(lavaca en Rosario de Lerma, Salta) Dos víctimas con su abogado, un fiscal y el defensor del ex cura Emilio Lamas, acusado de violación, fueron los protagonistas del allanamiento a la iglesia de Rosario de Lerma para verificar la escena del crimen por el cual Lamas ya está cumpliendo prisión domiciliaria. El abogado de las víctimas explica y cuestiona la actitud de la Iglesia, mientras la ciudad descubre por primera vez qué significa salir de la impunidad y el secreto.
 
A las 10:30 de la mañana el fiscal Federico Obeid de la Fiscalía N° 1 de delitos contra la integridad sexual se presentó en la iglesia de Rosario de Lerma, Salta, con una orden de allanamiento. Estaba acompañado de dos víctimas que denunciaron haber sido violadas allí por el cura Emilio Raimundo Lamas, hoy procesado y en prisión domiciliaria. Así la ciudad salteña detuvo el aliento frente a esa postal que mostraba las camionetas judiciales y los flashes de la prensa ante las puertas de su principal iglesia. Ana María, “maestra y católica”, fue quien mejor definió lo que ese hecho significaba cuando cruzó la plaza para abrazar a Juan Carlos, la primera de las víctimas en denunciar al cura abusador:
-Gracias. Primera vez que logramos abrir estas puertas que guardan tantos secretos que nos esclavizan.
La Fiscalía N° 1, especializada en delitos contra la integridad sexual, no previó ninguna asistencia para las víctimas, así que el abrazo espontáneo de la maestra representó –además- la contención que necesitaban.

La escena del crimen

Juan Carlos García y Carla Morales volvieron hoy a la escena del crimen: la sala donde fueron violados por el cura Lamas. El fiscal Obeid ordenó la inspección ocular para confirmar las declaraciones de las víctimas. También declaró la encargada de limpieza de esa iglesia en  tiempos en los que sucedieron los hechos denunciados. Una mujer muy anciana ya, de rodete y batón, que al llegar a la iglesia se arrodilló, persignó y, con las menos en oración, dijo en voz alta:
-Perdoname, señor.
Desde la plaza central de Rosario de Lema una decena de vecinos observaban cómo culminaban así 30 años de silencio.

Juan Carlos García, primer denunciante de las violaciones del cura Lamas, el abogado Luis Segovia y otra de las víctimas: Carla Morales, frente a la iglesia allanada.

“La Iglesia está obstruyendo la investigación judicial”

El abogado de las víctimas, Luis Segovia, resume ante lavaca la situación de la causa: “Recién ahora el Estado argentino se está adecuando a las normativas internacionales de derechos humanos y de las y los niños, pero en el momento en que sucedieron estos hechos no las cumplía y eso favoreció la impunidad que está viendo terminar hoy. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos frente a un abuso cuya denuncia implica enfrentarse a una institución muy poderosa en esta provincia, como lo es la Iglesia Católica”.
-¿Hay más víctimas que aún no se atrevieron a hacer la denuncia ante la justicia?
– Ante el tribunal episcopal declararon cuatro víctimas. Hay una quinta víctima que ni siquiera se atrevió a hablar en ese ámbito. Sabemos quiénes son y los alentamos a que hagan la denuncia, pero respetamos sus tiempos.
-¿Cuál fue el rol del tribunal episcopal en esta denuncia?
-Imponer el secreto. Eso es obstrucción a la justicia. Y eso es lo que pone en relieve este caso: el rol de la justicia canónica en el encubrimiento de abusos. Ninguna otra denuncia dejó tan en evidencia lo que implica este proceso interno, mediante el cual la iglesia logra conocer antes que la justicia qué dicen las víctimas, qué pruebas tienen, qué testigos, evidencias, etc. Y además, les impone el secreto. Queda claro que la Iglesia no respeta procedimientos básicos del Estado de Derecho. El debido proceso, los derechos humanos: nada de eso ha sido respetado en este caso. Al imponer el silencio a quienes participan del proceso canónico los está violando.
-Usted solicitó el allanamiento a la Catedral de Salta, ¿para qué?
-Porque es obligación de la Iglesia colaborar con la justicia. Se lo pedí al fiscal, hizo lugar, la jueza lo negó y ahora estamos apelando esa medida. Pero la doctrina jurídica indica que la Iglesia no puede excusarse de esa obligación.
-El viernes pasado el arzobispo de Salta declaró que iba a colaborar…
-Pura palabra. Hasta ahora negó la documentación. Y no pueden negarse porque hay indicios de que han tomado testimonios y tenido conocimiento de hechos que la justicia debe investigar. Y hasta ahora no brindó ninguna colaboración.
-¿Tiene evidencias de que haya hecho lo contrario?
-Bueno: presentamos esta denuncia hace un año, en mayo de 2017, pero la fiscalía recién comenzó a investigar cuando publicaron la noticia el diario El Tribuno y el portal Infobae, hace apenas un mes atrás. Sin la presión social esta denuncia no avanzaba: eso es concreto. Tuvimos que exponer la causa y esa no fue nuestra primera opción, pero solo así logramos que en menos de un mes el cura esté preso, se ordenen medidas procesales concretas y se admita que los hechos no están prescriptos. Sin acompañamiento social la impunidad de estos casos sería absoluta.

El abrazo a Juan Carlos de una maestra católica.

La otra parte: entre la negación y la prescripción

El abogado defensor del cura violador, José Fernández, presente durante la inspección ocular, aclara que solicitó la prescripción de la acción penal, alegando que “ese delito, ocurrido en 1991, es nulo, y me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que plantea como principio de legalidad que nadie puede ser condenado por una acción que en el momento de los hechos no está tipificada como delito».
-Es decir, plantea la nulidad por las formas, pero ¿niega los hechos?
-También niego lo hechos, pero este planteo es previo a los hechos. En lo formal, los hechos denunciados prescribirían a los 12 años, además. También hay que marcar que este no es un caso de delitos de lesa humanidad, que son imprescriptibles. La Corte  ha dejado bien claro y sostenido que esos casos implican hechos cometidos por organizaciones estatales, pero en este caso estamos ante un hecho aislado y ordinario, no ante una organización o agente del Estado.
-Bueno: la Iglesia Católica es una organización.
-Pero es un hecho aislado.
-Sin embargo hay varios casos denunciados y en proceso de investigación penal que involucran a la arquidiócesis salteña…
-Pero la iglesia no pertenece a los órganos estatales encargados de prevenir y juzgar el hecho, tal como fija la Corte para considerar un delito como de lesa humanidad.
-¿Por qué el arzobispado no ha colaborado con la justicia en este caso?
-El obispo ha declarado que estuvo a disposición desde el primer momento.
-¿Desde 1991, cuando ocurrieron y se denunciaron los hechos?
-No sé desde cuándo tomó conocimiento el obispo, pero nunca se lo encubrió al sacerdote: lo dice el arzobispo.
-Y con respecto a los hechos: ¿por qué los niega?
-Yo solamente traslado lo que dice mi defendido. Con relación a los hechos, lo que pude hablar con mi defendido es que hubo una maniobra organizada por el cura Peset.
El cura Alejandro Peset, párroco de una de las dos iglesias de Rosario Lema, es quien aparece en un audio ofreciendo dinero a la víctima Juan Carlos para que no denuncie penalmente, aunque al difundirse justificó: “Era una reparación económica, pero no para comprar su silencio”.

La iglesia de Rosario de Lerma, Salta: la escena del crimen.