La comunidad educativa de la escuela Álvarez Thomas marchó por las calles del barrio porteño de Agronomía contra la decisión del Gobierno de la Ciudad de intervenirles la cooperadora. El conflicto data de 2017, cuando las autoridades quisieron quitarles las clases de natación a más de 500 niños y niñas. La cooperadora apoyó el reclamo de cientos de familias. Un fallo judicial les dio la razón, pero al mes el gobierno removió a la comisión directiva. Qué dicen madres y padres. Los argumentos de la Ciudad. Las deudas con la escuela. Y la movilización que pone en el centro a la escuela pública.

Por Lucrecia Raimondi

La primera reacción fue un aplausazo cuando entregaron las canastas alimentarias. La semana pasada organizaron una caravana en autos desde la escuela hacia la jefatura de gobierno para que los reciba algún funcionario de la ciudad, reunión que fue denegada. Y la noche del viernes marcharon, con antorchas y en silencio: más de 600 personas caminaron 12 cuadras con barbijos y distancia social con la consigna de cuidarse mucho para defender la escuela. Niñas, niños, adolescentes, madres, padres, docentes y vecines empezaron el recorrido en la esquina de Asunción y terminaron en la esquina de Nueva York donde hicieron un acto de cierre que exigió al Gobierno porteño la nulidad de la intervención de la Cooperadora de la Álvarez Thomas.

Fueron los alumnos y alumnas de séptimo grado quienes durante la marcha llevaron el grito en una bandera: “no a la intervención de la cooperadora”, decía, y cuando llegaron a la escuela la bandera quedó colgada en su puerta.

Los argumentos y el silencio

Desde el 22 de septiembre, el Ministerio de Educación decidió intervenir la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº4 Distrito Escolar 16 de Agronomía, o como la llama su comunidad, “el Alva”. El pesado y denso silencio se sintió como respuesta contundente a la arbitraria e inconsulta remoción de la comisión directiva integrada por madres y padres.

El Gobierno de la Ciudad arremete contra la cooperadora con argumentos políticos y ridículos: en el expediente figura como argumento explicito para la intervención que la cooperadora representó a la comunidad en una causa judicial contra el Gobierno de la Ciudad para proteger los derechos de los niños y las niñas del Álvarez Thomas cuando en 2017 quisieron quitarle las clases de natación al nivel inicial y reducir las del nivel primario en el natatorio que es propio de la escuela, construido hace 40 años con fondos de la cooperadora. La pileta también era utilizada por más de 50 escuelas que enviaban alrededor de 500 niños y niñas de los distritos 14 y 15 porque desde el Ministerio decidieron suspender los alquileres de natatorios privados. Así redujeron las horas de natación de esas escuelas solo para 4to grado 14 clases por año. Cuando en muchos casos, sobre todo en nivel inicial, el primer contacto con el agua profunda y aprender a sacarse el miedo y a nadar lo logran por el contacto que hacen desde la escuela con la natación.

El fallo favorable se dio a conocer a fines de agosto y un mes después la cooperadora fue intervenida.

A partir de ese momento, la administración de los recursos de la cooperadora pasó a manos de funcionarios que no comparten el proyecto que se venía planteando. Desde que el Gobierno de la Ciudad intervino la cooperadora, los salarios de las trabajadoras se pagaron diez días después de lo estipulado, los proveedores cobraron a destiempo y se gastó más recursos a la vez que bajó la calidad de la canasta complementaria que entregaban con verduras orgánicas o elementos de higiene. El personal que se ocupaba del reparto de esas canastas fue reemplazado por otro sin habilitación sanitaria para operar los alimentos. Además, denuncian que recibieron maltrato y hostigamiento: la interventora se infiltró entre las familias y filmó a las que protestaron por el mal servicio de las canastas y la falta de refuerzos.

Como si fuera poco, la cooperadra logró un ahorro de 24 millones de pesos, por un fondo de inversión que inició en 2012, que estaba pensado destinarse a la construcción de un gimnasio para la escuela. El Ministerio, con su interventora Teresa Patronelli, quieren gastar ese dinero en infraestructura escolar, obras que le corresponden resolver al mismo Gobierno, que contrató y pagó millones a empresas tercerizadas que incumplieron con los arreglos. Y también, le deben a la cooperadora del Álvarez Thomas 600 mil pesos del pago de becas del 2019. Las familias quedan fuera de la gestión y control de la calidad de comida que reciben y denuncian que el plan de intervención previsto requiere de fondos para para destinarlos a mantenimiento del edificio, para lo cual se le pagó a las empresas responsables de cumplir con el mantenimiento preventivo y la reparación de todas las cuestiones cruciales. Quieren destinar los fondos de ahorro para salvar a las empresas que no cumplen con su contrato.

Lo que dice la auditoria

“La intervención releva de funciones a la Comisión Directiva que administra todos los recursos de la cooperadora. Entendemos que la medida arbitraria en un contexto de pandemia que no permitió a la cooperadora responder a las observaciones de la auditoría. Pero además son absolutamente injustificadas, no ameritan una intervención. Se fundan en un informe de auditoría interna que la gran mayoría de las observaciones que hace o la que reviste mayor gravedad son las que tienen que ver con la propia falencia del Estado del gobierno de Buenos Aires con relación a sus obligaciones, como el mantenimiento del edificio, vidrios seguros, cuestiones de seguridad y de mantenimiento de la estructura de la escuela. Pudimos pagar los salarios y a los proveedores porque tenemos una administración ordenada. Si dependemos del Gobierno de la Ciudad no lo podríamos haber hecho porque nos debe plata”, explicó a lavaca Paula Insaurralde, integrante de la comisión directiva de la cooperadora y mamá de una niña de 7mo grado.

Además, en el informe de auditoría que dio pie a la intervención, cuestionan la capacidad de ahorro y ponen el ojo en detalles como el orden numérico de las facturas, o que en la feria del plato no entregaban tickets a les niñes que compraban comida. “Ellos consideran que hay irregularidades de contabilidad, que son exigencias que no les hacen a las demás cooperadoras y que no son obligaciones de la cooperadora. Pero, además, hay que tener en cuenta que la auditoría se realizó durante un período no cerrado en el 2019, cuando no había finalizado el año, y encontraron recibos no ordenados o que no estuvieron bien numerados o que faltaron la firma de la directora en uno de los gastos. Cuestiones que se subsanan a la hora de la rendición anual, que no estaba cerrada porque no había finalizado el ciclo lectivo. Nunca antes las rendiciones que presentamos fueron rechazadas. Por eso creemos que esta es la respuesta política al juicio que le gana la comunidad al Gobierno en relación al plan natación, un fallo que le dio la razón a las madres y los padres de la escuela”, comprende Paula.

La respuesta de la comunidad

Yamila Mathon, mamá de niñas de primero y séptimo grado, cuenta que las autoridades del Ministerio quisieron poner a las familias en contra de la comisión directiva para justificar la necesidad de la intervención. Pero que el lazo comunitario y organizativo de la cooperadora, en la que participan las madres y padres de los compañeros de sus hijos, con los que comparten todos los días la vida de la escuela, fue una jugada que a los interventores les salió mal: las familias y les mismes niñes salieron a defender a los papás y las mamás de sus compañeres. Además, Yamila expone la contracara de las cooperadoras en relación a las ausencias y acciones del Gobierno de la Ciudad: “Lo perverso de lo que nos pasa en el Alva es que, por ejemplo, parte del informe de auditoría señala cuestiones que quieren responsabilizar a la cooperadora pero que son absoluta injerencia del Gobierno de la Ciudad. Y esto nos preocupa. Cuando caen con el peso del Estado, nos quieren achacar un montón de cuestiones que son de responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Los 24 millones de pesos que tenemos ahorrados para el gimnasio los querrían utilizar como fondos del Gobierno para hacer cosas que ya se tienen pagadas a las empresas tercerizadas. Entonces sí, el trabajo cooperador es sumamente importante, pero también existe y se hace evidente por la falencia y la falta del Estado”.

Yamila entiende que hay una cuestión de fondo en la intervención del Álvarez y los fines de la organización de su cooperadora: “En algún punto parece que lo que está en conflicto es que, haciendo lo que hace, el Álvarez Thomas levanta la vara de lo que es la escuela pública”.

Hacer puentes

La Escuela Álvarez Thomas tiene 90 años y está habitada por 900 niñas y niños de nivel primario e inicial. Muchas vecinas y vecinos de Agronomía pasaron por sus aulas y crearon un sentido de pertenencia. Por ejemplo, Guillermo, presidente de la cooperadora del Alva, que fue removido por el Gobierno de la Ciudad, fue alumno de la escuela y su hija egresa este año. Estos lazos sociales del barrio con la escuela fueron acompañados por la cooperadora con su sentido comunitario. Lo que se construye es para que pase de generación en generación. Como la pileta de natación que gestionaron en 1971 y el actual proyecto de un gimnasio; las mesas de ping pon que compraron para les niñes de 6to y 7mo, en unos años las van a poder usar quienes ahora están en primero. “El trabajo cooperador es articulación organizada, que es donde vos potencias el vínculo de las familias con la escuela. Ahí la fortaleza es de todos y la voluntad de todos. Ese es poder organizador el que hace efectiva a la cooperadora, que prioriza lo más importante no para cada uno, sino para la comunidad. Eso es recontra interesante porque el trabajo cooperador dice que es importante para nuestros hijos y eso hace tener una escala de prioridades que sale de la propia individualidad”, explica Yamila que forma parte de la cooperadora y la describe como un puente entre la comunidad y la institución escuela.

Yamila analiza el rol de la cooperadora como motor social y también con un sentido ambivalente por muchas veces ocuparse de tapar los agujeros. Por eso entiende que el conflicto que enfrentan con el Gobierno de la Ciudad es desigual. Porque la comunidad educativa del Álvarez Thomas está siendo atacada por el Estado más rico del país, que pone todo el peso de su poder sobre una escuela pública de un distrito escolar, en un barrio de una comuna de la ciudad. “Hay una cuestión planificada y hay una cuestión de ataque a la educación pública. La intervención de la cooperadora podría parecer minúscula ante todas las cosas que nos pasa a los argentinos, pero es tan brutal cuando alguien tan grande como el Estado que arremete con todo su peso contra alguien tan chiquito que son papás y mamas de una cooperadora en una escuela de la ciudad. Es una pulseada tremenda que genera desde lo más profundo el mayor sentimiento de repudio y de solidaridad”.

La marcha del silencio representa el silencio que reciben de parte del Gobierno, que, en medio de una pandemia, con la sociedad en sus casas, avanzó contra el Álvarez Thomas pensando que no habría protestas. “Lo que nos está pasando es violento. Pero este conflicto pone en evidencia toda la solidaridad, los valores y el afecto que hay dentro de una comunidad”, aclara Yamila que asocia a la cooperación con palabras como comunicación, articulación, lazo, vinculación, comunidad. Y siente desde el Ministerio de Educación reciben todo lo contrario: intervención, silencio, hostigamiento y persecución. “Marchamos en silencio porque en vez de responder con violencia a la violencia, respondemos con acciones que canalizan toda la energía que estaba contenida por estar encerrados. Estamos convencidos de defender los derechos de nuestros hijos y somos persistentes, nos ponemos al servicio de nuestra escuela porque la escuela está al servicio de nuestros hijos”.