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Entrevista a la fiscal de la causa contra Barrick Gold: «Vamos a ir hasta el fondo de la cuestión»
En el primer piso de la municipalidad de Jáchal el juzgado está movilizado. La ausencia del juez Pablo Oritja tiene al resto de los funcionarios y empleados judiciales atajando a los vecinos y periodistas que buscan las novedades. El juez subió ayer a la sede de Barrick en la cordillera para hacer una inspección ocular, junto a dos fiscales, y todavía no regresó.
En el primer piso de la municipalidad de Jáchal el juzgado está movilizado. La ausencia del juez Pablo Oritja tiene al resto de los funcionarios y empleados judiciales atajando a los vecinos y periodistas que buscan las novedades. El juez subió ayer a la sede de Barrick en la cordillera para hacer una inspección ocular, junto a dos fiscales, y todavía no regresó.

Graciela Del Pie, fiscal de la causa contra Barrick Gold
La fiscal Graciela Del Pie argumenta que el campamento queda a más de 4 mil kilómetros de altura y el camino para llegar es sinuoso. Dice que no pudo siquiera hablar con el juez Oritja, ya que la señal allí arriba es muy mala.
El juez Oritja dio lugar el miércoles 16 a un amparo que involucró ocho medidas:
- Ordenó la inspección ocular de la mina Veladero
- Designó a un ingeniero especializado en minas de la Universidad Nacional de San Juan para la elaboración de un informe técnico
- Designó a un veterinario “a fin de constatar la posible afectación de la fauna silvestre”
- Ordenó extraer muestras de tierra para analizar los rastros de elementos químicos contaminantes
- Solicitó informes detallados a la Policía Minera y la Gendarmería Nacional acerca de los procedimientos realizados en virtud del derrame
- Requirió también a la empresa MAGSA (representante de Barrick Gold) que informe por su cuenta sobre los hechos ocurridos y las acciones realizadas
- Suspendió el proceso de lixiviación por el término de cinco días
- Y ordenó a la empresa Minera Argentina Gold S.A. a que provea agua embotellada a las familias de los departamentos de Iglesia y Jáchal
Si bien el amparo fue solicitado por una persona particular, el derrame de cianuro en la mina Veladero de Barrick Gold acumula tres denuncias penales (entre ellas, la del fiscal de Estado y el Defensor del Pueblo) y dos civiles (una de la Municipalidad de Jáchal). La tipificación penal que lleva la causa es la infracción a la Ley 24051 de residuos peligrosos “pero es una calificación provisoria”, aclara la fiscal intervinente, Graciela Del Pie. “La causa puede avanzar hacia otras responsabilidades”.
La fiscal Del Pie llegó a Jáchal este martes, dos días después que se conociera la noticia del derrame, por disposición Fiscal General de la Corte y ante la ausencia por licencia del fiscal titular, Nicolás Oritja. Sí: su hijo Pablo es quien está a cargo de la Segunda Circunscripción Judicial de San Juan, que interviene ahora en la causa contra Barrick.
El Fiscal general dispuso además una escudería de fiscales compuesta de dos fiscales de instrucción (los que acompañaron al juez en la inspección ocular) y un fiscal de Cámara. Cuatro fiscales que intervienen en la causa de distintas maneras, “pero la que va a estar permanente en la causa soy yo”, asegura Del Pie.
Sin embargo, de cumplirse la licencia del fiscal titular, la fiscal subrogante debería abandonar la causa.
Graciela Del Pie, ex fiscal de instrucción en la primera juridisdicción, está al tanto de todas las causas de Jáchal y no sólo la de Barrick. “Estoy interviniendo para todo: tengo una violación, pero no tengo ni tiempo de verlo”.
Su trabajo, dice, se centra en las tres causas penales presentadas y que motorizaron las medidas del juez. “Este es el comienzo de la investigación, yo no puedo hablar con certeza sobre las teorías de por qué ocurrió el derrame”, aclara, antes de avanzar en los detalles.
¿Cuál va a ser la estrategia de investigación y acusación que va a tomar la fiscalía?
Cuando nosotros tomamos una denuncia tenemos un desconocimiento total. Primero tomamos las medidas inmediatas, que fue cerrar el proceso de lixiviación y proveer de agua a los pueblos afectados. Ahora tenemos que determinar quiénes son los responsables de esto.
¿La responsabilidad penal se personaliza contra un individuo o puede ser contra la empresa?
La parte penal es contra personas, aunque ahora está el derecho penal empresarial que está surgiendo. Este tipo de delitos de medioambiente no los teníamos antes. Cuando surgen los intereses colectivos, los intereses macro sociales, se empieza a estudiar los delitos ambientales. Pero esto no tiene más de 15-20 años. La idea es que no hace falta que haya una lesión al bien jurídico o a una persona, sino que con la posibilidad que exista una lesión, se pune. Para eso hay que investigar.
Además de las ocho medidas que ya se tomaron, ¿qué otras están evaluando?
Vamos a tomar declaración testimonial al Ministro de Minería de la Provincia y al Secretario de Gestión Ambiental y Control Minero.
¿De la empresa a nadie?
Sí. Solicitamos que se nos diga qué personal estaba al momento del incidente y los vamos a citar a todos. Recuerden que aquí va a haber una responsabilidad penal, de aquel que tuvo a su cargo el cuidado, puede ser culposo o doloso… Y una responsabilidad civil.
¿Se imaginó que esta causa puede ser un puntapié para la prohibición de la megaminería contaminante en San Juan?
De eso no te puedo hablar. Voy a hablar de lo que sé que es de derecho penal. Tengo mi opinión personal como tengo sobre el aborto. Yo doy clases en la universidad y no digo mi opinión sobre el aborto, lo vemos jurídicamente. No corresponde mi opinión personal porque estoy investigando. Si lo hago, me sacan.
Existe mucha desconfianza por parte de la población en cuanto a la independencia de la investigación, ¿qué tiene para decirle a la asamblea que está allí en frente?
Si el Fiscal General de la provincia, cuando yo le comunico la primera denuncia, manda tres fiscales más, es porque hay una seria preocpuación. Nuestro interés es velar por el pueblo y por su salud. Nosotros no tenemos nada que ver con cualquier empresa de afuera: nosotros respondemos única y exclusivamente a los intereses de la población.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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