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Gráfica Patricios cumple 19: La rebelión de las máquinas

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Se los consideró usurpadores, delincuentes y otras adjetivaciones que la justicia no suele utilizar con los empresarios que vacían empresas y fugan capitales. Pero los trabajadores de Gráfica Patricios, imprenta de Barracas, lo lograron: hace 19 años ocuparon la planta que finalmente lograron recuperar formalmente, en la que funciona no solo la cooperativa de impresión, sino una escuela de artes gráficas y de reinserción de adolescentes que abandonaron sus estudios, un centro de salud y una radio comunitaria. Este jueves 19 lo celebran con un acto abierto a otras cooperativas y movimientos , y al barrio.

Plantean que ya no es solo la gráfica, sino un Mundo Patricios.

Como un homenaje, reproducimos aquí La rebelión de las máquinas, trabajo realizado por lavaca.org en 2003, cuando tomaban el establecimiento meses antes de la recuperación, y publicado luego en el libro Sin Patrón-Fábricas y empresas recuperadas en la Argentina (que tuvo tres ediciones en castellano y fue traducido y publicado además en inglés, portugués, italiano y alemán). Este artículo es anterior incluso a la revista MU que desde su salida a la calle, hace 15 años, se imprime en ese Mundo Patricios.

Esta es parte de la historia de la toma, desde adentro. Y un símbolo que -como siempre- invita a pensar y actuar con relación a muchos problemas del presente. Un retrato de la Argentina del siglo XXI: de sus miserias, sus locuras y racionalidades, y de lo que las personas son capaces de crear pese a todo.

La rebelión de las máquinas

por Sergio Ciancaglini

PRIMERA PARTE

Julio del 2003. Las paredes del edificio verde que ocupa media manzana en la Avenida Patricios al 1900, Barracas, Buenos Aires, podrían ser calificadas como murales informativos. Allí hay todo un tratado que detalla con pocas palabras la situación de los Talleres Gráficos Conforti. En letras blancas mayúsculas se relata:

* Trabajadores de Conforti por la fuente de trabajo. Nos deben más de un año de salarios. ¡¡No al vaciamiento!!
* Justicia para los trabajadores ¡¡Solución ya!!
* Más de 3 meses de lucha.
* Raúl Gonzalo, delincuente, pagá.
* No al vaciamiento de empresas.
* No al desalojo.

Aparece además una propuesta que, de acuerdo al efecto que provocan estas situaciones, resulta un dechado de precisión y armonía:

* Gonzalo, ladrón hijo de puta, pagá lo que debés.

Esta oración está desactualizada en su último tramo. Hoy los trabajadores de Conforti mantienen la primera parte del postulado, pero no parecen querer siquiera que les paguen lo que les deben.
Ahora exigen la expropiación definitiva de la empresa, para que se cumpla la ley y para hacer honor y poner en práctica las dos palabras más profundas pintadas allí, en blanco sobre verde:

* Queremos trabajar.

Barracas es uno de los barrios más originales de Buenos Aires, con sus manzanas en desnivel con respecto a la calle para no sucumbir a las inundaciones. Conforti está a media cuadra del Riachuelo. Las persianas bajas parecen los ojos cerrados de una empresa que está en coma, víctima de una inundación de otra clase y de uno de esos casos de corrupción empresaria tan emblemáticos de la llamada dirigencia nacional (si es que esas dos palabras conservan algún sentido).

Matar el tiempo

Una de las ediciones de Sin Patrón, con el prólogo de Naomi Klein y Avi Lewis, que incluye «La rebelión de las máquinas».

La reunión con los obreros de la Cooperativa Patricios es en un taller silencioso, oscuro, quieto, la mayor tristeza para cualquier gráfico o cualquier periodista.
En Terminator 3 se retoma una idea clásica de la ciencia ficción: la rebelión de las máquinas como un anuncio de la catástrofe humana. En la Argentina la catástrofe ya ocurrió, y la rebelión de las máquinas es, en todo caso, la que permitiría que fábricas y talleres como Conforti vuelvan a funcionar. Se trata de otro guión: las máquinas y los hombres aquí son aliados.
En el taller, las máquinas están en silencio, con sus ojos apagados. Los trabajadores estaban jugando a las cartas. En el fondo el juego es siempre el mismo: se trata de ir matando el tiempo, para evitar que el tiempo los mate a ellos.
Pero hay algo que se sobrepone al silencio: calculan que en unos 20 días esta situación puede cambiar definitivamente hacia un ambiente más ruidoso. Ellos, y las máquinas, recuperando su capacidad de trabajar.

La historia comenzó a desmoronarse entre 1998 y 1999 cuando el presidente de Conforti, Raúl Gonzalo, hombre más bien redondeado, decidido, veloz, de palabra fácil (“es de los que te convence que todo lo tuyo es de él, y le creés” dicen los obreros), siempre de barba y 4×4, comenzó a pagar poco y mal a sus obreros.
No faltaba trabajo.
Gustavo Ojeda, delegado gremial y ahora integrante de la Cooperativa Patricios que han conformado los trabajadores, recuerda que entre los clientes estaban El Cronista Comercial, las revistas de Cablevisión y Telecentro, Segundamano y Vía Aérea (que se entrega a los pasajeros de aviones) por nombrar unas pocas. Está dicho: no faltaba trabajo, faltaba pagarlo.
Había unos 80 obreros que aguantaban los retrasos y los recortes que consideraron un mal menor frente a las amenazas de despido o a los retiros voluntarios que cada vez fueron menos voluntarios. “Incluso muchos acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo no se cumplían. O sea, se firmaba el acuerdo, y la plata no aparecía. Íbamos a reclamar al Ministerio, y la homologación no aparecía”.
En la Argentina el sistema de despidos fue privatizado para lograr una mayor eficiencia: despedir más y mejor con el disfraz del “acuerdo mutuo” entre trabajadores y empresas. Sin embargo, las homologaciones en este caso desaparecieron. Para Ojeda la única explicación a semejante enigma es un puño arriba de la mesa: “Alguien puso plata”.

Navidad con monedas

Siempre se puede estar peor. La Argentina lo supo en el 2001, cuando la recesión menemista y su empalme con la recordada gestión del señor De la Rúa y los suyos provocó un colapso absoluto de la economía. En ese ambiente, Gonzalo iba pagando cada vez menos. De sueldos cercanos a a los 1.000 pesos, pasó a pagar fracciones semanales de 150, luego de 100 y finalmente de 50.
De paso, humillaba: hacía que los trabajadores tuvieran que esperar hasta siete horas, fuera de su turno de trabajo, para cobrar esos 50 pesos.
Pero al mismo tiempo Gonzalo ensanchaba sus negocios, como propietario y presidente de Conforguías S.A., empresa a la que iban a parar clientes y contratos que funcionaban en Conforti.
Por eso los trabajadores empezaron a sospechar que ante sus ojos se producía un nuevo acto de magia negra: lo que estaba, desaparecía. Lo llamaron vaciamiento. A fines del 2001 quedaba un solo cliente para Conforti: el diario El País, de España, que tiene una pequeña tirada en Buenos Aires y Montevideo.
Raúl Gonzalo se presentó en convocatoria de acreedores. “Nosotros seguíamos trabajando” reconoce Juan José Rodríguez “y es más: los sábados y domingos trabajábamos gratis. Lo hacíamos pensando que iba a ser peor todavía si la empresa se cerraba”.
Cuando hacían asambleas reclamando pagos atrasados, Gonzalo bajaba a arengar a los gráficos. El señor Miguel Isidro Barrios todavía se asombra con los argumentos: “¿Sabe qué nos decía? Que la culpa de la crisis de la empresa era nuestra. Que hacíamos mal el trabajo y por eso los clientes se iban”.
Llegó diciembre del 2001. Corralito. Denuncia Ojeda: “Pero a éste el corralito no lo agarró. Iba a Uruguay a buscar la plata”. No se sabe cuánta, pero la Navidad de 2001 le pagó $10 (diez pesos) a cada uno de los obreros. A esa altura eran unos 80 empleados, así que Gonzalo invirtió 800 pesos para unas felices fiestas. Un dato curioso: pagó en monedas, porque fue el único cambio chico que consiguió.
A otros no les pagaba siquiera con diez monedas. La AFIP, los organismos previsionales, la obra social y el sindicato, sumados a los salarios caídos, generaron una deuda que –al estilo de la deuda externa argentina- iba siendo cada vez más inmanejable.

Para evitar pagar parte de esa deuda, el señor Raúl Gonzalo intentó un nuevo acto esotérico: declaró bajo juramento a la AFIP que no tenía empleados. Los esfumó.
Pero tiempo después, en marzo de este año, solicitó ante el Ministerio de Trabajo la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis para poder despedir a la mitad del personal.
Conclusión: no tenía empleados, pero iba a echar a la mitad.
Esta teoría sobre la subdivisión de la nada merecería un arduo debate filosófico, el Nobel de Física, o una reparación a las víctimas de la asociación ilícita entre este tipo de empresarios y un Estado neoliberal que los apoya como empresa prestadora de servicios.

La reactivación de la falsificación

A fines de febrero de 2003 los trabajadores se hartaron y comenzaron la llamada “retención de tareas”: al no cobrar, concurren a sus puestos de trabajo a no hacer nada. De todos modos colaboraban en lo indispensable para que siguiera editándose El País. Raúl Gonzalo informó que no podría pagarles ni los 50 pesos semanales que venían cobrando y el 10 de marzo comenzó el cese total de trabajo que continúa hasta hoy. El juez del concurso Juan José Dieuzeide nombró un veedor.
Gonzalo contraatacó iniciando una causa por “ocupación del establecimiento” exigiendo el desalojo de los trabajadores. La fábrica en realidad no estaba tomada ni ocupada, sino que los trabajadores concurrían en sus horarios. El propio veedor judicial elevó al juez un escrito describiendo que no había tal ocupación: el control de la planta –informó- lo realizaba la empresa de seguridad Libercoop y personal adicional de la Policía Federal Argentina, en contacto permanente con el propio Gonzalo.
Hubo más intentos de magia. Gonzalo sostenía que su deuda con los obreros era ínfima y que les había pagado todo el 2002. Para demostrarlo, hizo lo lógico: le presentó al Veedor judicial todos los recibos firmados por los trabajadores durante ese año.
Hubo sólo un detalle disonante: todas las firmas, en más de 300 recibos, eran falsas. A simple vista podía notarse que, además, la misma persona aparecía con firmas absolutamente dispares, cosa que pudo confirmar el propio juez comercial sin necesidad de revisa demasiado esos garabatos amorfos. Esto es algo que puede generar la indignación de cualquier ciudadano honesto, e incluso la de cualquier falsificador eficiente.

Justicia privada

Con el descubrimiento de la falsificación, y de todo lo que eso implica como delito, llegó la orden de detención.
Pero no para Raúl Gonzalo, sino para los obreros acusados de usurpación por la jueza del Juzgado Nacional Correccional número 2, Mónica Atucha de Ares. Esta señora demostró la velocidad de la que es capaz la justicia –a veces- aceptando la denuncia por usurpación, ordenando el desalojo de una fábrica que no estaba tomada, y dictando el procesamiento de 14 de los trabajadores que estaban en la planta el día que ella envió a un oficial de justicia a inspeccionar.
La jueza, como ocurrió con el juez provincial Marcelo Goldberg en el caso de Crometal, puso la defensa de la propiedad privada (aunque se trate de un evidente evasor y falsificador denunciado por vaciamiento) y el ejercicio del desalojo, por encima de cualquier otro interés y derecho. El juez Goldberg terminó pidiéndole disculpas personalmente a los obreros, apenas entendió que estaba poniéndose en la mira de un juicio político. Esta jueza, en cambio, sigue con la amenaza de desalojo pendiente.
Don Aniceto Sanabria, uno de los veteranos de la cooperativa dice en voz alta: “Aquí no hay justicia, ¿no?”. Ninguno de los que estamos con él en el taller tenemos nada nuevo que decir al respecto.

Los obreros presentaron la idea de una ley de expropiación, que tomaron algunos legisladores porteños.
Cuenta Gustavo Ojeda: “Nuestra intención es poner aquí una escuela de artes gráficas, un centro de salud para Barracas y La Boca, y un centro cultural”. El modelo de IMPA, contagiando a otras cooperativas.

Ghelco es contagioso

La idea de derivar el conflicto hacia una cooperativa surgió por el comentario que un policía le hizo al propio Gustavo. El agente les dijo: “Mirá: esta gente pasó por mil bolonquis y terminaron armando una cooperativa quedándose con la fábrica”. Le dio un número de teléfono. Gustavo se conectó así con Ghelco, a cargo de la Cooperativa de Trabajo Vieytes, productora de insumos para confitería y heladería. Luego Gustavo contó la experiencia en su sindicato gráfico, y allí lo conectaron con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.
“Para mi es una metamorfosis. Fui nueve años delegado gremial, y ahora tengo que pensar más en que todos vamos a ser dueños de la empresa” dice un sorprendido Ojeda.
El sindicato (Federación Gráfica Bonaerense) fue el que en mayor medida los apoyó económicamente durante este tiempo (anteriormente, los obreros de Chilavert no habían recibido apoyo alguno).
Cuando se les pregunta qué efecto tuvo toda esta situación en las familias, los hombres de la cooperativa son parcos. Ojeda dice: “Las familias nos apoyan” pero Cristóforo Gramajo hace una mueca y dice: “Fue muy duro”.

Medios callados

El conflicto tuvo una repercusión anoréxica en los medios. Los casos más extraños (por llamarlos de algún modo) fueron los de Canal 9, que les hizo una nota que jamás emitió al aire, lo mismo que el periódico Página/12 (que hasta mediados de los 90 se imprimió en Conforti). Dice Gustavo Ojeda: “Los de Página nos vinieron a hacer una nota, pero después supimos que no la publicaron por la relación que tiene Gonzalo con los capos de ese diario”.
Los obreros siguieron cruzándose con Gonzalo en el Ministerio de Trabajo y en el propio taller, al cual el empresario concurre de vez en cuando, releyendo acaso las referencias a su persona pintadas en las paredes verdes. En una reunión en el ministerio, Gonzalo planteó las dificultades en que se encontraba, con riesgo incluso de no poder pagar el seguro de su 4×4, ni el de la su señora esposa. De todos modos, esa dura caída bajo niveles de subsistencia automovilística no parece haberse concretado. Los obreros, poco después, vieron que ambos llegaban a Conforti en sus respectivas camionetas, lo cual debe llevar tranquilidad a los allegados y amigos de la familia, y a los promotores de seguros.

¿Cuál es el futuro? Si sale la Ley de Expropiación, calculan que en cinco o seis días lograrían afinar y aceitar todo el funcionamiento de las máquinas. Gustavo: “Tenemos al menos tres clientes muy fuertes que volverían con nosotros. Con uno que se concrete, ya comemos los 28 que quedamos en la cooperativa, pero además podemos ir recuperando poco a poco nuestro mercado”.
Bajo la mirada de Lauro Vázquez y Gustavo Miranda, dos de los más jóvenes integrantes de la cooperativa (unos pocos de treinta y pico, y de allí para arriba) don Aniceto Sanabria vuelve a tomar la palabra: “Usted hizo muchas preguntas. ¿Puedo yo hacerle una? ¿Por qué este Gonzalo no está preso? ¿Hay justicia?”
Tal vez convenga dejar el interrogante abierto. Al igual que el de saber si Conforti pasará finalmente a manos de sus trabajadores. Todo está empezando. La fábrica está impecablemente mantenida por los obreros. Sobre la mesa del taller quedó el mazo de cartas. Mientras las máquinas sean sólo un adorno, el mazo tendrá como trabajo un acto de magia: ir matando al tiempo que falta para saber qué contestarle a don Aniceto cuando pregunta si hay justicia.

SEGUNDA PARTE

(Agosto de 2004)

La Cooperativa de Trabajo Patricios consiguió la Ley de Expropiación de los talleres el 27 de febrero de 2004. Ya no hay pintadas. Y cada vez más, el lugar es un rugido de rotativas. “Empezamos poco a poco. Pero ahora ya trabajamos toda la semana” dice uno de los obreros sonriendo, mientras uno de sus compañeros conduce un carro a motor que va entre las máquinas llevando y trayendo cargamentos de revistas y folletos. Ya no juegan a las cartas. No hay que matar al tiempo. Cambió el alma de este lugar.
La Cooperativa Patricios reinauguró la planta el 7 de enero del 2004 y en febrero comenzó a producir. Tiene 28 miembros pero ya hay 6 aspirantes más que trabajan día a día: “La idea es que al elevar el volumen de trabajo, se incorporen definitivamente” postula Ojeda, que trabaja en las máquinas cada turno noche.
Recuperaron clientes. Poligráfica del Plata, para la impresión de revistas como Mía, Debate, o los folletos del supermercado Auchan (sólo en este caso, se trata de tiradas de 400.000 ejemplares). Otra gráfica: IPESA. Productos como Enfoques Alternativos (del Partido Comunista), El Vocero Boliviano, El Descamisado, revistas barriales y derivaciones de trabajo de editoriales como Perfil.
“Hay que pensar que aquí se hacían Página/12, El Cronista Comercial y la impresión local de El País, de España” recuerda Ojeda para explicar el potencial de la imprenta.
Empezaron realizando retiros de 100 pesos semanales cada uno. Hoy ya llegaron a los 200, con la idea de llegar a 1.000 pesos mensuales. “Y después categorizar a los compañeros” plantea Ojeda: todos cobran lo mismo, pero suponen que con el tiempo habrá que reconocer distintos niveles de responsabilidad. “Si no, los compañeros se achanchan. Vengo más tarde, o no vengo, total cobro lo mismo”.
El sueño de la cooperativa es que la imprenta vuelva a tener entre 200 y 250 operarios, aprovechando al máximo su potencial.
Gustavo –que fue delegado sindical diez años hasta el conflicto- no alberga un falso optimismo con respecto a que el movimiento de recuperación de fábricas sea contagioso: “El asunto es concientizar al trabajador para llevarlo a una lucha. Pero la verdad es que es muy difícil, muy tremendo. Muchas veces los compañeros sólo quieren ir al trabajo, cobrar y volverse a la casa”.
Pero aún en esos casos, ¿qué preferirían los trabajadores si pudieran elegir? ¿Trabajar con patrón (privado o estatal), o lo que están haciendo ahora? “Los que están acá, no se van más. Pero los compañeros que no saben lo que es trabajar en una cooperativa, capaz que prefieren seguir como están y desentenderse de los problemas. Por eso es bueno que conozcan cómo son las cosas en las cooperativas”.

Otras novedades:

* La Secretaría de Educación porteña abrió en la planta una escuela especializada en técnicas gráficas, como parte de un programa de reinserción de adolescentes que abandonaron la escuela. Ya hay 140 chicos de 15 a 19 años estudiando.
* Se ha mudado la Biblioteca de Barracas, con 30.000 tomos.
* Funciona un centro cultural donde se enseña desde danza y teatro hasta ajedrez, con festivales los fines de semana.
* Planean instalar un merendero para los chicos del barrio y un centro de salud. Se trata de proyectos, pero teniendo en cuenta la efectividad que han tenido hasta ahora con cada una de sus iniciativas, la Cooperativa tiene crédito.

Dice Gustavo: “Estoy muy entusiasmado con todo este proyecto. Hace pocos años pensar en recuperar una fábrica era una utopía. Sinceramente creo que esto es histórico para el movimiento obrero”.
En términos cotidianos, observa que cambió el clima de trabajo: “Estamos todos más sueltos, más tranquilos, sin miedo al castigo. Eso genera más responsabilidad. A la vez, hay que concientizar más a los compañeros para que se comprenda que hay que defender cada puesto de trabajo, y demostrar que podemos administrar la empresa mejor que nadie”.
Lo hacen cada día, que Gustavo vive como pequeñas batallas ganadas dentro de un gran conflicto entre dos sectores que describe del siguiente modo: “Hay tipos que se levantan a la mañana pensando cómo cagar a la gente, y otros que piensan cómo reconstruimos a esta Argentina que la hicieron pedazos”.

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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