“La gente está cansada y la respuesta es la militarización. Están imponiendo el miedo en Andalgalá”.

Daniela Fernández es arqueóloga y tiene 36 años. El lunes a las 11 de la mañana estaba en su trabajo cuando un vecino la llamó para avisarle que había 40 efectivos del Grupo Especial Kuntur –una fuerza capacitada para intervenir en toma de rehenes, traslados de “detenidos peligrosos” o “allanamientos complejos”, según su página web– allanando su casa y golpeando y deteniendo a su hermano y a su hermana, Sara.

Ambos fueron parte de las 11 personas encarceladas en los allanamientos del lunes y el miércoles a casas particulares, a lo que se suma una información que la Radio El Algarrobo, el medio de comunicación de la asamblea, difundió por redes sociales por la gravedad del contexto: “El clima en el pueblo es de represión. Patrullas, vehículos de civil, drones fotografían a los pobladores y vigilan armados las casas de conocidos defensores del agua. Hoy, con la excusa de la pandemia, el gobernador Jalil habilitó el ingreso del Ejército en las calles del pueblo que enfrenta la megaminería. La paz en Andalgalá se perdió cuando la multinacional minera Yamana Gold reinició las perforaciones en el nevado del Aconquija a pesar de no tener licencia social”. Un camión y efectivos del Ejército fueron vistos y fotografiados por integrantes de la asamblea. El ministro Agustín Rossi informó que el camión solo estaba de paso hacia Santa María, para «replegar un radar» y volver a La Rioja y que los militares se detuvieron en un kiosco a comprar «agua y gaseosa». Si es así, no eligieron un buen momento, en una ciudad sometida a la violencia de autoridades y grupos especiales.

Daniela describe lo que le ocurrió en primera persona: “Entraron de forma muy violenta, pateando puertas e inmediatamente detienen a mi hermano, que tiene un kiosquito al lado, y vio todo. Entraron con cascos, armas largas y escudos. Adentro también estaba mi hermana, a quien redujeron, le pisaron las manos: tiene múltiples hematomas en el cuerpo, en la cabeza, y marcas de ahogamiento en el cuello. Kuntur es una fuerza especial para actuar en casos extremos, para arrestar narcotraficantes, y acá estaba deteniendo a una mujer desarmada. Somos una familia de trabajo que hace más de 20 años estamos defendiendo el agua y el territorio de la megaminería”.

Los operativos fueron ordenados por la fiscal subrogante Soledad Rodríguez y autorizados por el juez Rodolfo Cecenarro. Se produjeron tras la masiva movilización del sábado en rechazo al proyecto minero de Agua Rica (hoy rebautizado como proyecto MARA), que terminó con incidentes frente a las oficinas de la empresa minera y de la sede del Frente para la Victoria.

La asamblea fijó su posición en un comunicado, donde denunció infilitrados y zona liberada por la policía: “Denuciamos públicamente a la policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas. ¿Dónde estaban los 60 policías que vinieron de la ciudad capital, que hasta esta tarde militarizaron la ciudad y a la hora de los disturbios desaparecieron? Al mismo tiempo, señalamos que operadores políticos aprovecharon la situación incitando a lxs manifestantes a desplazar la violencia hacia otros puntos, acción en la que integrantes de la Asamblea actuamos para disuadirlos. Como todo Andalgalá sabe, desde hace once años y 584 caminatas, las distintas asambleas ciudadanas, incluida la Asamblea El Algarrobo, y demás ciudadanos que rechazamos la megaminería, nos manifestamos pacíficamente por las calles de nuestro pueblo para exigir la inmediata paralización de la actividad en el yacimiento Agua Rica”.

Cada gesto de la Asamblea es revelador:

• El 22 de marzo, Día Mundial del Agua, las vecinas y vecinos comenzaron a realizar bloqueos selectivos en los caminos de Choya y de Potrero, impidiendo solamente el paso de vehículos con trabajadores o maquinarias de la empresa.
• Sin embargo, denunciaron que la minera ingresó de “forma ilegal” maquinarias al yacimiento, por otro camino.
• ¿Por qué ilegal? Explican que en el municipio sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera.
• Denuncian que los procedimientos avalados por el gobierno catamarqueño violan a su vez la Ley de Glaciares, la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece el derecho a un ambiente sano.

“Las detenciones continuaron ayer miércoles por la noche, todo fue muy violento”, dice Daniela. “Secuestraron celulares, computadores. Han detenido a Aldo Flores, un hombre de 70 años, histórico de la asamblea, que seguía incomunicado. Han detenido a otro hombre de 60 años, hipertenso, diabético. Este hombre es un ciudadano común que está luchando por el agua, no está dentro del grupo de la asamblea, pero fue señalado como instigador de los incidentes. Pero nada que ver: cuando la gente se puso eufórica, él se descompensó y su hijo se lo llevó. Hasta hace poco fue funcionario del gobierno local y creemos que la persecución que está sufriendo es una venganza política”.

Sobre la acción de las llamadas fuerzas de seguridad: “Andalgalá está sitiada. Hay una cantidad enorme de policías para una población de no más de 20 mil habitantes. Con excusa de aumento de casos de Covid, sitiaron todo. Y es para amedrentar: grupos de 5 o 10 en moto, con armas y chaleco, paran a cualquier transeúnte, piden DNI, hasta los revisan completo, sin ningún motivo porque los horarios de restricción comienzan a las 20 horas. Pero acá tenemos hasta drones. Es una clara muestra que Andalgalá está siendo militarizado”.

Días antes de la manifestación, las mujeres en Andalgalá habían hecho una sentada frente a las oficinas de la empresa: “Ya había 20 efectivos viendo qué hacíamos, pero el día de la marcha no había ni uno solo. Fue una zona liberada en un contexto de mucha violencia desde el Estado, con subida de máquinas de forma ilegal, violando leyes. Creemos que se produjo una conjunción de factores para el enojo de mucha gente que viene sufriendo esta violencia hace 20 años”.

Lo que dejó la movilización, para Daniela, es algo claro: “El pueblo de Andalgalá está firme, está informado y sabe que la defensa del territorio es urgente. Es una situación de urgencia en la que necesitamos que el gobierno, de una vez por todas, haga cumplir las leyes, y que respete el derecho a vivir acá. De acá somos, de acá son nuestros ancestros, aquí vamos envejecer y morir. No nos van a amedrentar. Sabemos por lo que luchamos, y eso es ya es mucho para nosotros”.