Con 13.007 firmas, más del 3 por ciento de patrón electoral provincial, la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut presentó ante la Legislatura un proyecto superador de la actual Ley 5001, que ya prohibía la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro. La propuesta busca extender la prohibición a otros químicos y a la extracción de minerales nucleares. Es la primera vez en la historia de la provincia que se utiliza la Iniciativa Popular: un mecanismo de democracia semidirecta que obliga a los legisladores a tratar el proyecto dentro de los próximos 6 meses.

“No creo que los diputados rechacen una iniciativa de este tipo. Sería un suicidio político” argumenta desde Rawson Lucas Fossati, en diálogo con lavaca. “Chubut es una de las provincias de la Patagonia, junto a Tierra del Fuego, que no tiene megaminería. Y queremos seguir así”. En una ciudad de la provincia, Esquel, se produjo el primer plebiscito sobre el tema minero, en 2003, que mostró un 82% de la población en contra de este tipo de proyectos. La propuesta ya tomó estado parlamentario. Es el Proyecto de Ley Nº 075/14. 

Chernobyl y la Constitución

El proyecto busca mejorar los alcances de la ley 5001, que ya prohíbe en Chubut la minería a cielo abierto con uso de cianuro. La norma, que este martes entraría en estado parlamentario y tiene un plazo de seis meses para ser tratada en la Legislatura provincial, introduce la prohibición de otra docena de químicos (mercurio y ácido sulfúrico, entre otros), la extracción de minerales nucleares como el uranio y el torio (advierten la peligrosidad mediante los ejemplos de Chernobyl y Fukushima), y cualquier actividad metalífera comprendida en el inciso B del artículo 249 del Código de Minería (exploración, explotación, trituración, fundición, etc).
La argumentación del proyecto se apoya en un texto antiguo, la Constitución Nacional, que en su artículo 41 plantea que “todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.

Cómo se hizo

“Reunir las firmas fue producto del trabajo colectivo de un conjunto de asambleas de distintas ciudades y pueblos que constituyen la UAC de Chubut, No a la Mina de Esquel y todas las asambleas de los foros sociales, como también los pueblos originarios de la región de la meseta”, sostiene Lucas Fossati, integrante de las asambleas de Rawson.
Fossati explica que, a fines de 2012, las asambleas determinaron el deseo de trabajar en una ley que englobe la problemática de la megaminería en forma general a partir del trabajo colectivo. Consultaron especialistas, vecinos, vecinas, organizaciones ambientales y realizaron recopilaciones de datos e investigaciones. El resultado fue la convocatoria a la Iniciativa Popular, un mecanismo de democracia semidirecta contemplado por la Constitución provincial.
“Es muy significativo”, expresa Pablo Lada, de la UAC chubutense e integrante del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, en Trelew. “Venimos marcando un camino de hace 10 años con la práctica democrática como una forma de participación ciudadana. Venimos de conquistas interesantes, como el plebiscito que arrancó la gente de Esquel”.
Fossati es optimista respecto al tratamiento parlamentario del proyecto. “No creo que los diputados rechacen una iniciativa de este tipo. Sería un suicidio político, porque Chubut es una de las pocas provincias de la Patagonia, junto a Tierra del Fuego, que no tiene megaminería, y que ya tiene una ley que prohíbe el uso de cianuro”, dice.

¿Progreso minero?

Zulma Usqueda es ama de casa, estudia Comunicación Social, vive en Comodoro Rivadavia y forma parte del Foro Ambiental y Social de la Patagonia. “Acompañamos con más de 2 mil firmas”, dice orgullosa a lavaca. Conoce de cerca el tema de la megaminería: es hija de catamarqueños e investigó las consecuencias de proyecto Bajo la Alumbrera, el yacimiento de cobre y oro en la provincia que gobierna Lucía Corpacci. “Eran era muy graves”, cuenta. Logró impulsar, junto a buena parte del claustro docente, no docente y estudiantil, que la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco rechazara el dinero proveniente de esa minera.
Usqueda repasa la formación del Foro Ambiental Social y de otros núcleos de resistencia a lo largo de la región. “Había que trabajar en red, más fuerte. Por eso además se conformó la UAC chubutense”, resume. El caso de La Alumbrera no surge solamente del diálogo con Usqueda, sino que también queda explícito en los fundamentos al proyecto de ley. Allí subrayan que, luego de “padecer 13 años la explotación” de la minera, el proyecto sólo “generó menos de 100 puestos de trabajo insalubre para andalgalenses”; provocó “un sensible incremento en los casos de cáncer” y derribó las “promesas de falso progreso” para sumar el cóctel de “contaminación y destrucción de territorios, fuentes de agua y patrones de vida”.

Contaminación psíquica

El proyecto también cita como cuestionamiento a la actividad extractiva de la megaminería, los enormes volúmenes de agua utilizados para sustentar los emprendimientos. En algunos casos, destacan, equivalen a más de 86 millones de litros por día. “Pero quieren utilizarlo en regiones donde el agua escasea”, afirma la iniciativa. “Por ejemplo, en la planta chilena Chuquicamata y La Escondida, pretenden trasladar agua de Salta hacia ese sector chileno, seco, estéril”.
Los casos citados no son al azar. El proyecto sostiene que los emprendimientos de las corporaciones mineras generan, también, una “contaminación psíquica y social” en los pueblos. A eso se suma el principal argumento de las transnacionales, que también adoptan los estados: la actividad minera es la supuesta tabla de salvación de las economías regionales.
“Hoy Chubut funciona sin megaminería”, afirma Fossati. “Acá tenemos una amplia producción de pesca, agricultura, ganadería, fruticultura, una gran capacidad acuífera, con proyectos productivos que no dañan el ambiente. Y hasta energía éolica. Es decir, hay suficientes recursos y capacidad. Lo que ocurre es que estos negociados generan una gran ganancia para las multinacionales a bajo costo”.
En ese sentido, Zulma Usqueda subraya la importancia de salir a la calle para discutir la iniciativa. “El negocio está en el petróleo y en la minería. Ningún gobierno fomentó otro tipo de economías, y no hay voluntad de hacerlo. Los que lo tienen que llevar adelante son los pueblos”.

Vecinos vs vecinos

La iniciativa cita puntos clave de la Ley General de Ambiente, como el principio preventivo (tratarán de prevenirse las causas y fuentes de problemas ambientales) y el principio precautorio (la ausencia de información científica no deberá usarse como razón para postergar una decisión sobre estos emprendimientos cuando haya peligro de daño grave o irreversible).
Analía Ferreira, asambleísta de Puerto Madryn, destaca la participación de los pueblos originarios en el respaldo de la ley. “Si no fuera por ellos y por la movida de Esquel, capaz no estaríamos acá”, afirma. Y cuenta una anécdota: “Vino el intendente de Paso de los Indios, con pobladores, a decir que nuestro proyecto era mentiroso y que en la meseta querían la megaminería. Estábamos desorientados. Pero, en medio de una reunión, nos llega un mensaje sobre una marcha por el No a la Mina en ese pueblo. Así que llamamos y nos apoyaron”.
Ferreira valora la gran participación popular y la importancia de hablar cara a cara con las personas para explicarles las consecuencias del extractivismo. Usqueda remarca que también hay vecinos y vecinas que no estaban de acuerdo. “Acá hay mucho miedo”, dice. “Hay miedo a perder el trabajo si uno dice lo que piensa”.
Por ese motivo, Fossati apunta que los proyectos mineros no afectan solamente a los territorios. “Hay empresas internacionales que están plantando bandera. Nosotros tenemos derecho a nuestra autodeterminación, pero están usurpando, metiéndose en las oficinas, en nuestras instituciones, en nuestras familias”, explica. “Están dividiendo y enfrentando vecinos contra vecinos. Ese es otro aspecto de contaminación: la infiltración de una ideología que busca dividir a la sociedad”.

Antecedentes

El proyecto de ley, en sus fundamentos, cita otras legislaciones que han prohibido el uso de cianuro en sus actividades mineras:

• Montana (Estados Unidos): en 1998, una iniciativa de los ciudadanos prohibió el uso de cianuro en minas de oro y plata a cielo abierto.
• Colorado (Estados Unidos): cinco condados han prohibido el uso del cianuro en operaciones mineras.
• Turquía: en 1997, el Consejo de Estado de Turquía decidió no permitir la producción de oro a través del proceso de lixiviación de cianuro (Decisión 1997/2311).
• República Checa: desde 2000 a 2002, el Senado checo y su parlamento dictaron regulaciones que prohibieron la producción de oro mediante el proceso de lixiviación de cianuro (Ley Minera de 1991, artículo 30).
• Alemania: en 2002, se dictó un decreto prohibiendo la minería que utiliza cianuro.
• Costa Rica: en 2002 dictó una moratoria con relación a minas a cielo abierto que utilizan cianuro.
• El proyecto, además, también cita cuáles son las provincias argentinas que prohibieron esta práctica,
• Chubut (Ley 5001 del 08/05/2003);
• Río Negro (Ley 3981 del 21/07/2005) (A fines de 2012, sin consulta previa, el gobierno provincial buscó dejarla sin efecto, lo que motivó una intensa movilización social y una represión en la que intervinieron patotas de la UOCRA. “En medio de esa lucha empezamos a diagramar este proyecto”, dice Pablo Lada.).
• Tucumán (Ley 7879 del 20/04/2007);
• Mendoza (Ley 7722 del 20/06/2007);
• La Pampa (Ley 2349 del 16/08/2007);
• Córdoba (Ley 9526 del 24/09/2008);
• San Luis (Ley 634 del 1/10/2008).
• Tierra del Fuego promulgó la ley Nº 853 que prohíbe la mega minería o minería a cielo abierto

Ni una firma rechazada

Pablo Lada subraya que la iniciativa fue un trabajo coordinado en distintas ciudades. A eso suma el esfuerzo de cada una de las organizaciones sociales, sindicales y asambleas para reunir, contrar las firmas, chequearlas. “Hubo un trabajo muy riguroso. Cuando llegó al Tribunal Electoral Provincial, no hubo ni una rechazada”, señala.
“Creemos que tenemos posibilidades”, se ilusiona Fossati. “La expectativa es grande. Obviamente, hay muchos intereses en juego, y también están las complicidades, la corrupción y las disputas de poderes. Pero acá va a haber un grado de enfrentamiento contra toda la población si esto se rechaza. El pueblo va a salir a la calle. La situación es diferente a lo que ocurre en otras provincias. La población ya decidió”.