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Causa Maldonado: qué (no) hizo la fiscal y el informe que compromete a Noceti

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A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de 20 días de secreto de sumario, la familia del joven denuncia que la fiscal federal Silvina Ávila no los recibe. La abogada Verónica Heredia cuenta que aún están leyendo la causa: “Faltan resultados de muchas pruebas, pero no parece que hayan hecho nada”. lavaca accedió a un informe oficial de Gendarmería que compromete a Noceti: el ministro de Gobierno de Chubut Pablo Durán señaló al jefe de Gabinete de Patricia Bullrich como el funcionario que coordinó los operativos. Qué analiza Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte bonaerense, miembro de Naciones Unidas y uno de los expertos que colaboran con la familia para garantizar una investigación independiente: “Hay un zigzagueo judicial que va en contra del derecho  a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas”.
A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de que la fiscal federal Silvina Ávila levantara después de 20 días el secreto de sumario en la causa penal, la familia del joven de 28 años denunció a lavaca que la funcionaria estatal no los está recibiendo. “Sergio fue el lunes a la fiscalía, pero la fiscal no lo recibió porque dijo que era un violento”, contó a esta agencia Andrea Antico, cuñada de Santiago. En su carácter de víctima por ser el hermano de una persona desaparecida de manera forzada, Sergio le pidió a la fiscal que activara una investigación cuyas medidas habían demorado días cruciales y que sólo tendían a investigar una persona extraviada. La exigencia no llegó en cualquier momento: ocurrió el día en que la fiscal accedió al pedido de la familia en recaratular la causa como desaparición forzada de persona. Si bien Sergio se disculpó, ese hecho es la excusa que –dice la familia- utiliza hoy la fiscal para no recibirlos. “Tampoco recibió a nuestra abogada. Nos atendió por mesa de entradas a través de su secretaria. Es una falta de respeto porque tendría que estar preparada: nosotros somos las víctimas y no nos puede decir que no nos puede atender”.
La familia había anunciado en una conferencia de prensa en el Hotel Plaza de Esquel –en la que también participó el CELS, la Regional Noroeste de Chubut de la APDH y la Defensoría Federal de la ciudad- que iban a analizar cuáles habían sido las medidas ordenadas por la fiscal. “Faltan resultados de muchas pruebas”, dijo la abogada Verónica Heredia. “Estamos trabajando en analizar la causa que recién ayer pudimos tener acceso porque durante 20 días estuvo en secreto de sumario. En función de lo que se haya hecho -aunque entendemos que no se hizo nada- vamos a analizar. No nos llama la atención que no hayan avanzado: estamos denunciando a la Gendarmería como responsable de la desaparición forzada en democracia”.

Cómo garantizar una investigación independiente

La familia Maldonado había exigido al Estado que se iniciara “una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta” que estableciera las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinara las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Por esa razón se requirió la colaboración del defensor Mario Coriolano para que se conforme un equipo de investigación independiente a cargo del perito Alejandro Mejías Fonrouge. “A los pocos días que desapareció Santiago nos contactó la familia a través de la abogada para pedirnos alguna orientación: nosotros habíamos ayudado en la causa Iván Torres”, dice a lavaca Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, miembro de Naciones Unidas y uno de los colaboradores expertos de la familia. El caso al que se refiere es la desaparición forzada en 2003 de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia (Chubut), que motivó en 2011 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. “Lo primero fue asegurar una investigación que sea independiente y creíble para que sea, a su vez, pronta y eficaz. Eso se planteó en la causa y nunca fue respondido. Después de que la familia decidiera hacer un comunicado con todos los pedidos y al tomar visibilidad, el Ministerio pidió tener una reunión con la familia”.
Los reclamos concretos:

  1. Reconocimiento público del gobierno de la desaparición forzada.
  2. Participación efectiva en la causa de un grupo de investigadores de Casación y apoyos económicos y materiales a la familia y sus colaboradores para desplazarse en la investigación.
  3. La intervención de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la conformación de un grupo de expertos internacionales independientes que supervisen y colaboren con la investigación.

“Está pendiente el punto 1 y 3. En cuanto al punto 3, el mismo día se le dio instrucciones al secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) para que con la Oficina del Alto Comisionado se ponga en marcha el grupo internacional. Se convocó al representante regional el 31 de agosto, se hizo una reunión con Garavano y demás autoridades. Estuvimos presentes con la abogada. A la tarde, se armó un borrador que se iba a firmar el viernes pero hubo problemas formales de Cancillería. Se pasó al lunes, luego al martes y hoy miércoles todavía no nos han hecho la devolución del texto ya acordado. Todo esto en el marco del levantamiento del secreto de sumario, la posibilidad de analizar lo que se hizo y lo que falta y la familia en paralelo con investigadores de confianza que ubicaron a uno de los testigos para que declarara a la Justicia, a la cual ellos no creen. Además, declararon otros testigos de contexto corroborando la presencia de Maldonado en el lugar. Con este conjunto se está rediseñando un plan de investigación y de búsqueda por parte de familia y colaboradores hoy”.
-¿Cómo evalúa usted la causa?
-Por un lado, veo que la familia inició la búsqueda y trató de profundizarla, pero lo cierto es que hay que diferenciar la búsqueda de la investigación. Tiene que haber una teoría del caso que no sabemos cuál es para la fiscal o el juez de lo que estamos viendo. En cambio, la familia tiene muy en claro, por información que le está llegando, que la principal y única teoría del caso es la desaparición forzada en manos de Gendarmería. Hay que orientar con mucha urgencia medidas investigativas que no se han hecho. Pero la clave está en lograr credibilidad y confianza en los órganos independientes que, a su vez, cuenten con habilidades y herramientas para actuar de un modo pronto y efectivo. Si no, la prueba faltante se va a desperdiciar o no ser útil.
¿Hay algún otro caso a nivel regional de la conformación de un grupo de expertos internacionales con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas?
-Hay antecedentes del Alto Comisionado, pero con una impronta diferente en Guatemala por cuestiones de impunidad. Después, lo más similar a esto es lo que conformó en el marco de una medida cautelar de la CIDH para México en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el país sería inédito hacerlo de esta manera si finalmente se concreta.
-En Argentina aún no hay un procedimiento o protocolo de actuación ante una desaparición forzada.
-Se iba a aprovechar la conformación de este grupo para que, además de la supervisión del caso y la ayuda de los actores judiciales de la querella, queden lineamientos para un protocolo faltante, que fue un poco lo que ocurrió en México. Una forma de cooperación y asistencia técnica de un organismo internacional que permita a Argentina mejorar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el caso y de la Justicia, pero también cumpla con la sentencia del caso Iván Torres (la sentencia de la Corte IDH ordenaba la confección de un protocolo).
-A partir de su experiencia en el caso de Iván Torres, ¿cuáles son los elementos con los que debería contar este proceso para garantizar una investigación pronta y eficaz?
-Lo primero dividir, por un lado, la búsqueda, y por otro lado, la investigación en sí misma. En tercer lugar, la protección efectiva a la víctima que incluye a la familia, que también es víctima según la normativa internacional en casos de desaparición forzada. El problema central está en que este tercer eje, como núcleo central en una perspectiva de derechos humanos, lleva a que deban tener una participación activa en el diseño de la búsqueda y efectiva en la investigación. Acá hubo cosa muy extraña: en todo el secreto de sumario se tuvo alejada a las víctimas tanto de la búsqueda como de la investigación, y eso no entiendo por qué. Además, surgía que había muchos actores que tenían información de la causa: ¿cómo sabían? O estaban inventando o tenían acceso de una manera que con el secreto de sumario no es legalmente posible. Después estuvo el informe de la fiscal, muy extraño, que circuló por los medios donde ya prácticamente dice algo que choca con el mismo pedido que había hecho de recaratular la causa como desaparición forzada. Hubo un zigzagueo sumado a lo del secreto de sumario y otras cosas que cuenta la familia (el rechazo de la fiscal a reunirse con ellos), que va en contra del derecho  a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas desde el que primer día en que empiezan a trabajar en la búsqueda e investigación.
¿Puede decirse que hay una práctica del Estado que se repite en estos casos ya sea por negligencia en algunos casos o complicidad en otros?
-Estoy moviéndome en tres planos: uno de ayudar a las víctimas, después está la cuestión social y el tercero es el análisis político al que apunta la pregunta. En eso, saber si es negligencia o intencional es la clave para un delito donde hay una privación ilegal de la libertad por parte de funcionarios que niegan después información sobre el paradero y mirado del marco del tipo delictivo y de la pluralidad de partícipes que puede haber a través de acciones y omisiones, habrá que evaluar luego en su conjunto quiénes tuvieron actitudes negligentes o cómplices. Para responderla seriamente va a haber que esperar un tiempo.

Noceti, en la mira

El Juzgado Federal recibió el 16 de agosto un informe de Gendarmería Nacional (redactado el 8) que aporta más pruebas en el rol de coordinación de los operativos del 31 de julio y 1 de agosto en la Patagonia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. A partir de los dichos de la propia ministra Patricia Bullrich, las fotos que ubicaron a Noceti en los horarios del violento operativo en el que desapareció Santiago Maldonado y el testimonio de Soraya Maicoño –revelado por lavaca– que vio al funcionario pasar dos veces por el lugar donde Gendarmería las demoró por horas para que no comunicaran lo que ocurría en la lof, cada día se suman más pruebas que posicionan a un funcionario de primera línea del Ministerio de Seguridad en el operativo donde se vio por última vez a Santiago Maldonado.
En dos entrevistas radiales, Noceti se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en Esquel, con represión y posterior desaparición del joven de 28 años. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”. El CELS y la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, advirtieron a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “fragancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación, que se efectivizó en los violentos operativos, fue confirmada por el funcionario en una entrevista exclusiva a lavaca.
El Comandante Mayor Jefe de la Agrupación XIV de Chubut, Diego Conrado Héctor Balari, dijo el 2 de agosto en declaraciones al Canal 4 de Esquel que las fuerzas actuaron en los operativos del 31 de julio y 1 de agosto bajo “órdenes precisas y emanadas del Ministerio de Seguridad”. En la interpelación en la Legislatura de Chubut, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, comprometió aún más la participación de Noceti: reconoció que el 31 se julio estuvo en Bariloche con su par de Río Negro, jefes de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura en una reunión encabezada por el propio Noceti.
El documento al que accedió lavaca refuerza esa afirmación. La nota AA7-5100/3284 informa que el jefe del operativo del 31 de julio (el despeje de la ruta 40) estaba al mando de Balari y nucleaba a personal de los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel) y del comando de la Agrupación XIV. Agrega que a partir del 1 de agosto, el comandante que quedó al mando del “personal apostado en la Ruta 40” fue Juan Pablo Escola, segundo del Escuadrón de Esquel. Escola fue quien declaró a Clarín que ingresaron a la comunidad a las 11:30 del 1 de agosto, reconoció que estuvieron 5 horas allí y negó que los efectivos hubieran bajado al río. Esto fue desmentido en la conferencia de la familia Maldonado por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien afirmó que los propios videos de la fuerza la muestran en ese lugar.
El informe de Gendarmería –cuya carátula dice Resistencia Ancestral Mapuche, vinculando sin pruebas a la Pu Lof con esa tendencia- reconoce que también se solicitó apoyo de personal al Escuadrón 37 “José de San Martín” y del Destacamento Móvil 4 de General Acha, de La Pampa. Luego, en un apartado titulado Apoyo de otras fuerzas federales o provinciales, dice:

  • “El 31 de julio del corriente año a las 22:00 hs el Jefe del Operativo CTE MY D DIEGO CONRADO HECTOR BALARI, tomó contacto telefónico con el Sr. Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Sr. Pablo Durán, quien en horas de la mañana había participado en la reunión de coordinación mantenida con el señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Dr. Pablo Nocetti, en la ciudad de San Carlos de Bariloche (RN), quien se comprometió a ordenar a personal de la policía de esa provincia a colaborar con la Fuerza, lo cual no se concretó pese a los reiterados llamados telefónicos realizados al Sr. Jefe de la Policía de Chubut y Segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel”.

El documento –que subraya parte del equipamiento con que Gendarmería intervino ese día y demuestra que no filmó todo el operativo- está firmado por el comandante general Claudio Osvaldo Domenechini y lleva el sello del Ministerio de Seguridad.

Causa Maldonado: qué (no) hizo la fiscal y el informe que compromete a Noceti

La hoja del informe que menciona que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, participó en reuniones de coordinación del operativo de Gendarmería.

Planificación y participación

El informe confirma lo que el integrante de la Regional Noroeste de Chubut de APDH, Julio Saquero, reveló en la conferencia de prensa junto a la familia: “El jefe de la agrupación 14 de Gendarmería informó en sumario que hubo una reunión el 31 de julio en Bariloche. Allí destaca la presencia de los jefes de escuadrones de Gendarmería, de Noceti (Pablo, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y la presencia del ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Destaco su importancia: dice que el ministro de Gobierno participó en esa instancia previa al operativo de Gendarmería. Hasta ahora nadie ha mencionado ese informe”.
El testimonio de Saquero es clave en la causa: su relato pormenorizado de los hechos del 1 de agosto abre la foja 1 del expediente penal que lleva adelante la fiscal Ávila. Su denuncia es del 2 de agosto a las 17:20 horas y, desde allí, subraya la responsabilidad de Noceti, de Bullrich y del Presidente Mauricio Macri en el operativo de Gendarmería.
-¿Qué significa esta información?
-Es una prueba evidente de que hubo una planificación y participación de Noceti el día previo, que se suma a todo lo que  hizo después: pasar por la ruta, haberse detenido en dos ocasiones (frente a la subcomisaría de Leleque, donde estaba demorada Soraya Maicoño y dos personas y que ante la pregunta de por qué estaban detenidas, el funcionario respondió: ´Si yo quiero las puedo tener seis horas más´) y eso lo muestran las fotos. Noceti estuvo el 31 planificando eso en concertación con los jefes de Gendarmería y Pablo Durán. ¿Por qué esta información no fue conducente a otros peritajes o indagatorias que no se hicieron sobre Gendarmería y se centró todo en culpabilizar a la familia y la comunidad mapuche?
A 36 días, el Estado aún no contestó esa pregunta.
El informe de Gendarmería que compromete a Noceti:

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1 año de la muerte de Daiana Abregú: Nadie se suicida en una comisaría

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La joven de 26 años salió a bailar y luego apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de la ciudad de Laprida. Cinco policías bonaerenses están imputados por triple homicidio y uno por encubrimiento. Sin embargo, la Justicia aún no definió con qué caratula elevará a juicio su caso: si por suicidio u homicidio. Hoy el pueblo saldrá a las calles para reclamar justicia.

Por Facundo Lo Duca

El 5 de junio de 2022 Daiana Abregú apareció muerta en la celda de la comisaría comunal de Laprida, en la provincia de Buenos Aires. Su muerte causó estupor en la ciudad ubicada a 400 kilómetros de Capital Federal, acostumbrada a la tranquilidad de la pampa bonaerense y reconocida por los monumentos que el enigmático arquitecto Francisco Salomone construyó durante la década del ’30.

Daiana había salido a bailar la noche del sábado 4 de junio. El domingo, alrededor de las siete de la mañana, fue de detenida por un móvil policial tras provocar disturbios en la vía pública. Sola, vestida con una campera de jean y bajo el custodio de tres policías, la joven quedó alojada en una celda de la comisaría comunal.

A las seis de la tarde de ese domingo, un patrullero llegó hasta la casa de Daiana, donde vivía con su hijo menor, sus hermanas y sus padres. Del auto bajaron dos policías: uno de ellos Marcelo Amaya, subcomisario de la estación policial.

Tras golpear la puerta, Laura Abregú ─la madre de la joven─, salió a su encuentro. Los efectivos la miraron fijo y dijeron una frase que al día de hoy todavía está en duda:

─Señora, su hija se quitó la vida.

La versión policial dijo que Daiana se suicidó en su celda, ahorcándose con su propia campera. La primera autopsia, realizada un día después de su muerte por la Asociación Pericial de Azul, sostuvo esa hipótesis luego de señalar una marca de ahorcadura en el cuello compatible a la prenda que llevaba cuando fue detenida.

La Comisión Provincial Por la memoria (CPM) intervino de inmediato en la causa como particular damnificado. Tras analizar los presurosos resultados de la primera autopsia, la organización de derechos humanos encontró una serie de irregularidades.

La autopsia no había respetado el Protocolo de Minnesota, una instancia que debe seguirse en casos de muertes bajo custodia del Estado. Los resultados del examen del cuerpo de la joven habían presentado graves falencias: no se realizaron radiografías ni fotografías completas, no se completaron extracciones de piel para determinar si algunas lesiones fueron producidas antes o después de su muerte y tampoco se realizaron filmaciones del examen, tal como lo establecen los protocolos vigentes.

La insistencia del abogado de la familia, Sergio Roldan, junto a la de la CPM, lograron que se realice una reaautopsia del cuerpo.

La Asesoría Pericial de La Plata fue finalmente el órgano encargado del procedimiento. El informe final de la reautopsia dio como resultado que Daiana Abregú no se habría ahorcado. Los peritos concluyeron que la víctima murió por una “asfixia mecánica de sofocación”. Además, no observaron lesiones en los músculos del cuello compatibles con el lazo de ahorcadura de la campera; también señalaron que existían lesiones en esa zona del cuerpo compatibles con signos de una posible autodefensa.

El fiscal del caso, Ignacio Calonje, quien se había mostrado reacio a una realizar un segundo examen del cuerpo, analizó los resultados de esa evaluación y ordenó que Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Gisel DiBin, Juliana Zelaya y Leandro Esteban Fuhr ─los cinco policías bonaerenses presentes aquel 5 de junio de junio en la comisaría─ fueran encarcelados y acusados por homicidio triplemente calificado.

La decisión había traído calma a la familia y amigos de Daiana. Pero el pueblo, por otro lado, quedó dividido. A las marchas que se hacían frente a la comisaría solo acudían un pequeño grupo de vecinos que acompañaron a la familia desde un principio. “Muchos le creen a la policía porque Daiana viene de una familia humilde. Si fuera al revés, estarían acá. Laprida tiene sus matices”, contó una vecina a lavaca.

La situación procesal de los policías, sin embargo, tendría un giro que volvería toda al principio. Un tercer informe pericial, solicitado por el fiscal y realizado por la Policía Federal, analizó los dos últimos exámenes del cuerpo de Daiana.

A través de conjeturas estigmatizantes sobre la conducta de la joven y describiéndola como alguien “con consumos problemáticos de drogas”, algo que fue desmentido por su propia familia, la policía federal aseguró que Abregú finalmente se habría quitado la vida en su celda. Es decir, para la Federal alguien con supuestos “problemas de consumos” y “conflictos emocionales”, es un potencial suicida dentro de un calabazo.

Ese escenario habilitó a que liberaran a los cinco policías detenidos y que la hipótesis del suicidio volviera a cobrar relevancia para la justicia provincial, aunque continuaron imputados por homicidio.

La bonaerense, respaldada por otra fuerza de seguridad, así como también por el ministro Sergio Berni, intentaba salvar su presente. Pero sería condenada por su pasado.

La bonaerense de Laprida

En una investigación colaborativa con otros medios, Lavaca fue a Laprida para contar el funcionamiento de la policía y la comisaría. Los relatos de los vecinos describieron la violencia institucional en la que estaba sumergida la ciudad.

Picanas eléctricas, palizas a menores de edad y hasta torturas con bolsas de plástico en la cabeza eran moneda corriente dentro de los calabazos.

Lejos de alguna sanción, a algunos policías se los premiaba. Como es el caso de Adrián Nuñez, uno de los cinco implicados en la muerte de Daiana, y denunciado en más de un testimonio por algunos vecinos de Laprida. En 2021, Nuñez recibió un premio estimulo por su labor como oficial ayudante.

Dos expolicías que trabajaron en esa comisaría, además, le confirmaron a este medio los excesos de algunos colegas, como así también otros manejos internos de la dependencia policial. Todo bajo la tutela de dos comisarios: Christian Barrios y Marcelo Amaya, quienes dirigían la seccional cuando ocurrió lo de Daiana.

Otro dato no menor fueron los antecedentes de la comisaría. En el año 2003, Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tenía previsto llegar al pueblo para revisar una serie de expedientes y documentación sensible referido a la comisaría. Sin embargo, el 21 de julio de ese año, un “depósito con documentación y otros elementos” del edificio se prendió fuego.

Los investigadores determinarían que el incendio habría sido intencional. Entre los policías que estaban en esa época en la estación, se encontraba Marcelo Amaya, el mismo que le dijo a la madre de Daiana que su hija se había quitado la vida. Amaya, junto a Christian Barrios, fueron desplazados de sus cargos.

En el mes de abril Calonje hizo un pedido para que el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sea quien analice los resultados de las dos autopsias que se hicieron sobre el cuerpo de Abregú y contraste los resultados con los de la Policía Federal. De ese informe, saldrá finalmente la caratula con que el fiscal deberá elevar a juicio la causa: si por homicidio o suicido.

Amnistía Internacional tomó el caso de Daiana en 2022. Desde entonces, su historia forma parte de la campaña internacional por los derechos humanos que el organismo impulsa con el fin de que se esclarezca su caso. Según datos de la Comisión Provincial por la Memoria, entre 2012 y 2022, murieron al menos 215 personas en comisarías bonaerenses, un promedio de 20 por año.

Daiana falleció un 5 de junio, el mismo día que Laprida celebra el natalicio de su máximo prócer: el arquitecto de las pampas, Francisco Salomone.

Hoy, mientras algunos veneran edificios antiguos, los familiares y amigos de Daiana saldrán una vez más a las calles. A pedir justicia. A gritar: “Nadie se suicida en una comisaría”.

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#NiUnaMás

3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

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Desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba. De Mar del Plata, San Miguel del Monte, Monte Hermoso. Desde Tigre, Moreno, San Vicente. Desde todas partes del país, decenas de familiares de mujeres y personas trans asesinadas y desaparecidas se autoconvocaron en Plaza de Mayo para compartir el panorama de los distintos casos, con estas palabras como denominador común: narco, policía, fiscalía. También se escucharon ideas para combatirlo, entre la calle, el abrazo y la memoria, rescatando todo el arsenal de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, el día del Ni Una Menos, junto a la Pirámide de Mayo se gritaron dos palabras que lo dicen todo: Nunca Más. Compartimos a continuación todas las voces que se escucharon en este 3J.  

De todo lo que se dijo y escuchó en la asamblea, las familias armarán un documento para presentar ante las autoridades que deben llevar adelante las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista. Entre otras propuestas, se pidió una reparación para familiares y que el Procurador General de la Nación los reciba para trabajar en el entrenamiento de los fiscales en la búsqueda de pruebas.

Acompañaron la movida decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas (debajo, la lista completa), Periodistas Argentinas, la actriz Thelma Fardin y otras integrantes de Actrices Argentinas; y las funcionarias Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.

Estuvo ausente, entre otrxs, Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido, pero de la asamblea participó su madre.

El cierre del acto fue con arte. Primero, una batucada de mujeres copó el centro de la escena con las familias alrededor. Luego, vestidas de rojo, otro grupo de mujeres realizó una acción en la que cantaron y levantaron en alto fotos de víctimas de femicidios. Con la Casa Rosada de fondo, una cuerda de tambores cerró la jornada rodeada de emoción y aplausos.

Las voces de las familias

Familiares de Florencia Pennacchi, desaparecida

Tras 18 años, no tenemos noticias. Flor fue víctima en 2005 de desaparición forzada, con la complicidad de organismos oscuros. Pero además de casos como el de Florencia, quiero hablar de otras víctimas. La mamá de Florencia acaba de fallecer. Y a muchas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, el dolor punzante de la ausencia cambia la vida para siempre. Para que la impunidad suceda es necesaria una cadena de complicidad gubernamentales judiciales y policiales. Seguimos y estamos acá, porque somos la voz de aquellas silenciadas. 

Marisa, mamá de Luna Ortiz

Hoy es un día para transformar el dolor en lucha. Esto nos da fuerza de familiares, emociona lo que estamos transitando, esta nuestra lucha después de este gran dolor. Y duele después por cómo somos violentados por este sistema judicial. Luna era una piba de barrio que luchaba por cada pibe, y no pudo llegar a la marcha por el ni una menos. Hoy sigo el legado de mi hija, porque la lucha empieza en los barrios. 

Facundo, papá de Luna Ortiz

Es un día muy doloroso porque mientras se marchaba un 3 de junio de 2017 Luna fue captada por Isaias Villarreal. Hoy está en libertad, porque la justicia no reconoció el femicidio, y fue condenado por abandono de persona. Celebramos esta asamblea, para que se escuchen nuestros reclamos de leyes que no se cumplen, como la de patrocinio gratuito. Somos familias de laburadores. Luchamos contra cómplices gigantes como la justicia, la policía. La Ley Brisa, muy a cuenta gota, se cumple. Este lunes 12/6 en tribunales de San Isidro, invitamos a todos al juicio contra Villarreal para que sea condenado por femicidio.

Papá de Natalia Melmann, asesinada y torturada y violada en Miramar el 4 de febrero de 2001

La sentencia (Ricardo Panadero, condenado a perpetua este 17 de mayo, fue el cuarto policía condenado por su femicidio) fue lograda por la lucha y acompañamiento de un montón de personas. Porque la lucha no se abandona, se gana, como aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Se puede. Es posible.

Thelma Fardin, actriz

Gracias por recibirme en este espacio. La lucha de Marta (Montero, mamá de Lucía Pérez) para mí es muy inspiradora. La primera vez que salí a la calle fue por lo de Lucía. Su lucha me inspira porque tras recibir el caso adverso por una justicia falsa nos dicen “mentirosas”, cuando la mentirosa es ella, la justicia. Te piden pruebas materiales en caso de abuso, como en muchísimos casos, como el de Lucía, como si el cuerpo flagelado no alcanza.En mi caso, tenemos mi testimonio, pero tampoco alcanza. Si no tengo pruebas materiales no alcanza. Organizades es la única salida. 

Carlos Aliaga, Jujuy, hermano de Rosita, asesinada en 2015

Pasaron ocho años y el caso sigue impune. No hay ningún detenido. La investigación empezará de nuevo. Hay una luz de esperanza, queremos creer en la Justicia. Pero hasta hoy, hay un asesino suelto en las calles de Libertador, Jujuy. Hay mucha impunidad en Jujuy, muchos casos de femicidio.

Mónica, mamá de Iara Rueda

Mi hija fue asesinada en pandemia, en 2020, engañada. Sale a la ruta engañada para entregar un trabajo práctico. No volvió. No demoramos nada en salir a la ruta ni bien llegamos a casa y vimos que no estaba Iara. No demoramos nada en hacer la denuncia. Si tiene noviecito, te preguntan, si uno le hizo algo, te dicen en la comisaría… Difunda por las redes sociales, te dicen. Los minutos que pasaban cada vez eran peores. Nunca cerraron los perímetros cerca de mi casa. No había una patrulla ni un policía en el barrio esa noche. Pasaron seis días cuando me llaman y me dicen “todo lo que pidió lo va a tener mañana”. Era domingo por la noche, mi hija desapareció un miércoles. ¿Por qué mañana? Porque recién lo aprobaron al otro día, a diez cuadras de casa, en un descampado, apareció el cuerpo: estaba violada y semienterrada. El Estado estuvo ausente con mi hija. En Jujuy estaba el protocolo que debían salir a buscarla de manera inmediata. Estaba cajoneado ese protocolo. Ocho funcionarios terminaron imputados. Pero los premiaron como jueces o jubilados o llevados a otros lugares. Mi hija es un caso bisagra en la provincia porque los organismos por fin se pusieron a trabajar. Porque las familias nos unimos a marchar y así los juicios empezaron a salir. Encontré una frase en el libro de mi hija: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y eres más inteligente de lo que piensas. Si seguís creyendo tus sueños se harán realidad”. Mi hija tuvo justicia pero nosotras estamos condenadas porque a nosotras nos toca llorar toda la vida.

 

 Majo Herrera, mamá de Camila Cinalli

Nos seguimos preguntando dónde está Camila, desaparecida en 2015. El intendente de Monte lo único que hizo fue llevarme a Tucumán porque tenían una supuesta prueba. Fue mentira. Se venían las elecciones y no querían que se sepa qué pasó con ella. Tardaron cinco días en tomar la denuncia. Me decían que estaban con un noviecito. Mentira, te la roban como un perrito. Todos los días es la lucha. Y es poco el acompañamiento. No queremos más desapariciones ni femicidios.  

Mamá de Agustina Fredes, Blanca Osan

A Agustina la asesinó el novio el 25 de abril de 2017. Le dieron 15 años.  Quiero que lo condenen por la muerte de mi hija y mi nieto, porque ella estaba embarazada. No murió, como dicen, por el embarazo ectópico: fue violada con fierros de cromo, ahí le dañaron los órganos y mataron a su hijo. Mi hija no murió porque quiso: Matías Acevedo, militar de Mar del Plata, es el responsable. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu

Mi hija fue violada el 26 de diciembre de 2018 por la pareja. En enero de 2019 desaparece y aparece ahogada en el Riachuelo. Acciona el botón antipánico muchas veces. Tuvieron tiempo para ubicarla con botón que tiene GPS y da la ubicación exacta. Cuatro días después la encuentra personal de limpieza del riachuelo. Hay complicidad policial y judicial. Es mentira lo de la justicia independiente. Es mentira lo de la grieta. Defienden la impunidad de seres oscuros. Pero no vamos a abandonar la lucha. Nunca, mientras respiremos. Y van a tener que pagar los responsables por la muerte de mi hija.

Mamá de Analía Aros

Qué difícil. Qué difícil. Soy Ana Soto. Mi hija fue asesinada el 21 de marzo de 2017 por su pareja. Tuve justicia, es un alivio nada más porque nosotros seguimos el duelo. Su familia. Sus hijas. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Mi única terapia es acompañar a todas las madres que pasan el mismo dolor.

Susana, mamá de Cecilia Gisela Basaldúa

Estamos en representación de nuestros hijos que debieran estar acá. Cecilia tenía 36 años. En 2015 viaja a México para participar del Panamericano de hockey sobre hielo. Siguió viajando por América Latina. En 2019 regresó a Argentina. Me decía mamá, “América está sangrando por la pobreza que hay”. En marzo, iniciando la pandemia viaja a Capilla del Monte para escribir su libro. Llega a Capilla y no tenía lugar para quedarse. El 4-4-2020 es el último día que se comunica. A los días un hombre que la había alojado nos dice que tuvo un brote psicótico. Entramos en pánico, conseguimos permiso y viajamos. El 24 de abril llegamos a la tarde y nos dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estaba muerta. La habían estrangulado, violado y asesinado. La policía no la buscó. Ahí comenzó nuestro martirio de buscar, de investigar. Que sigue. Estamos esperando que trabajen de verdad. Ahora hay nuevo fiscal pero desde noviembre hasta hoy, no hicieron nada.

Alfredo, papá de Cecilia Basaldúa

Pasó hace tres años. Vamos a seguir luchando. Queremos que Cecilia descanse en paz. No voy a largar nunca esta lucha. Es lo que tenemos que hacer todos. La policía en Argentina es muy violenta y no está educada. Lo primero que hacen es pegar. Los policías en Capilla del Monte son todos violentos, apañados por el Poder Judicial. La causa de Cecilia fue armada totalmente por la policía. Paula Klem es la fiscal de ahí, comprada por el narcotráfico. Hay un montón de causas armadas. Esas lacras tienen que pagar. Esperemos que esta vez investiguen y dejen de lado la corrupción. Ella me decía «papá, ¿de qué tengo que tener cuidado? Yo quiero ser libre». 

Jhonny, papá de Claudia Patricia Tupa Latorre, fallecida el 10 de febrero de este año, mamá soltera de dos hijas

Murió en un local bailable por culpa de regenteadores de ese local. Pido justicia. Hoy la causa está en la fiscalía 62 de Ciudad de Buenos Aires: estamos esperando el examen toxicológico. Hubo envenenamiento. Los responsables son los del local y policías porque el local no estaba habilitado hace tres años. Hay complicidad.  

Erika, amiga de Claudia Tuppa

Claudia era una compañera de Polo Obrero, fue asesinada este año, fue encontrada muerta en Joaquín Gonzalez y Rivadavia. no se sabe que hacía en ese lugar. El fiscal Ariel Tapur no hizo nada para investigar el caso. La inoperancia del fiscal nos impide tener justicia.. Ha dejado dos niñas en orfandad. Las amigas, rotas, sin una guía, porque ella era delegada. Hoy es otro día donde se recuerdan estos femicidios tenemos que sumar el de Claudia también.

Familiares de Sofía Fernández

Era una mujer trans que falleció en la comisaría 5° de Pilar.  El 8 de abril la detuvieron en una situación confusa. El 10 de abril estaba muerta. En la boca tenía una bombacha y goma espuma. No sabemos más nada. Nos informan que Sofía se suicidó, lo que es totalmente mentira. En un mercado mercantilizado, la justicia quiere llenarse de plata. Debe haber un cambio total para terminar con estas injusticias. Los gobiernos permiten que esto suceda.

Abuela de Chiara Ramírez

Los padres de Chiara no tienen la fuerza para acompañar este camino porque tienen que criar 3 nietas. Mi nieta salió a un cumpleaños, ella no conocía a la mayoría de la gente. Salió a festejar y ante una pelea en el coche se empezaron a enfrentar los chicos y le pegaron un tiro en la cabeza. Salimos a la calle, cortamos rutas, quemamos gomas en la comisaría. La gente nos gritaba “vagos, vayan a trabajar dejen de pedir planes”. No: quiero justicia. Aprendan a defenderse, y no se dejen pegar.

Aixa Greco, hermana de Catherine Greco, asesinada el 8 de julio de 2022 en Cruz del Eje

La encontraron tirada en el piso con signos de ahorcamiento, quebraduras. El asesino está preso sólo porque tenía antecedentes de violencia de género. Borraron toda clase de pruebas en la casa , después empezaron a decir que se había matado. Salió que tenía golpes por todo el cuerpo: tenía raspaduras en la rodilla y signos en las muñecas como que había sido atada. Ahora nos están diciendo que el asesino puede quedar en libertad.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Queremos la reparación a las familias, reparación del Estado a cada una de las familias a las que nos matan a una hija. Cada una sabe lo que es levantarnos con los dolores en el alma, pero tenemos que comer. O como a mi marido, que tras treinta años lo echaron del trabajo porque faltaba por la causa. Mi propuesta es esta: queremos reparación, si quieren llamarle jubilación o como quieran; necesitamos una obra social, porque quienes mataron a nuestras hijas tienen todos los derechos: casa comida, médicos, seguro. Nosotros luchamos por las nuestras, lucharemos para que esa reparación exista. Otro pedido: una audiencia con el Procurador General de la Nación. Necesitamos fiscales acordes a la situación que les toque llevar. Si no están capacitados, deben recibir capacitación constante y supervisada. En una causa, si no se toman pruebas se hacen mal las investigaciones, y quienes pierden son las familias. Les agradezco por habernos acompañado, por ayudarnos y a las familias por todo el sacrificio que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Costeamos pasajes de familias, hospedajes para juicios… Debe haber Estado presente en tiempo y forma. No elegimos estar en este lugar. Pero estamos acá, desgraciadamente.

Las organizaciones que acompañaron

Sobre el final el micrófono se abrió y las siguientes organizaciones compartieron unas palabras:

·   MTR 12 de abril

·   Pan y rosas

·   Las rojas

·   AGD-UBA

·   Crculo de amigas feministas

·   ATE-CTA Autónoma

·   MST

·   PSTU

·   Movimiento Teresa Rodriguez

·   Marabunta

·   Isadora –  izquierda socialista

·   MTL rebelde

·   Romina del Plá, plenario de trabajadoras PO.

·   Opinión socialista

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Nota

El Nunca Más a la violencia patriarcal: foro en Plaza de Mayo

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“Este 3J volvemos a salir a las calles” comienza diciendo el comunicado de las Familias de Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones, que convocan este sábado 3 de junio a su primer foro nacional.

Será desde las 12 hasta las 18 horas en Plaza de Mayo. Son más de treinta las familias que promueven la actividad y que compartirán sus experiencias, dolores y lucha durante la jornada. Llegarán desde distintos puntos del país: Mar del Plata, Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy y distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada incluirá dos mesas de intercambio, una marcha y una gran asamblea para elaborar a cielo abierto un petitorio que se presentará a las autoridades responsables de prevenir y responder con políticas concretas la violencia femicida. El documento se construirá así colectivamente. 

El contexto: durante 2023, según el registro del Observatorio Lucía Pérez, se produjeron 139 femicidios y travesticidios que dejaron 76 infancias huérfanas. Y hubo además hasta ahora 133 tentativas de femicidios. 

Se hicieron también 140 marchas para exigir verdad y justicia. Sin embargo, se sigue soportando un accionar judicial que alienta la impunidad de estos crímenes atroces. Un ejemplo: el reciente femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco, que corre serios riesgos de quedar impune por el desempeño de la fiscalía.

Las actividades, familias convocantes y el documento completo de la convocatoria.

Programación de actividades

12hs: Mesa: Poder Judicial y construcción de la impunidad: las víctimas juzgan al sistema. Qué exigimos.

13hs – 16hs: Inicio de asamblea. 

Coordina: Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones. 

13.30hs: Marcha de las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones con organizaciones sociales desde el Av. de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo para abrazar a las familias. La asamblea recibe a la columna y sigue el debate.

16hs: Mesa: La red territorial que da batalla a la violencia patriarcal. Exposición de las organizaciones políticas y sociales que acompañan a las familias.

17hs. Acción artística

18hs: Cierre con llamada de tambores

Familias que convocan

Norma, mamá de Tehuel de La Torre | Marta y Guillermo, padres de Lucia Pérez | Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa | Marisa y Facundo, padres de Luna Ortiz | Alfredo y Roxana, padres de Carla Soggiu | Laura y Gustavo padres, hermanos y sobrinos de Natalia Melmann | Rodrigo, tío de Marina TripodI | Ezequiel, tio de Katerine Moscoso | Mónica y Juan, padres de lara Sabrina Rueda | Blanca, mamá de Agustina Fredes | Sonia, hermana de Joanna Córdoba I Susana, mamá de Julieta Gonzalez | María, mamá de Camila Cinalli | Noemi, mamá de Lia Martinez | Adriana, mamá de Pilar Riesco | Mariela, mamá de Paola Tacacho | Leticia, mamá de Georgina Grispi | Gabriel, hermano de Gisela Lopez | Matilde, mamá de Camila Peñalba | Analia, mamá de Camila Flores | Fabiana, mamá de Julieta Delpino | Lorena, hermana y tía de Susana, Bárbara, Micaela y Marisol | Marta, mamá de Johana Ramallo | Silvana, mamá de Agustina Fernández | Mónica, mamá de Julieta Ortega | Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela Fernández | Víctor, hermano de Micaela Catán | Graciela, tía de Vivi Altamirano | Alejandro, hermano de Sofi Fernández | Adriana, hija de Paula | Patricia, mamá de Micaela Rascovsky | Oscar, papá de Bárbara Zabala | Susana, mamá de Julieta González | Lorena, hermana de Laura Rivero y tía de Thiago | Mónica, mamá de Alejandra Álvarez.

Comunicado completo de la Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones

Este 3J volvemos a salir a las calles, esta vez convocando a una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 y hasta las 18. Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones nos proponemos elaborar así, escuchando, reflexionando y elaborando con todas las organizaciones sociales y personas, un petitorio que entregaremos luego a las autoridades responsables de implementar las políticas necesarias para frenar la impunidad y lograr Femicidios Nunca Más.

Soportamos un gran dolor al perder a nuestros seres queridos, pero la carga es todavía más grande porque tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y femicidios relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estas causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del Poder Judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. 

En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir, por ejemplo, peritos de parte, ya que los peritos del Poder Judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar trescientos mil pesos?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo queremos verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres, trans y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si salimos a reclamar, el Poder Judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez. La violencia contra nuestras víctimas nunca frena. Esa es la máquina que alienta los femicidios.

No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza. 

Este sábado 3 de junio, realizaremos una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 hs. El micrófono estará abierto para todas las familias, víctimas, activistas y organizaciones que deseen tomar la palabra.

Ni una menos. Ni una más. Basta de violencia. Basta de femicidios.

Basta de impunidad.

Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones

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