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«Decir que hay un derecho del feto que pasa por encima del derecho de la madre no es verdad»

Publicada

hace 5 años

27/04/2018

La ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, responde a lavaca 5 preguntas clave para entender la legalización del aborto desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Cuáles son las confusiones legales de los expositores a favor del aborto clandestino y por qué la penalización viola derechos sexuales y reproductivos.

La ex decana de la Facultad de Derecho de la UBA, Mónica Pinto, fue de las primeras expositoras en el plenario de comisiones del día de ayer que sigue debatiendo la legalización del aborto.
Pinto estuvo, el mismo día, entres auditorios distintos: luego del Congreso, le tocó la Facultad de Derecho, donde es profesora titular de Derecho internacional público y Derechos Humanos y Garantías, donde participó de dos paneles sobre el tema, una para alumnos y otra para público en general.
El debate que se está dando en el Congreso Nacional pone el tema en la agenda de múltiples espacios: entre ellos, el del derecho es fundamental. Pinto caracteriza el hecho que está ocurriendo en el recinto como “una buena nueva», y agrega en diálogo con lavaca: “La otra buena nueva es que el debate se haya abierto a lo que yo llamo la ciudadanía. Nosotros estamos ahí porque somos ciudadanos, más allá de lo que cada uno haga”.
En la sexta reunión plenaria se sostuvo la dinámica de agrupar a los oradores bajo un eje. Las exposiciones fueron intercaladas, a favor y en contra. Ayer fue el turno de las abogadas.
Analiza Pinto: “El debate está permitiendo que se muestren muy genuinamente las posiciones y algunas asustan. Después están esos argumentos que están reñidos con el respeto de la personalidad del otro y de los derechos del otro, de pensar que porque yo me paro en una tribuna tengo derecho a decirle a todo el mundo lo que tiene que hacer. La mayoría de los que estamos a favor sostenemos que es una herramienta que el Congreso tiene que poner al servicio de la ciudadanía, las mujeres con convicciones religiosas muy fuertes seguramente no van a hacer uso de esta herramienta, pero hay muchas otras para las cuales esta herramienta les salva la vida. El Estado es laico, aunque le cueste, a Argentina ser un Estado laico le cuesta un montón. No queremos que nos digan de qué punto de vista religioso, de convicciones, hay que analizar esto. Tampoco es tolerable que venga un señor y diga qué es lo que una señora tiene que hacer. Basta”.
Durante su exposición dijo que el derecho internacional de derechos humanos no es obstáculo para lo que propone el proyecto. ¿Por qué?
Muchos de los que quieren mantener la penalización del aborto, que impiden que las mujeres tengamos aborto legal, seguro y gratuito, invocan falsamente los argumentos derivados de la Convención Americana de Derechos Humanos donde se dice que toda persona tiene derecho a la protección de su vida en general desde la concepción. Hacen de ese “en general” una cláusula absoluta: en el momento en que uno produce un acto sexual, a partir de ese momento, nada de lo que pasa en la panza puede volver atrás. La realidad es que no es así. La historia legislativa y las palabras de la Convención dicen otra cosa. Además de que la protección fue escrita así para que países que tenían supuestos de abortos no punibles como nosotros pudiéramos entrar. También se usa para decir que habría un derecho del feto y la realidad es que el feto no es persona en el sistema de Derechos Humanos, el cual habla de la vida del que salió del vientre materno, no hay persona por nacer en los tratados de Derechos Humanos. Esto no me lleva a pensar que uno puede abortar con ocho meses de embarazos. Pero decir que hay un derecho del feto que pasa por encima del derecho de la madre, como dijo el comité de la CEDAW es un estereotipo, no es verdad.
En esta misma línea planteó que el derecho a la vida es gradual
Es una fórmula que usa la Corte Interamericana en una sentencia que se llama Artavia Murillo contra Costa Rica. La Corte dice que la protección del derecho a la vida es gradual e incremental. Se va incrementando a medida del desarrollo de las personas.
¿Por qué expuso que la penalización viola derechos sexuales y reproductivos?
La convención de la CEDAW tiene dos artículos en los que establece el derecho de la mujer a poder establecer conjuntamente con el hombre la cantidad de embarazos y el espacio que existe entre cada uno de ellos. Además hay artículos que establecen el derecho a la privacidad de la mujer, la decisión sobre cómo ejercer sus derechos sexuales y reproductivos es una decisión que corresponde a cada una de las mujeres, a cada una de nosotras. Esto le cuesta a una sociedad que siempre le costó pensar que la mujer podía tener derecho a cierto ejercicio sexual.
Otro de los argumentos que usó es el de la «democracia»
Una democracia se caracteriza por la plenitud de los derechos de todos los ciudadanos, entonces mantener las relaciones patriarcales de subordinación es ser bastante antidemocrático.

Temas:aborto legal

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

Publicada

hace 2 días

03/02/2023

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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hace 3 días

02/02/2023

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo.

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.

Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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