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El Cordobazo verde

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Inundaciones históricas y desertificación son dos efectos de la eliminación del 90% del bosque nativo en la provincia. Movilizaciones inéditas hicieron visibles cientos de conflictos contra los negociados y la especulación. Las comunidades, la política y el lugar de la democracia. Por Sergio Ciancaglini.
Córdoba – Urgente. Núcleos del establishment político oficial junto a sectores del agronegocio y del quehacer inmobiliario, lograron estimular de un modo inédito en la historia cordobesa la defensa de los bosques nativos, el medio ambiente, y la participación social.  
El logro se obtuvo mediante el intento de votar una ley que podría eliminar lo que queda de bosque autóctono. Eligieron una fecha que tal vez simboliza la relación que las llamadas clases dirigentes suelen tener con los supuestos dirigidos: 28 de diciembre.
El Día de los Santos Inocentes habilita a hacerle creer al prójimo cosas falsas –como suelen hacer el periodismo y la política- con fines supuestamente humorísticos. Se recuerda así la leyenda bíblica sobre la matanza de inocentes, o indefensos: los menores de dos años fueron pasados por la espada en Belén, acto de tolerancia cero para que el rey Herodes no perdiera el poder según lo habían vaticinado los magos, oráculos y encuestadores de la época. Matando a todos los indefensos, Herodes eliminaría al nuevo Mesías, a quien creía su rival en la interna del futuro. No lo logró. 
Los cordobeses no se resignaron a la indefensión, a los oráculos, ni a que la inocencia les valga. Desde el 28 de diciembre de 2016 hasta ahora se movilizaron para frenar esa ley. La mutilación ya producida de más del 90% del bosque originario es el origen de al menos dos desastres actuales: la desertificación y las inundaciones.  
Nació así la CoDeBoNa, Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, red que reúne a cientos de conflictos socioambientales que venían ocurriendo al mismo tiempo en toda la provincia pero aisladamente entre sí. “Suena irónico pero somos una creación del gobierno. Estábamos, pero no nos habíamos dado cuenta” dice Atilio Palacios, ingeniero agrónomo. Ahora se conocieron, se conectaron y actúan en común, lo cual demostraría que el árbol no les tapó el bosque. 

Dólares originarios

El origen de esta movida inédita ocurrió cuando sectores ruralistas junto al oficialismo que conduce el gobernador Juan Schiaretti (Unión por Córdoba) plantearon en 2016 una idea: que la actualización de la ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que debe hacerse cada cinco años redujera la zona roja –bosque que no se puede desmontar- de casi 2 millones de hectáreas a 600.000.
“De ese modo, 1.400.000 hectáreas se hubieran valorizado automáticamente en unos 300 dólares más cada una como promedio, porque pasaban a estar liberadas para otros usos agropecuarios o inmobiliarios. Es un negocio de 420 millones de dólares” explica el biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental de Córdoba.
Hipótesis docta: el gobierno nacional había eliminado, o casi, las retenciones al campo. Al dejar de recibir su parte de esas retenciones, la provincia resolvió actualizar el impuesto inmobiliario rural que estaba congelado desde hacía 10 años. La nueva ley aparecía entonces como una compensación para no enfurecer ruralistas y asfaltar negocios territoriales para los cuales los bosques son una molestia.      
Algunos detalles del proyecto político-empresarial:  

  • Además de intentar reducir la zona roja a la tercera parte, el nuevo proyecto borra de un plumazo 254.000 hectáreas de bosque intangible (inviolable) mediante un mecanismo sintáctico: no las menciona.
  • No figuran las áreas en infracción por desmonte ilegal: en lugar de cumplir con la obligación de reponer montes, se amnistía de hecho a quienes los mutilaron ilegalmente, y ya no se considera a esas zonas como parte siquiera potencial del bosque.
  • Garantiza el proceso de “participación pública” hacia adelante: ahora convalidan un ordenamiento ilegal, pero la participación pública queda para 2022.
  • Levanta la prohibición actual de desmonte con agrotóxicos, y se reducen las multas por desmontes ilegales.
  • El texto presenta trampas sintácticas. Habla de “restauración en bosques nativos” en lugar de “restauración de bosques nativos”.
  • No presentaron el mapa vectorial –que define con standard tecnológico el territorio- sino uno impreso en una hoja de A4, lo cual conduce a todas las confusiones imaginables, ya se sabe a favor de quiénes.

El naguán (autoridad) de la comunidad Ticas del pueblo Comechingón, cuenta a Mu un caso: “En nuestro territorio, en Bialet Massé, han desmontado con dos topadoras para hacer el loteo Valle Esmeralda. Pudimos frenarlos un día que habían tirado 200 metros de monte, pero han hecho un desastre. Es zona roja. La municipalidad no controla nada”. La publicidad ambientalmente correcta asegura que el barrio es “eco-sustentable”. Cada lote cuesta alrededor de 165.000 pesos.  
Retoma Kopta: “Todo es bochornoso. La ley vigente de 2010 (9814) ya había sido una burla al proceso de participación pública. Hicimos todas las objeciones a la nueva ley, pero el gobierno cerró la Mesa de Diálogo en diciembre de 2016. Mandó todo a la Legislatura para que actúe como organismo técnico, lo cual es otro disparate porque es un órgano político”.  
A comienzos de diciembre se creó la CoDeBoNa, y comenzaron las convocatorias a reunirse y movilizarse por las redes sociales y los medios comunitarios. Los legisladores olvidaron que, para aprobar la ley, debían llamar a una audiencia pública (es lo que establece la Ley de Política Ambiental que el gobierno cordobés promulgó mientras sucedía el conflicto en Ituzaingó Anexo). El 19 de diciembre llamaron a audiencia para dos días después, en Villa María del Río Seco, a 180 kilómetros de Córdoba.
La velocidad de la trampa fue menor que la de los vecinos. Melina Dassano, de Ecos Córdoba y la CoDeBoNa: “Hicimos una cola de 400 personas para firmar una cautelar. Recién nos conocíamos, no tuvimos tiempo de organizarnos, pero espontáneamente se generó confianza”. La confianza fue un capital de acción: la cautelar hizo caer la audiencia. Kopta: “De un lado quedó el interés económico. Del otro, el bien común”. Quedaba la sesión del 28 de diciembre para resolver semejante dilema.  

Travesti rural   

La Legislatura tuvo una excelente mala idea en esos días: hacerle un homenaje a José Luis Serrano, por sus 30 años como intérprete de Doña Jovita, una abuela entrañable, zarpada y tecnológica, personaje célebre en Córdoba y varias provincias. (Como los medios que se dicen nacionales en realidad son porteños, Doña Jovita es ignorada en Buenos Aires donde sólo se emite humorismo en algunos programas disléxicos y en los spots electorales).
Serrano recibió el reconocimiento, anunció a los legisladores que se iba a cambiar de ropa para volver en su rol de “primer travesti rural”, y dejó con el micrófono a Churly Carrozo, que cantó Pájaros Desalojados, toda una defensa del bosque nativo. Algunos legisladores aplaudían, otros simulaban mirar sus celulares. Doña Jovita-Serrano criticó luego el destrozo ambiental y viralizó un video que filmó con un palo de selfie hecho con una rama de bosque nativo, llamando a la marcha. Fue apoyada por Raly Barrionuevo y Fabián Gómez, más conocido como Piñón Fijo.    
Fisura oficialista: olfateando el ambiente social, el ex gobernador José Manuel De la Sota –que viene turnándose con Schiaretti en el poder desde 1999- llamó a Serrano para solidarizarse. Trascendió que “sus” diputados no tratarían la ley el 28 de diciembre. La sesión estaba llamada.
La marcha también.

NiUnÁrbolMenos

Datos: quedan en Córdoba 300.187 hectáreas de bosque prístino, casi sin intervención en los últimos 100 años (2,27% del bosque original); 865.808 hectáreas (6,56%) de bosques abiertos, que han sufrido talas de diversa magnitud; y 2.571.034 hectáreas que reúnen diversos tipos de matorrales que también son parte del monte. Desde que comenzó el modelo sojero, a fines de los 90, se devastaron 295.000 hectáreas. Argentina es uno de los 10 países del mundo más depredadores de sus bosques.
Lo que la CoDeBoNa (y hasta la ley de 2010) defienden es un total de casi 4 millones de hectáreas de bosques en distinto estado, de las cuales 1.986.158 son zona roja. Es el territorio en el que, si el bosque fue eliminado, puede regenerarse. “Es un error defender solo las 300.000 hectáreas de bosque prístino: los ruralistas estarían de acuerdo. Se defiende el total”, informa Kopta.
Hubo hasta ahora tres marchas en la capital convocadas a través de Facebook, medios comunitarios, Twitter, el poderoso boca a boca, y un mismo soporte técnico: la desesperación. La primera ocurrió el 28 de diciembre de 2016. En la Legislatura, el oficialismo precisaba 36 votos de 70, mientras afuera se iba amasando un acto que llegó a 15.000 manifestantes, aunque algunas agencias publicitarias como Cadena 3 informaron que había 300 personas. La ley ya se había caído, sin apoyo del FIT, Pro y Cambiemos, FpV y delasotistas.
La imagen en la calle: cientos, miles de personas con los brazos enlazados que casi danzan cada paso mientras cantan juntas, o corren y gritan: “Somos el monte que marcha”. Hay un árbol de la vida, con guirnaldas coloridas y pájaros de papel. Guitarras, bombos, cornetas, risas, candombe y chacarera.  
Carteles: “El bosque es vida”, “Verdadera participación”, “No al desmonte, la corrupción mata”, “Derechos humanos, Derechos ambientales”. Y miles de pancartas hechas a mano denunciando inundaciones, contaminaciones, basureros, especulaciones. Todo tan distinto y tan similar: una sorpresiva fiesta popular referida a temas supuestamente sin rating.
El reclamo reunió a vecinas y vecinos autoconvocados de toda la provincia,  Movimiento Campesino, científicos de las Universidades de Córdoba, Río Cuarto, Villa María, pueblos originarios, el Conicet provincial, fundaciones, centros vecinales, cooperativas, oenegés, gremios, agrupaciones políticas, espacios agroecológicos: más de 200 experiencias de todo tipo.  
El 1º de marzo hubo otra marcha, 40.000 personas, y reiteraron la movida el 28 de junio. Pero la movilización es más grande y menos visible: en todos los barrios, pueblos y ciudades, diferentes grupos y asambleas ciudadanas producen encuentros, recursos de amparo, eventos y comunicaciones que son una acción o un latido cotidiano.
Aldo Gómez, el naguán comechingón, lo define como “conciencia”. ¿Qué quiere decir eso? Respuesta de compleja sencillez: “Estar despiertos”.
Federico Kopta agrega: “Esto no pasó con ningún tema ambiental. Siempre la movilización es una respuesta a una amenaza directa: te contaminan, te enferman, te ponen una antena, te instalan a Monsanto. Aquí la amenaza es supuestamente más indirecta, pero se entendió que esto no da para más”.
Atilio Palacios, ingeniero agrónomo, profesor de la UNC y otro activo participante de la CoDeBoNa, enumera: “Hubo que perder 30.000 personas para llegar al Nunca Más. Miles de mujeres golpeadas y asesinadas para que digamos Ni Una Menos. Miles de muertes en la ruta para que haya tolerancia cero de alcoholismo”. Melina: “Avanzamos con tracción a sangre”. Atilio completa: “Y ahora tuvimos que perder gran parte del monte, pero al final nos dimos cuenta de que estamos en riesgo total y que hay que decir: ni un árbol menos, ni un bosque menos”.
¿A quién le importa el bosque?
El terremoto verde tiene antecedentes en Córdoba. Allí nacieron las Madres de Ituzaingó Anexo, barrio del sudeste de la capital: 272 muertes, 82 por tumores, 150 adultos y niños que padecen distintos tipos de cáncer por las fumigaciones vecinas. Las Madres lograron la primera condena en la historia contra un productor y un aplicador de agrotóxicos en 2012. Todavía resta un juicio, la llamada “causa madre”, con seis imputados en total.
Malvinas Argentinas logró impedir definitivamente en 2016 la instalación de Monsanto, tras cuatro años de asambleas y acampes. Las encuestas mostraban que más del 70% de los cordobeses apoyaron esa resistencia, en el límite de la propia capital.
En 2015 habían ocurrido las inundaciones en Sierras Chicas (Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Saldán, Río Ceballos), también cerca de la capital: 13 muertos, 4.000 familias afectadas, incalculables daños materiales y psíquicos a quienes las padecieron. La Universidad de Córdoba (Equipo de Ordenamiento Territorial del Instituto Superior de Estudios Ambientales) había advertido en 2013 que el avance de la frontera urbana y el desmonte del bosque nativo implicaban serio riesgo de inundaciones. No era el oráculo: era la ciencia genuina.
Kopta: “Todo esto afectó mucho a la gente de la propia capital, que ve estos hechos muy cercanos, o los sufre directamente”. Cecilia Sánchez, docente de Punilla: “Y en cada lugar se viven situaciones similares”. Daniel Díaz Romero, periodista ambiental, revisa su agenda: “El acampe de la Asamblea Santa María sin Basura contra la instalación del megabasural de Cormecor. El conflicto de Vecinos del barrio San Antonio, capital, por contaminación de Porta  Hermanos, planta de bioetanol. Todas las asambleas relacionadas con la contaminación, el desmonte y el desalojo de comunidades alrededor del Lago San Roque, y contra la construcción de la Autovía de Montaña. Candonga no se toca, contra los loteos en zona roja. La Asamblea San José de la Quintana y San Isidro en defensa de la Vida, que está frenando la instalación de una cantera. Asamblea Santa María sin Basura, contra la planta de residuos peligrosos de Taym. Las protestas por los desechos radiactivos en Los Gigantes. Calamuchita contra el avance inmobiliario que destruye bosque. La lucha vecinal contra el megaemprendimieto urbanístico del grupo Eurnekián en el ex Batallón 141. Y hay muchos más”.  
La actitud cordobesa ha logrado otros triunfos, como el de la Asociación de Amigos del Río San Antonio contra el megaemprendimiento El Gran Dorado: la justicia obligó a la empresa a reforestar lo talado. Hubo 220 audiencias públicas por temas ambientales en cumplimiento de la Ley de Política Ambiental. Sólo en una se logró frenar el proyecto. El resto suelen ser actos de apuro más que de participación, aunque los vecinos están aprendiendo, como lo demuestra la Ley de Bosques.

¿Qué democracia?

Enigma: ¿Cómo entender tal nivel de movilización y respuesta en una provincia en la que ganan Macri (71% en 2015) o Unión por Córdoba, que simbolizan las políticas y negocios que llevan a los problemas ambientales? (sin olvidar que fue Cristina Kirchner quien anunció con bombos y platillos la instalación de Monsanto, que los vecinos lograron impedir). ¿Cómo entender la relación entre lo electoral y lo social? Estas no son respuestas, son a lo sumo propuestas o pistas para pensar esos misterios.    
Vanesa Sartori, asambleísta de Malvinas Argentinas: “El voto de 2015 fue de castigo al kirchnerismo. Hasta muchos kirchneristas tenían la contradicción de apoyarnos pese a lo que decía el gobierno nacional. Hay gente arrepentida de haber votado a Macri. Pero hay una ingenuidad de creer lo que dicen los candidatos. Córdoba tuvo siempre una doble personalidad: la tradicional, conservadora, estructurada, y por otro lado la de la Reforma, el Cordobazo, la que sale a la calle y echa a Monsanto: una pulseada interna”.
¿Lo partidario es político? Víctor Mazzalay es también asambleísta de Malvinas Argentinas, politólogo y profesor de Teoría Política de la UCA local: “Si ‘política’ es la toma de decisiones colectivas sobre qué hacer con lo que nos es común, hay que decir que lo electoral se ha despolitizado. Está vacío. Hay adhesiones clientelares y comprensibles. Pero no sirve para canalizar tus intereses reales. Lo partidario es una puesta en escena, o a lo sumo un recorte muy pequeño que no permite la discusión sobre la vida, la salud, la producción, el futuro. Entonces aparecen esas experiencias y movimientos que dicen: acá estamos. Hacen política real. Pero no tienen a quién elegir. Entre males, votan el mal menor. Y después siguen movilizándose”.
Melina: “Lo que más enoja a la gente es que no den el derecho a la participación” dice, oponiendo lo representativo (diputados que en realidad representan intereses corporativos) y lo participativo (comunidades que quieren ser tenidas en cuenta). Atilio: “El ordenamiento territorial es demasiado importante para que sea verticalmente resuelto por un grupo de auto-autorizados que obedecen a corporaciones que están decidiendo nuestra calidad de vida”.
Marcela Fernández, abogada, ilustra: “El San Roque es un lago absolutamente contaminado, con aparición de virus y sustancias neurotóxicas que ya no se potabilizan. Pero abastece de agua a media capital. El gobierno se lleva por delante a los ciudadanos, su derecho a la salud, a la información y a la participación”.
Atilio calcula que vivimos una época nueva: “Te movilizás vos mismo, y descubrís que no necesitás a los partidos. De lo político partidario se pasa a lo ciudadano. He visto gente del Pro, kirchneristas, peronistas, del PO y radicales, que participan con la CoDeBoNa porque entienden que les están reventando la vida a sus hijos y nietos, y que sus propios partidos no mueven un dedo: ni hablan de estos temas”. La pregunta podría ser: ¿Dónde reside, en términos prácticos, una idea más lógica de democracia? ¿Entre quienes reclaman por los bienes comunes fuera de la Legislatura, o entre quienes están dentro? ¿En ambos?
El comechingón Aldo Gómez habla con esa calma y elegancia que los urbanos tantas veces perdemos: “La comunidad de los pueblos indígenas no delega en una minoría su responsabilidad y su poder de decisión. La autoridad no hace lo que quiere, sino lo que la comunidad dice. En el sistema representativo es diferente. Por eso se habla tanto de derechos y no de responsabilidades: los derechos son avasallados, son producto de algo negativo. El conquistador cree que tiene derechos, los pueblos atacados quieren recuperar sus derechos perdidos. Nosotros preferimos pensar en una vida con responsabilidades, que es lo que a uno le permite ser realmente libre. Una cultura en la que nadie viole derechos, y en la que se logre la autonomía”.
¿Qué es autonomía? “Ir gestando mi propio pensamiento, mi sentir, mi actuar, mi reciprocidad con los demás y con la Naturaleza. También en lo político, en lo económico, en toda la vida. Pero los que gobiernan no quieren que pensemos, que actuemos, ni siquiera quieren que comamos desde la autonomía”.
Aldo describe un choque entre lo legal y lo genuino: “Si el sistema representativo fuera genuino, las minorías a las que les delegamos el poder estarían representando el interés de todos. Pero en realidad es un poder que las minorías usan para someter a las mayorías. Digo someter porque si uno no accede a lo que dicen aparece la policía”.
Su definición sobre la época: “Es una cultura de la destrucción. Muy mezquina, muy ignorante, aunque saben cuáles son las consecuencias. Pero podrían ser más creativos y no usar la destrucción como forma de avanzar en la producción, ¿no?”. Aldo define lo que ha venido ocurriendo: “Una pueblada”. 
José Luis Serrano es la abuela Doña Jovita. Los ruralistas lo cuestionaron, a él y a otros artistas, por su falta de “rigor científico cuando muestran atracción por el aplauso fácil de un público condescendiente”. El rigor científico de los ruralistas es un tanto gaseoso. Pero Serrano, además de vecino de Traslasierra y artista, es agrónomo. “Por mi vida y el estudio siempre tuve conciencia de cómo se pierde biodiversidad. Entre las personas, los que más pierden son los pobres. Se busca un productivismo y sobre todo rentabilidad. La excusa es alimentar el planeta, pero sabemos que eso es un cuento”.
Paisaje del presente: “Hay un espíritu capitalista que no está dando resultados, con 20 años totalmente desgobernados por el negocio de la soja, sin ningún análisis sobre sus efectos. En el campo hay un silencio de muerte, ni los grillos se escuchan. Además no hay una idea cooperativa, un pensamiento genuino en el otro. Las prácticas instalan un comportamiento corrupto en muchos productores, que se desentienden de los riesgos. Hay demasiadas enfermedades, mucho cáncer, una degeneración que llega a las conciencias”.
Con estos temas Serrano no gana un aplauso fácil, sino que se ha complicado la vida: “Me criticaron, me amenazaron, querrán perjudicarme, pero al final no saben a quién pegarle porque esto es como Fuenteovejuna: todos manifestándose. Las amenazas son lógicas: se les está cayendo un negocio inmobiliario de millones y millones”.
Doña Jovita se reivindica como vieja chillona. José Luis agrega algo que tal vez explique cierto clima cordobés, en las personas y en las comunidades: “No es sano resignarse. Hay que decir lo que uno cree y uno piensa. Si uno puede, hay que decirlo con alegría. No hablo de jarana, sino de pensar: me siento pleno por poder decir esto. Por estar aquí y poder expresarme. Por no quedarme callado y por hacer algo para que las cosas cambien. Puede parecer romántico, pero prefiero amar el legado de la vida y la Naturaleza, antes que creer que nuestro único destino en la existencia es ser exportadores de soja”.    

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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