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«Especialistas en roscas», corrupción política y lobby minero: ¿quién decide en Chubut?

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Un nuevo video expuso a un actual diputado de Cambiemos pidiendo coimas para hacer un “puente” de impulso al lobby minero, la misma semana en la que se difundió un audio de una senadora mencionando coimas de 10 millones de pesos para votar la ley de «zonificación» que impulsa el gobernador Arcioni. “Esto genera el extractivismo: corrupción y degradación de las instituciones», asegura Pablo Lada, uno de los asambleístas que impulsan una Iniciativa Popular para profundizar la prohibición de la minería en la provincia, que ya reunió más de 30 mil firmas (el doble de lo necesario para que los legisladores la traten). Más allá de las maniobras empresarias, partidarias y mediáticas, las comunidades de Chubut siguen movilizadas contra la zonificación, y esperan que ante el papelón el gobierno nacional le suelte la mano a Arcioni, que empieza a quedar cada vez más solo. El recuerdo del diputado del FpV que recibía mensajes de un gerente minero en plena Legislatura en 2014, las publinotas de los medios actuales y el misterioso destino de los 6 millones de pesos de una empresa minera en Argentina, sin actividad extractiva. Hoy por la tarde las asambleas convocan a movilizar en todas las ciudades provinciales para rechazar el proyecto y reclamar se trate, en cambio, la Iniciativa Popular.

Pablo Lada atiende el teléfono, y de fondo se escuchan bombos y gritos. Esa es la banda sonora que se oye sin parar estas semanas en las calles de toda Chubut, para impulsar en los distintos municipios declaraciones de rechazo a las mineras. El escenario hoy es el Consejo Deliberante de Trelew, donde se trata una de declaración de rechazo a la minería metalífera con uso de químicos, además de la anulación de otra declaración anterior que postulaba al mismo municipio promoviendo “los servicios mineros”.

Replay: el mismo Consejo Deliberante de Trelew que impulsaba hasta hace nada los mentados “servicios mineros”, hoy se prepara para rechazarlos y declararse a favor de la Iniciativa Popular que rechaza la minería. ¿Cómo se explica ese cambio?

Desde la calle, Lada sintetiza: “Es la demostración cabal de que la gente movilizada cambia las cosas. Acá se ve la importancia que tiene la movilización social, y cómo eso puede modificar algo que ya estaba delineado. Hasta hace unos meses todo este gobierno municipal giraba en relación a la gran minería, ahora parece que ya no”. La situación se repite a escala provincial.

Trelew fue uno de los epicentros de las movilizaciones sociales tras los anuncios del proyecto del gobernador Arcioni, que lleva el aval del gobierno nacional. Y a través de este pequeño giro político en el Consejo de esa ciudad se expresa cómo, a pesar del empuje por arriba, gracias a las asambleas se van logrando cambiar los consensos en los distintos territorios, en los que muchos concejales empezaron a expresarse en contra.

Trelew se suma así a otros municipios que se pronunciaron en contra del proyecto de Arcioni y a favor de la Iniciativa Popular: el lunes fue Epuyén, antes había sido Puerto Madryn, y en la gran mayoría de la Comarca Andina vienen generándose iniciativas parecidas. “Hoy hay un cerco político de parte de los municipios bastante importante”, cuenta Lada. “A pesar de todo eso, los acontecimientos de hoy son la frutilla del postre: la corrupción ligada a toda esta situación es muy grande”.

El diputado “puente”

En el medio de este tipo de tires y aflojes entre la sociedad y la política, hoy trascendió un video en formato cámara oculta a un actual diputado de Cambiemos, Sebastián López, antes de asumir su cargo. En el video López fuma un habano cubano mientras se presenta como un “puente” para empujar los intereses mineros en la provincia y se ufana de ser especialista en «rosca minera», entre otras indirectas como «tener un contacto político» y «abrir puertas», frases para la posteridad de la no-democracia.

Lada cuenta cómo interpretaron la noticia las asambleas: “No nos sorprende. Acá la corrupción está ligada a estos proyectos desde siempre, y sabemos que en algún momento iba a salir a la luz”. Lada recuerda que el propio fallecido gobernador Das Neves  habló de “coimas” y de sesiones vergonzosas generadas por el lobby minero. “Decía que el lobby minero venía cargado de valijas”, recuerda. “Y ahora estamos viendo un diputado que directamente lo corrobora”.

El vicegobernador de Das Neves era el actual gobernador Arcioni, que hizo spots televisivos y publicó encendidos tweets contra la minería, hasta que llegó al poder.

El video llega la misma semana en la que se difundió un audio de la legisladora chubutense Leila Lloyd Jones que menciona coimas de “10 millones de pesos” para sus pares para la aprobación de la ley de zonificación. Por el caso se inició una causa penal de oficio por parte del procurador general, y la diputada no se desdijo: dijo que va a hablar en la justicia.

El diputado “puente” y el audio sobre las coimas se enmarcan en una historia de papelones que remiten directamente a la famosa foto tomada por los propios vecines en noviembre de 2014 en la que se reveló el momento en el que el legislador Gustavo Muñiz, del Frente para la Victoria, recibía instrucciones por parte de las mineras por mensaje de texto. La maniobra dejó al descubierto la forma en la que los legisladores transformaron la Iniciativa Popular que aquel año había reunido 13.007 firmas para que se tratase una ley de prohibición de la megaminería en Chubut. Finalmente, en esa sesión de fraude a cielo abierto la Legislatura provincial desbarató la Iniciativa presentada por la ciudadanía chubutense.

Publinotas y el misterioso destino de los 6 millones

Lada suma otro tipo de lobby que parece más subterráneo pero en la provincia se hace evidente: “Hay mucha pauta publicitaria, enorme en los últimos meses. Y hay un dato muy curioso: salió un informe que dice que la empresa minera Panamerican Silver gastó 6 millones de dólares en el año 2019, pero no informó en qué lo gastó. Si no hay actividad, ni siquiera están explorando, ¿en qué usaron esos 6 millones?”.

La respuesta podría buscarse, tal vez, en las últimas cámaras ocultas y audios de Whatsapp.

Sobre las publinotas: “Había movilizaciones multitudinarias y los diarios no sacaban ni una línea. Y todos los días respondían con publinotas. Nunca se había visto tan alevoso. La movilización chubutense ha tenido eco en medios internacionales, mientras que en la provincia no salía nada”.

El blindaje mediático no logró evitar las últimas filtraciones, y en la provincia el indignómetro estalló por los aires. Una pequeña alerta: la filtración parece haber sido promovida por los mismos sectores empresarios que impulsan el proyecto, despechados o buscando generar otro tipo de maniobras que de alguna forma despejen el camino de la rezonificación.

Pero Lada considera que el efecto no los beneficia de ninguna forma: “Son maniobras intencionadas pero ya no los va a favorecer porque generaron mayor indignación. A la diputada pareciera que se la querían sacar de encima, porque votaba en contra. La intencionalidad de perjudicar siempre está. Lo del diputado López es llamativo: él votaba a favor, pero sobre último momento hubo una presión grande del propio partido presionando a que en estas condiciones se rechace el proyecto. Uno sospecha que habrá primado la posición del partido, y que López iba a votar en contra y por eso las mineras lo escracharon. Pero esto claramente no favorece el proyecto de rezonificación porque confirma lo que la gente ya sospechaba”.

¿Qué demuestra, en todo caso, el video de López?

Demuestra muy claramente que, con extractivismo, hay corrupción. Con extractivismo, las instituciones se degradan. Eso es el extractivismo para una provincia.

El verdadero fraude del publi-gobernador

Parece conveniente aclarar que en Chubut la minería está prohibida desde 2003 (tras el plebiscito de Esquel que rechazó la actividad con más del 80% de los votos). Ese año se sancionó la Ley 5001 prohibiendo la megaminería con uso de cianuro. Pese a ello, existen decenas de oficinas mineras que siguen trabajando, en alguna de todas estas variantes que aquí se han intentado explicar. Lada considera que “el problema es que la Ley que prohíbe la minería no prohíbe los pasos previos de exploración”.

Ante la difusión del video del ahora diputado López, circuló un audio del gobernador Arcioni un tanto nervioso. “Desencajado”, define Lada. En el audio Arcioni aclara que no piensa retirar el proyecto por “falsas acusaciones”, que el video de López “es viejo”, y que la diputada que habló de coimas “es una irresponsable”. Lada: “Y hasta deja entrever es que en vez de investigar le van a quitar la vicepresidencia de la Legislatura a la diputada”.

¿Qué significa la actitud de Arcioni?

Es un síntoma de que se está quedando solo. Políticamente es una locura lo que está haciendo. Pero tampoco vemos una reacción fuerte del resto de los partidos. A partir de lo que pasó hoy, me parece que tendrían que salir todas las fuerzas políticas a rechazar el proyecto y cumplir lo que la gente está pidiendo desde hace años. No hay licencia social para la megaminería.

Pese al fin del ciclo legislativo el oficialismo logró incluir dos sesiones extra, con el fin de juntar los votos necesarios para el proyecto de «zonificación»: el 18 y el 22 de diciembre. “Teóricamente mañana o pasado debería haber reunión de comisión y debería salir el dictamen si es que lo quieren votar”, informa Lada.

Al mismo tiempo en el que se dirime esta votación, duerme en la Legislatura provincial la Iniciativa Popular que se acaba de presentar con 30.916 firmas, más del doble de lo que exige el padrón electoral, para profundizar por ley la prohibición de la actividad minera.

“Ni la leyeron. Nada. No hicieron absolutamente nada”, asegura Lada. “El fraude de este año no es la cámara oculta, es el proyecto de zonificación. Y el otro fraude es que en la propia Legislatura no recuerdo haber escuchado ni una mención a la Iniciativa Popular”.

En la calle, mientras tanto, siguen los bombos y gritos: “La ciudadanía está reclamando. Nos han entrampado en los últimos 15, 20 días a hablar de este proyecto de zonificación, a decir que es una trampa. Creo que lo leímos y lo conocemos más nosotros que algunos diputados… Lo que se buscaba esta semana, ante el fracaso por la no salida del dictamen, era maquillarlo. Ahora queda en una situación más difícil para el gobierno, y hay que ver qué pasa con el gobierno nacional respecto a esta cadena de papelones” .

Hoy las asambleas convocan a movilizarse, desde las 18, en toda la provincia.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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