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Caso Monsalvez: una pericia clave a cinco años de su desaparición forzada

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César Monsalvez tenía 13 años cuando desapareció el 27 de mayo de 2013. Un cuerpo apareció dos meses después y la Justicia dijo que era del joven. Sin embargo, la familia se opuso al proceso porque no se cumplieron los protocolos de desaparición forzada. Ahora, por primera vez en cinco años, convocaron a la mamá de César a extraerse una muestra de ADN y así determinar la identidad de ese cuerpo. “Este era el primer paso que pedimos y que se tendría que haber hecho”, afirma la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia, a lavaca. Con ellas viajará Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en calidad de referente de derechos humanos para acompañar y visibilizar el caso y el oscuro contexto que rodea la desaparición de César: César era sobrino de Bruno, un testigo protegido asesinado tras declarar cómo la policía había violado a un joven en una comisaría de Trelew. Qué significa esta medida y la investigación completa de los casos encadenados.
César Monsalvez tenía 13 años cuando desapareció el 27 de mayo de 2013. Era sobrino de Bruno Monsalvez, un joven de 22 años y testigo protegido por declarar cómo efectivos policiales violaron a un adolescente en la seccional tercera de la Comisaría de Trelew, en enero de 2012: fue asesinado de tres puñaladas dos meses después.

Ese es el oscuro contexto que rodea la desaparición forzada de César, cuya causa tendrá un día crucial el próximo miércoles: la Justicia convocó por primera vez en cinco años a su mamá, Cintia, para la extracción de una muestra de ADN que pueda determinar, según establecen los protocolos de desaparición forzada de personas, la identidad del cuerpo encontrado en julio de 2013. “Este era el primer paso que se tendría que haber hecho, pero la Justicia siempre afirmó que el cuerpo era de César sin haber cumplido con los protocolos”, explica a lavaca la doctora Verónica Heredia, abogada de la familia, que viajará a Rawson junto a Cintia y Vanesa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, en calidad de referente en derechos humanos.

El caso

En julio de 2013, MU viajó a Chubut y publicó la investigación del caso. Para entender la desaparición forzada de César, hay que ubicar en qué contexto se encadenó:
* 18 de enero de 2012. Un adolescente de 16 años es ilegalmente detenido, torturado y vejado por ocho policías chubutenses en la Comisaría 3º de Trelew.
* Bruno Rodríguez Monsalvez, 22 años: es detenido en la misma comisaría y testigo de la vejación. Decidió denunciar la situación. Le tomaron una declaración anticipada en cámara Gesell. Para preservarlo de la policía, las autoridades provinciales lo consideraron testigo protegido. Fue asesinado de tres puñaladas el 26 de marzo de 2012.
* César, sobrino de Bruno, desapareció el 27 de mayo de 2013. Desde el primer momento, la familia, la abogada y la Cámara Penal plantearon que podría tratarse de una desaparición forzada cometida por la policía, encadenada a los otros casos. Pero el fiscal de turno Fabián Moyano planteó el caso como el de una persona extraviada, una averiguación de paradero. Así la investigación quedó está en manos de la propia policía. Verónica Heredia, abogada de la familia, aporta a lavaca un dato: “La desaparición de César ocurrió cuando estaba por empezar el juicio por el asesinato de Bruno”.

Cintia, la mamá de César, presentó un habeas corpus días después de su desaparición.
Heredia: “Después de que hacemos la denuncia, sin que nos den importancia, el 9 de julio el fiscal de la provincia llamó a Cintia para decirle que encontraron el cuerpo de César. Pedí que me dieran tiempo para llegar con un perito. No ocurrió. Ese día le entregaron un cuerpo con un certificado NN diciendo que era César”.
La familia presentó la denuncia por desaparición forzada de persona en el Juzgado Federal de Rawson. Fue rechazado en diversas instancias hasta que, en junio de 2014, la Cámara de Casación Penal confirmó la denuncia y especificó que debía ser encuadrado bajo esa tipificación por el contexto en el que se produjo. Heredia: “En el 2015 se hace la inhumación del cuerpo y se lo trae a la Morgue Judicial de la Corte Suprema. En 2016 se hizo la autopsia, pero como siempre afirmaron que el cuerpo era de César sin haber cumplido con los protocolos, no participamos en el proceso”.
Recién ahora, cinco años después, la Justicia convocó a la familia a extraerse una muestra de ADN y verificar de quién es el cuerpo que está en la morgue.

Cintia y el cartel escrito a mano buscando a César, 13 años


“Es la primera medida que tendrían que haber tomado y lo primero que pedimos en el expediente”, subraya Heredia. “Nunca se hizo el reconocimiento ni la identificación del cuerpo, algo básico en todas las convenciones en relación a las desapariciones forzadas. ¿Por qué ocurre esto? Porque, en primer lugar, las desapariciones son sucesivas y simultáneas: primero desaparece el cuerpo, luego su nombre y la posibilidad de que se ejerza cualquier tipo de derecho, y luego hacen desaparecer el crimen y sus responsabilidades. Admitir que había que hacer una identificación conforme a los protocolos de cómo tratar una desaparición forzada, con la identificación del cuerpo a través de una participación efectiva de la familia, significa que están ante un crimen que deben investigar de determinada manera. Ahora lo aceptaron”.
Cinco años después, tampoco hay imputados.
Otro dato del caso que grafica a la perfección la máquina que se pone en funcionamiento ante cada desaparición forzada es el momento en que la familia Monsalvez acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el accionar del Estado. En 2016, el Estado contestó solicitando el archivo de la causa por no haber agotado los recursos internos. En 2017, la CIDH corrió traslado para que la familia conteste el 8 de agosto. ¿Qué hizo la abogada Heredia? “Contesté con el caso Maldonado y la prueba de que no hay recursos para agotar”.
No hay metáfora.
El 12 de septiembre, luego de la extracción, la familia Monsalvez dará una conferencia d prensa a las 16 horas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), junto a la doctora Heredia y Vanesa Orieta. Luego, a las 18, se proyectará Antón Pirulero, el último documental del cineasta Patricio Escobar, que trata sobre desapariciones forzadas en democracia.
Compartimos la investigación del caso:

Confirmada la desaparición forzada de César Monsálvez, 13 años

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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