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Juicio a la ESMA: Nada más que la verdad

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El prefecto Héctor Febres, uno de los represores que manejaba la situación de las embarazadas en la ESMA, y por lo tanto de los bebés desaparecidos, comenzará a ser juzgado este jueves 18 de octubre aunque no por ese delito sino por secuestros y torturas. Más de 40 testigos irán a declarar. El ministerio de Justicia les ofreció colocarles pulseras electrónicas por si fuesen víctimas de un secuestro, lo cual demuestra, según dijo a lavaca el abogado Rodolfo Yanzón, que el Estado no sabe qué hacer y “no está en condiciones de proteger a los testigos” pese al lo cual todos van a declarar. “Por mi, y por miles que nunca van a poder hacerlo” expresó uno de los querellantes. En diciembre habrá sentencia.

Veinte años después de las leyes de Punto final y Obediencia Debida alfonsinistas que frenaron las causas por violaciones a los derechos humanos tras los levantamientos carapintadas del luego duhaldista y actual kirchnerista Aldo Rico, por primera vez se podrá retomar la llamada Causa ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) a partir de sólo un caso, por ahora: el del prefecto Héctor Antonio Febres. Ocurrirá en la llamada “Sala Amia”, donde el público observa detrás de un vidrio blindado, y que hace referencia a esa especie de dictadura de la impunidad que el poder judicial demasiadas veces convalida.
Abogados, querellantes y sobrevivientes decidieron impulsar este juicio que puede parecer “pequeño” (si alguien quisiera hablar de pequeños crímenes de lesa humanidad) pero que permitirá revelar una vez más los mecanismos y perversiones del terrorismo de Estado, y acaso condenar a uno de sus ejecutores.
Tupac ESMA
La Causa ESMA es una especie de Tupac Amaru, descuartizada por las trampas de funcionarios del Poder Judicial como forma de garantizar la impunidad de varios de los principales criminales que ha tenido la historia argentina, asalariados en uno de los más paradigmáticos campos de concentración y exterminio.
Uno de los abogados de los querellantes, Rodolfo Yanzón, explicó a lavaca una secuencia que es un modo de contar la historia reciente: “En la Causa 13 contra los ex comandantes (celebrada en 1985) la Cámara Federal planteó la necesidad de seguir investigando no sólo a los jefes máximos, sino a quienes habían cometido los crímenes. Así se abrió la causa ESMA que instruyó el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas”.
Debe recordarse que durante la gestión de Raúl Alfonsín, cundió la superstición según la cual los militares debían hacerse cargo de su propio juzgamiento, teoría que fue derritiéndose en la práctica (y eso posibilitó el Juicio a los ex comandantes). La Causa ESMA en manos del Consejo Supremo tomó algunos casos testigos “lo cual ya implicaba un cercenamiento” dice Yanzón, pero todo se disolvió con los levantamientos carapintadas que llevaron al gobierno de Alfonsín a decretar no sólo el Punto Final (para evitar nuevos juicios) sino la llamada Ley de Obediencia Debida (según la cual los que mataron, torturaron o cometieron otros crímenes aberrantes, lo hicieron sólo cumpliendo órdenes superiores).
Yanzón: “Al anularse esas leyes en 2003, el juez Sergio Torres decidió retomar lo que había iniciado el Consejo Supremo para avanzar con los juicios. Había personas procesadas, otras no, y un gran número de hechos jamás habían sido investigados. Torres planteó enjuiciar a los procesados como Acosta, Astiz, Pernía, Rolón, Scheller, Febres, pero la Cámara de Casación tomó esa causa, la trabó, y dijo que no podría realizarse hasta que ella, la Cámara, resolviese si podía reabrirse o no”.
La Cámara de Casación es casi tan progresista como lo fue el Proceso de Reorganización Nacional, y ha sido vastamente criticada por el propio presidente Kirchner y la Corte Suprema. “Este juicio no es lo que queríamos: sólo Febres y por los delitos cometidos contra cuatro sobrevivientes. Pero tampoco vamos a minimizarlo porque es la consecuencia de más de 20 años de impunidad lisa y llana más el accionar de la Cámara de Casación que se sentó arriba del caso y es la que impide que en esta misma causa estén acusados Alfredo Astiz y Jorge Acosta, por ejemplo”.
La otra posibilidad era esperar a que una Causa Esma mayor llegase a los tribunales, una vez libre de las asentaderas de Casación. “Pero lo que vimos con los querellantes y testigos es que eso puede tardar años, y que el Estado no brinda ninguna condición, no brinda garantías de que se llegue a ese otro hipotético juicio, y por eso queremos que ahora se lleve a cabo éste y luego seguiremos con todos los que hagan falta”.
¿Dónde están los hijos de desaparecidos
¿Qué va a ocurrir en el juicio? Como tratará cuatro casos de secuestro (privación ilegítima de la libertad) y tormentos, no habrá pena de prisión perpetua (pena que se aplica en casos de homicidios probados). Yanzón; “Pero nosotros vamos a pedir el máximo, 25 años, y la posibilidad de probar delitos que permitan la prisión perpetua quizás se de en alguna de las causas posteriores”. Otra cosa que va a ocurrir es que los más de 40 testigos relatarán sus propios casos personales. “Pero además van a contar que Febres, además de haber participado en los grupos de tareas, los secuestros y las torturas, era uno de los encargados de la relación con las mujeres embarazadas que parían dentro de la ESMA” explica Yanzón. “Por esos hechos habrá otra causa en juicio oral, pero es inevitable que este tema aparezca en este juicio. Lo fundamental, es que este hombre sabía cuál era el destino de los chicos que arrebataban a las mujeres. Nada más y nada menos. Hasta el día de hoy nadie lo sabe. Él nunca abrió la boca. Pero tampoco la Armada ni la Prefectura. En algún momento las propias fuerzas armadas y el presidente, como su comandante, van a tener que hacer algo con respecto a esto: brindar información. Febres daría una información vital porque era uno de los que decía, esta chica ya parió, así que va para allá (las y los lectores imaginan qué significa ese “allá”) y este bebé va para tal familia”.
Yanzón acierta en que nunca el poder político, parece haber tenido la decisión de ejercer una autoridad que haga que los militares revelen aquello que ya ha sido juzgado como un crimen institucional (y no un error o un exceso).
“Aunque a Febres no se lo juzgue en este caso por los chicos desaparecidos, la idea es que eso de todos modos salga a la luz”.
Muchas ESMA
Los casos que sí serán juzgados son los de los secuestrados y torturados Alfredo Margari, Carlos García, Josefa Braga y Carlos Lordkipanidse. Este último fue uno de los que pidió la suspensión del juicio (para incluirlo en la causa mayor), al igual que lo hizo la fiscal Mirna Goranski. Yanzón: “Claro que uno querría ese gran juicio, pero es totalmente incierto saber si se hará. Ni el tribunal ni la Corte dieron lugar a esa suspensión planteada días antes, siendo que esto se está llevando adelante desde hace un año y medio. Nosotros hemos considerado que es importante que se vea esa voluntad real de juzgar: que se vienen los juicios”.
Sólo la Tupac ESMA incluye, según el repaso del doctor Yanzón:

  • El juicio a Febres,
  • El juicio que había iniciado el Consejo Supremo (Astiz, Acosta, y demás),
  • La causa por lo sucedido en la iglesia de Santa Cruz: el secuestro de las Madres de Plaza de Mayo Azucena Devincenti, Esther Careaga y Mary Bianco, las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y siete familiares y militantes más que se reunían en esa iglesia que –contra la corriente eclesiástica- cobijaba a las víctimas en lugar de bendecir al crimen organizado por los militares. Horror en idioma argentino: como en este caso sí aparecieron los cuerpos, podrá haber condenas por asesinato.
  • El caso del escritor e integrante de Montoneros Rodolfo Walsh.
  • El caso de bienes apropiados a los secuestrados, como el del contador Conrado Gómez, de Mendoza.
  • El caso de Juan “Jeringa” Barrionuevo, político justicialista de Tierra del Fuego, acusado de desempeñarse en la ESMA como el encargado de administrar inyecciones de Pentonaval, para dopar a las personas que luego eran arrojadas vivas al mar desde los “vuelos de la muerte”.

El solo desarrollo de estos temas permite comprender la magnitud del crimen. “Pero si nos guiamos por tiempos judiciales como los actuales, pensando en unificar eso y tal vez más causas, uno puede imaginarse que el hipotético juicio conjunto es imposible de garantizar con este poder judicial” dice Yanzón.
La pulserita del Ministerio de Justicia
Los testigos, cuenta Yanzón, viven el efecto rebote inevitable tras la desaparición de Julio López. “Cualquier cosa fuera de lo común es para ellos una alarma. Ahora tienen los nervios propios de volver a declarar ante un tribunal, pero lo que hemos hecho es tomar algunas medidas de seguridad para poder estar permanente comunicados por cualquier cosa que necesiten”.
La sensación, tras la desaparición de López, es que no hubo cuidado sobre los testigos: “Y es lo que sigue ocurriendo. En el juicio a Von Wernick por suerte no pasó nada, pero no hubo ninguna protección. Estoy hablando de lo que tendría que hacer y no hace el Estado” dice Yanzón que cuenta una situación ilustrativa del estado de las cosas: “Vino gente del Ministerio de Justicia y les propuso a uno de los testigos: Te podemos poner una pulserita electrónica por si acaso”. Se trataría de un dispositivo electrónico para detectar a la persona, cual las agencias policiales que detectan la localización de autos robados. Esta posible genialidad de los funcionarios fue contestada del siguiente modo: “¿Vos querés que además me corten el brazo para que ustedes no encuentren la pulserita?”
Según Yanzón este diálogo demuestra varias cosas: “Los funcionarios no sé si no quieren, pero no saben qué hacer. Yo creo que estos juicios merecen la atención de la comunidad internacional, y que el Estado tendría que reconocer que no está en condiciones de proteger a los testigos, y necesita una colaboración externa. La ONU, la OEA, la Cruz Roja, otra cosa”. Yanzón recuerda la situación que vivió en Colombia, donde los testigos y amenazados por grupos paramilitares eran protegidos por personal especializado. “Aquí se agrega que a los testigos les decís que los va a cuidar la policía, y no quieren saber nada”.
Para el abogado el otro problema es de ideología y autopreservación de la burocracia. “En el Poder Judicial, el Ejecutivo, en la secretaría de Derechos Humanos, estos juicios generan además un montón de oficinas nuevas y empleos, que luego tienen que justificarse. Si vos revelás que todo eso no sirve para nada, les arruinás esa fuente laboral. Pasó con la Causa ESMA y la del Primer Cuerpo del Ejército. Los jueces estaban chochos porque podían contratar más gente, los empleados chochos porque recibían contratos mejores, todo esto genera poder, empleo, manejo de gente y de dinero, y formas de justificar todo ese movimiento”. Para Yanzón, escéptico sobre estas invenciones estatales, ya hay oficinas de asistencia a las víctimas que son una especie de adorno, al igual que las de protección de testigos.
Teléfonos donde llamar
¿Y sin embargo la gente irá a declarar?
“Sí, muchos incluso sabiendo que posiblemente, y con suerte, tendrán que volver a hacerlo después. Te dicen: si hay que ir mil veces, iremos mil veces. Alfredo Margari dijo: “Tengo la obligación de estar en el juicio, por los que no están. ¿Me voy a ir a mi casa si hay miles de desaparecidos que nunca van a poder hablar? Justamente: tengo que hablar por ellos”.
El juicio se extenderá hasta los primeros días de diciembre, cuando quizás se conozca la sentencia. Todos los datos que requiera el periodismo pueden ser consultados a los propios abogados, a los siguientes teléfonos.
Rodolfo Yanzón: 155 017 0167
Adrián Gómez: 156 398 5499
Flavia Fernández Brozzi: 156 046 9499
Luz Palmas Zaldúa 156 374 6308

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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

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A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.

Por María del Carmen Varela

El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.

La propuesta reza:

El Teatro está Abierto: ENTRÁ.

La historia no se repite igual, pero rima.

El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.

La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.

Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».

El texto poético que acompaña el mitín:

Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada

Ayer fue incendio, hoy es apagón

Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito

Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva

Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital

En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.

Entrá porque es urgente

Entrá porque es ahora.

El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.

Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)

[email protected]

Instagram: @festivalentra

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Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

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Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.

Por Francisco Pandolfi

Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra). 

La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.

La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.

Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra. 

Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran: 

• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.

• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.

• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.

• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.

• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.

• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.

Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:

• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.

• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.

• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.

La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.

¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?

Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.

¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?

Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.

¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?

Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.

La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.

Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.

Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.

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Marcha de jubilados: balas y bolitas

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Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales. 

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.

Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.

Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.  

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.

Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.

Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla. 

  • “Vacas gordas, jubilados flacos”.
Marcha de jubilados: balas y bolitas

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.

Números y un café

Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca  mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.

Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.

De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.

Abus en la calle 

Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.

En la marcha hubo muchos carteles al respecto: 

  • No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
  • Ni veto ni represión: fuera el FMI
  • No al veto a las leyes en jubilaciones
  • No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei). 

Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.

Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.

Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Jubilado hablándole a la pared.

Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”. 

Vallas a donde vayas

El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.

Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.

Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.

La violencia y las bolitas

Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar). 

La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

¿Qué escudan los escudos?

Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”. 

Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.

Sin embargo, la gente no se fue.

La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió. 

“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.

Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.

De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.

Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:

–Juguemos a las bolitas.

Todos se rieron, por el absurdo de la situación. 

De nuevo, frente al horror, la creatividad social. 

Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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