La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió al Estado argentino las denuncias que vecinas y vecinos del Barrio Química, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), realizaron en 2018 por la contaminación ambiental de la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos del país. El organismo fijó un plazo de tres meses para que las autoridades nacionales realicen sus observaciones sobre el caso. A través de un censo casero, la comunidad relevó 200 muertes en las seis manzanas del vecindario. El caso de Lina, la niña de seis años que murió por cáncer de pulmón y abdomen. Y la crónica de MU que fue presentada como prueba ante la CIDH.

Luego de relevar 200 muertes en tan sólo seis manzanas del vecindario, y dos años después de presentar una denuncia tras la inercia de los tribunales federales y bonaereneses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación ambiental contra la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina, presentada por vecinas y vecinos del Barrio Química, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA).

“La medida significa que la CIDH, después de hacer una primera evaluación, y donde ve que hay verosimilitud en las pruebas objetivas que presentamos en la denuncia, pide al Estado que haga sus observaciones, ejerza su defensa y tome una decisión, hasta la posibilidad de reconocer que hay una violación de derechos humanos”, explica a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y de un grupo de vecinos.

“Numerosos habitantes de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, puntualmente los vecinos del barrio Química, son severamente afectados en sus vidas e integridad física por la contaminación ambiental que genera la empresa Atanor SCA, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, que en pleno radio urbano elabora productos químicos para la agroindustria: plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros productos de síntesis química de alta toxicidad”, apuntaron los vecinos en la denuncia, difundida por lavaca en 2018, ya que pese a las numerosas demandas contra la empresa, el Estado “no garantiza el acceso a la justicia dado que ninguna acción judicial contra esta empresa de agrotóxicos tuvo resolución definitiva y eficaz en más de cuatro años de trámite”.

Los cuatro años de trámite, en realidad, deben leerse como cuatro años en los que la contaminación avanza por las calles de un barrio, que tuvo que organizarse para realizar para relevar más de 200 muertes en solo seis manzanas, además de problemas respiratorios y enfermadades ligadas al envenenamiento.

Contaminación por 1000

En marzo del año pasado, y en una nota dirigida al entonces canciller Jorge Faurie, la CIDH había solicitado al Estado argentino una serie de informes a contestar en un plazo de 15 días por el pedido de una medida cautelar presentada por este grupo de vecinos.

La CIDH requería:

1. Las observaciones del Estado acerca de la presente solicitud de medidas cautelares.
2. Si en Atanor y en las zonas residenciales aledañas “habría detectado rastros de agentes químicos contaminantes o peligrosos para la salud humana”. Además, de ser posible, pidió copias de estudios o valoraciones médicas y ambientales recientes.
3. “De ser el caso, si se contaría con un plan de prevención, mitigación o intervención para proteger la salud de las personas supuestamente afectada”.

El abogado Maggi explica que los 15 días se transformaron en “varios meses” de demora: “Primero, hay que tener en cuenta que estábamos bajo otra administración de gobierno. Segundo, contestaron falsedades de todo tipo: decían que había un proceso en curso, que hicieron estudios y no hay contaminación, que la empresa tiene los certificados de aptitud ambiental. Un relato ficticio para generar una apariencia de legalidad, pero los jueces y profesionales tenemos que indagar un poco para ver si eso es real. La Comisión recibió ese relato y no tomó ninguna decisión sobre la cautelar”.

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.

En noviembre de 2016 se produjo un incendio en esa planta, que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.

Por si fuera poco, la petición ante la CIDH detalla que un estudio del Centro de Investigaciones Medio Ambientales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.

Maggi: “La fábrica no sólo sigue funcionando, sino que su dinámica política y empresarial siempre es redoblar la apuesta. El año pasado, la planta inauguró un nuevo sector de formulación de atrazina sólida, un herbicida prohibido en muchos países (en la Unión Europea está prohibido desde 2003). Se la denuncia por contaminación, y lejos de emprender un plan estratégico, inauguran una nueva planta dentro del predio industrial, que por disposiciones municipales no podía ser objeto de ampliaciones”.

Soluciones y paradigmas

Maggi apunta que los procesos burocráticos de la justicia internacional deben analizarse según las “tendencias” de los tribunales y los Estados, las dos partes dentro del proceso. “Las organizaciones no somos parte, sólo nutrimos a la Comisión de información para que la causa siga su camino hasta la Corte IDH. Hay un fallo, en febrero último, sobre el caso Spoltore, donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reconoció, en nombre del Estado argentino, que se había violado la garantía del plazo razonable del proceso. Fue un caso de un trabajador de la empresa Cacique, que acusó al empleador por una enfermedad ligada a su trabajo, y que estuvo más de 20 años litigando. El trabajador falleció, sin haber llegado a una resolución válida dento del sistema judicial argentino, pero su familia continuó el proceso. El reconocimiento de la Secretaría nos genera una expectativa más: acá no solo denunciamos la violación al derecho de un ambiente sano, sino también a la resolución razonable de las causas judiciales”.

En 2014, los vecinos presentaron un amparo en la justicia provincial: por allí ya pasaron seis jueces. Sin embargo, en medio del trámite judicial, los vecinos se seguían enfermando: en julio de 2016, Lina Vallejos murió de cáncer de pulmón y abdomen. Tenía seis años. Unos días después murió Eduarda Vallejos, su vecina: misma enfermedad. Ambas vivían al frente de la planta.

Todo está documentado en la denuncia. “Presentamos testimonios, documentación oficial, expedientes, análisis de laboratorios de gente con agrotóxico en sangre, listado de las personas fallecidas en domicilios uno al lado de otro, información científica”.

Ahora la CIDH le fijó al Estado un plazo de tres meses, posible de ser prorrogado hasta un máximo de cuatro, advirtiendo la imposibilidad de estirar un mayor tiempo. “Es una innovación porque ha ocurrido, como práctica negativa, que los juicios duran plazos muy largos, y se da entonces la paradoja de que la Corte está violando el plazo razonable mientras condena al Estado por violación de plazos razonables”.

En la carta enviada a los peticionarios, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta del organismo, Marisol Blanchard, la Comisión detalla que podrá ponerse a disposición entre los denunciantes y el Estado en vías de llegar a una posible “solución amistosa” fundada en los pactos internacionales de derechos humanos.

Maggi: “Es prácticamente imposible porque no creo que el Estado reconozca que esa industria no promueve un desarrollo sostenible ni que vulnera la garantía a un ambiente sano. Pero sí guardo expectativa en que reconozca que hay una violación a la garantía de plazo razonable. Nuestro primer paso sería que, al menos, se reconozca que se violó el derecho humano a una resolución judicial apropiada”.

Otro de los pedidos de las organizaciones en San Nicolás es que el Estado realice un estudio epidemiológico para brindar alguna respuesta clara a los vecinos y vecinas. “El barrio ya no puede más, es gente que viene de años y años de aplastamiento. Hay un grupo que siempre llama, pregunta y mantiene la expectativa. Otros ya lo dan por perdido. Nosotros no lo damos por perdido de ninguna manera. Creemos que lleva tiempo, pero poco a poco vamos logrando pasos que son significativos. Creemos que va a llegar el momento en el que, al menos, se va a advertir que es una empresa que no puede estar ahí, radicada en un sitio con contacto con la población y donde los desechos desembocan en el río. Todo esto sin discutir el verdadero problema de fondo, que siempre lo marcamos en cada denuncia: el paradigma de producción agrícola”.

Compartimos la crónica de MU que reflejó las denuncias del barrio, con testimonios de vecinos y vecinas, de ex trabajadores de Atanor que confirman la contaminación desde adentro, y de la familia de Lina, la niña de seis años. Ese artículo fue enviado como prueba, entre otros, a los expertos de la CIDH.