Nota
Las detenidas de AMMAR: mujeres sin derecho a la protesta
En una sala de la Iglesia Evangélica de Flores están participando de un taller de alfabetización. En otro, inician un microemprendimiento de costura. Son integrantes de Ammar Capital, una entidad que nuclea a mujeres en estado de prostitución y que hoy sufre la detención de dos de sus militantes. Fueron arrestadas por policía de civil, el viernes, cuando iban a tomar el colectivo luego de la protesta frente a la Legislatura porteña. La juez caratuló hoy la causa: coacción agravada. Un delito no excarcelable, sancionado con cinco a diez años de prisión. Esta son sus historias.
por Claudia Korol (*)
En el mediodía del lunes nos encontramos en la Iglesia Evangélica de Flores con las mujeres que integran AMMAR Capital (Asociación de Mujeres Argentinas por los derechos humanos), organización que nuclea a mujeres en estado de prostitución, con quienes venimos realizando un taller de alfabetización y escritura. En otra sala de la Iglesia, otro grupo de AMMAR Capital inicia hoy un taller de costura, en el marco de los programas de «formación en nuevos roles laborales».
Entre una y otra actividad, hablamos con Sonia Sánchez representante de la organización, sobre la detención de dos de sus compañeras, producida al finalizar la movilización del viernes contra la reforma del Código de Convivencia. Las detenidas son María del Carmen Ifrain y Marcela Roxana Managua, a quienes policías de civil se llevaron después de seguir al grupo, cuando estaban por tomar el colectivo para regresar a sus casas. Sus compañeras están indignadas y dolidas con la detención. No es fácil pensar en la continuidad de los programas de alfabetización, de costura, con las amigas presas, y con la fuerte y desagradable sensación de que éste es un chantaje bien montado, para frenar la movilización contra las reformas del Código.
Sonia nos dice: «Esto es espantoso. Nosotras simplemente fuimos a luchar por nuestros derechos, y les están haciendo comer esta causa. Fueron «chupadas» al mejor estilo de los militares, cuando íbamos caminando, a las seis de la tarde, para tomar el colectivo para volver a nuestras casas. ¿Por qué tienen que agarrar así a las personas? ¿Por qué les ponen estas causas? Están violando todos nuestros derechos».
Mientras hablamos en el patio de la iglesia, entran nuevas compañeras que traen y buscan información. Una de ellas, fue a visitarlas el viernes por la noche a la Brigada de Investigaciones, donde las detuvieron en el primer momento. El policía que la recibió, intentó amedrentarla. «A usted también la vimos por ahí», la amenazó. «Claro que estuve. ¿Está prohibido movilizarnos por nuestros derechos?».
De la Brigada a Tribunales, de Tribunales a Ezeiza, a la Cárcel de Mujeres. La jueza de instrucción, Silvia Ramond, les colocó la figura de «coacción agravada» a estas mujeres, y a los otros 15 detenidos en la tarde del viernes. Es una figura no excarcelable, por la que pueden corresponder sanciones de cinco a diez años de prisión.
Para que no vuelva a ocurrir
María del Carmen Ifrain está otra vez presa. Conoce bastante de cárceles y prisiones. Una semana antes, cuando junto a Sonia la entrevistamos con Liliana Daunes en el programa de radio de La Tribu Juana Pimienta nos contaba una pequeña parte de su dolorosa historia.
«Todo esto yo lo vivo desde 1978, cuando fue la gran represión, cuando éramos golpeadas en los calabozos, mojadas. Si nos llegaba una apelación de afuera para salir antes, nos picaneaban. Subían los volúmenes de las radios y éramos golpeadas. Nos picaneaban los pechos, éramos arrastradas por los pasillos…Sé lo que es un traslado en los camiones hacia el Instituto San Miguel, lugar en el que nos levantaban a las cuatro y media de la mañana a cortar el pasto con la mano, con unas chinelas de plástico y un uniforme gris. Eso lo viví en mi propia carne y varias compañeras también. ¿Entendés? Nos escupían los alimentos que nos traían de afuera, nos rompían los cigarrillos. A más de una nos obligaban a tener sexo en los baños con los vigilantes. Una simple «francesita» a la carrera para que nos dejaran entrar los cigarrillos. Yo lo viví. Están mis antecedentes ahí, esto es constatable. Tengo cuatrocientas remisiones de 21 días: ¡toda mi juventud presa! Ahora acompaño a las chicas, para que no vuelva a ocurrir eso. Para que no vuelva a ocurrir.»
La cárcel no educa
Las compañeras de AMMAR Capital se sientan en ronda para escuchar la propuesta de formación en nuevos roles laborales. Alguien pregunta. «¿Y cuando aprueben los artículos del Código, cómo vamos a seguir con esto?». «¿Tendremos que hacer recurso de amparo por las compañeras que se reúnan para capacitarse?». Otra compañera dice: ¿Qué va a pasar con las presas? No hay respuestas.
Sonia continúa la explicación: «Ellas son militantes, participamos juntas en todas las marchas. Ahora se están comiendo un garrón. Éste es el país del revés. Menem anoche habló por televisión, es un asco lo que ha dicho, se robó el país, y está en libertad. Siguen castigando a los sectores más vulnerables. Ésta no es la forma de construir una sociedad para todas y todos. Además ellos están provocando la inseguridad. Lo que han hecho el viernes es eso. Pedir mano dura, y poner en la sociedad que nosotras, las travestis, las mujeres en situación de prostitución, los cartoneros, somos los que estamos provocando la inseguridad, y los que no queremos vivir en democracia. En realidad no es así. Nosotras estamos aplicando políticas de inserción social. Microemprendimientos, cursos de alfabetización, de capacitación, de educación. Distribuimos cajas de mercadería, preservativos. Formamos promotoras de salud. Son políticas sociales. Pero lo que nos quieren dar estos legisladores y legisladoras es cárcel. Nosotras no queremos cárcel, queremos políticas sociales de inserción».
«Ya nos están aplicando el Código -agrega Sonia-, porque en realidad lo que están haciendo, es criminalizar la protesta social. Nos están queriendo meter miedo, para desmovilizarnos, pero seguiremos tomando las calles. No es como dice el señor Ibarra, que la gente es violenta, que no quiere vivir en democracia. Nosotras queremos vivir en democracia, pero ésta es una pseudo democracia. Si ellos no quieren ver a las mujeres en situación de prostitución paradas en una esquina, que legislen para insertarnos en la sociedad. Lo único que hacen es castigarnos con cárcel, encerrarnos en la zona roja. No les importa más nada. La zona roja no nos enseña nada, la cárcel no nos educa. Nosotras estamos aplicando políticas de inserción social y ellos nos reprimen. Ése sí es el mundo del revés».
La «caja chica» policial
Una compañera del grupo agrega, para que publiquemos: «Hay varios 0 km. de la policía pagados con nuestro dinero. Porque pagábamos 300 por semana a las comisarías, y 400 por semana al Departamento Central de Policía para poder trabajar. Las más pobretonas pagábamos $ 30 a los patrulleros de la zona. Vuelven a fomentar los abusos, las coimas, a enriquecer la caja chica de la policía. Por eso cuando yo digo que la prostitución es el gran negocio para muchos y muchas, lo es, menos para la mujer que está involucrada. Mauricio Macri, cuando estaba haciendo su campaña, había dicho que estaba mal administrada la prostitución. Muy bien, ya dio el primer paso para comenzar a administrarla. El primer «fiolo» es la policía, pero el segundo fiolo va a ser el señor Mauricio Macri, que quiere administrar bien la prostitución. Seguimos manteniendo a los grandes fiolos ¿me entiendes? Políticos, policía… ¿hasta cuándo?»
Si algo se rompió, con la aprobación de las reformas al Código, es la posibilidad de diálogo y de convivencia en la ciudad. La marginalización de los sectores más vulnerables, la criminalización de la protesta social, son el anuncio de la política que se está legislando, en la que las voces de las afectadas y de los afectados no fueron escuchadas.
Sonia reitera que como organización vienen realizando diferentes propuestas: «Que se siga esta discusión entre los sectores afectados y los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Buenos Aires, que se siga este debate, a ver cómo podemos llegar a convivir mejor, sin que haya agresiones. Porque la ciudad es para todos y todas. Nosotras estamos en contra de la zona roja, porque discrimina, margina y estigmatiza más todavía a las personas en situación de prostitución».
La organización las educó, y al tomar conciencia de sus derechos, nada fue como antes: «Antes, cuando no estábamos organizadas, que te agarrara la policía y te llevara de los pelos, que te subieran a los patrulleros, nos parecía normal porque creíamos que «estábamos haciendo algo malo». A través de la organización comenzamos a conocer nuestros derechos, y a capacitarnos. A saber que somos mujeres, que somos personas, que somos ciudadanas. Que lo que está mal es la falta de educación, y que eso es responsabilidad del Estado; porque la mayoría de nosotras somos analfabetas, la otra parte tenemos la mitad del estudio. Se aprovechan de nuestra ignorancia. Al organizarnos empezamos a entenderlo. Ahora les va a ser difícil romper con esto, porque vamos a ir enseñando a las compañeras que primero somos mujeres con derechos».
Las mujeres de AMMAR Capital están buscando alternativas a la prostitución. «Nosotras tenemos que sentir libertad interior para decidir qué diablos queremos ser. Aquella que quiere seguir parada en la esquina, la respetamos. Pero que también nos respeten a quienes no sentimos deseos de hacerlo. La mayoría de nosotras cuando salimos a la calle, salimos tapadas, porque por la discriminación que se sufre, vos podés ser fuerte en algunos lados, pero no en toda la vida social. Entonces mientes en tu casa, a tus familiares, en la escuela de tus niños. Por eso digo que somos mujeres NN ante la sociedad, no existimos. Somos mujeres sin rostro. Y ya queremos dejar de ser mujeres sin rostro. Eso es lo que hace nuestra ONG. Fortalecer la autoestima, la identidad. Para dejar de ser NN».
* Claudia Korol es periodista y miembro del Equipo de Educación Popular de la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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