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Comisión de Diputados en Esquel: «La hipótesis más fuerte que investiga el juez es la desaparición forzada»

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La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional sesionó en Esquel, a 72 días de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. También se reunieron con el juez Gustavo Lleral, quien les aseguró que la principal hipótesis en la investigación apunta a Gendarmería y que decidió que los abogados de la fuerza nacional ya no tengan vista de la causa. Una comitiva de la Comisión visitó en prisión al lonko  Facundo Jones Huala y también escuchó a las querellas y a representantes de las comunidades mapuche, en una reunión abierta a la comunidad. Las primeras conclusiones de las y los representantes de todos los bloques parlamentarios fueron expresadas en un comunicado consensuado, que resalta la necesidad de que «las instituciones del Estado construyan un vínculo de confianza” con la comunidad mapuche y que la paz se alcanzará “con una  resolución definitiva sobre el tema de las tierras”. Las impresiones que dejó este viaje en las y los legisladores y la comunidad Pu Lof en Resistencia.

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La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación con el juez Gustavo Lleral


“Le pregunté al juez si la hipótesis principal era la de desaparición forzada y dijo que sí: esa es la hipótesis que ellos están investigando”, dijo a lavaca la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Nación, Victoria Donda (Libres del Sur), tras la reunión de los representantes de todos los bloques parlamentarios  con el juez Gustavo Lleral, que instruye la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Precisó Donda: “La hipótesis del juez es que Santiago fue visto por última vez durante la represión de Gendarmería”.  La Comisión de DDHH sesionó en Esquel a 72 días de la desaparición forzada del joven de 28 años y recibió los testimonios de integrantes de la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, de la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, de organismos de derechos humanos y también de Noelia, una amiga de Santiago, quien advirtió: “Caerán gendarmes, pero no los verdaderos responsables”.
De esta sesión extraordinaria de la Comisión participaron además de su presidenta, Victoria Donde, los diputados Daniel Lipovetzky (Cambiemos), Facundo Moyano y Horacio Alonso (Frente Renovador), Juan Carlos Giordano y Nathalia González Seligra (FIT), Silvia Horne (Movimiento Evita) y Santiago Igon, Walter Santillán y Oscar Martínez (FpV). Algunxs diputadxs visitaron al lonko Facundo Jones Huala en la Unidad 14 de Esquel, preso desde el 27 de junio a la espera de un juicio de extradición a Chile, causa por la que fue juzgado el año pasado.
Las primeras conclusiones de este viaje fueron sintetizadas en un comunicado consensuado por todos los legisladores que participaron:
“Los miembros de la comisión de Derechos Humanos aquí presentes queremos expresar la necesidad de construir un vínculo de confianza entre las distintas expresiones del Estado y la comunidad mapuche. Es la única manera de lograr el esclarecimiento sobre las circunstancias que lamentablemente terminaron con la desaparición de Santiago Maldonado, así como lo que permitirá arribar prontamente a una solución de fondo. No obstante, la síntesis de ese encuentro es que la resolución definitiva sobre el tema de la tierra es lo que va a traer paz a los sectores hoy en conflicto, comunidades que se encuentran desde hace tiempo en evidente vulneración de sus derechos humanos más básicos.”
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La reunión con el juez Lleral


Sobre la visita Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Pu Lof en Resistencia, sintentizó en una entrevista realizada por Radio Kalewche: “La Comisión realizó dos hechos concretos y, en ese sentido, importantes. El primero, visitar en prisión al lonko Jones Huala, poniéndose al tanto de la persecución política hacia el pueblo mapuche en general y hacia él en particular. Nos pareció interesante e importante que lo hayan escuchado y hayan observado la situación. Y luego, en la reunión que se realizó después, también pudieron escuchar a todos los hermanos mapuche presentes, denunciando sus problemáticas, que para todos es la misma, y que plantearon la situación con claridad y con precisión. Duró casi tres horas, con gran cantidad de público. Ahora lo que esperamos es que no quede en la nada, sino seguir trabajando con compromiso. Creo que pudieron entender lo fundamental: a Santiago Maldonado lo desaparecieron en el contexto de un reclamo concreto, no sólo en cuanto al reclamo de la tierra, sino de la criminalización y judicialización de ese reclamo por nuestros derechos que el Estado incumple”.
Comisión de Diputados en Esquel: «La hipótesis más fuerte que investiga el juez es la desaparición forzada»
Victoria Donda (Libres del Sur): “El tipo penal de la desaparición forzada debe incluir a las y los funcionarios que por acción y omisión permiten que el delito se siga cometiendo”
¿Cuál es la importancia que la Comisión viajara y sesionara en Esquel?
Victoria Donda: Es importante haber tomado contacto con la comunidad. Los abogados defensores en la ciudad de Esquel tienen que ver que hay un respaldo político. Y, también, involucrarnos y esforzarnos para obtener una solución de fondo, que es la tenencia de la tierra. Eso también se está discutiendo: la desaparición de Santiago Maldonado y la detención de Facundo Jones Huala tienen que ver con la discusión sobre la propiedad de la tierra. Eso es lo que no resuelve el Estado: al dejar el problema latente, cada vez se va agravando más.
¿Cuál es el rol del Poder Legislativo, en tanto uno de los tres poderes del Estado, en el marco de una desaparición forzada en democracia?
Victoria Donda: Primero, evaluar si la legislación que tenemos hoy es acorde a las necesidades. La evidencia es que no. Hay que modificar el artículo N° 142 ter del Código Penal (el que tipifica la desaparición forzada de personas) para que el tipo penal incluya a los funcionarios que, por acción u omisión, permiten que se continúe cometiendo el delito de desaparición forzada. Eso fue lo que expuso en la sesión la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia. En segundo lugar, también, evaluar la importancia de contar con un protocolo de actuación para fijar cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante el Estado ante un caso de desaparición forzada. Como no lo tenemos, cada actor termina haciendo lo que quiere.
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La reunión donde escucharon a las querellas y a representantes de diferentes comunidades mapuche.


Daniel Lipovetzky (Cambiemos) : “Estamos aquí para darle apoyo al nuevo juez y mayor seguridad a los testigos”
La diputada Donda contó que efectivos de civil siguieron a su comitiva hasta un bar y les sacaronn fotos. Consultado al respecto, el diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetzky, dijo a lavaca: “Hay un clima de preocupación, y eso lo transmitieron las comunidades: desde hace mucho tiempo  hay cuestiones vinculadas a investigaciones e  inteligencia ilegal. Nos contaban que hay una causa donde están involucradas desde el año 2015 un agente de la AFI, dos miembros de la policía y dos fiscales. Es una causa que hay que seguir de cerca, porque es muy grave”.
¿Qué importancia tuvo para usted la sesión en Esquel?
Daniel Lipovetzky: Luego de la primera reunión que tuvimos después de la desaparición de Santiago, yo fui uno de los que dijo que me parecía importante reunirnos en Esquel para darle mayor seguridad a muchos testigos que tenían miedo de declarar. Pasó un tiempo y ahora estamos aquí para darle apoyo al nuevo juez: lamentablemente se perdieron muchos días valiosos con Otranto, que no estuvo a la altura de las circunstancias.
¿Qué evaluación hace de la reunión con el juez Lleral?
Daniel Lipovetzky: Muy medido con sus declaraciones porque no puede prejuzgar, por supuesto, pero sí dijo algunas cosas interesantes. Primero, le preguntamos cuál era el grado de apoyo que tenía de los diferentes poderes, sobre todo del Ejecutivo y las fuerzas de seguridad: dijo que absoluta. Nos dejó tranquilos con respecto a que los tres poderes están consustanciados con la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y, por supuesto, que va a profundizar las hipótesis. En base a lo que investigó cree que hay algunas hipótesis que tienen más fortalezas que otras, y sobre esas va a tomar medidas más fuertes.
¿Qué hipótesis tiene más fortaleza que otras?
Daniel Lipovetzky: No lo dijo, pero creo que son las que tienen que ver con las cosas que van surgiendo: una de las posibilidades es que sea una posible intervención de algún miembro de Gendarmería. Otra que va a investigar: va a pedirle información a Chile sobre si hay posibilidad de que Santiago esté allí. También adelantó que va  profundizar la búsqueda de Santiago en los lugares donde posiblemente haya desaparecido, que es en el lugar del corte y del río.
Usted ¿qué evaluación hace del caso?
Daniel Lipovetzky: Hay que investigar todas las hipótesis, incluida la más alta calificación que se le ha puesto a la causa, que es la de desaparición forzada. Por supuesto, en lo personal, no coincido con esa calificación porque no creo que el Estado tomara una decisión de encubrir ni participar en la desaparición. Pero más allá de eso, cuando la Justicia investiga, tiene que investigar hasta la hipótesis más grave, en este caso la desaparición forzada, para ir descartando cualquiera de ellas hasta llegar a la verdad. Desde ahí, me parece que está bien encaminado todo lo que se está haciendo hoy desde la Justicia.
Ante una hipótesis de desaparición forzada, sí hay una participación del Estado: la Gendarmería es una fuerza nacional y quienes participaron son agentes del Estado.
Daniel Lipovetzky: Sí, pero no es una participación institucional orgánica. Todo esto tiene que probarse de manera fáctica, pero lo que yo creo que se va a terminar acreditando, si se certifica la intervención Gendarmería, es la de un miembro que pudo haber cometido un hecho ilícito. Y por ese hecho ilícito tiene que ser juzgado y, si se comprueba, condenado. En Argentina se terminó la impunidad de todo tipo: de los uniformados, de los sindicalistas mafiosos y de los funcionarios corruptos. En ese marco, si hubo un miembro de Gendarmería que cometió un delito tiene que ser juzgado y condenado, pero eso no significa que haya habido una voluntad orgánica de participar en esta desaparición.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sí puntualizó en el accionar posterior del Estado, en particular sobre el Ministerio de Seguridad, y manifestó su alta preocupación. Un ejemplo: aseguró que el Ministerio introdujo falsas hipótesis dentro del expediente.
Daniel Lipovetzky: El Comité tiene que expresar su preocupación, es lógico. Por eso también como Comisión de Derechos Humanos estamos acá. Habrán hecho algunas consignaciones que le generan preocupación. No tengo tan claro que haya cuestiones en el expediente que hayan sido implantadas desde el Ministerio de Seguridad. De todas maneras, lo que luego hay que hacer es una evaluación, tanto jurídica y política, para ver qué pasó. Pero esa es una evaluación que hay que hacer una vez que se determine qué pasó con Santiago Maldonado.
La propia ministra de Seguridad ubicó a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, en el lugar de los hechos que culminaron con la desaparición de Maldonado. Él también lo reconoció en diversas entrevistas e incluso Gendarmería confirmó en documentos internos que estuvo coordinando las acciones en la Patagonia.
Daniel Lipovetzky: Él vino a una reunión vinculada con la seguridad regional en Bariloche, luego se trasladó a Esquel, pero no por el proceso de desalojo del 1 de agosto que hubo en el corte. Pareciera que ese argumento tiene sentido teniendo en cuenta que si bien era una orden dada por el juez, no parecía tan importante como para que el jefe de Gabinete de la ministra de Seguridad esté acá. De todas maneras, otro miembro de la Comisión le preguntó al juez sobre esto: dijo que lo va a investigar, no en esta causa, sino en la de desaparición forzada. Ahí es donde deberá determinarse si tuvo o no algún tipo de participación. Está bien que haya una hipótesis a investigar: la causa por desaparición forzada tendrá que seguir esta línea.
¿Qué evaluación hace del accionar de la ministra Bullrich?
Daniel Lipovetzky: Hoy le pregunté al juez sobre qué grado de apoyo tenía del Estado y dijo que tenía apoyo absoluto. Y en ese punto es una buena evaluación de lo que está haciendo la ministra hoy, apoyando la investigación judicial. Después – y esperemos que Santiago aparezca con vida y se sepa lo que pasó-, hay evaluaciones que tendrá que hacer el propio Presidente, no ahora sino con la investigación judicial resuelta. Por supuesto que pudo haber habido alguna declaración mejor que otra, pero en general uno tiene que evaluar lo que hizo: sumarios a los gendarmes y poner a disposición de la Justicia el Ministerio. Todo lo otro son evaluaciones políticas que tendrá que hacer el Presidente.
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La sesión de la Comisión en Esquel


Nathalia González (FIT): “Le preguntamos al juez por el rol de Noceti”
“Vinimos con muchas expectativas de poder hablar con las comunidades. Es difícil conocer la realidad que viven sin venir al territorio”, dijo a lavaca la diputada Nathalia González, del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT). “Por otro lado, la expectativa era también política: queríamos poder impactar en la región y poder generar un hecho político para conmover al Poder Judicial y al poder político. Eso significaba, también, darle fortaleza a la comunidad para avanzar en encontrar la verdad en la investigación de la desaparición de Maldonado y determinar la responsabilidad de los efectivos de Gendarmería, de los máximos responsables de esa fuerza y de los responsables políticos. Hablando con los vecinos aquí en Esquel la desaparición es una cuestión que a todos angustia, preocupa: han recibido la visita de innumerable cantidad de fuerzas. Es muy intimidatorio y, lo que notamos, es una situación de alerta permanente”.
La diputada González subrayó la dificultad que contó la Comisión para trasladarse a Esquel. “No contábamos con el aval institucional, pero vinimos. Fue gratificante: estuvimos con los organismos que desde el día 1 han denunciado toda la situación de represión y lo que ocurrió con Santiago. También hablaron decenas de referentes de las comunidades de las zonas: no sólo plantearon la urgencia por la aparición con vida de Santiago, sino también las denuncias por el hostigamiento brutal que sufren, incluso estos días. Hubo testimonios de referentes de la comunidad Vuelta del Río, a quienes les quemaron las viviendas después de denunciar el allanamiento del 18 de septiembre. Viven una situación de amedrentamiento y faltas de garantías permanente”.
¿Le comunicaron ese amedrentamiento al juez Lleral?
Nathalia González: Es una cuestión preocupante que le llevamos. Lamentablemente no nos dio respuesta. Preguntamos qué medidas iba a tomar para garantizar la integridad tanto de los testigos como de la familia de Santiago. El juez planteó que él mismo considera que no tiene todas las garantías, que no las puede dar y que está tratando de instruirse en la causa. Es un sabor amargo: no planteaba herramientas para que la comunidad se sienta protegida y poder seguir denunciando. Dijo que tendió un diálogo con la comunidad: él mismo dijo que tenía que hacer toda una serie de maniobras para llegar sin las fuerzas de seguridad, lo que habla de la militarización de la zona. También le preguntamos si tenía una línea de investigación alrededor del principal responsable del operativo donde desaparece Santiago, que es Noceti: se reservó a contestarme. Lo que sí hay que rescatar es que dio lugar a una demanda concreta de la familia: apartó a Gendarmería del acceso de la causa. El juez accedió a ese planteo.
¿Qué dijo sobre la hipótesis de desaparición forzada?
Nathalia González: Se lo preguntamos explícitamente: dijo que desde el día en que asumió la causa hasta el momento no tiene probatoria de otra hipótesis.
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Expone ante la Comisión Julio Saquero de la APDH. en la mesa, la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia.


Silvia Horne (Movimiento Evita): “El conflicto que subyace todo es el problema de la tierra de las comunidades originarias”.
“Pudimos oír los testimonios y el conflicto que subyace y atraviesa todo: el problema de la tierra de las comunidades originarias”, dijo a lavaca Silvia Horne, diputada por Río Negro del Movimiento Evita. “También pudimos reunirnos con el juez, a quien le transmitimos algunas de las preocupaciones que recogimos el día anterior, sobre todo la situación de temor que hay en la población por el nivel de militarización que tiene la zona. Nuestra preocupación era la presencia de Gendarmería en la investigación, pero aclaró que resolvió que no interviniera más ni tomara vista en el expediente. También hicimos hincapié en investigar las comunicaciones del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, y de la ministra Bullrich, ya que está absolutamente constatado la presencia de Noceti en el lugar, confirmada no sólo por él sino por el ministro de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, en su interpelación en la Legislatura”.
Horne dejó en claro que el juez Lleral debe actuar de “forma independiente”. Y agregó: “Nos confirmó que la hipótesis principal es que Santiago Maldonado fue visto con vida por última vez en el operativo que hizo Gendarmería en la zona”.
La diputada fue una de las que visitó al lonko Jones Huala en la Unidad 14. “Nos queda la preocupación de que no corresponde que esté sometido por segunda vez al mismo proceso. Tampoco creemos que corresponda la extradición”.
Horne resaltó que la Comisión estuvo “muy completa”, ya que contó con los bloques con representación en el Congreso. “Estamos muy conformes con haber ido. La comunidad de Esquel también esperaba una respuesta, un espacio donde poder expresarse. Es muy grave que a muchos años de recuperada la democracia hoy estemos viendo estos hechos con una persona desaparecida en un operativo de seguridad. Y ocultando el conflicto de tierras. Argentina tiene una deuda constitucional, ya que el Estado asumió el reconocimiento a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios, mientras que el Código Civil reconoce los títulos comunitarios”.
Comisión de Diputados en Esquel: «La hipótesis más fuerte que investiga el juez es la desaparición forzada»

La sesión de la Comisión de Derechos Humanos fue pública.


 

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Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

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Más allá de tu vereda.

Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse. 

No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.

El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.

El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto. 

En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.

Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.

Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”. 

Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.

Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”. 

Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.

Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.

Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.

Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.

Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.

«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».

Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración. 

Hay orgullo.

Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera. 

Jorgelina: “Hagamos más radios”.

Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.

Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:

“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.

Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental: 

“Más allá de tu vereda,

hay otra realidad,

atrás de tu puerta”.

Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva: 

“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle, 

allí seguiremos estando”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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