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Loncopué hizo historia con un referéndum que rechazó la megaminería

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(por Darío Aranda desde Loncopué, Neuquén) Se realizó en Loncopué, Neuquén, el primer referéndum de la Argentina, de cumplimiento obligatorio, por el cual se votó Sí a una norma que prohíbe la minería a cielo abierto en las 8.000 hectáreas del ejido municipal. Sobre 3.601 empadronados, debía votar el 50% para que el referéndum fuera válido, pero votó el 72% del padrón y una arrasadora mayoría de 82,08% aprobó la ordenanza que prohíbe la minería. En votos: 2.125 a 388.
Loncopué, pueblo neuquino de siete mil habitantes, entró en la historia grande de las luchas socioambientales y también marcó un hito en la historia democrática del país. Este domingo 3 de junio de 2012 fue el escenario del primer referéndum de la Argentina respecto a la aceptación o rechazo de la megaminería: 8 de cada diez habitantes rechazó la actividad extractiva. El Movimiento Popular Neuquino, que gobierna la provincia desde hace cincuenta años, intentó frenar la votación y, durante toda la jornada, puso trabas para el desarrollo del acto eleccionario. “Ganó el pueblo, que decidió elegir su futuro. Y ese futuro dice no a la megaminería, dice no a las patotas del Gobierno, dice sí a la vida”, celebró una emocionada Viviana Vaca, integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Loncopué (AVAL).
Doce mesas para votar en una escuela. Urnas, sobre y sellos. Presidentes de mesa y fiscales (mayoría de mujeres). Nervios, pero también alegría, mates y galletitas de mano en mano. A las 8.06 fue el primer voto. Previsor, el hombre pidió no dar el nombre y explicó por qué: “Soy empleado municipal, bautizame don Jorge”. Padre de cinco hijos, 56 años, nacido y criado en Loncopué, definió su sentimiento madrugador: “Me desperté a las 5, con ganas ya de votar. Esto es hermoso. Por fin se nos consulta sobre el presente y futuro que queremos en el pueblo. No tenemos que dejar que nos impongan cosas que arruinan la vida y el ambiente”.
Tres minutos después, votó Oscar Muñoz, 32 años, nacido y criado en el pueblo. “Esto es algo que hacía falta, algo que es simple: que decidamos nosotros por nosotros, no que decidan otros. Creo que no digo ninguna locura ¿no?”, sonrió y, antes de irse, anunció lo que luego sucedería: “Aquellos son punteros, acá nos conocemos todos, quieren meter miedo, sacar planes, pero ganará el pueblo”.
A las 11 llegaron las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle de Río Negro, Inés de Ragni y Lolín Rigoni.
Asambleas + comunidad indígena
Loncopué está ubicada en el noroeste neuquino, a 300 kilómetros de la capital provincial. Desde 2008 rechazan la instalación de un proyecto minero para extraer cobre en manos de una empresa china (Emprendimientos Mineros SA) y la estatal Cormine (Corporación Minera de Neuquén).
De ese rechazo nacieron la Asamblea de Vecinos (AVAL) y la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Campana Mahuida (Avacam). Y se organizaron junto a la comunidad mapuche Mellao Morales (vive hace cien años en la zona de interés minero) que está directamente afectada por el proyecto.
Lucharon desde la calle (volanteadas, charlas debate, cortes de ruta informativos) y también presentaron en 2008 un juicio por nulidad de contrato por no respetar los derechos de los pueblos originarios. En septiembre de 2009, el máximo tribunal de Neuquén hizo lugar a la medida cautelar de frenar toda acción hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, la legalidad o no del contrato. Implicó el freno la actividad minera. El gobierno provincial apeló con un recurso extraordinario. Y, en marzo de 2011, el Superior Tribunal volvió a fallar contra el gobierno provincial y remarcó la obligación de respetar el derecho indígena.
La semana pasada, la Corporación Minera de Neuquén (Cormine -del Estado provincial-) volvió a acudir al Superior Tribunal para que suspenda la votación. El viernes a la mañana el máximo tribunal neuquino rechazó la presentación minera y confirmó que el referéndum era legítimo y sujeto a derecho. El mismo viernes, Cormine apeló. Y el mismo día, a la tarde, el máximo tribunal volvió a rechazar la presentación de Cormine. En un solo día, dos veces el Superior Tribunal le dijo no al gobierno provincial.
La “democracia” del MPN
A las 8, hora de inicio del referéndum, aún era de noche. El viento frío golpeaba y, en plena veda, el pueblo amaneció con sus calles alfombradas con un panfleto: “No te dejes engañar. No vayas a votar”. No llevaba firma, pero todos apuntaron al partido gobernante, que la última semana había realizado dos presentaciones judiciales para evitar la votación. Y las dos veces le contestó el Tribunal Superior de Justicia (máxima instancia provincial), que rechazó el pedido del Gobierno y dio luz verde al referéndum.
El sábado, un escribano se presentó ante la Junta Comicial Municipal (Jucom) para exigir padrones y anular la votación. El escribano afirmó representar al vecino Omar Cea, chapista, y que vive en la casa que Carlos “Nuno” Sapag (hermano del Gobernador) posee en Loncopué. La Jucom exhibió toda la documentación en regla, pero sobre todo le explicó que debía seguir el procedimiento electoral, que estaban vencidos los plazos para presentarse como parte fiscalizadora.
Desde las 8.15 del domingo, grupos de personas se apostaron en la esquina de la escuela 168 Manuel Belgrano, pleno centro del pueblo, y comenzaron a anotar qué vecinos llegaban. También les sacaban fotos. “Están intimidando. Le meten miedo a los vecinos, pero no van a poder”, explicó Viviana Vaca.
A las 8.30 llegó el mismo escribano. Exigió padrones e intento fiscalizar la votación. Código electoral y Constitución Provincial en mano, el abogado Cristian Hendrickse y toda la Junta Electoral presente le explicó que no tenía autoridad para eso. La Junta redactó un acta dando cuenta de la situación.
El ministro viajero
A las 8.55 ingresó con dos policías el ministro de Seguridad de Neuquén, Gabriel Gastaminza. “Vengo preocupado porque un ciudadano (por Omar Cea) pidió a escribanos que fiscalicen y aquí no se lo permiten”, acusó y pidió que la prensa se retire del lugar donde se daba la charla.
La Jucom pidió que la prensa se quede y le explicó cuál era todo el procedimiento vigente en la ley y también le expresó su sorpresa: “Qué curioso que por una persona que se queja por una elección, por una sola persona, un ministro de gobierno haga 350 kilómetros un domingo a la mañana y se muestre tan preocupado. Ya que está aquí, por favor ordene a la policía que retire a las patotas de su partido (MPN) de la esquina, donde están apretando a la gente”, le reprochó la maestra jubilada y miembro de la Jucom, Vilma Guillén.
A las 11, llegó otra escribana anti-referéndum. Presentó una denuncia en la policía porque no le dejaban permanecer como veedora de la votación. Se le volvieron a explicar los plazos y procedimientos, y también el sentido común: “Si cada vecino manda un escribano, y todos quieren fiscalizar, esto sería imposible”, le reprochó la Junta.
La familia Sapag gobierna la provincia desde hace medio siglo, casi sin intervalos. Están presentes en todos los negocios. Carlos “Nuno” Sapag, hermano del gobernador, en titular de dos proyectos mineros que están, justamente, en cercanías de Loncopué. El referéndum también afectó ese negocio.
Patota click
Toda la mañana estuvo la patota del Movimiento Popular Neuquino (MPN) sacando fotos a los votantes y anotando en una lista quiénes votaban. A las 11.30, cuando ya era evidente que la población no había acatado la propuesta del MPN de no concurrir, el partido comenzó a llevar a sus militantes. Las camionetas doble tracción y los remises comenzaron a llevar votantes, pero ya era tarde.
A la siesta, cuando se retiraban las Madres de Plaza de Mayo, desde la patota del MPN hubo un grito hiriente: “¡Viva Galtieri! ¡Viva la dictadura!”.
La última perla de la democracia del MPN fue ya al cierre de la votación. La policía local se negó a resguardar las urnas. Los efectivos son vecinos, y pidieron disculpas, pero reconocieron “órdenes de arriba”. El máximo jefe es el ministro de Seguridad, Gabriel Gastaminza, el que horas antes se había “preocupado” por un ciudadano de Loncopué.
Un grito y muchos datos
Desde la media mañana hasta el mediodía los pasillos de la escuela estuvieron con un continuo ir y venir de votantes. Al mediodía menguó, y retomó a las 16.
A las 18.00 en punto, se cerró la votación. La escuela estalló en un aplauso cerrado, cinco minutos. Y el grito celebratorio: ¡Lon-co-pué! ¡Lon-co-pué! Entendían que, con el votar, ya se había ganado. A los pocos minutos, comenzaron a conocerse los resultados
   Se necesitaba que vote al menos el 50 por ciento del padrón más uno. La votación pasó con creces. Al cierre de esta nota, aún sin números finales, había votado el 72 por del padrón (la ley pedía un mínimo de 50 por ciento más uno).
Y se necesitaba que la mitad más uno de los votantes diga “sí” a la ordenanza que rechaza la actividad minera. El conteo determinó que el 82 por ciento votó por el sí y el 14,9 por el no a la ordenanza. A modo de ejemplo, en la mesa 1: 195 dijeron sí a la ordenanza (que rechaza la megaminería) y 41 votaron por el no. En la mesa 2: 203 por el sí, 38 por el no. En la mesa 3, 199 votos contra 30. Datos similares, en cuanto a la diferencia, se repitieron en las nueve mesas restantes.
Como en Esquel
Cristian Hendrickse, de la Asamblea de Loncopué, no paraba de sonreír. Atrás habían quedado las presentaciones judiciales del Gobierno (que intentó evitar la votación, pero que fueron desestimadas por el Superior Tribunal de Justicia), los aprietes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y cuatro años de lucha en rechaza a un proyecto minero de cobre, que pretende explotar el gobierno provincial y una empresa china.
“Un Gobierno que responde a los intereses de las petroleras y mineras, un  Gobierno que no escucha al pueblo, hoy tuvo una lección de democracia. Como hace nueve años en Esquel, el pueblo le dice sí a la vida, le dice no a la contaminación, sí a la defensa del ambiente y de las futuras generaciones”, explicó aún en los pasillos de la escuela 168.
Pidió que “estos mecanismos democráticos” (de referéndum) sean implementados en Andalgalá, Calingasta, Famatina y Tinogasta, entre otros. “Muchos gobernantes tienen miedo de consultar al pueblo, curiosa forma de entender la democracia”, ironizó Hendrickse, apoderado por la Mesa del Sí.
Afuera de la escuela comenzaban a sonar los bocinazos. La marcha se armó a las 19, cuando los datos provisorios ya marcaban que el resultado era arrasador e irrevsesible. La marcha salió de la escuela y dio vueltas por el pueblo. En la avenida San Martín, la más importante, la columna mostraba a ancianas, hombres, mujeres y niños. Familias enteras desafiando al frío, y celebrando. Dos banderas, en el frente de la marcha, resumieron los años de lucha y la histórica jornada del 3 de junio de 2012: “Tenemos derechos a votar” y “No a la megaminería”.
Loncopué ya ingresó en la historia de las luchas populares de Argentina.
 
 
 
 
 

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Murió la muerte

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El genocida Miguel Etchecolatz murió hoy. Acumulaba ocho sentencias por genocidio . Fue el director de investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps durante la última dictadura militar. Fue responsable de cientos de torturas, asesinatos y desapariciones. Entre ellas, la de Julio López, uno de los principales testigos de sus crímenes, desaparecido nuevamente en plena democracia, mostrando la vigencia del aparato represivo montado en dictadura. Compartimos las dimensiones y detalles a 15 años sin Julio y su testimonio completo en el juicio por la verdad, clave para enviar a Etchecolatz al lugar donde murió: la cárcel común.

Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.

Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la dictadura.

López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.

Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.

Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.

Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.

El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.

Causa López

La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:

López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.

Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.

La nota de lavaca de ese mismo año:

Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.

Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.

Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.

Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López. 

La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009,  que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.

Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.

Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.

El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.

Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.

En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.

La otra Corte

Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.

Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.

Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.

El nuevo juicio

No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía «Jorge Julio López».

«Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso«, reclama su hijo Rubén. Hasta el día de su muerte, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430

El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.

El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,  

El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.

Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.

Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.

En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.

En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.

Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.

Etchetolatz acumulaba ocho sentencias por genocidio.

Murió hoy, en una cárcel común.

Pero mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.

Foto: Helen Zout
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#NiUnaMás

Terminó el no-juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa: el proceso reveló la complicidad policial y de la fiscalía

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¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

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Las Criadas: acción ante la Embajada norteamericana en defensa del derecho al aborto

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Las capas rojas y cofias blancas volvieron a recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires en la tarde del jueves 30 de junio.  Vestidas como las protagonistas de la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada (convertida también en serie televisiva), doce mujeres caminaron en fila desde el Museo Eva Perón hasta la Embajada de Estados Unidos, donde el embajador Marc Stanley celebraba un cóctel con más de mil invitados por el aniversario 246 de la independencia de su país, que se festeja el 4 de julio.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que el pasado viernes 24 de junio anuló el derecho a la interrupción del embarazo en todo ese país revocando la histórica sentencia Roe vs. Wade, que data de 1973, cada estado tomará la decisión de legalizar o no el derecho al aborto. Con este panorama, la colectiva Las Criadas —cuya primera acción fue en junio de 2018, iniciativa que se repitió en CABA y en distintas ciudades del país hasta que se obtuvo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina— encendió el alerta y volvió a ponerle el cuerpo al vestuario, al pañuelo verde y a la afirmación de este derecho adquirido. Y como tantas veces repitió la marea verde: “Si tocan a una, nos tocan a todas”.

Con la intención de acercarse a la puerta de la Embajada y permanecer allí sosteniendo en alto el pañuelo verde, Las Criadas se dirigieron en fila hacia la esquina de Av. Del Libertador y John F. Kennedy pero a pocos metros de la entrada fueron interceptadas por la custodia policial. Varios patrulleros, personal policial, perros y caballos formaban parte del operativo.

Las Criadas permanecieron en fila y en silencio sobre la plaza que está frente a la Embajada, durante cuarenta minutos. Frente a ellas, un cordón policial.  

La web de la Embajada estadounidense publicó el discurso que dio el  embajador Stanley ante sus invitados, en el que expresa que “es un buen momento para reflexionar sobre los principios que fueron la base de nuestro país: la igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estamos orgullosos de estos valores”. Y anunció que junto a su esposa Wendy prepararon un “programa maravilloso” que consistió en un video de fuegos artificiales y música en vivo.

La escritora Margaret Atwood escribió hace días una columna que reprodujo el diario español El País titulada: “Yo inventé Gilead. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo está haciendo realidad”, en referencia a esa geografía que imaginó de autoritarismo, fundamentalismo y sometimiento de las mujeres.

Continúa Atwood: “Cuando escribí El cuento de la criada creía que era ficción. Qué ingenua. Las dictaduras teocráticas no pertenecen solo al pasado remoto, hoy existen varias en el planeta. ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no sea una más?”. 

Inspiradas en esas mujeres que imaginó Atwood, Las Criadas en Argentina realizaron desde 2018 sus acciones en la puerta del Congreso de la Nación, en Tribunales, en la Feria del Libro, en la Casa Rosada, en el Centro Cultural Recoleta y la acción realizada en el Parque de la Memoria fue considerada por el sitio norteamericano de arte y cultura visual Artsy.net como uno de los hechos más importantes del fotoperiodismo mundial en 2018.

Ayer volvieron a estar en la calle, movilizadas por una lucha urgente, por un derecho de todas. Los pañuelos verdes se siguen agitando.  

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La última Mu: Tenete fe

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