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Discriminación policial y persecución penal: los argumentos del fallo que absolvió a Marian Gómez y marcan un precedente

Después de cuatro años de proceso, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación dejó sin efecto la condena a Marian Gómez por considerar que tanto la Policía de la Ciudad como la jueza Marta Yungano actuaron de manera irregular. Avaló así la versión de la defensa que plantea que los agentes discriminaron a Marian por mujer y lesbiana, a la vez que la detuvieron sin que existiera delito. Pero sobre todo, el fallo plantea una cuestión clave: “La Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que tiene más causas por habitantes por resistencia a la autoridad – dice el abogado de Marian, Lisandro Teszkiewicz, a lavaca- . Esta es la figura más política e ideológica de nuestro Código Penal, porque lo que persigue y castiga es que la persona sea desobediente, que no obedezca una orden. La policía y jueces de la Ciudad de Buenos Aires persiguen a los desobedientes y este fallo dice: la desobediencia a una norma administrativa no habilita la persecución penal. Es un fallo fundamental”. Esta versión que castiga las persecuciones ideológicas por parte del Estado es otra victoria que logró Marian.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, integrada por los jueces Horacio Leonardo Días, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morín, absolvió esta semana a Marian Gómez de los dos cargos por los que en 2019 había sido condenada: resistencia a la autoridad y lesiones leves contra dos Policías de la Ciudad que la increparon y le iniciaron un procedimiento judicial.
Fueron cuatro años de un proceso en el que intervinieron dos fiscales, una fiscala, dos juezas y seis jueces. Cuatro instancias judiciales, con la Policía de la Ciudad como protagonista acusador. Todo en medio de un dispendio de recursos y tiempos alrededor de si una persona fumaba en un lugar permitido o prohibido del subte. “Es una locura que demuestra en sí misma que no estábamos discutiendo eso”, asegura a lavaca el abogado de Marian, Lisandro Teszkiewicz. “Y lo que sostiene ahora Casación es que no debe convalidarse un accionar discriminatorio de la autoridad contra los derechos individuales de las personas. Esta era y es la discusión de fondo, y porque Marian se animó a llevarla adelante todo duró cuatro años”.
La causa del beso
La absolución llega de una condena previa sobre una causa que nunca se debería haber iniciado.
Todo comenzó el 2 de octubre de 2017: Mariana y su esposa Rocío Girat hablaban, se besaban y fumaban un cigarrillo en la estación de trenes de Constitución. Fue un empleado de Metrovías el primero que se acercó y le pidió que lo apagase. Marian le contestó que no había ningún cartel que lo prohíbiera. El empleado entonces llamó al policía Jonatan Rojo, que la trató de “pibe” y la anotó como “soltera”, a pesar de que Rocío le dijo que es su mujer. Luego de Rojo llegó la oficial Karen Villareal; y la saña policial con tintes discriminatorios siguió: con forcejeos la arrestaron y llevaron hasta la oficina de la Policía de la Ciudad de la estación Boedo de la línea E. Estuvo detenida siete horas en las que se tuvo que desnudar para que la revisaran. Finalmente la acusaron de resistencia a la autoridad y lesiones graves.
María Fontbona de Pombo, jueza de instrucción, la envió a juicio. Y la jueza Marta Yungano la condenó el 28 de junio de 2019 “a la pena de un año de prisión cuyo cumplimiento se deja en suspenso y al pago de las costas procesales, por hallarla autora penalmente responsable del delito de resistencia a la autoridad en concurso real con lesiones leves agravadas por tratarse la damnificada de personal policial”.
Marian presentó la apelación el 5 agosto de ese mismo año. Recién ahora le dieron la razón.
Qué dice el fallo
La decisión de absolver absolver a Marian del delito de resistencia a la autoridad fue por unanimidad, mientras que el cargo por lesiones leves se quitó por mayoría -con voto de Sarrabayrouse y Morin-.
Con respecto a estas lesiones sobre una agente policial, el abogado asegura que en su alegato “la jueza abandona el lugar de jueza imparcial y se convierte en acusadora cuando completa los argumentos que la fiscalía no dio”. Es decir que Yungano se puso manifiestamente del lado de la parte acusadora sobre este punto. Y con respecto al delito de resistencia a la autoridad, los jueces sostienen que no existe el delito porque la orden de detención del policía Jonatan Rojo era ilegítima.
“Si la resistencia se produce como consecuencia de la actitud arbitraria de la autoridad, aparece la figura del ejercicio del derecho de defensa, pues también un funcionario puede comportarse injustamente en el ejercicio de su cargo”, sostuvo en su voto el juez Días, quien luego agregó: “El derecho de resistencia es entonces un caso de legítima defensa”.
En la misma línea el juez Sarrabayrouse sostiene: “La orden del policía Rojo consistente en no retirarse del lugar por haber infringido la prohibición de fumar era ilegítima, con lo cual Gómez no tenía el deber de soportarla”.
Analiza el abogado de Marian: “El policía debía dejarla retirar, no tenía ninguna ley que lo impida, entonces la orden de detención se vuelve ilegítima. Para nosotros el fallo es muy importante, por Marian, y como precedente. Por un lado trata la arbitrariedad en la selección de la prueba por parte de la jueza Yungano, y ahí plantea el acto de discriminación del que son víctimas Marian y Rocío, y lo da por probado. Entendemos que tiene un efecto muy potente que se extiende a toda la sociedad sobre la ilegitimidad de los actos discriminadores por parte de un funcionario público y de la arbitrariedad en la que caen las instancias judiciales cuando la convalidan estos actos”.
Lisandro Teszkiewicz pone en contexto qué significa la resolución de Casación: “Nunca hay que olvidarse que la Ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que tiene más causas por habitantes por resistencia a la autoridad. Esta es la figura más política e ideológica de nuestro Código Penal, porque lo que persigue y castiga es que la persona sea desobediente, que no obedezca una orden. La policía y jueces de la Ciudad de Buenos Aires persiguen a los desobedientes y este fallo dice: la desobediencia a una norma administrativa no habilita la persecución penal. Es un fallo fundamental”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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