CABA
La conexión Odebrecht
Para entender el escándalo de sobornos y lavado de dinero que atraviesa a 12 países de América Latina, entre ellos Argentina. Por Pablo Pozzolo para Brecha.
El símbolo fue una rata con una banda presidencial cruzándole el pecho. El bicho (un muñeco gigante) saltaba mientras la gente lo golpeaba. “A la cárcel los presidentes corruptos”, gritaban los manifestantes reunidos en Lima el sábado 18. Eran miles y miles, convocados por organizaciones de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles. El motivo de la Marcha Anticorrupción, que recorrió el centro de la capital peruana y culminó en el Palacio de Justicia, fue el “megaescándalo Odebrecht”. Perú es –después de Brasil, de donde todo partió, además de Venezuela y Dominicana– uno de los países latinoamericanos donde más lejos llegó la constructora brasileña en el pago de sobornos a dirigentes políticos de distinto pelo con el fin de obtener contratos de obra pública. Y el país en que el escándalo ha tenido más consecuencias políticas.
No se sabe con exactitud cuántas decenas de millones de dólares destinó a ese fin la translatina brasileña en el país andino, pero sí se sabe que bajo la administración de Alejandro Toledo fueron al menos 20. Y también pagó sus buenos sobornos durante el gobierno de Ollanta Humala, y tal vez en el de Alan García. La Fiscalía General de Perú emitió una orden internacional de detención contra Toledo. Se supone que está en San Francisco, Estados Unidos, donde tiene residencia. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía y presidía el Consejo de Ministros cuando Toledo gobernaba, dijo que nada sabía de los sobornos, pero en la marcha del sábado pasado la rata era golpeada por manifestantes que coreaban su nombre entre los de otros políticos corruptos a los que había que mandar a la cárcel. Manifestantes interrogados por la prensa peruana recordaron que el Consejo de Ministros presidido por el actual jefe de Estado fue el que aprobó conceder a Odebrecht la construcción de una carretera a pesar de la opinión contraria de los organismos estatales de contralor.
En la manifestación, uno de los ex presidentes más aludidos era Alan García. El ex dirigente del Apra regresó a Perú la semana pasada para declarar como testigo en el proceso Odebrecht. Uno de sus viceministros está acusado de recibir sobornos de la compañía brasileña para la construcción de una línea del metro capitalino, y se investiga la concesión de un gasoducto a la misma empresa, una obra iniciada durante su gestión y culminada bajo la de Ollanta Humala. También García dice que él nada tuvo que ver, pero la fiscalía no le cree. Humala es otro que niega tener algo que ver con las coimas que pagó Odebrecht por el gasoducto (declaró un día después que García), pero su esposa, Nadine Heredia, es investigada por la fiscalía por ese caso y hay indicios de que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de este ex presidente que comenzó coqueteando con la izquierda y terminó su gestión gobernando con y para los empresarios.
El viernes 17 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria decidió embargar en unos 80 millones de dólares a Odebrecht y a otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Corrêa y Oas). Se les congelaron las cuentas bancarias, sus bienes inmuebles y vehículos.
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Además de Perú, figuran en la conexión Odebrecht Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Y por supuesto Brasil, donde el escándalo comenzó a ser destapado en 2014 con la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una gigantesca trama de lavado de dinero en la que aparecen implicadas la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas de obras del país, entre ellas Odebrecht.
Delegados de las fiscalías de los 15 países involucrados se reu-nieron la semana pasada a puertas cerradas en Brasilia para “poner a punto una investigación regional sobre el caso”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos 15 países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016. En diciembre pasado la fiscalía estadounidense le abrió una investigación a la brasileña en aplicación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permite sancionar a empresas que operan en el país y hayan cometido delitos fuera de fronteras. Odebrecht admitió los hechos y fue condenada a desembolsar 3.500 millones de dólares en Estados Unidos.
El sistema de delaciones premiadas instaurado por la justicia brasileña, por el cual quienes colaboran en el esclarecimiento de delitos de este tipo ven reducidas sus penas, hizo que 77 ejecutivos de Odebrecht (comenzando por su ex presidente y propietario, Marcelo Odebrecht, condenado en principio a 19 años de prisión) –y de otras empresas– hablaran a troche y moche. En Brasil fueron salpicados políticos y gobernantes de casi todos los partidos, sobre todo del Partido Progresista, pero también del PT, el Psdb y del Pmdb.
En Colombia aparecen manchados tanto el actual presidente, Juan Manuel Santos, como el anterior, el ultraderechista Álvaro Uribe. Odebrecht habría contribuido con un millón de dólares a la campaña del primero, y un viceministro de Uribe está preso acusado de haber recibido coimas de la constructora brasileña. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (de Uribe) en las últimas presidenciales, también habría sido mencionado por Marcelo Odebrecht entre los políticos de rango alto e intermedio que recibieron dinero de su empresa a cambio de favores.
En Panamá el gobierno presentó el lunes 20 una querella criminal contra la firma para recuperar el dinero que ésta pagó en sobornos, que habría totalizado unos 59 millones de dólares en el período 2009-2014, coincidente con la presidencia de Ricardo Martinelli. La justicia suiza congeló las cuentas (22 millones de dólares) de dos de los hijos del ex presidente. También se investiga a un hermano de Martinelli, a un ex ministro, y a casi una veintena de políticos, funcionarios y empresarios. Odebrecht es la principal constructora establecida en Panamá (se hizo cargo de una línea del metro, de la autopista Ciudad de Panamá-Colón, de la remodelación urbanística de Colón, de un paseo marítimo). En enero hubo en el país una gigantesca marcha anticorrupción que algunos analistas llamaron “marcha anti Odebrecht”. Los manifestantes pidieron que se expulse a la empresa brasileña, y que se investigue también al actual gobierno del empresario Juan Carlos Varela. Varela fue vice de Martinelli durante todo su período de gestión y su canciller hasta 2011, cuando rompieron relaciones.
En Guatemala los sobornos pagados por Odebrecht entre 2012 y 2015 llegarían a 18 millones de dólares. La red de corrupción está siendo investigada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción, dependiente de las Naciones Unidas.
En República Dominicana, a fines de enero más de 20 organizaciones sociales organizaron una marcha que reunió a decenas de miles de personas. Los manifestantes pedían “el fin de la impunidad en el caso Odebrecht” y estaban vestidos de verde, un color que no identifica a ningún partido político nacional. La empresa brasileña admitió haber repartido unos 92 millones de dólares en coimas a funcionarios dominicanos de distinto rango entre 2000 y 2012, y se comprometió a pagar al fisco unos 182 millones. Pero los partidos de oposición piden que sean encarcelados sus representantes y los gobernantes y políticos que recibieron las coimas.
Venezuela compite con Dominicana por el segundo puesto en montos de sobornos pagados por Odebrecht: entre 90 y 98 millones de dólares por 32 obras que costaron unos 11.000 millones de dólares, según la Ong Transparencia Venezuela. La primera orden de detención en el país se emitió a fines de enero, contra una persona no identificada. Un fiscal venezolano podría interrogar a Marcelo Odebrecht en la cárcel, si la justicia brasileña lo acepta.
En Ecuador, los sobornos pagados habrían alcanzado alrededor de 33 millones de dólares. Un ex ministro de Rafael Correa cayó por este asunto, y los analistas coinciden en que el caso Odebrecht, y los de corrupción en general, jugaron un papel no desdeñable en la elección del domingo pasado.
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Según el fiscal del área internacional de la Operación Lava Jato, Vladimir Aras, las investigaciones van a durar “uno o dos años más”. “Si contamos con la independencia y la autonomía de los ministerios públicos de la región es posible esperar que revelen otros esquemas corruptos paralelos a aquellos actos ilícitos que habrían sido practicados por empresas brasileñas, sobre todo constructoras, en otros países”, dijo Aras el lunes 20 a la agencia Afp. El fiscal admitió que políticos y gobernantes intentarán protegerse, como ya se vio en el propio Brasil, donde el Congreso aprobó una ley de autoamnistía antes de que los “delatores premiados” de Odebrecht se sentaran a hablar. “En otros países es posible que haya reac-ciones semejantes, y sabemos que en Angola ya se aprobó una legislación que en cierto modo amnistía conductas ilícitas que fueron practicadas”, apuntó.
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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