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La conexión Odebrecht

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Para entender el escándalo de sobornos y lavado de dinero que atraviesa a 12 países de América Latina, entre ellos Argentina. Por Pablo Pozzolo para Brecha.
El símbolo fue una rata con una banda presidencial cruzándole el pecho. El bicho (un muñeco gigante) saltaba mientras la gente lo golpeaba. “A la cárcel los presidentes corruptos”, gritaban los manifestantes reunidos en Lima el sábado 18. Eran miles y miles, convocados por organizaciones de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles. El motivo de la Marcha Anticorrupción, que recorrió el centro de la capital peruana y culminó en el Palacio de Justicia, fue el “megaescándalo Odebrecht”. Perú es –después de Brasil, de donde todo partió, además de Venezuela y Dominicana– uno de los países latinoamericanos donde más lejos llegó la constructora brasileña en el pago de sobornos a dirigentes políticos de distinto pelo con el fin de obtener contratos de obra pública. Y el país en que el escándalo ha tenido más consecuencias políticas.
No se sabe con exactitud cuántas decenas de millones de dólares destinó a ese fin la translatina brasileña en el país andino, pero sí se sabe que bajo la administración de Alejandro Toledo fueron al menos 20. Y también pagó sus buenos sobornos durante el gobierno de Ollanta Humala, y tal vez en el de Alan García. La Fiscalía General de Perú emitió una orden internacional de detención contra Toledo. Se supone que está en San Francisco, Estados Unidos, donde tiene residencia. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía y presidía el Consejo de Ministros cuando Toledo gobernaba, dijo que nada sabía de los sobornos, pero en la marcha del sábado pasado la rata era golpeada por manifestantes que coreaban su nombre entre los de otros políticos corruptos a los que había que mandar a la cárcel. Manifestantes interrogados por la prensa peruana recordaron que el Consejo de Ministros presidido por el actual jefe de Estado fue el que aprobó conceder a Odebrecht la construcción de una carretera a pesar de la opinión contraria de los organismos estatales de contralor.
En la manifestación, uno de los ex presidentes más aludidos era Alan García. El ex dirigente del Apra regresó a Perú la semana pasada para declarar como testigo en el proceso Odebrecht. Uno de sus viceministros está acusado de recibir sobornos de la compañía brasileña para la construcción de una línea del metro capitalino, y se investiga la concesión de un gasoducto a la misma empresa, una obra iniciada durante su gestión y culminada bajo la de Ollanta Humala. También García dice que él nada tuvo que ver, pero la fiscalía no le cree. Humala es otro que niega tener algo que ver con las coimas que pagó Odebrecht por el gasoducto (declaró un día después que García), pero su esposa, Nadine Heredia, es investigada por la fiscalía por ese caso y hay indicios de que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de este ex presidente que comenzó coqueteando con la izquierda y terminó su gestión gobernando con y para los empresarios.
El viernes 17 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria decidió embargar en unos 80 millones de dólares a Odebrecht y a otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Corrêa y Oas). Se les congelaron las cuentas bancarias, sus bienes inmuebles y vehículos.

***

Además de Perú, figuran en la conexión Odebrecht Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Y por supuesto Brasil, donde el escándalo comenzó a ser destapado en 2014 con la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una gigantesca trama de lavado de dinero en la que aparecen implicadas la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas de obras del país, entre ellas Odebrecht.
Delegados de las fiscalías de los 15 países involucrados se reu-nieron la semana pasada a puertas cerradas en Brasilia para “poner a punto una investigación regional sobre el caso”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos 15 países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016. En diciembre pasado la fiscalía estadounidense le abrió una investigación a la brasileña en aplicación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permite sancionar a empresas que operan en el país y hayan cometido delitos fuera de fronteras. Odebrecht admitió los hechos y fue condenada a desembolsar 3.500 millones de dólares en Estados Unidos.
El sistema de delaciones premiadas instaurado por la justicia brasileña, por el cual quienes colaboran en el esclarecimiento de delitos de este tipo ven reducidas sus penas, hizo que 77 ejecutivos de Odebrecht (comenzando por su ex presidente y propietario, Marcelo Odebrecht, condenado en principio a 19 años de prisión) –y de otras empresas– hablaran a troche y moche. En Brasil fueron salpicados políticos y gobernantes de casi todos los partidos, sobre todo del Partido Progresista, pero también del PT, el Psdb y del Pmdb.
En Colombia aparecen manchados tanto el actual presidente, Juan Manuel Santos, como el anterior, el ultraderechista Álvaro Uribe. Odebrecht habría contribuido con un millón de dólares a la campaña del primero, y un viceministro de Uribe está preso acusado de haber recibido coimas de la constructora brasileña. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (de Uribe) en las últimas presidenciales, también habría sido mencionado por Marcelo Odebrecht entre los políticos de rango alto e intermedio que recibieron dinero de su empresa a cambio de favores.
En Panamá el gobierno presentó el lunes 20 una querella criminal contra la firma para recuperar el dinero que ésta pagó en sobornos, que habría totalizado unos 59 millones de dólares en el período 2009-2014, coincidente con la presidencia de Ricardo Martinelli. La justicia suiza congeló las cuentas (22 millones de dólares) de dos de los hijos del ex presidente. También se investiga a un hermano de Martinelli, a un ex ministro, y a casi una veintena de políticos, funcionarios y empresarios. Odebrecht es la principal constructora establecida en Panamá (se hizo cargo de una línea del metro, de la autopista Ciudad de Panamá-Colón, de la remodelación urbanística de Colón, de un paseo marítimo). En enero hubo en el país una gigantesca marcha anticorrupción que algunos analistas llamaron “marcha anti Odebrecht”. Los manifestantes pidieron que se expulse a la empresa brasileña, y que se investigue también al actual gobierno del empresario Juan Carlos Varela. Varela fue vice de Martinelli durante todo su período de gestión y su canciller hasta 2011, cuando rompieron relaciones.
En Guatemala los sobornos pagados por Odebrecht entre 2012 y 2015 llegarían a 18 millones de dólares. La red de corrupción está siendo investigada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción, dependiente de las Naciones Unidas.
En República Dominicana, a fines de enero más de 20 organizaciones sociales organizaron una marcha que reunió a decenas de miles de personas. Los manifestantes pedían “el fin de la impunidad en el caso Odebrecht” y estaban vestidos de verde, un color que no identifica a ningún partido político nacional. La empresa brasileña admitió haber repartido unos 92 millones de dólares en coimas a funcionarios dominicanos de distinto rango entre 2000 y 2012, y se comprometió a pagar al fisco unos 182 millones. Pero los partidos de oposición piden que sean encarcelados sus representantes y los gobernantes y políticos que recibieron las coimas.
Venezuela compite con Dominicana por el segundo puesto en montos de sobornos pagados por Odebrecht: entre 90 y 98 millones de dólares por 32 obras que costaron unos 11.000 millones de dólares, según la Ong Transparencia Venezuela. La primera orden de detención en el país se emitió a fines de enero, contra una persona no identificada. Un fiscal venezolano podría interrogar a Marcelo Odebrecht en la cárcel, si la justicia brasileña lo acepta.
En Ecuador, los sobornos pagados habrían alcanzado alrededor de 33 millones de dólares. Un ex ministro de Rafael Correa cayó por este asunto, y los analistas coinciden en que el caso Odebrecht, y los de corrupción en general, jugaron un papel no desdeñable en la elección del domingo pasado.

***

Según el fiscal del área internacional de la Operación Lava Jato, Vladimir Aras, las investigaciones van a durar “uno o dos años más”. “Si contamos con la independencia y la autonomía de los ministerios públicos de la región es posible esperar que revelen otros esquemas corruptos paralelos a aquellos actos ilícitos que habrían sido practicados por empresas brasileñas, sobre todo constructoras, en otros países”, dijo Aras el lunes 20 a la agencia Afp. El fiscal admitió que políticos y gobernantes intentarán protegerse, como ya se vio en el propio Brasil, donde el Congreso aprobó una ley de autoamnistía antes de que los “delatores premiados” de Odebrecht se sentaran a hablar. “En otros países es posible que haya reac-ciones semejantes, y sabemos que en Angola ya se aprobó una legislación que en cierto modo amnistía conductas ilícitas que fueron practicadas”, apuntó.

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

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La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos. 

“Pan y circo”, dice. 

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro. 

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento, 

consiganló, 

del 3% 

que Karina se robó”. 

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”. 

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”. 

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes. 

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena. 

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial. 

Silencio. 

“¿Me pueden decir sí o no?”. 

Silencio.  

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

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También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival. 

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

  • “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
  • “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
  • El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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