Nota
Estado + empresas + grupos represivos contra la comunidad de Andalgalá: 11 detenidos, pero continúa el rechazo a la megaminería

“La gente está cansada y la respuesta es la militarización. Están imponiendo el miedo en Andalgalá”.
Daniela Fernández es arqueóloga y tiene 36 años. El lunes a las 11 de la mañana estaba en su trabajo cuando un vecino la llamó para avisarle que había 40 efectivos del Grupo Especial Kuntur –una fuerza capacitada para intervenir en toma de rehenes, traslados de “detenidos peligrosos” o “allanamientos complejos”, según su página web– allanando su casa y golpeando y deteniendo a su hermano y a su hermana, Sara.

Ambos fueron parte de las 11 personas encarceladas en los allanamientos del lunes y el miércoles a casas particulares, a lo que se suma una información que la Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de la asamblea, difundió por redes sociales por la gravedad del contexto: “El clima en el pueblo es de represión. Patrullas, vehículos de civil, drones fotografían a los pobladores y vigilan armados las casas de conocidos defensores del agua. Hoy, con la excusa de la pandemia, el gobernador Jalil habilitó el ingreso del Ejército en las calles del pueblo que enfrenta la megaminería. La paz en Andalgalá se perdió cuando la multinacional minera Yamana Gold reinició las perforaciones en el nevado del Aconquija a pesar de no tener licencia social”. Un camión y efectivos del Ejército fueron vistos y fotografiados por integrantes de la asamblea. El ministro Agustín Rossi informó que el camión solo estaba de paso hacia Santa María, para «replegar un radar» y volver a La Rioja y que los militares se detuvieron en un kiosco a comprar «agua y gaseosa». Si es así, no eligieron un buen momento, en una ciudad sometida a la violencia de autoridades y grupos especiales.
Daniela describe lo que le ocurrió en primera persona: “Entraron de forma muy violenta, pateando puertas e inmediatamente detienen a mi hermano, que tiene un kiosquito al lado, y vio todo. Entraron con cascos, armas largas y escudos. Adentro también estaba mi hermana, a quien redujeron, le pisaron las manos: tiene múltiples hematomas en el cuerpo, en la cabeza, y marcas de ahogamiento en el cuello. Kuntur es una fuerza especial para actuar en casos extremos, para arrestar narcotraficantes, y acá estaba deteniendo a una mujer desarmada. Somos una familia de trabajo que hace más de 20 años estamos defendiendo el agua y el territorio de la megaminería”.
Los operativos fueron ordenados por la fiscal subrogante Soledad Rodríguez y autorizados por el juez Rodolfo Cecenarro. Se produjeron tras la masiva movilización del sábado en rechazo al proyecto minero de Agua Rica (hoy rebautizado como proyecto MARA), que terminó con incidentes frente a las oficinas de la empresa minera y de la sede del Frente para la Victoria.

La asamblea fijó su posición en un comunicado, donde denunció infilitrados y zona liberada por la policía: “Denuciamos públicamente a la policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas. ¿Dónde estaban los 60 policías que vinieron de la ciudad capital, que hasta esta tarde militarizaron la ciudad y a la hora de los disturbios desaparecieron? Al mismo tiempo, señalamos que operadores políticos aprovecharon la situación incitando a lxs manifestantes a desplazar la violencia hacia otros puntos, acción en la que integrantes de la Asamblea actuamos para disuadirlos. Como todo Andalgalá sabe, desde hace once años y 584 caminatas, las distintas asambleas ciudadanas, incluida la Asamblea El Algarrobo, y demás ciudadanos que rechazamos la megaminería, nos manifestamos pacíficamente por las calles de nuestro pueblo para exigir la inmediata paralización de la actividad en el yacimiento Agua Rica”.
Cada gesto de la Asamblea es revelador:
- El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, las vecinas y vecinos comenzaron a realizar bloqueos selectivos en los caminos de Choya y de Potrero, impidiendo solamente el paso de vehículos con trabajadores o maquinarias de la empresa.
- Sin embargo, denunciaron que la minera ingresó de “forma ilegal” maquinarias al yacimiento, por otro camino.
- ¿Por qué ilegal? Explican que en el municipio sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera.
- Denuncian que los procedimientos avalados por el gobierno catamarqueño violan a su vez la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano.
“Las detenciones continuaron ayer miércoles por la noche, todo fue muy violento”, dice Daniela. “Secuestraron celulares, computadores. Han detenido a Aldo Flores, un hombre de 70 años, histórico de la asamblea, que seguía incomunicado. Han detenido a otro hombre de 60 años, hipertenso, diabético. Este hombre es un ciudadano común que está luchando por el agua, no está dentro del grupo de la asamblea, pero fue señalado como instigador de los incidentes. Pero nada que ver: cuando la gente se puso eufórica, él se descompensó y su hijo se lo llevó. Hasta hace poco fue funcionario del gobierno local y creemos que la persecución que está sufriendo es una venganza política”.
Sobre la acción de las llamadas fuerzas de seguridad: “Andalgalá está sitiada. Hay una cantidad enorme de policías para una población de no más de 20 mil habitantes. Con excusa de aumento de casos de Covid, sitiaron todo. Y es para amedrentar: grupos de 5 o 10 en moto, con armas y chaleco, paran a cualquier transeúnte, piden DNI, hasta los revisan completo, sin ningún motivo porque los horarios de restricción comienzan a las 20 horas. Pero acá tenemos hasta drones. Es una clara muestra que Andalgalá está siendo militarizado”.
Días antes de la manifestación, las mujeres en Andalgalá habían hecho una sentada frente a las oficinas de la empresa: “Ya había 20 efectivos viendo qué hacíamos, pero el día de la marcha no había ni uno solo. Fue una zona liberada en un contexto de mucha violencia desde el Estado, con subida de máquinas de forma ilegal, violando leyes. Creemos que se produjo una conjunción de factores para el enojo de mucha gente que viene sufriendo esta violencia hace 20 años”.
Lo que dejó la movilización, para Daniela, es algo claro: “El pueblo de Andalgalá está firme, está informado y sabe que la defensa del territorio es urgente. Es una situación de urgencia en la que necesitamos que el gobierno, de una vez por todas, haga cumplir las leyes, y que respete el derecho a vivir acá. De acá somos, de acá son nuestros ancestros, aquí vamos envejecer y morir. No nos van a amedrentar. Sabemos por lo que luchamos, y eso es ya es mucho para nosotros”.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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