El mayor investigador sobre la deuda externa argentina envió un telegrama al presidente Néstor Kirchner y presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que suspenda el pago de 9.530 millones al FMI. Sabe que el camino judicial local no prosperará, pero confía en llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Allí quiere hacer pública toda la documentación que halló y que linda lo inverosímil, incluido un documento donde la Argentina renuncia a cualquier presentación penal si los contratos firmados con los acreedores estuvieran fuera de la ley. El manual del Citibank que aplicó Cavallo, el uso del Blindaje Financiero de José Luis Machinea y las violaciones del Fondo a su propia Carta Orgánica. La deuda privada estatizada, la deuda pagada y todo lo que habrá que seguir pagando mientras se sigan considerando legítimos los préstamos internacionales.

Alejandro Olmos impulsó la presentación de un recurso de amparo ante la Justicia para suspender el pago de 9.530 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Con el mismo objetivo, le envió –junto a otras 28 personalidades- un telegrama al presidente Néstor Kirchner el pasado 28 de diciembre. Lo firmaron, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo y el diputado Claudio Lozano. “Ahora que el gobierno pagó, la justicia declarará abstracta nuestra petición y no hará lugar. Pero lo importante es que si se rechaza también en la Cámara y en la Corte Suprema podremos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Será la primera vez que la cuestión de la Deuda llegue a una instancia como esa”, explica el historiador, hijo de un ex asesor del Senado de la Nación homónimo que en 1982 decidió presentar una denuncia que investigue las irregularidades de los préstamos internacionales. Después de una conversación con Arturo Frondizi -donde el ex presidente develó algunas confesiones que le hiciera el ministro de Economía de la Dictadura José Alfredo Martínez de Hoz- Olmos padre decidió presentar su demanda para que se investigue la ilegitimidad de la deuda externa. Poco después, también accedió a la documentación del estudio Klein y se convirtió en el mayor especialista en el tema. Cuando falleció, siguió adelante. Ya no sólo con lo ocurrido durante la dictadura, sino también durante los gobiernos democráticos. “En el exterior se asombran, porque este el único país del mundo que tiene una investigación sobre la Deuda, pero presumen que la deuda peruana, ecuatoriana, colombiana y demás, tiene las mismas características que la nuestra”.
¿Qué es lo que se pagó al FMI?
Esta deuda se origina en el famoso Blindaje financiero contratado por el ministro de Economía, José Luis Machinea, durante el gobierno de Fernando de la Rúa. El Fondo Monetario nos prestó en ese momento 12.449 millones de dólares, de los 40.000 que integrban el Blindaje. Y esa plata fue íntegramente fugada de la Argentina -junto con otro dinero- por 520 empresas. Esto lo determinó una comisión de investigación de fuga de capitales de la Cámara de Diputados, presidida por el legislador justicialista Nicola, después de analizar un informe de 90 bancos. Se estableció que la plata que llegó del Fondo así como vino, se fue.
¿Usted lo dice en sentido figurativo o habla de los mismos billetes?
Los mismos billetes. Curiosamente, esto es información oficial de 90 bancos. Es lo que está registrado en los papeles, seguro debió haber habido mucho más. La oficina de Evaluación Independiente del FMI emitió un dictamen estableciendo que el Fondo sabía que la plata llegaba al país y se iba. Y la carta constitutiva del FMI prohibe expresamente hacer ese tipo de préstamos. Sin embargo, también fue a pedido del Fondo Monetario que el entonces presidente Eduardo Duhalde derogó la ley de Subversión Económica, que es la que le hubiera permitido al Estado accionar penalmente contra estas empresas. Pero los delitos siempre dejan sus huellas. Estas empresas -entre las que se encuentran Pecom, Telefónica Argentina, Repsoll-Ypf, las empresas del grupo Macri, IBM, etcétera-, declararon ganancias en la AFIP y pagaron impuestos por 2.500 millones. Es decir, no van a poder explicar porque se llevaron 16.000 millones. Por eso, inicié una denuncia por defraudación al Estado y evasión penal agravada contra estas empresas. También contra ciudadanos comunes, como Carlos Melconian, donde pido que se investigue por qué se llevó dos millones y pico de dólares. Entonces tenemos, por un lado, el delito de evasión fiscal, y por el otro que el FMI transgrede su propia Carta Orgánica y, finalmente, al Estado que no le interesa que se haya cometido un delito y decide igualmente pagarle al Fondo. Yo lo sintetizo en una frase: las deudas hay que pagarlas, las estafas no.
Para usted, ¿por qué el Gobierno decidió pagarle al Fondo?
El año pasado el Fondo le pidió al gobierno argentino que cancelara la Deuda. Roberto Lavagna, entonces ministro de Economía, dijo que no mediante una nota oficial del delegado argentino ante el FMI. Argumentaba el Estado iba a seguir cancelando sus obligaciones según como estaba pautado, lo que venía haciendo el gobierno de Néstor Kirchner desde sus inicios. En julio hubo otro pedido del Fondo para cancelar la deuda. También se le contesta que no, porque no se puede disponer de las divisas del Banco Central. Y se repite que Argentina va a seguir pagando sus obligaciones. Yo supongo –esto ya no es información- que ahora habrá habido una nueva exigencia del FMI y se aprovechó que pagó Brasil, sumado a ese exhibicionismo mediático y efectista que deslumbró a gente de buena fe.
¿No nos liberamos de la deuda?
Esto que se pagó representa apenas el 9 por ciento de la deuda global del país. Claro, resulta que el Fondo es una especie de niño malo y la gente cree que nos liberamos de él. Pero no nos liberamos nada. Porque la Argentina es miembro del FMI y eso la hace sujeta a sus auditorias anuales, por más que no le deba un peso. Además, va a seguir presionando para se arregle la situación con los bonistas que no ingresaron al Canje. También va a presionar para que la Argentina arregle sus cuentas con el Club de París, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericno de Desarrollo…
El argumento oficial es que con la deuda saldada no habrá posibilidad de extorsión.
No habrá extorsión a través de la Deuda, pero si presiones políticas y diplomáticas, que se manejan al más alto nivel. La Argentina podrá decir que no le debemos un peso, pero el FMI contestará que como miembro del organismo el país debe respetar determinadas pautas y que el Fondo es el encargado de monitorear su cumplimiento todos los años. Lo extraño de todo esto, por usar una palabra muy débil, es cómo el Poder Ejecutivo, teniendo elementos concretos para no pagar, debido a las grandes sospechas de ilegitimidad –denuncia y sentencia en la justicia penal, incluidas- no dice nada y paga.
Si lo que se le pagó al Fondo es lo recibido por el Blindaje, ¿quiere decir que se pagó lo que algunos denominan deuda nueva?
Mi padre inicia la causa sobre la Deuda en el 82 y el trámite judicial demoró 18 años. Recién en el 2000 el juez Jorge Ballesteros emite un fallo donde plantea la ilicitud de la deuda y habla de la responsabilidad del Fondo en ese ilícito. No obstante, esa Deuda se siguió pagando y refinanciando. Los economistas hablan de dos deudas, la de la dictadura y la nueva. Hay que aclararlo. La Argentina del 92 en adelante tuvo superávit en sus cuentas, pero ese superávit se convertía en déficit cuando se agregaban los montos de deuda que había que pagarle anualmente al Fondo, al Club de París y a las entidades financieras particulares. Ese déficit, a su vez, era cubierto con emisión de nueva deuda. ¿Qué quiere decir? Que esa emisión de nueva deuda era motivada por el déficit producido por esa deuda ilícita. La deuda nueva era consecuencia de la vieja. Si el Fondo nos prestaba plata para pagarle una deuda que era ilícita, esta nueva deuda con el Fondo es tan ilícita como aquella.
Usted quiere decir que está vicida en su origen
En La deuda odiosa, mi último libro, hago un planteo jurídico novedoso. Tomo como base la legislación sobre derechos humanos que plantea que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y señalo que el delito de la Deuda Externa es de ejecución continuada. ¿Por qué? Porque continúa a través del tiempo, a través de las refinanciaciones y acuerdos que se hacen. Yo no enfrento este problema desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del derecho. Si uno tiene un problema con otra persona, va a dirimirlo a Tribunales. Si uno tiene un problema con el Estado, lo mismo. Si un país tiene un problema con otro, también. Parece que el tema de la deuda, no. La deuda esta inmersa en un sector privilegiado donde no la alcanza el orden jurídico ni los principios fundamentales del derecho internacional público. Se puede hacer una gran estafa con la deuda y no es judiciable.
¿Por qué se puede afirmar que la deuda es ilícita?
Hay cualquier cantidad de documentos que lo prueban. Hay una cláusula firmada que dice que si estos contratos fueran nulos, inejecutables por ilícitos, la Republica Argentina renuncia a denunciarlos o pedir la nulidad del contrato. Yo no conozco otro caso donde se firme un contrato que ya desde el vamos se presume ilícito. Hasta eso se arregló. El Banco Mundial, un organismo que no puede ser sospechado de izquierdismo, estableció que la deuda contraída durante la dictadura fue utilizada en un 40 por ciento para fuga de capitales, un 30 por ciento en pago de intereses de la deuda y un 30 por ciento en compra de armamentos. O sea que el pueblo no vio un centavo. Los peritos de la cusa penal establecieron que la deuda externa argentina no tenía justificación financiera, económica ni administrativa. De 7.000 millones que el país debía cuando asumió la dictadura, pasó a deber 45.000 cuando se fue. Del stock de deuda pública que existe en este momento, diría que 70.000 millones corresponde a la deuda privada estatizada. Es decir, deuda de los Macri, de Bridas, Pérez Companc, Bulgheroni, Renault Argentina. A través de una artificiosa operatoria pergeñada por Cavallo y otros, sus deudas fueron asumidas por el Estado. Y José Luis Machinea, en el 85, sustituyó todas las imperfecciones de esos créditos por documentación especifica donde el Estado se hacia responsable directo frente a acreedores internacionales. Esa deuda se fue refinanciando permanentemente y hoy representa 70.000 millones. Bernardo Grinspún, primer ministro de Economía de Raúl Alfonsin, fue el primero que enfrento al FMI y dijo que iba a hacer una auditoria de la deuda privada. Solo se pudo auditar el 50 por ciento y se determinó que el 90 por ciento de la deuda era fraguada.
¿Tiene algún ejemplo concreto?
Hay un montón. Por ejemplo, argentina tenía que pagar a un banco de Bruselas una deuda contraída por Renault. Según los auditores se trataba de un autopréstamo y no había que pagarlo. Era plata que Renault trajo al país para aumentar su capital y el Estado terminó respondiendo por ella. No resultaba verosímil que Renault pidiera diez millones al mismo banco donde tenía depositado 85 millones. Como si esto fuera poco, se secuestro un acta de directorio de Renault que tiene 44 páginas, donde los directores establecen cómo va a ser la operatoria para defraudar al Estado. Esto está todo documentado, después hay otros indicios simbólicos.
¿Cuáles?
Cuando Walter Klein fue signado secretario de Programación Económica en la dictadura era representante de un banco sueco en la Argentina. Cuando se fue de la función pública, al mes y medio, representaba a 22 bancos extranjeros, todos acreedores de la Argentina. Le pagaron muy bien su trabajo. Cuando se allana su estudio y se secuestra documentación, pudo establecerse que el estudio Klein-Mairal era la verdadera base operativa del endeudamiento.
¿Cuántas veces se pagó la deuda externa?
Alfredo Calcagno estableció que en el 89 la deuda estaba cancelada. Todo lo que se pagó desde entonces es excedente. En 1993, el stock de deuda externa era de 63.000 millones. Del 93 al 2004 pagamos 140.000 millones y en el 2004 debíamos 191.264 millones de dólares. Hoy la deuda real es de 140.000 millones, no 124 mil como dice el Gobierno. Porque no calcula los bonistas que quedaron fuera del canje y en algún momento eso tendrá que pagarse, porque nunca se declaró a la deuda ilícita. En un principio, los que no entraron en el canje representaban 19.000 millones, en diciembre de 2004. Ahora ya son 23.000 millones y siguen generando intereses y acumulando deuda. El Código Civil argentino prohibe la capitalización de intereses, lo mismo sucede en Italia, Brasil, Austria, Alemania… Pero en los contratos de deuda se aceptó la capitalización de intereses. Se firmaron contratos negando el propio derecho interno. Y también que atentan contra el sentido común. ¿Usted pagaría algo cuando no le muestran lo que debe? En 1995, Domingo Cavallo manifestó que la República Argentina paga la Deuda Externa ante simple aviso de vencimiento y sin verificar en ningún caso si las cifras reclamadas eran exactas. Como se dio cuenta que no podía ser que la Argentina no tuviera documentada su propia deuda, contrató a los mismos acreedores para ordenarla. Fueron el Citibank, el Credit Swiss y otros bancos acreedores lo que determinaron cuánto les debemos, cuántos intereses había que pagarles, cuántas moratorias. Eso fue una conducta histórica de la Argentina. Todos creen que el plan económico llevado adelante desde 1992 fue obra y gracia de Domingo Cavallo, pero no es así.
¿De quién fue entonces?
El plan económico fue diseñado por J.P. Morgan y el Citibank. Esto no es una expresión de la ultraizquierda, un mero slogan. Esto puedo probarlo porque encontré el plan que presentó el Citibank. Tiene 1400 paginas, donde esta diseñada la política que llevó adelante el gobierno desde el 92 en adelante: el canje del Brady, la privatización de los servicios públicos, la reforma de la legislación laboral, la privatización del sistema jubilatorio. Está todo minuciosamente pautado.
¿Cómo encontró esa documentación?
Revisando la enorme cantidad de papeles que hay en el juzgado Federal N° 2, en la causa que llevó adelante mi padre. Hubo una declaración que pasó por alto, la de José Luis Rodríguez, gerente del Departamento de Deuda Externa del Banco Central. En su extensa exposición dice que para el canje de deuda del Plan Brady fue contratado el Citibank y J.P. Morgan, por el ministro Cavallo. Si se firmó un contrato, pensé, tenía que estar en algún lado. Fui a los archivos del Ministerio y encontré que no sólo prepararon el Brady, sino todo lo demás. Encontré otros documentos importantes: una carta enviada por Michel Camdessus, el 16 de junio de 93, dirigida a la comunidad financiera internacional, que decía que había que aprobar toda la política económica del gobierno porque la Argentina se había comprometido a transformar el país a través de las privatizaciones de las empresas públicas.