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El Estado y la violencia contra las mujeres: una tortura

La responsabilidad del Estado por la violencia contra las mujeres fue el centro de un debate convocado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja del Congreso. La despenalización del aborto, el pedido de libertad para Belén y la aplicabilidad de la noción de tortura a la violencia contra las mujeres fueron algunos de los ejes de discusión.

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La responsabilidad del Estado por la violencia contra las mujeres fue el centro de un debate convocado en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja del Congreso. La despenalización del aborto, el pedido de libertad para Belén y la aplicabilidad de la noción de tortura a la violencia contra las mujeres fueron algunos de los ejes de discusión. Un informe de nuestra abogada Verónica Heredia, especialista en derechos humanos.

El Estado y la violencia contra las mujeres: una tortura
Por las calles, paredes y redes sociales de Argentina resuena un grito en clave de hashtag: “#LibertadParaBelén”. Belén es la joven tucumana condenada a 8 años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo” tras sufrir un aborto espontáneo en el Hospital Avellaneda, a quien la Sala III de la Cámara Penal de la provincia le rechazó esta semana el pedido de cese de la prisión preventiva. La decisión mantendrá a Belén encerrada en una celda de la Unidad Penitenciaria N°4. En ese marco, la Comisión de Derechos Humanos convocó a un debate en la Cámara baja del Congreso llamado El rol del Estado frente a la violencia contra las mujeres.
Uno de los disertantes fue el Relator contra la Tortura de la ONU, Juan Méndez, quien el 8 de marzo (en el marco por el Día Internacional de la Mujer) presentó un Informe temático sobre la aplicabilidad de la Convención la Convención contra la Tortura, Tratos crueles, Inhumanos y Degradantes específicamente en casos de violencia contra las mujeres, niñas, LGBT. Allí planteo una perspectiva que – apuntó- tuvo y tiene “resistencia”: Méndez relaciona directamente la violencia contra las mujeres y la tortura.
«La violación perpetrada por un funcionario público es tortura», afirmó el Relator de la ONU, que reconoció que hasta ahora no había una perspectiva de género en el ámbito de Naciones Unidas. A su vez, detalló que las mujeres y el colectivo LGBT sufren la disparidad en la prevención contra la violencia, en el acceso a la justicia y, finalmente, en las reparaciones. Méndez se refirió, especialmente, a las privadas de su libertad, quienes sufren directamente la violencia del Estado.
Además, exhortó a la despenalización del aborto, ya que es la tercera causa de muerte de mujeres en el mundo. “Los estereotipos y prejuicios contra las mujeres en época de paz son los que con mayor crueldad se verifican en épocas de guerra”, remarcó. Por eso, Méndez precisó en la necesidad de contar con delitos que tengan en cuenta tales prejuicios.

El Estado y la violencia contra las mujeres: una tortura

Juan Méndez, relator del Comité contra la Tortura de la ONU

El caso Belén

En el debate organizado por la Comisión (que preside la diputada de Libres del Sur Victoria Donda), también estuvo la abogada Soledad Deza, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, quien asumió ahora la defensa de Belén. El calvario de la joven comenzó el 21 de marzo de 2014, cuando llegó al Hospital Avellaneda (en Tucumán) a pedir ayuda. Según cuenta la madre de Belén, una policía salió del baño y dijo que encontró el feto, al cual identificaron de inmediato como el “hijo” de la joven, aún cuando en ningún momento se hizo un estudio de ADN que lo compruebe. Belén permaneció internada durante cinco días. Cuando se despertó en la Sala de Partos comunitaria con la Policía rodeándola, y médicos forenses que la “revisaban abajo” como dice ella misma ante el juez. Además agregó: “Un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía ‘eso no es mío’ y él me decía ‘Mirá: este es tu hijo”.
Deza describió la violencia que sufrió Belén desde todos los ámbitos del Estado: la salud pública, la policía, la Fiscalía, la Defensa Pública y, finalmente, los jueces. La abogada dio un ejemplo: subrayó la violación al secreto profesional de los profesionales de la salud que, ante la pregunta de la policía, entregaron la historia clínica de la joven. A su vez, sostuvo que los jueces reprodujeron esta violación al citar a los médicos a declarar sin que hayan sido relevados por la chica de su secreto profesional. Deza también puntualizó en la falta de defensa técnica: mientras Belén siempre sostuvo que nunca supo de su embarazo, la defensora pública designada por el Estado alegó inimputabilidad por el estado puerperal.
El fiscal, finalmente, pidió su prisión y los jueces, hasta el día de hoy, deniegan su excarcelación.

El Estado y la violencia contra las mujeres: una tortura

Soledad Deza, defensora de Belén

El Estado produce violencia

Otra de las disertantes en la Comisión fue Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional, que comentó las conclusiones del Informe Regional presentado también el 8 de marzo sobre la violencia del Estado en el ámbito de la salud reproductiva y sexual, donde analizaron 8 casos de la región que dan cuenta de cómo los estereotipos machistas -los prejuicios en el rol esperado de las mujeres- perpetran la violencia. Los cuatro elementos constitutivos de la tortura se verificaron en estos 8 casos. Doz Costa también precisó que más de la mitad de los embarazos en la región han sido no deseados, y remarcó que el 97% de las mujeres han tenido restricciones totales o parciales cuando han solicitado la práctica del aborto.
La investigadora puso como ejemplo de la violencia en el ámbito de salud la enfermedad del virus zika: la recomendación del Estado fue que las mujeres no se embaracen; algunos países fueron más directos y esta recomendación fue únicamente para las mujeres indígenas.
Además, la representante de Amnistía Internacional subrayó que algunos de los avances que ha habido en la región “no son tales”. Puso el ejemplo de Uruguay, que sancionó una ley que despenaliza el aborto, pero en el estado de Salto los profesionales de la salud presentaron una apelación por objeción de conciencia que habilitó a que el 100% se amparara en ella para no realizarlo. En ese sentido, remarcó que ninguna mujer en Salto puede realizarse un aborto autorizado por una ley nacional. Doz Costa evaluó que, en Argentina, se han negado a dar el debate sobre la despenalización del aborto con el argumento de que no había sido utilizado el artículo 85 (el que reprime con prisión a la mujer que se realiza un aborto) contra las mujeres y que ninguna iba presa. Sin embargo, los casos de Belén en Tucumán y el de Tierra del Fuego (donde una mujer fue acusada penalmente por realizarse un aborto con una curandera) dan cuenta que el Derecho Penal está plenamente activo.
“Las mujeres sufren una discriminación múltiple: estereotipos de género, la pobreza, ser indígenas, estar enfermas”, puntualizó. Por eso, sostuvo, la discriminación es estructural: la pandemia de violencia contra las mujeres es creciente y la falta de voluntad política es clara porque los mecanismos están pero no se lo ponen en práctica. “El Estado es quien produce y reproduce la violencia contra las mujeres”, afirmó. “El Estado es un aparato reproductor de violencia contra las mujeres, porque no solo la mantiene sino que la promueve”.

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

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“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

  1. Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.
Lucía Pérez: la trama de la injusticia
  1. Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
  2. Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
  3. Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
  4. Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

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Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

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Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.  

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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38º Encuentro Plurinacional: el regreso

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Por Claudia Acuña

Fotos Line Bankel

A las doce de la noche parte el micro que nos trae de regreso a Buenos Aires con el grupo de mujeres que lucen imborrables sonrisas y cachetes decorados con purpurina. La noche es para soñar y la mañana para compartir la transmisión de la asamblea que decide en qué ciudad se realizará el próximo encuentro: Córdoba.

Con el festejo llega la ceremonia que preparó la Comisión de Mística.

Estamos todas sentadas en el piso superior del micro mientras una voz encantadora nos cuenta el cuento La cabeza en la bolsa, mientras recorre el angosto pasillo mostrando las ilustraciones que dan vida a esta historia que escribió Marjorie Pouchet: la de una chica rabiosamente tímida que siempre sale a la calle con una bolsa en la cabeza, hasta que un día, regado por sus lágrimas, crece allí un jardín. ¿Qué hará entonces con esa timidez y con esas flores?

Consultar a una amiga.

Algunas compartirán en voz alta lo que ese cuento les resuena; otras sus lágrimas.

Luego, las organizadoras de la colecta para el viaje nos darán dos regalos. Cada una recibirá así una de las serigrafías creadas por el grupo de arte Vivas Nos Queremos y un pedido: que sean expuestas en lugares colectivos. El otro regalo está guardado en un sobre hecho a mano con papel reciclado. Contiene stickers, calcomanías y un papel amarillo donde nos piden que escribamos un deseo que acompañe a nuestras amigas de viaje hasta el próximo Encuentro. Una cajita de cartón recoge los mensajes y de allí cada una extraerá el suyo.

El mío:

“Seguí tus sueños, abrazá tu intuición, aferrate a tus compañeras: todo es posible”. Llegamos.

38º Encuentro Plurinacional: el regreso

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