La situación en Lavalle, Corrientes, zona de tomateras. Muerte de niños, envenenamiento de niñas. Explosión de casos de cáncer reconocidos por el municipio. El uso masivo de pesticidas prohibidos, sin control. La  contaminación del agua. Informe de la Defensoría del Pueblo con las fotos y los datos de lo que ocurre y  la violación de las distancias de fumigación. La denuncia de una enfermera del Garrahan y las certezas sobre un modo de producción que sigue cobrándose víctimas en medio de la inacción oficial. El documento completo.

Por Anabel Pomar    

“La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas. (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes (ubicada a unos 200 kilómetros), ya que en los establecimientos más cercanos no cuentan con disponibilidad para tal asistencia”.

Así lo plantea un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación –desconocido  hasta ahora–al que tuvo acceso lavaca, tras la investigación del organismo en la localidad correntina de Lavalle a raíz de una denuncia por el envenenamiento y muerte de niños en los alrededores de las producciones hortícolas de la zona. Al mencionar a “las autoridades”, el texto se refiere principalmente a la intendenta Lucrecia Vásquez e integrantes del área de salud municipal con quien los integrantes del área de Medio Ambiente de la Defensoría  mantuvieron un encuentro en el que desde el municipio manifestaron esas intuiciones sobre el origen del “alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas”: 60 personas en una semana en atención oncológica, en un municipio de 3.000 habitantes, es muestra del estado de situación.

La recorrida de los funcionarios por Lavalle, ocurrida en noviembre de 2019 y registrada en el informe fechado el 26 de diciembre del mismo año, es descriptiva de la agresión que sufre la población, de la desidia con respecto al uso y efecto de los agrotóxicos y de las evidencias sobre lo que provocan en la población, entre otras cosas.

Agua, tomates y otras contaminaciones

El informe señala textualmente: “El 25 y 26 de noviembre del 2019 se realizó una recorrida en el Municipio de Lavalle, provincia de Corrientes. La misma tuvo por objetivo conocer las particularidades de la problemática de la contaminación del ambiente y el riesgo a la salud causados por la utilización de agroquímicos, y entablar una reunión con las autoridades municipales a fin de solicitar respuesta para los pedidos de informes adeudados y relevar sus posiciones e inquietudes en relación a la temática”.

Otros párrafos:

• “Se llevó a cabo también una reunión con la Intendenta municipal y funcionarios del área de salud (…) y se mostraron preocupados por la problemática. La incidencia de la exposición a agroquímicos en la salud de la población es intuida por las autoridades, que la vinculan al alto número de vecinos que padecen cáncer y malformaciones congénitas. (…) En relación a ello, se destaca que en sólo una semana, la Municipalidad ha debido costear los viáticos de aproximadamente unas 60 personas para que estas accedan a atención oncológica en la ciudad de Corrientes (ubicada a unos 200kms), ya que en los establecimientos más cercanos no cuentan con disponibilidad para tal asistencia. Relatan que han inaugurado en 2018 un Centro de Estimulación Temprana para niños y adolescentes con discapacidades, pero que la cantidad de personas que demandan atención ha superado la expectativa inicial, debiendo abrir nuevos turnos, lo que evidencia que el problema es más extendido de lo que se suponía”.
• “Otro tema que resulta importante es la potabilidad del agua. Lavalle cuenta con una extensa red de agua corriente proveniente de napas. (…) La intendenta informó que recientemente han realizado un nuevo pozo, de mayor profundidad, debido a que en los análisis realizados habían encontrado presencia de distintos contaminantes”.

La distancia antisocial

El informe continúa planteando:

• “Las plantaciones más grandes de tomates y pimientos pueden observarse desde el límite del casco urbano más concentrado, apenas cruzando la calle donde éste finaliza, y a menos de los 500 y 1000 mts señalados por la normativa que prohíbe la aplicación de distintos tipos de productos”.

• “También se verificó la existencia de campos sembrados con maíz y con arroz en las cercanías del pueblo y de las viviendas de la población (en este caso, no hay plantaciones de estos tipos dentro del casco urbanizado). Los métodos utilizados en la siembra de arroz se distinguen con claridad respecto de los de los otros cultivos mencionados, ya que se realiza por inundación y se fumiga por vía aérea”.

Las pruebas del delito

Las autoridades municipales reconocieron a los funcionarios de la Defensoría que se continúan utilizando pesticidas prohibidos:   

• “En relación a los productos utilizados, hicieron referencia a que ‘el que más se usa es Agromur, que es endosulfán’. Debe aclararse que Agromur es el nombre de una cooperativa que produce insumos para el agro, incluyendo entre ellos algunos productos agroquímicos. Aunque el endosulfán ha sido prohibido en 2011 por el Senasa, prohibición que admitió el uso de remanentes de stock hasta el año 2013, existen estudios que indican que este producto seguiría siendo utilizado en ciertos cultivos, ya que se han detectado elevadas concentraciones del mismo en futas y verduras adquiridas en comercios, llegando incluso a ser el plaguicida con mayor frecuencia de detección en uno de los análisis realizados”.

Bidones y  glifosato

• “Finalmente, se visitó el Centro de Acopio de envases de agroquímicos, inaugurado hace unos meses en el municipio de Lavalle, que recibe envases de toda la región. Se observó una acumulación de envases sin catalogar, con las tapas abiertas y  aparentemente con restos de lo que podrían ser sustancias químicas”.

• La mayor parte de los envases relevados correspondían a glifosato de la marca “Sumagro”’. El informe agrega que se detectaron (y fotografiaron)bidones deproductos como “Picloram Agros”, “Basagran 60”, “Nero Surcos”, “Pinar Surcos”, “Select”, “RebelEX”,“Optimizer”, “Kylian 24”, “Zenith”, “Clincher”, “Planet Xtra” y fertilizantes como  “Poly Feed” y “Van Iperen”, entre otros. Y pesticidas de etiqueta roja, sin identificar marca.

El lenguaje burocrático del informe no oculta la gravedad de lo que está ocurriendo, y revela muchas cosas más.

¿Qué hace la Defensoría?

Hasta donde se sabe, el informe no provocó ninguna respuesta o medida concreta ni desde el Ministerio de Salud, ni de la cartera agraria, que permita atender la grave situación socio ambiental.  

El caso revela a su vez la nula importancia que se le da a un organismo de supuesto control como la Defensoría, acéfalo desde 2009 y a cargo de subsecretarios (actualmente y desde 2015, Juan José Bockel). No hay grieta en tal sentido, ya que las tres gestiones nacionales de los últimos años (encabezadas por Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández)  y sus respectivos representantes legislativos mantuvieron a la Defensoría en un rol fantasmal, convirtiendo en una ilusión óptica  su misión así descripta constitucionalmente: “La defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”. 

La denuncia de una enfermera

La denuncia que originó la investigación de la Defensoría es de 2013 (seis años antes de ese informe). Fue realizada por la enfermera de cuidados paliativos del Hospital de Pediatría Garrahan,  Mercedes “Mechi” Méndez, a partir de la muerte en 2011 de Nicolás Arévalo (4 años),  el envenenamiento e intoxicación de su prima Celeste Estévez (5 años), y la muerte en 2012 de José “Kily” Rivero (4 años).

Nicolás falleció por “edema agudo de pulmón producido por intoxicación por plaguicida”. La autopsia concluyó que en su cuerpo había endosulfán. Celeste sobrevivió aunque estuvo tres meses internada en el Garrahan de Buenos Aires, y continúa en tratamiento de por vida por los graves daños hepáticos producidos por el plaguicida organoclorado alfaendosulfán. Todo este tema fue tapa de nuestra revista mensual MU, número 60 (noviembre de 2012): Qué culpa tiene el tomate  La nota completa: https://lavaca.org/notas/el-peor-veneno/

En el caso de Kily, un análisis de orina efectuado en su momento en el hospital de Goya descubrió un organofosforado en el cuerpo. Además, pericias posteriores detectaron el mismo compuesto en las hojas de las plantas de tomate del establecimiento hortícola y en el cuerpo de los chanchos muertos en la propiedad de la familia Rivero.

El 29 de abril de este año, Antonella, hermana de Kily, falleció de cáncer.( https://lavaca.org/notas/la-otra-pandemia-conmovedora-carta-de-una-enfermera-del-garrahan-ante-la-muerte-de-una-adolescente/)

En su denuncia de 2013 la enfermera solicitaba: “A los fines de preservar la salud y la vida de los afectados y del resto de la población expuesta a los agrotóxicos allí utilizados; se analice la posibilidad de ordenar la suspensión en lo inmediato de las fumigaciones en los establecimientos (tomateras) cercanos a sus viviendas y se ordene el traslado de las familias afectadas –a cargo del Municipio o del Organismo Público que correspondiere– a un lugar adecuado a los fines señalados, toda vez, que mientras las fumigaciones se sigan reiterando, el posible delito subsiste (ejecución continuada), con los peligros que los mismos entrañan”.

¿Qué pasó con esa denuncia? Recién el  24 de enero de 2018 (actuación  00019/18), cinco años después) la Defensoría realiza una serie de recomendaciones tanto para el Ministerio de Agricultura como el de Salud para que se releve la situación y se controlen las pulverizaciones entendiendo que Lavalle es un departamento con alto riesgo de contaminación.

Un año después, el 26 de diciembre de 2019 personal de la DPN elaboró el informe que aquí estamos revelando originado en esa denuncia de 2013 (Ref.: Actuaciones N° 2560/13, 1349/18, 1350/18 y 1351/18) que detalla el alarmante estado sanitario y  ambiental de Lavalle.  Kily, Nicolás, Antonella, Celeste, sus familiares, los pacientes oncológicos, los barrios sometidos a la contaminación perpetua, siguen esperando una respuesta.

El informe completoDescarga