Nota
Derechos Humanos y agrotóxicos: la CIDH avanza en la causa contra el Estado por la contaminación de Atanor en San Nicolás
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) remitió al Estado argentino las denuncias que vecinas y vecinos del Barrio Química, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA), realizaron en 2018 por la contaminación ambiental de la fábrica Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos del país. El organismo fijó un plazo de tres meses para que las autoridades nacionales realicen sus observaciones sobre el caso. A través de un censo casero, la comunidad relevó 200 muertes en las seis manzanas del vecindario. El caso de Lina, la niña de seis años que murió por cáncer de pulmón y abdomen. Y la crónica de MU que fue presentada como prueba ante la CIDH.
Luego de relevar 200 muertes en tan sólo seis manzanas del vecindario, y dos años después de presentar una denuncia tras la inercia de los tribunales federales y bonaereneses, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación ambiental contra la empresa Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina, presentada por vecinas y vecinos del Barrio Química, junto al Foro Ambiental de San Nicolás (FOMEA).
“La medida significa que la CIDH, después de hacer una primera evaluación, y donde ve que hay verosimilitud en las pruebas objetivas que presentamos en la denuncia, pide al Estado que haga sus observaciones, ejerza su defensa y tome una decisión, hasta la posibilidad de reconocer que hay una violación de derechos humanos”, explica a lavaca Fabián Maggi, abogado de FOMEA y de un grupo de vecinos.
“Numerosos habitantes de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, puntualmente los vecinos del barrio Química, son severamente afectados en sus vidas e integridad física por la contaminación ambiental que genera la empresa Atanor SCA, perteneciente a la multinacional Albaugh LLC, que en pleno radio urbano elabora productos químicos para la agroindustria: plaguicidas, herbicidas, insecticidas y otros productos de síntesis química de alta toxicidad”, apuntaron los vecinos en la denuncia, difundida por lavaca en 2018, ya que pese a las numerosas demandas contra la empresa, el Estado “no garantiza el acceso a la justicia dado que ninguna acción judicial contra esta empresa de agrotóxicos tuvo resolución definitiva y eficaz en más de cuatro años de trámite”.
Los cuatro años de trámite, en realidad, deben leerse como cuatro años en los que la contaminación avanza por las calles de un barrio, que tuvo que organizarse para realizar para relevar más de 200 muertes en solo seis manzanas, además de problemas respiratorios y enfermadades ligadas al envenenamiento.
Contaminación por 1000

En marzo del año pasado, y en una nota dirigida al entonces canciller Jorge Faurie, la CIDH había solicitado al Estado argentino una serie de informes a contestar en un plazo de 15 días por el pedido de una medida cautelar presentada por este grupo de vecinos.
La CIDH requería:
- Las observaciones del Estado acerca de la presente solicitud de medidas cautelares.
- Si en Atanor y en las zonas residenciales aledañas “habría detectado rastros de agentes químicos contaminantes o peligrosos para la salud humana”. Además, de ser posible, pidió copias de estudios o valoraciones médicas y ambientales recientes.
- “De ser el caso, si se contaría con un plan de prevención, mitigación o intervención para proteger la salud de las personas supuestamente afectada”.
El abogado Maggi explica que los 15 días se transformaron en “varios meses” de demora: “Primero, hay que tener en cuenta que estábamos bajo otra administración de gobierno. Segundo, contestaron falsedades de todo tipo: decían que había un proceso en curso, que hicieron estudios y no hay contaminación, que la empresa tiene los certificados de aptitud ambiental. Un relato ficticio para generar una apariencia de legalidad, pero los jueces y profesionales tenemos que indagar un poco para ver si eso es real. La Comisión recibió ese relato y no tomó ninguna decisión sobre la cautelar”.

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos.
En noviembre de 2016 se produjo un incendio en esa planta, que dos meses atrás había sido clausurada por orden del juez Facundo Puente al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.
Por si fuera poco, la petición ante la CIDH detalla que un estudio del Centro de Investigaciones Medio Ambientales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.
Maggi: “La fábrica no sólo sigue funcionando, sino que su dinámica política y empresarial siempre es redoblar la apuesta. El año pasado, la planta inauguró un nuevo sector de formulación de atrazina sólida, un herbicida prohibido en muchos países (en la Unión Europea está prohibido desde 2003). Se la denuncia por contaminación, y lejos de emprender un plan estratégico, inauguran una nueva planta dentro del predio industrial, que por disposiciones municipales no podía ser objeto de ampliaciones”.
Soluciones y paradigmas
Maggi apunta que los procesos burocráticos de la justicia internacional deben analizarse según las “tendencias” de los tribunales y los Estados, las dos partes dentro del proceso. “Las organizaciones no somos parte, sólo nutrimos a la Comisión de información para que la causa siga su camino hasta la Corte IDH. Hay un fallo, en febrero último, sobre el caso Spoltore, donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación reconoció, en nombre del Estado argentino, que se había violado la garantía del plazo razonable del proceso. Fue un caso de un trabajador de la empresa Cacique, que acusó al empleador por una enfermedad ligada a su trabajo, y que estuvo más de 20 años litigando. El trabajador falleció, sin haber llegado a una resolución válida dento del sistema judicial argentino, pero su familia continuó el proceso. El reconocimiento de la Secretaría nos genera una expectativa más: acá no solo denunciamos la violación al derecho de un ambiente sano, sino también a la resolución razonable de las causas judiciales”.
En 2014, los vecinos presentaron un amparo en la justicia provincial: por allí ya pasaron seis jueces. Sin embargo, en medio del trámite judicial, los vecinos se seguían enfermando: en julio de 2016, Lina Vallejos murió de cáncer de pulmón y abdomen. Tenía seis años. Unos días después murió Eduarda Vallejos, su vecina: misma enfermedad. Ambas vivían al frente de la planta.
Todo está documentado en la denuncia. “Presentamos testimonios, documentación oficial, expedientes, análisis de laboratorios de gente con agrotóxico en sangre, listado de las personas fallecidas en domicilios uno al lado de otro, información científica”.
Ahora la CIDH le fijó al Estado un plazo de tres meses, posible de ser prorrogado hasta un máximo de cuatro, advirtiendo la imposibilidad de estirar un mayor tiempo. “Es una innovación porque ha ocurrido, como práctica negativa, que los juicios duran plazos muy largos, y se da entonces la paradoja de que la Corte está violando el plazo razonable mientras condena al Estado por violación de plazos razonables”.
En la carta enviada a los peticionarios, firmada por la secretaria ejecutiva adjunta del organismo, Marisol Blanchard, la Comisión detalla que podrá ponerse a disposición entre los denunciantes y el Estado en vías de llegar a una posible “solución amistosa” fundada en los pactos internacionales de derechos humanos.
Maggi: “Es prácticamente imposible porque no creo que el Estado reconozca que esa industria no promueve un desarrollo sostenible ni que vulnera la garantía a un ambiente sano. Pero sí guardo expectativa en que reconozca que hay una violación a la garantía de plazo razonable. Nuestro primer paso sería que, al menos, se reconozca que se violó el derecho humano a una resolución judicial apropiada”.
Otro de los pedidos de las organizaciones en San Nicolás es que el Estado realice un estudio epidemiológico para brindar alguna respuesta clara a los vecinos y vecinas. “El barrio ya no puede más, es gente que viene de años y años de aplastamiento. Hay un grupo que siempre llama, pregunta y mantiene la expectativa. Otros ya lo dan por perdido. Nosotros no lo damos por perdido de ninguna manera. Creemos que lleva tiempo, pero poco a poco vamos logrando pasos que son significativos. Creemos que va a llegar el momento en el que, al menos, se va a advertir que es una empresa que no puede estar ahí, radicada en un sitio con contacto con la población y donde los desechos desembocan en el río. Todo esto sin discutir el verdadero problema de fondo, que siempre lo marcamos en cada denuncia: el paradigma de producción agrícola”.
Compartimos la crónica de MU que reflejó las denuncias del barrio, con testimonios de vecinos y vecinas, de ex trabajadores de Atanor que confirman la contaminación desde adentro, y de la familia de Lina, la niña de seis años. Ese artículo fue enviado como prueba, entre otros, a los expertos de la CIDH.
Nota
Orgullo

Texto de Claudia Acuña. Fotos de Juan Valeiro.
Es cortita y tiene el pelo petiso, al ras en la sien. La bandera se la anudó al cuello, le cubre la espalda y le sobra como para ir barriendo la vereda, salvo cuando el viento la agita. Se bajó del tren Sarmiento, ahí en Once. Viene desde Moreno, sola. Un hombre le grita algo y eso provoca que me ponga a caminar a su lado. Vamos juntas, le digo, pero se tiene que sacar los auriculares de las orejas para escucharme. Entiendo entonces que la cumbia fue lo que la protegió en todo el trayecto, que no fue fácil. Hace once años que trabaja en una fábrica de zapatillas. Este mes le suspendieron un día de producción, así que ahora es de lunes a jueves, de 6 de la mañana a cuatro de la tarde. Tiene suerte, dirá, de mantener ese empleo porque en su barrio todos cartonean y hasta la basura sufre la pobreza. Por suerte, también, juega al fútbol y eso le da la fuerza de encarar cada semana con torneos, encuentros y desafíos. Ella es buena jugando y buena organizando, así que se mantiene activa. La pelota la salvó de la tristeza, dirá, y con esa palabra define todo lo que la rodea en el cotidiano: chicos sin futuro, mujeres violentadas, persianas cerradas, madres agotadas, hombres quebrados. Ella, que se define lesbiana, tuvo un amor del cual abrazarse cuando comenzó a oscurecerse su barrio, pero la dejó hace apenas unas semanas. Tampoco ese trayecto fue fácil. Lloró mucho, dirá, porque los prejuicios lastiman y destrozan lazos. Hoy sus hermanas la animaron a que venga al centro, a alegrarse. Se calzó la bandera, la del arco iris, y con esa armadura más la cumbia, se atrevió a buscar lo difícil: la sonrisa.
Eso es Orgullo.

Foto: Juan Valeiro/lavaca.org
Al llegar al Congreso se pierde entre una multitud que vende bebidas, banderas, tangas, choripán, fernet, imanes, aros, lo que sea. Entre los puestos y las lonas que cubren el asfalto en tres filas por toda Avenida de Mayo hasta la Plaza, pasea otra multitud, mucho más escasa que la de otros años, pero igualmente colorida, montada y maquillada. El gobierno de las selfies domina la fiesta mientras del escenario se anuncian los hashtag de la jornada. Hay micros convertidos en carrozas a fuerza de globos y música estridente. Y hay jóvenes muy jóvenes que, como la chica de Moreno, buscan sonreír sin miedo.
Eso es Orgullo.

Foto: Juan Valeiro/lavaca.org
Sobre diagonal norte, casi rozando la esquina de Florida, desde el camión se agita un pañuelazo blanco, en honor a las Madres, con Taty Almeyda como abanderada. Frente a la embajada de Israel un grupo agita banderas palestinas mientras en las remeras negras proclaman “Nuestro orgullo no banca genocidios”. Son quizá las únicas manifestaciones políticas explícitas, a excepción de la foto de Cristina que decora banderas que se ofrecen por mil pesos y tampoco se compran, como todo lo mucho que se ofrece: se ve que no hay un mango, dirá la vendedora, resignada. Lo escaso, entonces, es lo que sobra porque falta.
Y no es Orgullo.

Foto: Juan Valeiro/lavaca.org


Foto: Juan Valeiro/lavaca.org


Foto: Juan Valeiro/lavaca.org


Foto: Juan Valeiro/lavaca.org


Foto: Juan Valeiro/lavaca.org

Foto: Juan Valeiro/lavaca.org
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.


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