Nota
Policía cordobesa: el simple arte de matar
Comenzó hoy el juicio en Córdoba por el asesinato de Blas Correa (tenía 17 años) con 13 policías imputados. El caso se enmarca en un contexto de asesinatos, violencia de género, encubrimientos, violencia institucional, impunidad. Esas son algunas de las imágenes de una radiografía de la actualidad de la policía cordobesa. Hay 218 uniformados bajo investigación del Tribunal de Control Disciplinario. Los mecanismos de encubrimiento, que incluyen el rol judicial. Los policías involucrados en la investigación del femicidio de Cecilia Basaldúa. El “héroe” bombero que abusó de una mujer que terminó suicidándose. Y la pregunta de una madre sobre qué significa conmoverse, y cómo cambiar las cosas. Por Bernardina Rosini
En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que son investigados por el Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponde específicamente a efectivos de la policía provincial y, según el Tribunal, en la gran mayoría de los casos los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.
Esta intervención del Tribunal fue forzada por diversas crisis que se vienen manifestando en la institución. El caso que tomó mayor relevancia social, incluso fuera de la provincia, fue el asesinato de Blas Correa, un joven de 17 años víctima de gatillo fácil.
Blas, viajaba junto a varios amigos en un auto que recibió cuatro impactos de bala luego de eludir un control vehicular. Fue en agosto del 2020. Ese mismo año hubo 3 casos más:
- José Ávila, un vendedor ambulante de 35 años;
- Joaquín Paredes, de 15 años;
- Y la muerte de Isaías Luna, de 21. Este caso y el de Blas comparten el intento fallido por parte de los uniformados de plantarles un arma y manipular el escenario.
Hoy comenzó el juicio por el asesinato de Blas Correa, con 13 efectivos imputados. La madre de la víctima, Soledad, dijo a los periodistas: “Hoy estamos un poco más cerca de hacer justicia por Blas. Acá nadie va a ganar, yo ya lo perdí y en noviembre. Cuando termine el juicio, me vuelvo a casa sin mi hijo. Pero necesitamos que todos los responsables tengan una condena. No sólo lo mataron, sino que intentaron encubrir lo que pasó. Llevamos dos largos años de una lucha incansable, lograr justicia es necesario para sanar tanto dolor”.
Los métodos
Por el crimen de Blas se encuentran imputados como autores materiales dos efectivos, pero otros 11 agentes policiales están siendo juzgados por encubrimiento, falso testimonio y entorpecimiento de la investigación. En ese rubro, el encubrimiento, parece existir una suerte de protocolo policial para adulterar las escenas del crimen y no involucrar a quienes cometen los abusos. Se agregan técnicas como la de evitar determinadas declaraciones de testigos, o forzar declaraciones en un sentido que lleven a la impunidad del caso.
También en 2020, en abril, ocurrió otro episodio que pone el foco en la fuerza policial local: el femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. La muerte de la joven aún mantiene la incógnita del autor material, pero quedó al descubierto que, además de su asesinato, el crimen abarca a quienes participan del mecanismo que ampara y protege a quienes cometieron el hecho. La protección consagra la impunidad y se convierte en parte del crimen, ejercida por una o varias instituciones.
Cómo preparar perejiles
En Córdoba al entramado de impunidad llega también a las dependencias judiciales.
Un repaso: Cecilia de 35 años, oriunda de Buenos Aires, mochileando en Capilla del Monte, desaparece en abril del 2020; 20 días después de anunciada su desaparición, se encuentra el cuerpo a la vera del río. Inmediatamente la policía local anauncia haber detenido a un joven, Lucas Bustos, que confesó el crimen. Pero la familia Bustos denuncia que es inocente y que la policía lo golpeó y lo obligó a confesar algo que no había hecho. Sin más pruebas que el relato de los policías sobre esta confesión oída de labios de Lucas, la fiscal Kelm cerró la investigación, Lucas quedó detenido y se elevó a juicio. En julio fue absuelto, fallo que convalidó lo que planteaban tanto su familia como los Basaldúa: su rol fue el de “perejil”, con la intención de disipar la responsabilidad policial en el asesinato.
Tan sólo 6 semanas antes, en febrero de ese mismo año, Mariela Natalí, de 44 años, rosarina, desapareció en la misma localidad y su cuerpo fue encontrado 14 días después, también en la vera del río.
La fiscal Paula Kelm –la misma del caso Basaldúa– también esta vez cerró la investigación planteando que la causa de muerte fue “asfixia por sumersión”. Murió ahogada en un río de escasa profundidad, y para fortalecer esa línea de justificación, trascendió que Mariela padecía trastornos de bipolaridad. Caso cerrado.
El abuso sexual y el suicidio
La máxima autoridad a cargo de las búsquedas de Mariela y Cecilia era el Director Provincial de Protección Civil, Diego Concha (53 años). Venía ocupando ese cargo durante diez años, habiendo sido designado por José Manuel de la Sota en su tercer mandato y sostenido luego por Juan Schiaretti. Firme en su rol,Diego Concha supo coordinar acciones desde un principio con la cúpula de la policía provincial.
Bombero de formación, con 35 años de experiencia, Concha era considerado un héroe local, el mayor referente en manejo de incendios en una provincia que cuenta con casi 5.000 bomberas y bomberos voluntarios. Incluso el año pasado se presentó un proyecto en la Legislatura unicameral para que el cuartel que encabeza lleve su nombre.
Sin embargo hoy Diego Concha se encuentra en la cárcel de Bouwer. Sobre él pesan dos denuncias: en noviembre pasado su ex pareja denunció que el hombre gatilló un arma de fuego en su cabeza y amenazó con quemarle el auto. Al cuarto día de encontrarse detenido por esta denuncia, sumó una nueva imputación por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, por violencia de género y por el desempeño de sus funciones”.
Una joven bombera voluntaria, Luana Ludueña de 26 años, se animó a denunciar que el funcionario, con la promesa de facilitarle el ingreso al exclusivo Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), coordinó un encuentro en el cual abusó sexualmente de ella. Luana murió habiendo transcurrido sólo nueve semanas desde el ataque.
Tras dos intentos de suicido, en el tercero ya no logró salir de terapia intensiva. A Concha se lo acusa de «homicidio con abuso sexual con acceso carnal calificado”.
Sergio Ludueña, padre de Luana asegura que “no es solo Diego Concha. Hay muchos agentes del cuartel de Bomberos de Pilar que están involucrados con lo de mi hija y eso se sabe muy bien. A Luana la amenazaron repetidas veces después de la denuncia.”
Hay equipo
Cuando ocurrieron las desapariciones de Mariela y Cecilia, Diego Concha articulaba la “línea de rastrillaje” con el comisario Adrián Lúquez, de Capilla del Monte. Actualmente tampoco está en funciones porque fue desplazado: tiene 3 denuncias por violencia de género.
El responsable de la “línea de investigación” del crimen de Ceciia Basaldúa fue el jefe departamental de Punilla Norte, comisario inspector Diego Bracamonte. Hoy ha sido desplazado de sus funciones, tras la muerte de Jonathan Romo, víctima de otro caso de brutalidad policial. Jonathan, de 36 años, murió en una comisaría de La Falda el pasado mes de julio. En diciembre ya había sido golpeado brutalmente por parte de la policía, y hospitalizado por ello por la perforación de un riñón a causa de los golpes. Pero la fiscalía de Cosquín no dio curso a la denuncia radicada.
La fiscal de Cosquín es Paula Kelm.
Siguiendo con esta línea de funcionarios, aparece la situación del ex subcomisario Ariel Zárate, quien tenía a cargo la Brigada de Investigación Norte, y que actualmente se encuentra cumpliendo condena en prisión por amenaza calificada, dos hechos de abuso sexual con acceso, tres hechos de coacción reiterados y lesiones calificadas en privación de libertad en contexto de violencia de género hacia su ex pareja.
Éste era el equipo con el que la familia de Cecilia Basaldúa contaba para que se lleve a cabo la investigación del femicidio.
“Desde un principio supe que esta policía es altamente corrupta, y cobarde. Los manejos que hacen involucrando gente inocente no tienen comparación. En el crimen de Cecilia no tengo ninguna duda que ellos están involucrados”, explica a lavaca Daniel, el padre de Cecilia.
¿De qué sirve conmoverse?
Volviendo al asesinato de Blas Correa, uno de los autores materiales, el cabo Lucas Gómez llega al juicio habiendo sido condenado por encubrir, junto a otros tres uniformados, al violador serial Leandro Castañares, quien desde 2018 cumple una condena de 15 años de prisión por seis hechos de abuso sexual. A pesar de haber estado imputado y haber sido desplazado, Gómez volvió a la actividad y su responsabilidad en lo ocurrido esa noche de agosto de 2020 está siendo juzgada.
La madre de Blas señala: “El Gobierno cordobés sabe perfectamente la policía que tiene. El caso de Blas fue tan alevoso y tan visible que quedó muy al descubierto. Pero no fue el primero ni será el último. ¿De qué sirve conmoverse si no hacés nada? La gente me demostró que se puede hacer. Hace dos años que no me dejan sola. Aprendí del compromiso. La única manera de que algo cambie es entre todos”.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
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Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
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