una máquina y triturar, hasta convertirlos en aserrín”. 

El rediseño de la autopista incorporará dos carrilles exclusivos para metrobús y la terminación de las colectoras, por lo que se eliminarán de cada lado diez metros de espacio verde. Dice Néstor Muñoz, vecino de Villa Lugano: “El Gobierno de la Ciudad presentó esta obra de modernización de la autopista para poder cobrar un nuevo peaje, y para hacerlo, la ley obliga que cada camino con peaje debe tener un camino alternativo. La ampliación de las colectoras significa más asfalto, y la destrucción de 70 mil metros cuadrados de espacio verde”.

Policías y más policías

A sabiendas de la extracción que devino en tala, los vecinos autoconvocados fuera de toda bandera partidaria, se convocaron este miércoles a las 6 de la mañana, de manera pacífica, para registrar los movimientos de la empresa. Presagiaban que podía pasar lo que finalmente ocurrió: el aniquilamiento de los árboles. Cuando arribaron –todavía de noche–, ya había una camioneta de la Policía de Ciudad esperándolos. Luego llegó otra. Y luego otra. Y luego una más. 12 agentes uniformados y otros de civil se apostaron frente a la autopista, para garantizar que se llevara a cabo la tala, sin inconvenientes. 

Enzo es frentista de la Dellepiane. Le dicen el Tano. Mira la situación, con una docena de efectivos de un lado, con máquinas del otro. Y dice: “Es lamentable que destruyan, en vez de construir”. 

Recurso de amparo

Hace dos semanas, los vecinos y vecinas de Villa Lugano presentaron un amparo solicitando que el Gobierno porteño y AUSA detuvieran la obra hasta que se iniciaran las mesas de trabajo conjuntas. El amparo cuenta con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires y lo presentó la Defensora Oficial, Giselle Furlong Pader, que exigió convocar a un proceso participativo institucional y vinculante, previo al desarrollo de la primera etapa de la obra. 

Eso ya no se cumplió. 

La Defensoría también exhortó a que el gobierno porteño convoque a una audiencia “para facilitar el diálogo entre las distintas partes del proceso judicial”. Y solicita suspender la extracción de los árboles hasta que no se dé cumplimiento “con la obligación de brindar información pública y se otorgue la debida participación en asuntos ambientales”.

Esto tampoco se cumplió.

Qué democracia

Silvina tiene una angustia que se le nota en los ojos. Y en la voz: “Nos mintieron en todo y en la cara. No hicieron nada de lo que dijeron. Talaron en vez de trasplantar; dejaron los troncos al ras. Vamos a hacer una denuncia penal. Llamamos a Facundo Echeverría, de Vínculo Ciudadano de la Ciudad y nos re boludeó; dijo que la obra se iba a hacer igual y que nosotros éramos unos subversivos. Siento mucha impotencia, dolor, un nudo en el pecho, se manejan con muchísima impunidad. Hicimos todo lo que había que hacer, sin violencia, buscando todos los canales de diálogo y nada. No parece un gobierno democrático, sino una tiranía”.

Néstor: “Seguiremos exigiendo al gobierno un plan integral de ciudad, donde se contemplen espacios verdes necesarios de mantener. Internacionalmente se busca que las ciudades tengan un 12% por ciento de espacios verdes, y nosotros con suerte pasamos los 6. Nosotros no tomamos un camino de violencia para reclamar, pero en cambio, la violencia la está generando este gobierno, vallando los caminos, no conformando las mesas de trabajo y ahora talando los árboles. El artículo 1 de la Constitución lo dice muy claro, y parece que este gobierno no lo sabe: el sistema que desarrollemos en la Ciudad de Buenos Aires debe ser democrativo y participativo” 

Cecilia, también vecina: “Esperamos que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, entre en razón; lo que hicieron hoy es de sinvergüenzas. Hoy se llevaron puestos siete árboles. Hoy asesinaron siete árboles”. 

Que en esta nota hablen sólo vecinas y vecinos tiene un por qué. O dos, en realidad. Comunicarse a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano es una tarea titánica, que no da resultado. Nadie atiende. 

Con AUSA la cosa es distinta, aunque parecida: el prensa de la empresa le dice a lavaca que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”. 

Los vecindad organizada sigue en pie y para mañana jueves por la tarde (18.30, en Cañada de Gómez y Riestra) convoca a una ceremonia de reflexión y concientización ante el ombú centenario de Lugano. Es una más de las decenas de movidas que la comunidad viene haciendo desde noviembre, cuando se enteró del Máster Plan. Como la convocatoria casa por casa a los frentistas desinformados; como la repartición de volantes en los corsos de carnaval; como la juntada de firmas en los centros comerciales; como las innumerables reuniones presenciales y virtuales para organizarse; y hasta la creación de dos ideas fuera de lo común, pero bien dentro de lo comunitario: una cumbia que cuenta y canta la problemática (subir video) y un concurso donde se premiará (con una semana en San Clemente del Tuyú, gracias a una vecina que prestará su casa) a la pancarta más llamativa y original. Hay una en donde vuelan dólares, con el lema “Una obra que de verde, sólo tiene los billetes”; otra que muestra una topadora llevándose puesta un árbol; y hay otra que es una cartulina celeste, con letras rojas y negras, que dice: 

No hay peor 

Jorge Macri

que el que 

no quiere ver. 

Silvina y Néstor, dos de los guardianes de los árboles. / Foto: Elena Gorocito.

En la localidad mendocina de Uspallata el gobierno provincial junto a la multinacional Solway -radicada en paraísos fiscales, con denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala- buscan imponer (otra vez) el proyecto minero San Jorge, rechazado por la comunidad desde hace más de 15 años. Esta vez la ofensiva se dio a través de la represión (patota de la UOCRA, un vecino detenido y varios allanamientos), y la censura. El rol de la Justicia, los daños y perjuicios de la megaminería en una zona cordillerana y de glaciares, y la resistencia de un pueblo que sigue de pie: “Sin licencia social no hay minería”. El agua como recurso estratégico, y la figura del gobernador Cornejo, que mientras tanto se encuentra junto a Karina Milei en la «feria minera más importante del mundo en Canadá».

Por Francisco Pandolfi

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que está a 120 kilómetros de la capital provincial y a 90 del paso fronterizo con Chile. Es un sitio estratégico: pasa la ruta del Mercosur. E histórico: albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca. Uspallata es el pueblo argentino más grande a menor distancia del cerro Aconcagua (62 km). Y es, también, el epicentro donde el gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding, buscan imponer (por enésima vez) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin la licencia social y pese a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua.

Al proyecto minero San Jorge (PSJ) intentan instalarlo desde 2007, y es desde ese entonces que tiene la resistencia de la población. A inicios de este año volvió la ofensiva gubernamental y empresarial, sostenida en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Volvió con la fuerza de los millones, y también de la censura y la represión.

¿Qué está pasando en Mendoza?

A fines de enero se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros, en un acto al que acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Nora Moyano tiene 73 años e integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Le dice a lavaca: “El intendente, que en un año de gestión no fue nunca a Uspallata para conocer las necesidades de la gente, apareció para este acto acompañado por la patota de la UOCRA. Vinieron a amedrentar a las vecinas y vecinos de Uspallata en contra de la minería. A uno de nuestros compañeros la patota de la UOCRA se le vino encima, le rompió el tabique, y un vecino comerciante, para evitar que le siguieran pegando agarró un matafuegos de un negocio y le tiró el polvito (sic) para que se fueran”. Agrega Nora: “Este vecino se llama Mauricio Cornejo y el lunes 24 de febrero iba caminando por la calle del pueblo y lo detuvieron. Desde ese día está preso. A eso hay que sumarle varios allanamientos a vecinos de las asambleas. Es una locura lo que está pasando. Es tal la ambición y codicia que avanzan y ya no respetan ni las mínimas leyes de nuestras libertades democráticas. Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”.

El artículo 213 bis

Eugenia Segura conforma la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, que denuncia la persecución del gobierno provincial con Alfredo Cornejo (UCR) al mando. Alfredo y Mauricio tienen el mismo apellido, pero no son parientes. Uno es el gobernador de Mendoza. Otro, está preso. Eugenia dice que “el foco y el ojo” de lo que pasa en su pueblo “hay que ponerlo en el artículo 213 bis del Código Penal”. Explica el por qué: “La figura penal que se agarran para detener a Mauricio apunta a convertir toda forma de protesta y organización en algo que puede ser tildado de terrorista; no importa si hacés algo que esté contra la ley o no, igual te pueden imputar porque hay un otro que se supone hizo algo ilegal y es de tu organización, lo cual debería ser completamente inconstitucional. Es inadmisible que corran el arco de los derechos humanos como lo están haciendo”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y refiere al delito denominado de “prepotencia ideológica”, y apunta contra quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión. 

Exclama Nora Moyano: “Estamos sufriendo una persecución y en esta peligrosidad nos encontramos. No puede ser que a tantos años de recuperar la democracia todavía esté en vigencia un artículo que nos quieren aplicar a todos los que somos de las asambleas socioambientales por defender el agua y los bienes comunes”.

Censura

En el marco de un ciclo de cine y ante la ofensiva minera, el 14 de febrero se iba a proyectar en el Club Gimnasia y Esgrima de Mendoza, el documental “HAM, historia del agua en Mendoza”, sobre cómo el pueblo revirtió la derogación de la Ley 7722 en 2019, que además de la decisión del entonces gobernador Rodolfo Suárez (UCR), también contaba con el apoyo del presidente de la Nación, Alberto Fernández (PJ).

Se iba a proyectar, hasta que desde parte de la comisión directiva del club la dieron de baja por ser una película “politizada”. Rápidamente se consiguió otro lugar (la radio comunitaria La Mosquitera), pero no cesó el hostigamiento. Bernardo Blanco es el director de HAM y le cuenta a lavaca: “Desde temprano se empezó a presentar la policía y a preguntar si iba a realizarse una manifestación por el agua o qué íbamos a hacer. Primero vinieron dos agentes, luego cuatro y después ya eran nueve. ¡Un montón! Tenían la intención de entrar y pudrirla”. A partir de este nuevo amedrentamiento, se pensó la idea de hacer funciones simultáneas de HAM: el sábado pasado se realizaron 29 en Mendoza y 46 en todo el país. Dice Bernardo: “Fue muy fuerte la respuesta de la gente en todo el país. Esto va más allá de los nombres propios y de la película, lo interesante es el fenómeno social/cultural/político que se pone de manifiesto con tantas proyecciones simultáneas”.

HAM es un documental independiente que “cumple la ley de cine, califica apta para todo público y tuvo su estreno en salas comerciales. Esto lo digo para acentuar aún más los intentos de censura y la presencia policial”, destaca el director.

HAM puede verse de manera gratuita en la plataforma BAFilma.

El fondo de la cuestión 

¿A qué se oponen quienes se oponen al proyecto San Jorge? 

Nora: “Nuestra provincia tiene agua por el deshielo de los glaciares de la Cordillera de los Andes. Por ella vivimos, cultivamos; por ella ustedes conocen la vid de la que hacemos el vino. Eso defendemos: el agua, nuestros bienes comunes, nuestros glaciares. Con los explosivos que usan en la megaminería van a destrozar las vegas alto andinas (pequeños oasis en el desierto). El polvillo que generan no se auto consume y en esa zona de vientos fuertes irá hacia los glaciares. La contaminación no sólo afectará a Uspallata: el río Mendoza es una cuenca que atraviesa toda la provincia y cuyo cauce desemboca en Neuquén, Río Negro, La Pampa y el sur de la provincia de Buenos Aires”.

Eugenia: “Uspallata es un pueblo de montaña que está en un valle. En Mendoza tenemos solamente tres oasis, el norte, el centro que es el valle de Uco y el sur. En el norte, donde está Uspallata, nace el río Mendoza que abastece al Gran Mendoza, donde vive la mayor parte de la población; más de un millón de habitantes beben de ese río, que riega las más de 250 mil hectáreas de malbec y que también sostiene el cuarto polo industrial del país. Uspallata se ubica en las nacientes de este río que el proyecto megaminero va a contaminar. Estamos protegiendo el área natural Uspallata- Polvaredas, patrimonio cultural, natural, paisajístico, un lugar bellísimo. Lo estamos haciendo desde hace más de 15 años de manera pacífica, y así seguiremos”. 

Nora Moyano (a la izquierda) y parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, en una de las movilizaciones en Uspallata.

El rol de la Justicia

Otro actor clave en este conflicto es la Corte Suprema de la Nación, que en 2021 se hizo eco de la apelación de la minera San Jorge ante la ley 7.722 y declaró inconstitucional un puñado de palabras del artículo 1, que hacía referencia a la prohibición de “otras sustancias tóxicas similares”.

Este era el Artículo 1° completo: 

A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.

La Corte Suprema eliminó el “otras sustancias tóxicas” y consideró constitucional el resto de la ley. ¿Qué permite esa eliminación? Detalla Nora: “El fallo facilita la explotación de proyectos mineros que utilicen otras sustancias también muy contaminantes y dañinas para la salud, como el xantato, la poliacrilamida y otras, que están incluidas en la ley de residuos peligrosos y son prohibidas. Son tan graves como el cianuro y el mercurio, así que ahora está abierta la puerta para que revienten nuestra cordillera, nuestra montaña, pasarla por una sopa química por el proceso de flotación a través del xantato o la poliacrilamida”. 

Daños y perjuicios

¿Qué perjuicios trae el Xantato? Enumeran desde las asambleas:

-No sólo es altamente tóxico para la salud humana y de animales y plantas, sino que además es muy inflamable, explosivo y reactivo.

-Su combustión produce gases irritantes, corrosivos y/o explosivos.

-Reacciona violentamente al contacto con el agua y el dióxido de carbono, generando disulfuro de carbono, más tóxico aún.

-La inhalación de subproductos gaseosos de sus reacciones al contacto con el agua y el aire puede causar lesiones o la muerte.

-El contacto con la piel u ojos puede causar severas quemaduras.

-Las fugas pueden causar contaminación.

Retoma Nora: “El gobierno mendocino está tocando las leyes ambientales para adaptarlas a este negocio. Por ejemplo, el código de minería lo reformó Cornejo a sus intereses; tampoco cumplen la ley de glaciares, ni de bosque nativo. Sólo arrasan y arrasan. También acaban de presentar el plan maestro donde se revierten las históricas prioridades de la Ley de Agua, (que data de 1884 en Mendoza), y que establece que primero está el consumo humano, el riego agrícola, los árboles, las industrias, no la minería. Si llegaran a votarlo en la Legislatura, que es lo más probable porque casi no hay oposición, el gobernador tendrá la potestad de hacer lo que quiera y eso será gravísimo para los mendocinos. Están constituyendo, como decía Jauretche, un nuevo estatuto legal del coloniaje”.

La preocupación en Nora se le nota en su habla acelerada. “No tenemos problemas con la minería común, tanto la ripiera, como la cementera. Estamos en contra de la megaminería metalífera hidrotóxica que llevan adelante megacorporaciones internacionales como Solway, que además de estar radicada en paraísos fiscales, tiene denuncias de contaminación y agresión a pobladores originarios de Guatemala. A esa gente no la queremos. No queremos su violencia. Y como decimos junto a Víctor Jara, tenemos derecho a vivir en paz”. 

Viernes 7 de febrero, Ciudad de Mendoza. Manifestación contra el proyecto minero San Jorge.

Un pueblo de pie

El pueblo mendocino dio una lección en 2019 de cómo organizarse (y vencer) al tándem lobby minero y apoyo estatal. En aquel entonces, enormes movilizaciones en toda la provincia torcieron la votación de diputados y senadores en sólo 10 días. Seis años después, Mendoza vuelve a estar en alerta. Cuenta Nora: “A raíz de todos estos atropellos volvimos a salir a la calle. Hicimos multitudinarias manifestaciones en Uspallata y en la Ciudad Capital. A mucha gente le parece increíble que nuevamente quieran hacer lo que no lograron en el 2019, pero hay motivos”. Describe: “Tenemos un gobernador lamebotas del presidente, que hasta salió a defender lo que dijo Milei sobre el saludo nazi de Elon Musk. Así de bestial. Cornejo es un alfil de Milei y hay muchos intereses económicos por encima de las necesidades y decisiones de nuestro pueblo. Volvieron a la carga porque sienten que tienen más poder aún que antes, por la ligazón con la Casa Rosada”. 

Cornejo acompañó a la Ley Bases, al Rigi y al Pacto de Mayo. Ahora mismo, al cierre de esta nota, está en Canadá junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y otros cinco gobernadores (San Juan, Catamarca, Jujuy, Santa Cruz y La Rioja) en la PDAC 25, la feria minera más importante del mundo.

Cierra Nora: “Cornejo durante todos estos años generó una especie de suma del poder público: tiene a su favor el poder judicial y también el legislativo, que le vota todo. Construyó una red muy fuerte de contención, y al frente de toda esa telaraña estamos nosotros, de pie, nunca arrodillados. Y así seguiremos, defendiendo nuestro patrimonio, defendiendo lo que es nuestro”.