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Causa Maldonado: qué (no) hizo la fiscal y el informe que compromete a Noceti

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A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de 20 días de secreto de sumario, la familia del joven denuncia que la fiscal federal Silvina Ávila no los recibe. La abogada Verónica Heredia cuenta que aún están leyendo la causa: “Faltan resultados de muchas pruebas, pero no parece que hayan hecho nada”. lavaca accedió a un informe oficial de Gendarmería que compromete a Noceti: el ministro de Gobierno de Chubut Pablo Durán señaló al jefe de Gabinete de Patricia Bullrich como el funcionario que coordinó los operativos. Qué analiza Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte bonaerense, miembro de Naciones Unidas y uno de los expertos que colaboran con la familia para garantizar una investigación independiente: “Hay un zigzagueo judicial que va en contra del derecho  a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas”.
A 36 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y luego de que la fiscal federal Silvina Ávila levantara después de 20 días el secreto de sumario en la causa penal, la familia del joven de 28 años denunció a lavaca que la funcionaria estatal no los está recibiendo. “Sergio fue el lunes a la fiscalía, pero la fiscal no lo recibió porque dijo que era un violento”, contó a esta agencia Andrea Antico, cuñada de Santiago. En su carácter de víctima por ser el hermano de una persona desaparecida de manera forzada, Sergio le pidió a la fiscal que activara una investigación cuyas medidas habían demorado días cruciales y que sólo tendían a investigar una persona extraviada. La exigencia no llegó en cualquier momento: ocurrió el día en que la fiscal accedió al pedido de la familia en recaratular la causa como desaparición forzada de persona. Si bien Sergio se disculpó, ese hecho es la excusa que –dice la familia- utiliza hoy la fiscal para no recibirlos. “Tampoco recibió a nuestra abogada. Nos atendió por mesa de entradas a través de su secretaria. Es una falta de respeto porque tendría que estar preparada: nosotros somos las víctimas y no nos puede decir que no nos puede atender”.
La familia había anunciado en una conferencia de prensa en el Hotel Plaza de Esquel –en la que también participó el CELS, la Regional Noroeste de Chubut de la APDH y la Defensoría Federal de la ciudad- que iban a analizar cuáles habían sido las medidas ordenadas por la fiscal. “Faltan resultados de muchas pruebas”, dijo la abogada Verónica Heredia. “Estamos trabajando en analizar la causa que recién ayer pudimos tener acceso porque durante 20 días estuvo en secreto de sumario. En función de lo que se haya hecho -aunque entendemos que no se hizo nada- vamos a analizar. No nos llama la atención que no hayan avanzado: estamos denunciando a la Gendarmería como responsable de la desaparición forzada en democracia”.

Cómo garantizar una investigación independiente

La familia Maldonado había exigido al Estado que se iniciara “una investigación imparcial, seria, eficaz y pronta” que estableciera las circunstancias de la desaparición de Santiago y a los responsables materiales e intelectuales y determinara las responsabilidades penales, administrativas y políticas. Por esa razón se requirió la colaboración del defensor Mario Coriolano para que se conforme un equipo de investigación independiente a cargo del perito Alejandro Mejías Fonrouge. “A los pocos días que desapareció Santiago nos contactó la familia a través de la abogada para pedirnos alguna orientación: nosotros habíamos ayudado en la causa Iván Torres”, dice a lavaca Mario Coriolano, defensor ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, miembro de Naciones Unidas y uno de los colaboradores expertos de la familia. El caso al que se refiere es la desaparición forzada en 2003 de Iván Torres, en Comodoro Rivadavia (Chubut), que motivó en 2011 una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino. “Lo primero fue asegurar una investigación que sea independiente y creíble para que sea, a su vez, pronta y eficaz. Eso se planteó en la causa y nunca fue respondido. Después de que la familia decidiera hacer un comunicado con todos los pedidos y al tomar visibilidad, el Ministerio pidió tener una reunión con la familia”.
Los reclamos concretos:

  1. Reconocimiento público del gobierno de la desaparición forzada.
  2. Participación efectiva en la causa de un grupo de investigadores de Casación y apoyos económicos y materiales a la familia y sus colaboradores para desplazarse en la investigación.
  3. La intervención de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para la conformación de un grupo de expertos internacionales independientes que supervisen y colaboren con la investigación.

“Está pendiente el punto 1 y 3. En cuanto al punto 3, el mismo día se le dio instrucciones al secretario de Derechos Humanos (Claudio Avruj) para que con la Oficina del Alto Comisionado se ponga en marcha el grupo internacional. Se convocó al representante regional el 31 de agosto, se hizo una reunión con Garavano y demás autoridades. Estuvimos presentes con la abogada. A la tarde, se armó un borrador que se iba a firmar el viernes pero hubo problemas formales de Cancillería. Se pasó al lunes, luego al martes y hoy miércoles todavía no nos han hecho la devolución del texto ya acordado. Todo esto en el marco del levantamiento del secreto de sumario, la posibilidad de analizar lo que se hizo y lo que falta y la familia en paralelo con investigadores de confianza que ubicaron a uno de los testigos para que declarara a la Justicia, a la cual ellos no creen. Además, declararon otros testigos de contexto corroborando la presencia de Maldonado en el lugar. Con este conjunto se está rediseñando un plan de investigación y de búsqueda por parte de familia y colaboradores hoy”.
-¿Cómo evalúa usted la causa?
-Por un lado, veo que la familia inició la búsqueda y trató de profundizarla, pero lo cierto es que hay que diferenciar la búsqueda de la investigación. Tiene que haber una teoría del caso que no sabemos cuál es para la fiscal o el juez de lo que estamos viendo. En cambio, la familia tiene muy en claro, por información que le está llegando, que la principal y única teoría del caso es la desaparición forzada en manos de Gendarmería. Hay que orientar con mucha urgencia medidas investigativas que no se han hecho. Pero la clave está en lograr credibilidad y confianza en los órganos independientes que, a su vez, cuenten con habilidades y herramientas para actuar de un modo pronto y efectivo. Si no, la prueba faltante se va a desperdiciar o no ser útil.
¿Hay algún otro caso a nivel regional de la conformación de un grupo de expertos internacionales con participación del Alto Comisionado de Naciones Unidas?
-Hay antecedentes del Alto Comisionado, pero con una impronta diferente en Guatemala por cuestiones de impunidad. Después, lo más similar a esto es lo que conformó en el marco de una medida cautelar de la CIDH para México en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. En el país sería inédito hacerlo de esta manera si finalmente se concreta.
-En Argentina aún no hay un procedimiento o protocolo de actuación ante una desaparición forzada.
-Se iba a aprovechar la conformación de este grupo para que, además de la supervisión del caso y la ayuda de los actores judiciales de la querella, queden lineamientos para un protocolo faltante, que fue un poco lo que ocurrió en México. Una forma de cooperación y asistencia técnica de un organismo internacional que permita a Argentina mejorar la intervención del Poder Ejecutivo Nacional en el caso y de la Justicia, pero también cumpla con la sentencia del caso Iván Torres (la sentencia de la Corte IDH ordenaba la confección de un protocolo).
-A partir de su experiencia en el caso de Iván Torres, ¿cuáles son los elementos con los que debería contar este proceso para garantizar una investigación pronta y eficaz?
-Lo primero dividir, por un lado, la búsqueda, y por otro lado, la investigación en sí misma. En tercer lugar, la protección efectiva a la víctima que incluye a la familia, que también es víctima según la normativa internacional en casos de desaparición forzada. El problema central está en que este tercer eje, como núcleo central en una perspectiva de derechos humanos, lleva a que deban tener una participación activa en el diseño de la búsqueda y efectiva en la investigación. Acá hubo cosa muy extraña: en todo el secreto de sumario se tuvo alejada a las víctimas tanto de la búsqueda como de la investigación, y eso no entiendo por qué. Además, surgía que había muchos actores que tenían información de la causa: ¿cómo sabían? O estaban inventando o tenían acceso de una manera que con el secreto de sumario no es legalmente posible. Después estuvo el informe de la fiscal, muy extraño, que circuló por los medios donde ya prácticamente dice algo que choca con el mismo pedido que había hecho de recaratular la causa como desaparición forzada. Hubo un zigzagueo sumado a lo del secreto de sumario y otras cosas que cuenta la familia (el rechazo de la fiscal a reunirse con ellos), que va en contra del derecho  a la verdad y a la justicia que tienen las víctimas desde el que primer día en que empiezan a trabajar en la búsqueda e investigación.
¿Puede decirse que hay una práctica del Estado que se repite en estos casos ya sea por negligencia en algunos casos o complicidad en otros?
-Estoy moviéndome en tres planos: uno de ayudar a las víctimas, después está la cuestión social y el tercero es el análisis político al que apunta la pregunta. En eso, saber si es negligencia o intencional es la clave para un delito donde hay una privación ilegal de la libertad por parte de funcionarios que niegan después información sobre el paradero y mirado del marco del tipo delictivo y de la pluralidad de partícipes que puede haber a través de acciones y omisiones, habrá que evaluar luego en su conjunto quiénes tuvieron actitudes negligentes o cómplices. Para responderla seriamente va a haber que esperar un tiempo.

Noceti, en la mira

El Juzgado Federal recibió el 16 de agosto un informe de Gendarmería Nacional (redactado el 8) que aporta más pruebas en el rol de coordinación de los operativos del 31 de julio y 1 de agosto en la Patagonia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Noceti. A partir de los dichos de la propia ministra Patricia Bullrich, las fotos que ubicaron a Noceti en los horarios del violento operativo en el que desapareció Santiago Maldonado y el testimonio de Soraya Maicoño –revelado por lavaca– que vio al funcionario pasar dos veces por el lugar donde Gendarmería las demoró por horas para que no comunicaran lo que ocurría en la lof, cada día se suman más pruebas que posicionan a un funcionario de primera línea del Ministerio de Seguridad en el operativo donde se vio por última vez a Santiago Maldonado.
En dos entrevistas radiales, Noceti se ubicó en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en Esquel, con represión y posterior desaparición del joven de 28 años. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”. El CELS y la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, advirtieron a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “fragancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación, que se efectivizó en los violentos operativos, fue confirmada por el funcionario en una entrevista exclusiva a lavaca.
El Comandante Mayor Jefe de la Agrupación XIV de Chubut, Diego Conrado Héctor Balari, dijo el 2 de agosto en declaraciones al Canal 4 de Esquel que las fuerzas actuaron en los operativos del 31 de julio y 1 de agosto bajo “órdenes precisas y emanadas del Ministerio de Seguridad”. En la interpelación en la Legislatura de Chubut, el ministro de Gobierno, Pablo Durán, comprometió aún más la participación de Noceti: reconoció que el 31 se julio estuvo en Bariloche con su par de Río Negro, jefes de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura en una reunión encabezada por el propio Noceti.
El documento al que accedió lavaca refuerza esa afirmación. La nota AA7-5100/3284 informa que el jefe del operativo del 31 de julio (el despeje de la ruta 40) estaba al mando de Balari y nucleaba a personal de los Escuadrones 35 (El Bolsón) y 36 (Esquel) y del comando de la Agrupación XIV. Agrega que a partir del 1 de agosto, el comandante que quedó al mando del “personal apostado en la Ruta 40” fue Juan Pablo Escola, segundo del Escuadrón de Esquel. Escola fue quien declaró a Clarín que ingresaron a la comunidad a las 11:30 del 1 de agosto, reconoció que estuvieron 5 horas allí y negó que los efectivos hubieran bajado al río. Esto fue desmentido en la conferencia de la familia Maldonado por el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, quien afirmó que los propios videos de la fuerza la muestran en ese lugar.
El informe de Gendarmería –cuya carátula dice Resistencia Ancestral Mapuche, vinculando sin pruebas a la Pu Lof con esa tendencia- reconoce que también se solicitó apoyo de personal al Escuadrón 37 “José de San Martín” y del Destacamento Móvil 4 de General Acha, de La Pampa. Luego, en un apartado titulado Apoyo de otras fuerzas federales o provinciales, dice:

  • “El 31 de julio del corriente año a las 22:00 hs el Jefe del Operativo CTE MY D DIEGO CONRADO HECTOR BALARI, tomó contacto telefónico con el Sr. Ministro de Gobierno de la provincia de Chubut, Sr. Pablo Durán, quien en horas de la mañana había participado en la reunión de coordinación mantenida con el señor Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Dr. Pablo Nocetti, en la ciudad de San Carlos de Bariloche (RN), quien se comprometió a ordenar a personal de la policía de esa provincia a colaborar con la Fuerza, lo cual no se concretó pese a los reiterados llamados telefónicos realizados al Sr. Jefe de la Policía de Chubut y Segundo Jefe de la Unidad Regional de Esquel”.

El documento –que subraya parte del equipamiento con que Gendarmería intervino ese día y demuestra que no filmó todo el operativo- está firmado por el comandante general Claudio Osvaldo Domenechini y lleva el sello del Ministerio de Seguridad.

La hoja del informe que menciona que el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, participó en reuniones de coordinación del operativo de Gendarmería.

Planificación y participación

El informe confirma lo que el integrante de la Regional Noroeste de Chubut de APDH, Julio Saquero, reveló en la conferencia de prensa junto a la familia: “El jefe de la agrupación 14 de Gendarmería informó en sumario que hubo una reunión el 31 de julio en Bariloche. Allí destaca la presencia de los jefes de escuadrones de Gendarmería, de Noceti (Pablo, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad) y la presencia del ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán. Destaco su importancia: dice que el ministro de Gobierno participó en esa instancia previa al operativo de Gendarmería. Hasta ahora nadie ha mencionado ese informe”.
El testimonio de Saquero es clave en la causa: su relato pormenorizado de los hechos del 1 de agosto abre la foja 1 del expediente penal que lleva adelante la fiscal Ávila. Su denuncia es del 2 de agosto a las 17:20 horas y, desde allí, subraya la responsabilidad de Noceti, de Bullrich y del Presidente Mauricio Macri en el operativo de Gendarmería.
-¿Qué significa esta información?
-Es una prueba evidente de que hubo una planificación y participación de Noceti el día previo, que se suma a todo lo que  hizo después: pasar por la ruta, haberse detenido en dos ocasiones (frente a la subcomisaría de Leleque, donde estaba demorada Soraya Maicoño y dos personas y que ante la pregunta de por qué estaban detenidas, el funcionario respondió: ´Si yo quiero las puedo tener seis horas más´) y eso lo muestran las fotos. Noceti estuvo el 31 planificando eso en concertación con los jefes de Gendarmería y Pablo Durán. ¿Por qué esta información no fue conducente a otros peritajes o indagatorias que no se hicieron sobre Gendarmería y se centró todo en culpabilizar a la familia y la comunidad mapuche?
A 36 días, el Estado aún no contestó esa pregunta.
El informe de Gendarmería que compromete a Noceti:

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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