Por Claudia Acuña.

25 femicidios en 24 días: esa violencia criminal es para el gobierno de Javier Milei un privilegio.

17 infancias huérfanas en 24 días: el Presidente también considera que otorgarles el subsidio de la Ley Brisa –equivalente a la jubilación mínima– es otro privilegio.

En la continuidad discursiva que desplegó en el Foro Económico de Davos se anunció ahora la elaboración de un proyecto de ley para eliminar la figura de femicidio, además de derogar las leyes de cupo laboral trans y los DNI no binarios. El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona lo proclama con el nombre “igualdad ante la ley” y el propio gobierno reconoce que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado.

¿Entonces?

“Bizarro” calificaron en Davos el discurso de odio del Presidente argentino, según informa la periodista Luisa Corradini, la única que presenció el momento en el que Milei agravió

–¿sin saberlo?– a personas claves para seducir inversiones, el cual se supone es el objetivo que persigue todo funcionario en esa cumbre. Quizá por estar torpemente pronunciada o redactada, su cita del caso de Zachary y William Zulock –una pareja que abusó de sus dos hijos adoptivos y que en diciembre fue condenada a 100 años de cárcel– resonó como una acusación de pedofilia a todos los matrimonios igualitarios. Los asistentes al Foro señalaron además la desafortunada coincidencia: el flamante secretario del Tesoro de los Estados Unidos designado por Donald Trump es, justamente, Scott Bessent, casado con John Freedman y padre de dos hijos adoptados.

¿Entonces?

El Estado argentino otorgó en 2011 rango constitucional al Tratado de Belén Do Pará que lo obliga a implementar políticas y programas para erradicar la violencia contra las mujeres, personas trans y no binarias. En los últimos años ya fue apercibido dos veces por el Comité encargado de hacer cumplir ese tratado en los países miembros de la ONU. En ambos casos Argentina logró eludir la condena porque aceptó la culpa y suscribió un “acuerdo amistoso” que la obliga a cumplir una serie precisa de medidas. Es decir: el Estado argentino está ahora mismo obligado a algo así como una probation y al no cumplirla se expone a sanciones, especialmente económicas.

¿Entonces?

Este año y en octubre hay elecciones de medio tiempo. Se renueva media Cámara de Diputados y media de Senadores, pero hay mucho más en juego: la credibilidad del gobierno, la solidez del plan económico, el futuro. Por eso mismo a fines de diciembre el Gobierno adjudicó a 15 consultoras la realización de encuestas, focus groups y entrevistas en profundidad. La licitación fue publicada en el Boletín Oficial, detallando un esquema que incluye 66 tipos de estudios y montos que superan los 4 millones de pesos por encuesta, todas destinadas a monitorear la gestión en la opinión pública. Aunque formalmente el plan debe ponerse en marcha a partir del inicio legal de la campaña electoral previsto para el próximo 17 de junio de 2025, una de las seleccionadas es la consultora Julio Francisco Antonio Aurelio S.A  que ya realiza para el gobierno monitoreos diarios.

¿Entonces?

Gustavo Córdoba, experto en análisis de opinión pública, calcula que el piso de apoyo electoral a la Libertad Avanza está en el orden del 30/35 %, cifra que no alcanza ninguna otra fuerza opositora en virtud de la actual fragmentación.

La postal actual la sintetiza así:

• Una oposición sin liderazgos a la cual le es muy difícil armar un anti-mileísmo porque todavía es mayor el anti-kirchnerismo.
• La mayor parte de los representantes políticos, con sus apoyos tanto como con sus ausencias y silencios, suman al oficialismo.
• Los fuegos artificiales del Presidente dejan en las sombras la falta de resultados concretos de sus últimos viajes: asunción de Trump, Davos.

¿Entonces?

El mismo día que el Presidente agitaba odio e impunidad en Davos, a Malena Soto la degolló su pareja. Tenía una hija de 5 años y en su foto de perfil había escrito la siguiente frase:

“Nací para ser libre, no asesinada”.

¿Entonces?

El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.

Por Evangelina Bucari

Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.

Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.

A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.

¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:

Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense. 

A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.

La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.

Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como «femicidio seguido de suicidio».

Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.

No son cifras

En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:

14 en 2023,

15 en 2022,

23 en 2021,

7 en 2020,

16 en 2019,

18 en 2018,

12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:

55 utilizaron su arma reglamentaria,

Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),

En un caso el arma no estaba autorizada

En los 12 restantes no hubo datos de autorización.

No repetición, no cumplimiento

En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.

Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.

“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.

Otros incumplimientos

En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.

Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar «acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia». También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.

Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la  sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.

Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.

¿Qué tienen en común el vocero presidencial Manuel Adorni y la ex ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta? Ambos anunciaron que la cantidad de feminicidos habían disminuido. Adorni lo aseguró ayer en su habitual rueda de propaganda oficial. La ex ministra, el 30 de mayo de 2022. Es solo una de las coincidencias. La otra es la más contundente: ni uno ni otro gobierno asumió que todo femicidio es evitable. La tercera coincidencia está relacionada con la sensibilidad social y la responsabilidad política: no son cifras. Son vidas.

La declaración de Adorni tiene, además, un agravante: diciembre es históricamente el mes en el que se comete la mayor cantidad de estos crímenes. Este es particularmente trágico.

• En un solo día –15 de  diciembre– sufrimos seis femicidios en seis diferentes provincias argentinas.
• En un solo día –el 20 de diciembre– la violencia femicida asesinó a tres víctimas, dos de ellas criaturas. Una de dos meses en Jujuy, otra de dos años en Santiago del Estero.

Durante este 2024, además, el gobierno decretó la desaparición de una herramienta esencial para la visibilización y el registro al enmudecer a la agencia Telam. Se trata, nada menos, de una fuente de información oficial y nacional que en su agenda, durante los últimos años, le dio centralidad a la cobertura de estos casos. Sin esa fuente informativa los observatorios sostenidos por la sociedad civil –como el nuestro– e incluso por los organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Nación, han tenido que realizar un gran esfuerzo para obtener la información necesaria para actualizar sus registros. En nuestro caso, el rol de los medios territoriales ha sido central para compensar esa pérdida, ya que la mayoría de estos crímenes se cometen en localidades alejadas de las capitales provinciales.

La lista de coincidencias es extensa e incluye que ni antes ni ahora el Estado analizó los datos para diseñar lo que desde siempre falta: programas de prevención y contención. Una lectura atenta y responsable de los registros históricos podría establecer, por ejemplo, qué época del año es la más indicada para campañas de prevención y qué localidades son prioritarias para establecer programas pilotos de prevención. Esto implicaría, por supuesto, dedicar recursos económicos y profesionales a sistemas eficaces de recepción de alertas, de acompañamiento a víctimas y de contención de violencias. Implicaría, además, analizar sus resultados concretos, corregir y profundizar políticas y, sobre todo, rendir públicamente no solo los gastos, sino los porqués, los quiénes y las consecuencias negativas y positivas de cada programa. Nada más lejos de la motosierra con la que el actual gobierno arrasó lo poco que la sociedad movilizada y organizada había logrado arrancarle al Estado durante la última década.

Las consecuencias del negacionismo femicida son las que están a la vista, por tremendamente reales y cotidianas.

Los femicidios no se detienen.

El Estado es responsable no es una frase.

Acá podés leer la introducción al Informe 2024 de nuestro Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal.