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Lo que dejó el paso del Tercer Malón de la Paz en Buenos Aires: la voz de las comunidades

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Luego de atravesar seis provincias caminando y en colectivo, llegaron el 1 de agosto a Buenos Aires y se apostaron frente a los Tribunales, con tres reclamos concretos: que la Corte Suprema se expida sobre la in-constitucionalidad del decreto, que el Ejecutivo intervenga la provincia y el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena . Estuvieron ahí 137 días, y ampliaron con una presencia en el Congreso. Ya desde Jujuy las comunidades hablaron con lavaca para realizar un análisis y una reflexión sobre lo que pasó, y sobre lo que no: el ninguneo judicial y político, la indiferencia social, las principales enseñanzas, algunos logros, cómo sigue la situación en la provincia y el paso de Alberto Fernández a Milei.

Por Francisco Pandolfi

El 2023 de ninguna manera será recordado como un año más para Jujuy. 

“En 2023, la provincia fue un experimento de la unión entre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y el extractivismo”, sintetizar Octavio Colina, comunero de Potrero de la Puna, en Abra Pampa. 

Esa conjunción se cristalizó en la reforma de la Constitución provincial ejecutada por el Gobierno de Gerardo Morales, que trajo consigo la represión de la Policía; la Justicia a merced del gobernador; los bienes naturales, como el agua y el litio, en manos privadas. 

¿Como respuesta?

El Jujeñazo: la sublevación del pueblo jujeño en las calles y la creación del Tercer Malón de la Paz –constituido por más de 400 comunidades originarias de la provincia– para enfrentar la imposición gubernamental.

El Primer Malón de la Paz se gestó en 1946, cuando los pueblos originarios viajaron a la Ciudad de Buenos Aires por la restitución de sus territorios. Sesenta años después, en 2006, se realizó el segundo, en reclamo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad de parte del gobierno provincial contra el fallo judicial que reconoció sus derechos sobre las tierras que ocupan. El tercero nació en junio de este año para frenar la reforma de la carta magna. Desde Abra Pampa y otras localidades, iniciaron el periplo hacia San Salvador.

¿Por qué reclamaban la inconstitucionalidad de la reforma?

Una síntesis de las irregularidades: 

–En septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial la Ley 6.302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, la Constitución Provincial de 1986, vigente hasta ese momento, establecía que la declaración era exclusiva de la Legislatura.

–El tratamiento para consensuar una nueva constitución estaba previsto durante 90 días hábiles, o sea, alrededor de seis meses. En este caso fue exprés: las sesiones empezaron a fines de mayo y se votó el viernes 16 de junio.

–La Convención Constituyente, fuera de cualquier sensatez, estuvo integrada por funcionarios actuales. ¿Imposible? No, se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y se pidió licencia de la Convención; después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. 

Hay más: 

–No se consultó a las comunidades originarias como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el Estado argentino.

–El pueblo jujeño no conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, o sea, una semana antes de que se vote. 

–Los nuevos derechos que se incorporaron a la reforma son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura, donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Todo lo que refiere a la regulación del agua (no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo.

Ante el reclamo de su pueblo, ¿cuál fue la respuesta del gobierno de Morales? 

Un Estado de terror: tres represiones salvajes (el 16 de junio en Abra Pampa, el 17 de junio en Purmamarca y el 20 de junio en la capital); fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes; disparando a la cabeza; deteniendo a periodistas y fotógrafos; usando camionetas de empresas privadas para levantar gente; persecución a dirigentes de pueblos originarios; allanamientos ilegales; detenciones arbitrarias.

¿Cuál fue la decisión del Tercer Malón de la Paz?

Ante la falta de escucha y la abundancia de balas y gases lacrimógenos por parte del gobierno provincial, el martes 25 de julio empezó a caminar desde La Quiaca, con destino final Buenos Aires para exigir cuatro puntos clave a los poderes nacionales:

–Que la Corte Suprema se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la reforma. –Solicitar al Congreso y al Poder Ejecutivo de la Nación la intervención de la provincia de Jujuy.

–Que el Congreso elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

–El cese de la represión y las detenciones provinciales. 

Luego de atravesar las provincias de Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y Santa Fe, caminando y en colectivo, el 1 de agosto, Día de la Pachamama, arribaron a la Ciudad de Buenos Aires. Más de 250 maloneros marcharon desde Plaza Once; pasaron por el Obelisco y se emplazaron en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema de Justicia. No acamparon, porque el Gobierno de la Ciudad jamás les permitió el armado de sus carpas, pero sí permanecieron en una vigilia permanente, con lluvia, con mucho sol, con viento, con granizo, durante cuatro meses y medio. 

137 días en los que debieron apelar a distintas estrategias como encadenarse; la huelga de hambre; y agotar las últimas consecuencias también con una huelga de líquido. 

Sin corte de calle. 

Sin organizar un piquete. 

Sin respuestas concretas a sus reclamos.

EL BALANCE DEL MALÓN 

El viernes 15 de diciembre, el Tercer Malón dio su última conferencia de prensa, en la que anunció que horas después regresaría a Jujuy. Antes de subirse al micro, y mientras ordena sus pertenencias para el viaje, Sabina Yurquina habla con lavaca. Tiene 69 años y el 30 de diciembre cumplirá los 70. Es de la comunidad Chucalezna, departamento de Humahuaca y lleva una remera verde que homenajea a la guerrera aymara Bartolina Sisa. 

“Llegué el 1 de agosto pensando que nuestro presidente nos iba a solucionar rápido los problemas, pero me equivoqué. Marcha tras marcha, nota tras nota, golpeamos todas las puertas posibles y nunca hubo una solución. Estoy un poco triste porque nos vamos casi con las manos vacías”. 

Al instante, ve el vaso medio lleno: “No hay que olvidar que fue un logro muy grande que Don Morales no haya podido ascender a ser presidente ni luego vice, que era su propósito. Estoy alegre, contenta, porque él nos masacró pero nosotros también lo bajamos desde tan arriba que se creía”. 

Mientras sostiene una whipala, la también integrante del Segundo Malón de la Paz, asegura: “La lucha va a seguir en Jujuy, nos vamos a armar más todavía, entre todas las comunidades y no dejaremos en paz al nuevo gobernador hasta que se caiga la reforma. Tiene que haber una solución, no nos vamos a quedar con las manos cruzadas para que en un futuro deba crearse un cuarto malón; este debe ser el último y por eso iremos hasta el final”.

Uno de los jóvenes que estuvo en la permanencia frente a Tribunales es Yamil Alejo, de la comunidad de Barrancas, del pueblo Kolla, en el departamento de Cochinoca. Allí, la vida sucede a más de 3500 metros de altura en la puna jujeña. Cuando se creó el Tercer Malón, Yamil estaba cursando Ingeniería Industrial en la Universidad de San Salvador. Este debió haber sido su último año, pero ni ese incentivó lo hizo dudar en sumarse: “Pensé que iba a ser corta la estadía en Buenos Aires; que presentaríamos nuestras peticiones y que a lo sumo en dos semanas íbamos a volver. Muchas familias dejaron su trabajo, otros jóvenes como yo también pospusimos los estudios por defender nuestros derechos ante tanta injusticia”. Cuenta su proceso personal: “Para mí esta fue la primera experiencia así, no tenía mucho conocimiento sobre mis ancestros, me identifico como como si en un tablero de ajedrez, vendría a ser como el peón. Y yo les delegaba al resto porque no me involucraba en profundidad. Pero frente a la reforma decidió cambiar e ir a la asambleas y así fue que viajé a Buenos Aires, donde integré la comisión de jóvenes con la fuimos a las universidades y escuelas para hablar sobre por qué estábamos ahí”. 

¿La mayor enseñanza?  “Ver a abuelos, a abuelas aguantando las lluvias, durmiendo en el pasto o encima de un cartón. El aguantar el frío, el calor, la lluvia, la amenaza y la presión constante de que podían venir a reprimir en cualquier momento. Siento admiración en que hayan  aguantado tanto”.

Yamil recuerda otro logro: a días de que arribara el Malón al cemento porteño, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema debía tramitar el planteo judicial del gobierno nacional contra la provincia de Jujuy respecto a la reforma constitucional. El 10 de octubre, la mismísima Corte le dio un plazo de 60 días hábiles al gobierno de Gerardo Morales para presentar pruebas sobre la constitucionalidad de la reforma. Al cierre de esta nota, faltan 10 días para el cumplimiento del plazo. “Esperemos que si no cumplen, los jueces declaren la reforma es inconstitucional”, sentencia Yamil.

El Tercer Malón de la Paz de Jujuy está conformado por las comunidades de los Pueblos Kolla, Atacama y Quechua en la Puna;  Guaraní y Kolla en las Yungas; Omaguaca, Kolla, Tilián, Toara y Fiscara en la Quebrada; Kolla, Ocloya y Toba en los Valles. Néstor Jerez es uno de los referentes del pueblo Ocloya y fue uno de los voceros designados en Plaza Lavalle. Tiene pelo largo, sujetado por un trarilonco negro y blanco, y un resumen que comparte de este periodo: “El Tercer Malón ya triunfó y no nos han vencido: permanecimos en Buenos Aires y en todo el territorio provincial; recorrimos muchas provincias visibilizando la violencia institucional, recibimos la colaboración y la adhesión de múltiples organizaciones; visitamos diferentes establecimientos educativos; cumplimos el rol de asistencia social dando de comer a gente en situación de calle. Y ahora continuaremos con la Comisión Promotora de pueblos indígenas abordando en el territorio 4 ejes principales: la nulidad de la Reforma inconstitucional de Jujuy, la conformación de la Federación de pueblos y comunidades indígenas; la creación de herramientas políticas de las comunidades; y la instrumentación de la Ley de Propiedad comunitaria indígena.

–¿Cuál es tu balance sobre el accionar de los tres poderes, en relación a los puntos traídos el 1 de agosto?

–Un silencio cómplice de los tres poderes como así también un gran cerco mediático para dar vía libre a la entrega del territorio y los bienes naturales a las multinacionales. Ningún funcionario del Estado nacional se ha expedido explícitamente rechazando la violencia institucional, esta violación de derechos humanos y garantías establecidas en la Constitución Nacional.

“Si querés que algo no funcione, creá una comisión”, dijo alguna vez Juan Domingo Perón. El 18 de agosto, el entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibió al Malón. No hubo avances sobre la intervención de la provincia, ni la ley de propiedad comunitaria. Lo único: el presidente se comprometió a firmar un decreto para avanzar en una comisión integrada por organismos nacionales e internacionales que investigara los hechos llevados a cabo en Jujuy. Como si las imágenes de la represión descarnada, como si los ojos perdidos, como si las denuncias judiciales ya radicadas en junio sobre la inconstitucionalidad de la reforma no bastaran. “Ya tenemos el documento que realizó la Comisión de análisis y recepción de denuncias por violencia institucional en la provincia de Jujuy creada por el Decreto 435 de Poder Ejecutivo Nacional; ya lo presentamos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en ambas cámaras del Congreso de la Nación”, informa Jerez. 

El documento de 95 páginas –del que el SerPaJ comandado por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tuvo un rol preponderante– concluye: “La arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales;  la violencia de género ejercida contra las mujeres;  las violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes; un accionar generalizado en diferentes localidades, contra grupos discernibles por el propio órgano represor que marca a los sectores que se deben reprimir en tanto los mismos sean partícipes de protestas sociales contra las políticas del estado provincial. La violencia ejercida por el Estado jujeño incluye y explicita: encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; tortura; persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género…; desaparición de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. Y reafirma: “Es de importancia superlativa comprender que este ‘ataque contra una población civil’ se comprende como parte de una planificación sistemática y sostenida en el tiempo. Las órdenes emanadas del Poder Ejecutivo de la provincia intervienen en la totalidad de los poderes de la provincia. Sin lugar a dudas el accionar posee prácticas totalitarias que enfrentan al Estado de derecho de la República Argentina”.

Johana Arce tiene 28 años, nació en Ledesma y es de las naciones Kolla y Guaraní. Es comunicadora social y reparte su vida en su provincia natal y en Buenos Aires, donde trabaja para el medio originario SISA. Llegó con el Malón y se fue con el Malón. Desde Abra Pampa, en medio de una ceremonia que se llevó a cabo por el regreso a territorio, sintetiza: “En un principio había mucha información, varios medios presentes, pero se fue disolviendo con el tiempo. Hubo muchas dificultades, desde dormir y comer entre ratas, pasando por una gran indiferencia social y política, pese a estar frente a Tribunales, en el corazón de la ciudad. En un lugar céntrico donde eran visibles, pero al mismo tiempo invisibles”.

La Corte Suprema nunca los recibió. En relación al Poder Legislativo, tuvieron varias reuniones con legisladores de izquierda y de Unión por la Patria, pero no hubo voluntad política mayoritaria para avanzar con la ley de propiedad comunitaria. Menos aún con la intervención de la provincia. En cuanto a la persecución política, permanece. Un ejemplo es el de Alberto Nallar, condenado por la Justicia local a 3 años y 6 meses de prisión y el embargo de 7 millones de pesos. Nallar es un abogado que desde hace muchos años asesora a familias, agricultores y comunidades originarias, que en el marco de la reforma constitucional provincial acompañó e informó los derechos de la población que salió a reclamar. Esa, justamente, es la causa de su condena: “Instigación a cometer delitos, incitación a la violencia colectiva y alzamiento o motín en concurso real”. Perseguido político, y ahora con una sentencia en su contra, expresa desde la cocina de su casa: “Yo ni levanté un puñado de tierra. Sí le expliqué a la gente los vicios que tiene esta constitución que amenaza los derechos indígenas. Pero yo soy la consecuencia, no la causa; el problema principal es que en Jujuy se choreó, se mató al sistema republicano”. Completa: “Mi condena está confirmada y aunque haya apelado, no tengo expectativas de no ir a la cárcel. Voy a seguir haciendo lo que mi conciencia me indique, porque cuando uno tiene la conciencia limpia, tener que pasar un mal rato no debe ser motivo para abandonar estos objetivos trascendentes”.

Johana Arce analiza más allá de los cuatro puntos que trajo el Malón como exigencias al Gobierno: “Aunque muchas veces las instituciones no escucharon ni respondieron, fue fundamental insistir e insistir. El documento que se dio a partir de la reunión con el presidente y que releva los casos de violencia institucional, hoy lo tienen todos los poderes; es un logro y una muestra de lo que vale luchar”. Otra conquista que destaca es la solidificación del sujeto político pueblo originario, que no apunta al corto plazo: “De a poquito fueron colocando su propia agenda. La resistencia sigue”.

Pese a que el Gobierno de la Ciudad haya querido instalar que se trató de un desalojo, montando un ejército de policías el día de la partida, la decisión de volver a Jujuy el Malón ya la había comunicado en conferencia de prensa un día antes. Afirma Sabina: “Nosotros nos fuimos porque queremos, porque lo decidimos en asamblea, nadie nos echó”.

¿Cómo fue el regreso? Cuenta Johana: “Con mucha energía, tomando en cuenta que las comunidades rompieron el cerco mediático de la provincia de Jujuy, valorizando  la importancia de la pachamama. Siento que el malón nos enseñó mucho. Hay que tener presente muchas comunidades, que tienen sus diferencias, se agruparon por un solo fin que es bajar la reforma y que ahora se vendrán nuevos procesos, con mucha fuerza y convicción”. 

Jujuy 2023, un experimento que hoy ya se aplica a nivel nacional: de la limitación de la protesta social en la reforma de Morales, al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich; de la reforma jujeña en la atribución de las tierras fiscales a piacere del Ejecutivo, al DNU de Milei que deroga la Ley de Tierras, dando luz verde a la entrega a corporaciones económicas.

Hace un par de meses, el comunero de Potrero de la Puna Octavio Colina le advertía a lavaca: “Aunque ya no salga en la televisión, en Jujuy el gobierno sigue llevándose todo puesto; es lamentable lo que pasa en nuestra provincia y ojalá no se extienda a nivel nacional. Necesitamos frenarlo a tiempo, antes que esto termine en una mayor tragedia”. 

El futuro llegó. 

Hace rato.

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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Un abrazo contra la motosierra

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Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

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Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

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Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

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La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

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Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

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