Nota
Larreta vs una pileta: una comunidad educativa movilizada por la educación pública
La comunidad educativa de la escuela Álvarez Thomas marchó por las calles del barrio porteño de Agronomía contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de intervenirles la cooperadora. El conflicto data de 2017, cuando las autoridades quisieron quitarles las clases de natación a más de 500 niños y niñas. La cooperadora apoyó el reclamo de cientos de familias. Un fallo judicial les dio la razón, pero al mes el gobierno removió a la comisión directiva. Qué dicen madres y padres. Los argumentos de la Ciudad. Las deudas con la escuela. Y la movilización que pone en el centro a la escuela pública.

Por Lucrecia Raimondi
La primera reacción fue un aplausazo cuando entregaron las canastas alimentarias. La semana pasada organizaron una caravana en autos desde la escuela hacia la jefatura de gobierno para que los reciba algún funcionario de la ciudad, reunión que fue denegada. Y la noche del viernes marcharon, con antorchas y en silencio: más de 600 personas caminaron 12 cuadras con barbijos y distancia social con la consigna de cuidarse mucho para defender la escuela. Niñas, niños, adolescentes, madres, padres, docentes y vecines empezaron el recorrido en la esquina de Asunción y terminaron en la esquina de Nueva York donde hicieron un acto de cierre que exigió al Gobierno porteño la nulidad de la intervención de la Cooperadora de la Álvarez Thomas.
Fueron los alumnos y alumnas de séptimo grado quienes durante la marcha llevaron el grito en una bandera: “no a la intervención de la cooperadora”, decía, y cuando llegaron a la escuela la bandera quedó colgada en su puerta.

Los argumentos y el silencio
Desde el 22 de septiembre, el Ministerio de Educación decidió intervenir la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº4 Distrito Escolar 16 de Agronomía, o como la llama su comunidad, “el Alva”. El pesado y denso silencio se sintió como respuesta contundente a la arbitraria e inconsulta remoción de la comisión directiva integrada por madres y padres.
El Gobierno de la Ciudad arremete contra la cooperadora con argumentos políticos y ridículos: en el expediente figura como argumento explicito para la intervención que la cooperadora representó a la comunidad en una causa judicial contra el Gobierno de la Ciudad para proteger los derechos de los niños y las niñas del Álvarez Thomas cuando en 2017 quisieron quitarle las clases de natación al nivel inicial y reducir las del nivel primario en el natatorio que es propio de la escuela, construido hace 40 años con fondos de la cooperadora. La pileta también era utilizada por más de 50 escuelas que enviaban alrededor de 500 niños y niñas de los distritos 14 y 15 porque desde el Ministerio decidieron suspender los alquileres de natatorios privados. Así redujeron las horas de natación de esas escuelas solo para 4to grado 14 clases por año. Cuando en muchos casos, sobre todo en nivel inicial, el primer contacto con el agua profunda y aprender a sacarse el miedo y a nadar lo logran por el contacto que hacen desde la escuela con la natación.

El fallo favorable se dio a conocer a fines de agosto y un mes después la cooperadora fue intervenida.
A partir de ese momento, la administración de los recursos de la cooperadora pasó a manos de funcionarios que no comparten el proyecto que se venía planteando. Desde que el Gobierno de la Ciudad intervino la cooperadora, los salarios de las trabajadoras se pagaron diez días después de lo estipulado, los proveedores cobraron a destiempo y se gastó más recursos a la vez que bajó la calidad de la canasta complementaria que entregaban con verduras orgánicas o elementos de higiene. El personal que se ocupaba del reparto de esas canastas fue reemplazado por otro sin habilitación sanitaria para operar los alimentos. Además, denuncian que recibieron maltrato y hostigamiento: la interventora se infiltró entre las familias y filmó a las que protestaron por el mal servicio de las canastas y la falta de refuerzos.

Como si fuera poco, la cooperadra logró un ahorro de 24 millones de pesos, por un fondo de inversión que inició en 2012, que estaba pensado destinarse a la construcción de un gimnasio para la escuela. El Ministerio, con su interventora Teresa Patronelli, quieren gastar ese dinero en infraestructura escolar, obras que le corresponden resolver al mismo Gobierno, que contrató y pagó millones a empresas tercerizadas que incumplieron con los arreglos. Y también, le deben a la cooperadora del Álvarez Thomas 600 mil pesos del pago de becas del 2019. Las familias quedan fuera de la gestión y control de la calidad de comida que reciben y denuncian que el plan de intervención previsto requiere de fondos para para destinarlos a mantenimiento del edificio, para lo cual se le pagó a las empresas responsables de cumplir con el mantenimiento preventivo y la reparación de todas las cuestiones cruciales. Quieren destinar los fondos de ahorro para salvar a las empresas que no cumplen con su contrato.

Lo que dice la auditoria
“La intervención releva de funciones a la Comisión Directiva que administra todos los recursos de la cooperadora. Entendemos que la medida arbitraria en un contexto de pandemia que no permitió a la cooperadora responder a las observaciones de la auditoría. Pero además son absolutamente injustificadas, no ameritan una intervención. Se fundan en un informe de auditoría interna que la gran mayoría de las observaciones que hace o la que reviste mayor gravedad son las que tienen que ver con la propia falencia del Estado del gobierno de Buenos Aires con relación a sus obligaciones, como el mantenimiento del edificio, vidrios seguros, cuestiones de seguridad y de mantenimiento de la estructura de la escuela. Pudimos pagar los salarios y a los proveedores porque tenemos una administración ordenada. Si dependemos del Gobierno de la Ciudad no lo podríamos haber hecho porque nos debe plata”, explicó a lavaca Paula Insaurralde, integrante de la comisión directiva de la cooperadora y mamá de una niña de 7mo grado.

Además, en el informe de auditoría que dio pie a la intervención, cuestionan la capacidad de ahorro y ponen el ojo en detalles como el orden numérico de las facturas, o que en la feria del plato no entregaban tickets a les niñes que compraban comida. “Ellos consideran que hay irregularidades de contabilidad, que son exigencias que no les hacen a las demás cooperadoras y que no son obligaciones de la cooperadora. Pero, además, hay que tener en cuenta que la auditoría se realizó durante un período no cerrado en el 2019, cuando no había finalizado el año, y encontraron recibos no ordenados o que no estuvieron bien numerados o que faltaron la firma de la directora en uno de los gastos. Cuestiones que se subsanan a la hora de la rendición anual, que no estaba cerrada porque no había finalizado el ciclo lectivo. Nunca antes las rendiciones que presentamos fueron rechazadas. Por eso creemos que esta es la respuesta política al juicio que le gana la comunidad al Gobierno en relación al plan natación, un fallo que le dio la razón a las madres y los padres de la escuela”, comprende Paula.

La respuesta de la comunidad
Yamila Mathon, mamá de niñas de primero y séptimo grado, cuenta que las autoridades del Ministerio quisieron poner a las familias en contra de la comisión directiva para justificar la necesidad de la intervención. Pero que el lazo comunitario y organizativo de la cooperadora, en la que participan las madres y padres de los compañeros de sus hijos, con los que comparten todos los días la vida de la escuela, fue una jugada que a los interventores les salió mal: las familias y les mismes niñes salieron a defender a los papás y las mamás de sus compañeres. Además, Yamila expone la contracara de las cooperadoras en relación a las ausencias y acciones del Gobierno de la Ciudad: “Lo perverso de lo que nos pasa en el Alva es que, por ejemplo, parte del informe de auditoría señala cuestiones que quieren responsabilizar a la cooperadora pero que son absoluta injerencia del Gobierno de la Ciudad. Y esto nos preocupa. Cuando caen con el peso del Estado, nos quieren achacar un montón de cuestiones que son de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Los 24 millones de pesos que tenemos ahorrados para el gimnasio los querrían utilizar como fondos del Gobierno para hacer cosas que ya se tienen pagadas a las empresas tercerizadas. Entonces sí, el trabajo cooperador es sumamente importante, pero también existe y se hace evidente por la falencia y la falta del Estado”.
Yamila entiende que hay una cuestión de fondo en la intervención del Álvarez y los fines de la organización de su cooperadora: “En algún punto parece que lo que está en conflicto es que, haciendo lo que hace, el Álvarez Thomas levanta la vara de lo que es la escuela pública”.

Hacer puentes
La Escuela Álvarez Thomas tiene 90 años y está habitada por 900 niñas y niños de nivel primario e inicial. Muchas vecinas y vecinos de Agronomía pasaron por sus aulas y crearon un sentido de pertenencia. Por ejemplo, Guillermo, presidente de la cooperadora del Alva, que fue removido por el Gobierno de la Ciudad, fue alumno de la escuela y su hija egresa este año. Estos lazos sociales del barrio con la escuela fueron acompañados por la cooperadora con su sentido comunitario. Lo que se construye es para que pase de generación en generación. Como la pileta de natación que gestionaron en 1971 y el actual proyecto de un gimnasio; las mesas de ping pon que compraron para les niñes de 6to y 7mo, en unos años las van a poder usar quienes ahora están en primero. “El trabajo cooperador es articulación organizada, que es donde vos potencias el vínculo de las familias con la escuela. Ahí la fortaleza es de todos y la voluntad de todos. Ese es poder organizador el que hace efectiva a la cooperadora, que prioriza lo más importante no para cada uno, sino para la comunidad. Eso es recontra interesante porque el trabajo cooperador dice que es importante para nuestros hijos y eso hace tener una escala de prioridades que sale de la propia individualidad”, explica Yamila que forma parte de la cooperadora y la describe como un puente entre la comunidad y la institución escuela.

Yamila analiza el rol de la cooperadora como motor social y también con un sentido ambivalente por muchas veces ocuparse de tapar los agujeros. Por eso entiende que el conflicto que enfrentan con el Gobierno de la Ciudad es desigual. Porque la comunidad educativa del Álvarez Thomas está siendo atacada por el Estado más rico del país, que pone todo el peso de su poder sobre una escuela pública de un distrito escolar, en un barrio de una comuna de la ciudad. “Hay una cuestión planificada y hay una cuestión de ataque a la educación pública. La intervención de la cooperadora podría parecer minúscula ante todas las cosas que nos pasa a los argentinos, pero es tan brutal cuando alguien tan grande como el Estado que arremete con todo su peso contra alguien tan chiquito que son papás y mamas de una cooperadora en una escuela de la ciudad. Es una pulseada tremenda que genera desde lo más profundo el mayor sentimiento de repudio y de solidaridad”.

La marcha del silencio representa el silencio que reciben de parte del Gobierno, que, en medio de una pandemia, con la sociedad en sus casas, avanzó contra el Álvarez Thomas pensando que no habría protestas. “Lo que nos está pasando es violento. Pero este conflicto pone en evidencia toda la solidaridad, los valores y el afecto que hay dentro de una comunidad”, aclara Yamila que asocia a la cooperación con palabras como comunicación, articulación, lazo, vinculación, comunidad. Y siente desde el Ministerio de Educación reciben todo lo contrario: intervención, silencio, hostigamiento y persecución. “Marchamos en silencio porque en vez de responder con violencia a la violencia, respondemos con acciones que canalizan toda la energía que estaba contenida por estar encerrados. Estamos convencidos de defender los derechos de nuestros hijos y somos persistentes, nos ponemos al servicio de nuestra escuela porque la escuela está al servicio de nuestros hijos”.

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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