A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de 20 días de secreto de sumario, la familia del joven denuncia que la fiscal federal Silvina Ávila no los recibe. La abogada Verónica Heredia cuenta que aún están leyendo la causa: “Faltan resultados de muchas pruebas, pero no parece que hayan hecho nada”. lavaca accedió a un informe oficial de Gendarmería que compromete a Noceti: el ministro de Gobierno de Chubut Pablo Durán señaló al jefe de Gabinete de Patricia Bullrich como el funcionario que coordinó los operativos. Qué analiza Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte bonaerense, miembro de Naciones Unidas y uno de los expertos que colaboran con la familia para garantizar una investigación independiente: “Hay un zigzagueo judicial que va en contra del derecho  a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas”.
A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de que la fiscal federal Silvina Ávila levantara después de 20 días el secreto de sumario en la causa penal, la familia del joven de 28 años denunció a lavaca que la funcionaria estatal no los está recibiendo. “Sergio fue el lunes a la fiscalía, pero la fiscal no lo recibió porque dijo que era un violento”, contó a esta agencia Andrea Antico, cuñada de Santiago. En su carácter de víctima por ser el hermano de una persona desaparecida de manera forzada, Sergio le pidió a la fiscal que activara una investigación cuyas medidas habían demorado días cruciales y que sólo tendían a investigar una persona extraviada. La exigencia no llegó en cualquier momento: ocurrió el día en que la fiscal accedió al pedido de la familia en recaratular la causa como desaparición forzada de persona. Si bien Sergio se disculpó, ese hecho es la excusa que –dice la familia- utiliza hoy la fiscal para no recibirlos. “Tampoco recibió a nuestra abogada. Nos atendió por mesa de entradas a través de su secretaria. Es una falta de respeto porque tendría que estar preparada: nosotros somos las víctimas y no nos puede decir que no nos puede atender”.
La familia había anunciado en una conferencia de prensa en el Hotel Plaza de Esquel –en la que también participó el CELS, la Regional Noroeste de Chubut de la APDH y la Defensoría Federal de la ciudad- que iban a analizar cuáles habían sido las medidas ordenadas por la fiscal. “Faltan resultados de muchas pruebas”, dijo la abogada Verónica Heredia. “Estamos trabajando en analizar la causa que recién ayer pudimos tener acceso porque durante 20 días estuvo en secreto de sumario. En función de lo que se haya hecho -aunque entendemos que no se hizo nada- vamos a analizar. No nos llama la atención que no hayan avanzado: estamos denunciando a la Gendarmería como responsable de la desaparición forzada en democracia”.

Cómo garantizar una investigación independiente

La familia Maldonado había exigido al Estado que se iniciara “una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta” que estableciera las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinara las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Por esa razón se requirió la colaboración del defensor Mario Coriolano para que se conforme un equipo de investigación independiente a cargo del perito Alejandro Mejías Fonrouge. “A los pocos días que desapareció Santiago nos contactó la familia a través de la abogada para pedirnos alguna orientación: nosotros habíamos ayudado en la causa Iván Torres”, dice a lavaca Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, miembro de Naciones Unidas y uno de los colaboradores expertos de la familia. El caso al que se refiere es la desaparición forzada en 2003 de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia (Chubut), que motivó en 2011 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. “Lo primero fue asegurar una investigación que sea independiente y creíble para que sea, a su vez, pronta y eficaz. Eso se planteó en la causa y nunca fue respondido. Después de que la familia decidiera hacer un comunicado con todos los pedidos y al tomar visibilidad, el Ministerio pidió tener una reunión con la familia”.
Los reclamos concretos:

1. Reconocimiento público del gobierno de la desaparición forzada.
2. Participación efectiva en la causa de un grupo de investigadores de Casación y apoyos económicos y materiales a la familia y sus colaboradores para desplazarse en la investigación.
3. La intervención de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la conformación de un grupo de expertos internacionales independientes que supervisen y colaboren con la investigación.

“Está pendiente el punto 1 y 3. En cuanto al punto 3, el mismo día se le dio instrucciones al secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) para que con la Oficina del Alto Comisionado se ponga en marcha el grupo internacional. Se convocó al representante regional el 31 de agosto, se hizo una reunión con Garavano y demás autoridades. Estuvimos presentes con la abogada. A la tarde, se armó un borrador que se iba a firmar el viernes pero hubo problemas formales de Cancillería. Se pasó al lunes, luego al martes y hoy miércoles todavía no nos han hecho la devolución del texto ya acordado. Todo esto en el marco del levantamiento del secreto de sumario, la posibilidad de analizar lo que se hizo y lo que falta y la familia en paralelo con investigadores de confianza que ubicaron a uno de los testigos para que declarara a la Justicia, a la cual ellos no creen. Además, declararon otros testigos de contexto corroborando la presencia de Maldonado en el lugar. Con este conjunto se está rediseñando un plan de investigación y de búsqueda por parte de familia y colaboradores hoy”.
-¿Cómo evalúa usted la causa?
-Por un lado, veo que la familia inició la búsqueda y trató de profundizarla, pero lo cierto es que hay que diferenciar la búsqueda de la investigación. Tiene que haber una teoría del caso que no sabemos cuál es para la fiscal o el juez de lo que estamos viendo. En cambio, la familia tiene muy en claro, por información que le está llegando, que la principal y única teoría del caso es la desaparición forzada en manos de Gendarmería. Hay que orientar con mucha urgencia medidas investigativas que no se han hecho. Pero la clave está en lograr credibilidad y confianza en los órganos independientes que, a su vez, cuenten con habilidades y herramientas para actuar de un modo pronto y efectivo. Si no, la prueba faltante se va a desperdiciar o no ser útil.
–¿Hay algún otro caso a nivel regional de la conformación de un grupo de expertos internacionales con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas?
-Hay antecedentes del Alto Comisionado, pero con una impronta diferente en Guatemala por cuestiones de impunidad. Después, lo más similar a esto es lo que conformó en el marco de una medida cautelar de la CIDH para México en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el país sería inédito hacerlo de esta manera si finalmente se concreta.
-En Argentina aún no hay un procedimiento o protocolo de actuación ante una desaparición forzada.
-Se iba a aprovechar la conformación de este grupo para que, además de la supervisión del caso y la ayuda de los actores judiciales de la querella, queden lineamientos para un protocolo faltante, que fue un poco lo que ocurrió en México. Una forma de cooperación y asistencia técnica de un organismo internacional que permita a Argentina mejorar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el caso y de la Justicia, pero también cumpla con la sentencia del caso Iván Torres (la sentencia de la Corte IDH ordenaba la confección de un protocolo).
-A partir de su experiencia en el caso de Iván Torres, ¿cuáles son los elementos con los que debería contar este proceso para garantizar una investigación pronta y eficaz?
-Lo primero dividir, por un lado, la búsqueda, y por otro lado, la investigación en sí misma. En tercer lugar, la protección efectiva a la víctima que incluye a la familia, que también es víctima según la normativa internacional en casos de desaparición forzada. El problema central está en que este tercer eje, como núcleo central en una perspectiva de derechos humanos, lleva a que deban tener una participación activa en el diseño de la búsqueda y efectiva en la investigación. Acá hubo cosa muy extraña: en todo el secreto de sumario se tuvo alejada a las víctimas tanto de la búsqueda como de la investigación, y eso no entiendo por qué. Además, surgía que había muchos actores que tenían información de la causa: ¿cómo sabían? O estaban inventando o tenían acceso de una manera que con el secreto de sumario no es legalmente posible. Después estuvo el informe de la fiscal, muy extraño, que circuló por los medios donde ya prácticamente dice algo que choca con el mismo pedido que había hecho de recaratular la causa como desaparición forzada. Hubo un zigzagueo sumado a lo del secreto de sumario y otras cosas que cuenta la familia (el rechazo de la fiscal a reunirse con ellos), que va en contra del derecho  a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas desde el que primer día en que empiezan a trabajar en la búsqueda e investigación.
–¿Puede decirse que hay una práctica del Estado que se repite en estos casos ya sea por negligencia en algunos casos o complicidad en otros?
-Estoy moviéndome en tres planos: uno de ayudar a las víctimas, después está la cuestión social y el tercero es el análisis político al que apunta la pregunta. En eso, saber si es negligencia o intencional es la clave para un delito donde hay una privación ilegal de la libertad por parte de funcionarios que niegan después información sobre el paradero y mirado del marco del tipo delictivo y de la pluralidad de partícipes que puede haber a través de acciones y omisiones, habrá que evaluar luego en su conjunto quiénes tuvieron actitudes negligentes o cómplices. Para responderla seriamente va a haber que esperar un tiempo.

Noceti, en la mira

El Juzgado Federal recibió el 16 de agosto un informe de Gendarmería Nacional (redactado el 8) que aporta más pruebas en el rol de coordinación de los operativos del 31 de julio y 1 de agosto en la Patagonia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. A partir de los dichos de la propia ministra Patricia Bullrich, las fotos que ubicaron a Noceti en los horarios del violento operativo en el que desapareció Santiago Maldonado y el testimonio de Soraya Maicoño –revelado por lavaca– que vio al funcionario pasar dos veces por el lugar donde Gendarmería las demoró por horas para que no comunicaran lo que ocurría en la lof, cada día se suman más pruebas que posicionan a un funcionario de primera línea del Ministerio de Seguridad en el operativo donde se vio por última vez a Santiago Maldonado.
En dos entrevistas radiales, Noceti se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en Esquel, con represión y posterior desaparición del joven de 28 años. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”. El CELS y la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, advirtieron a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “fragancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación, que se efectivizó en los violentos operativos, fue confirmada por el funcionario en una entrevista exclusiva a lavaca.
El Comandante Mayor Jefe de la Agrupación XIV de Chubut, Diego Conrado Héctor Balari, dijo el 2 de agosto en declaraciones al Canal 4 de Esquel que las fuerzas actuaron en los operativos del 31 de julio y 1 de agosto bajo “órdenes precisas y emanadas del Ministerio de Seguridad”. En la interpelación en la Legislatura de Chubut, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, comprometió aún más la participación de Noceti: reconoció que el 31 se julio estuvo en Bariloche con su par de Río Negro, jefes de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura en una reunión encabezada por el propio Noceti.
El documento al que accedió lavaca refuerza esa afirmación. La nota AA7-5100/3284 informa que el jefe del operativo del 31 de julio (el despeje de la ruta 40) estaba al mando de Balari y nucleaba a personal de los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel) y del comando de la Agrupación XIV. Agrega que a partir del 1 de agosto, el comandante que quedó al mando del “personal apostado en la Ruta 40” fue Juan Pablo Escola, segundo del Escuadrón de Esquel. Escola fue quien declaró a Clarín que ingresaron a la comunidad a las 11:30 del 1 de agosto, reconoció que estuvieron 5 horas allí y negó que los efectivos hubieran bajado al río. Esto fue desmentido en la conferencia de la familia Maldonado por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien afirmó que los propios videos de la fuerza la muestran en ese lugar.
El informe de Gendarmería –cuya carátula dice Resistencia Ancestral Mapuche, vinculando sin pruebas a la Pu Lof con esa tendencia- reconoce que también se solicitó apoyo de personal al Escuadrón 37 “José de San Martín” y del Destacamento Móvil 4 de General Acha, de La Pampa. Luego, en un apartado titulado Apoyo de otras fuerzas federales o provinciales, dice:

• “El 31 de julio del corriente año a las 22:00 hs el Jefe del Operativo CTE MY D DIEGO CONRADO HECTOR BALARI, tomó contacto telefónico con el Sr. Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Sr. Pablo Durán, quien en horas de la mañana había participado en la reunión de coordinación mantenida con el señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Dr. Pablo Nocetti, en la ciudad de San Carlos de Bariloche (RN), quien se comprometió a ordenar a personal de la policía de esa provincia a colaborar con la Fuerza, lo cual no se concretó pese a los reiterados llamados telefónicos realizados al Sr. Jefe de la Policía de Chubut y Segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel”.

El documento –que subraya parte del equipamiento con que Gendarmería intervino ese día y demuestra que no filmó todo el operativo- está firmado por el comandante general Claudio Osvaldo Domenechini y lleva el sello del Ministerio de Seguridad.

La hoja del informe que menciona que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, participó en reuniones de coordinación del operativo de Gendarmería.

Planificación y participación

El informe confirma lo que el integrante de la Regional Noroeste de Chubut de APDH, Julio Saquero, reveló en la conferencia de prensa junto a la familia: “El jefe de la agrupación 14 de Gendarmería informó en sumario que hubo una reunión el 31 de julio en Bariloche. Allí destaca la presencia de los jefes de escuadrones de Gendarmería, de Noceti (Pablo, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y la presencia del ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Destaco su importancia: dice que el ministro de Gobierno participó en esa instancia previa al operativo de Gendarmería. Hasta ahora nadie ha mencionado ese informe”.
El testimonio de Saquero es clave en la causa: su relato pormenorizado de los hechos del 1 de agosto abre la foja 1 del expediente penal que lleva adelante la fiscal Ávila. Su denuncia es del 2 de agosto a las 17:20 horas y, desde allí, subraya la responsabilidad de Noceti, de Bullrich y del Presidente Mauricio Macri en el operativo de Gendarmería.
-¿Qué significa esta información?
-Es una prueba evidente de que hubo una planificación y participación de Noceti el día previo, que se suma a todo lo que  hizo después: pasar por la ruta, haberse detenido en dos ocasiones (frente a la subcomisaría de Leleque, donde estaba demorada Soraya Maicoño y dos personas y que ante la pregunta de por qué estaban detenidas, el funcionario respondió: ´Si yo quiero las puedo tener seis horas más´) y eso lo muestran las fotos. Noceti estuvo el 31 planificando eso en concertación con los jefes de Gendarmería y Pablo Durán. ¿Por qué esta información no fue conducente a otros peritajes o indagatorias que no se hicieron sobre Gendarmería y se centró todo en culpabilizar a la familia y la comunidad mapuche?
A 36 días, el Estado aún no contestó esa pregunta.
El informe de Gendarmería que compromete a Noceti: