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Pan, trabajo y otras lógicas que explican la Marcha Federal

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Más de 300 mil personas llegaron de todo el país a Plaza de Mayo para exigir leyes de emergencia alimentaria, integración urbana, agricultura familiar, infraestructura social y adicciones. De las tarifas al kilo de pan, del incremento de los merenderos a las drogas de los barrios, los movimientos plantearon en la calle una agenda social invisibilizada tras los vetos del Gobierno. Nuestra crónica y reportaje fotográfico.

Pan, trabajo y otras lógicas que explican la Marcha Federal

Foto: Nacho Yuchark


El horario de la concentración era a las cuatro y media de la mañana del 29 de mayo, pero Nerina Rivera partió de la capital de Salta con tres micros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) a las seis. Pasó por Tucumán, en Santiago del Estero pudo ir al baño y comer, luego Córdoba, el jueves en Rosario y hoy llegó a la Ciudad de Buenos Aires. Es su primera marcha federal. “Estoy emocionada, feliz, porque sé y valoro muchísimo el esfuerzo que hicieron los compañeros que no pudieron venir porque no nos daba para pagar otro micro, pero que entendían que era necesario que Salta esté hoy acá, presente”, dice Nerina, ya en Plaza de Mayo, con su pañuelo color verde aborto atado al cuello. Ese acá es la Marcha Federal por Pan y Trabajo que la CCC, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) llamaron en todo el país y reunió a 300 mil personas.
El objetivo era visibilizar cinco demandas que los movimientos consideran claves:

  • Ley de Emergencia Alimentaria.
  • Ley de Integración Urbana.
  • Ley de Agricultura Familiar.
  • Ley de Infraestructura Social.
  • Ley de Adicciones.

La movilización inundó la Ciudad por tres puntos nodales: Liniers, Retiro y Puente Pueyrredón. Desde allí partieron las caravanas con trabajadoras y trabajadores del oeste del Gran Buenos Aires, de Chaco, de Córdoba, de Tucumán y de Corrientes, entre otros. La marcha tomó fuerza también por el apoyo del triunvirato de la CGT: dos de sus referentes, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento) y Héctor Daer (Sanidad), marcharon con importante columnas por Avenida de Mayo. “El paro general se va a hacer: la semana que viene lo vamos a discutir”, dijo a los medios Schmid, en referencia al permanente murmullo sobre una huelga general en consonancia con el veto del presidente Mauricio Macri a la ley de Emergencia Tarifaria.
Por los costados, mientras tanto, la marea los desbordaba.

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Foto: Nacho Yuchark

Dimensión de una organización

Nerina cuenta que cada uno de los tres colectivos con los que llegaron desde Salta costó 100 mil pesos. “Hicimos un gran esfuerzo para sostenerlo: somos más de diez localidades del interior. Era una necesidad y un objetivo político traer una importante delegación, que refleje la realidad que estamos viviendo en la provincia por estas políticas neoliberales”.
¿Qué hicieron? “Hicimos venta de empanadas, de pan de casero, de todo lo que te imagines. También un baile a beneficio para fondos. Todo con 30 días de anticipación. Cada colectivo trajo a 60 compañeros, y no sólo se trabajó para pagar los pasajes sino para que haya algo de plata para los que vinieran. Como trabajamos en cooperativas o cobramos el Salario Social Complementario (4.700 pesos) a esta altura del mes aún no tenemos plata”.
Nerina es la responsable de juventud de la CCC en la provincia y suma otro ítem al del pan, trabajo, o muestra la otra cara de lo mismo: las adicciones. “Nuestra juventud es el sector más golpeado. Cada día se mueren pibes por las adicciones. Por eso tomamos esta marcha con un objetivo principal: tiene que ser el comienzo de un paro nacional activo y multisectorial. No hay otra forma”.

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Foto: Nacho Yuchark


Raúl Roque Romano también es de la CCC pero vino desde Tafí Viejo, en Tucumán. Tiene 20 años y también marca las adicciones como problema central. “Toda la juventud se está perdiendo por culpa de la droga. Todos están por la pobreza, por la comida, pero también hay que saber que se están muriendo muchísimos jóvenes de 20 años, y que criaturas de 12 o 15 se meten y no pueden salir. Si no hay trabajo la gente no puede ayudar a sus hijos, y al no mandarlos a la escuela  muchos terminan en adicciones. Y si trabajan son changuitas, que van para la droga, para darle cuerda a los transas”.
Andrea, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) del barrio Arguello, en Córdoba, tiene un merendero. “Aumentaron mucho los chicos. El año pasado teníamos entre 50 y 70 niños y hoy llegamos a 200. Es muchísimo. Eso es pobreza, y eso genera un combo que es más inseguridad, menos trabajo y más gente en la droga”.
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Foto: Nacho Yuchark

La balanza

Sergio vive en Juan José Casteli, un pueblo del Chaco que se encuentra a 400 km de la capital de Resistencia. Alrededor están sus compañeras y compañeros que llevan una pancarta blanca y verde y muchas banderas con los mismo colores. Ayer, partieron todo juntos a las tres de la tarde, para llegar a Buenos Aires en la mañana de hoy, sobre las seis. Sergio: “En las provincias como Chaco, Corrientes, Formosa, la crisis económica que tenemos a nivel nacional está pegando muy fuerte. Sobre todo en los pueblo de donde venimos”.
Según el propio gobierno, el Chaco está entre las provincias más pobres de Argentina. Sergio: “La mayoría de las personas que vivimos ahí no contamos con un programa de trabajo. Casi nadie es empleado. Los que son empleados son unos pocos, trabajan en municipalidades o empresas privadas. No hay quien contrate gente. Después están los que tienen negocios, que ponen algún kiosquitos para subsistir el día a día. La gente que cobra algo, cobra pensiones no contributivas, becas del gobierno. Las máximas son 4600 pesos. Pero con eso no llegamos ni a mitad del mes. Imagínate, las facturas llegaron hasta 2500 pesos. Si ponemos en balanza lo que es la canasta familiar se complica todo porque no se llega al mes”.

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Foto: Nacho Yuchark

El pan de cada día

Doris, Lidia y Mari son tres hermanas de Berazategui. “El país está cada vez peor. Un kilo de pan llegó a 100 pesos. Luz, agua y colectivos siguen subiendo. Hoy mismo aumentó otra vez el boleto. Mientras los sueldos nunca suben”. Dicen a la vez: “Todo esto es una vergüenza”. Lidia: “Vamos a ver cómo amanecemos el lunes que viene”. Mari explica: “A mí me llegaron 4 mil pesos de luz. Tengo un sueldo de 4600 pesos. En esta situación, si pagás la luz, no podés comer, ni comprar medicamentos. Así mismo me reduzco haciendo pan casero, bizcochitos, pizzas. Haciendo lo que puedo. Pero más de eso no hay. Y tengo problema de salud: desde fuera me ven así entera, pero dentro estoy hecha pelota. Y yo estoy a cargo de dos nietos y tengo una hija adolescente”.
Ángel Caballero es jubilado y vive en Ezeiza. Dice que en el barrio todo el mundo está mal. Cuenta que tiene una jubilación de poco más que 7 mil pesos, la jubilación mínima. “Lo que pasa es que las facturas más baratas son de 2 mil pesos. Con lo que sobra de ahí tengo que vivir yo, mi mujer y mi nieto. También tengo una hija. Y todos tenemos que luchar, porque si no, no alcanza la jornada”. Dice que no hay otra solución que “salir a la calle”.

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Foto: Nacho Yuchark


Patricia es de La Matanza. Allá trabaja en un merendero para niños. Describe una situación muy difícil, para los trabajadores, pero sobre todo para los niños “Ya no tenemos mercadería suficiente para todos. Nosotros le damos de comer a los chicos de lunes a viernes, pero quizá ahora tenemos que bajar de 5 a 3 días. Y son criaturas que no tienen otro sitio donde ir a buscar comida. Lo mismo está pasando en el comedor, donde no van sólo niños, sino familias enteras”.

Definiciones

El coordinador general de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, fue uno de los dirigentes que partió de la columna que llegó desde Liniers. “Es una marcha federal que trasciende los límites de los movimientos para transformarse en una marcha ciudadana”, dice a lavaca. “Una marcha del conjunto de los sectores agredidos por la política económica que tienen miedo por la presencia del FMI, que están preocupados porque van a restringir sus gastos y derechos. Arrancamos el lunes en La Quiaca. En el medio nos encontramos con el veto a las tarifas como una expresión de desprecio por el diálogo en detrimento de sectores medios y populares. Quieren afectar el ingreso de millones de familia. Eso canaliza esta marcha”.

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Foto: Nacho Yuchark


Menéndez subraya que esta marcha es por “pan” y por “trabajo”. ¿Qué pasó con la “paz”, consigna presente en las movilizaciones previas? “No queremos agregarle ´paz´ al pedido porque eso es una responsabilidad del Gobierno. Si no hay diálogo pero sí un violento ajuste, la paz social va a pender de un hilo porque hay un avance del esquema represivo”.
Otro de los dirigentes es Esteban Gringo Castro, dirigente de la CTEP, que avanza por Avenida Rivadavia llevando a la Virgen de Caacupé. “La marcha empezó planteando que no había una dieta con diversidad de alimentos y que la comida de nuestro pueblo más pobre estaba desarrollándose sobre la base de las harinas. Hoy no sólo no hay diversificación sino que la harina aumentó más del 50 por ciento, mientras el Gobierno negocia un acuerdo con el FMI. Pero el pueblo no está dispuesto a ir para atrás con ninguno de sus derechos”.
Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la CCC, es uno de los que lleva la bandera de la cabecera de marcha mientras suenan temas de Los Redondos con la caravana llegando a Plaza Flores. “Vengo encabezando la columna del NEA, y es sorprendente cómo distintos sectores que se han sumado en actos multitudinarios. Hay muchos trabajadores despedidos. Es algo que no veía hace mucho, desde el 2001, con la clase media en las veredas y balcones aplaudiendo cuando pasamos. El escenario no es el mismo, pero hemos aprendido de los golpes de esa época: los dirigentes, primero, tenemos que privilegiar la unidad y defender nuestros derechos por arriba de las apetencias personales. Esto es muy grande, y es una demostración de cómo se puede llegar a la unidad dentro de la diversidad”.
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Cómo llevar las cuentas

Lo que describe Alderete sucede en cada esquina y en cada balcón. Sobre Rivadavia y Olivera, Angélica y Rosa son dos jóvenes de 77 y 80 años, respectivamente. No paran de aplaudir. Angélica dice por qué. “Estamos re mal. Tengo dos jubilaciones mínimas y no me alcanza para nada. No puedo ir más al supermercado: compro dos frutas, una verdura y un churrasco para pasar la semana. Y ya está. Así se va todo, súmale los servicios. Pero, ¿sabés qué? Acá vive mucha gente de clase media que no le importa. Del otro lado de la General Paz, como toda esta gente que está marchando, hay hambre.Yo laburé de los 15 a los 74 años. Ahora a los 77 tengo que trabajar de nuevo. Esto, así, no va”.

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Teoría en movimiento

Umberto Juárez está al lado de la pancarta que abre la columna de la CTEP que acaba de llegar al Obelisco de Constitución. La pancarta dice: «Contra el gobierno del FMI. Otra Argentina es posible». Juárez tiene una bandera y, encima del blanco y del azul, escribió tres frases:

  • «No al FMI».
  • «Vamos Argentina».
  • «No a los ajustes».

Umberto cuenta que es jubilado y que vive en Temperley. “Vine a la marcha para expresarme sobre este gobierno que nos está desgastando. Hay jubilados que ya se nos van, lamentablemente. Porque no aguantan este ajuste que nos están dando. Ajuste con tarifas, ajuste sobre medicamentos, que algunos ya no pueden comprar. La atención medica que está dando el Pami se rebajó un montón. Si pedís un turno, te lo dan en 7 meses. Si tenés que morir, te morís en ese lapso”.
¿Qué significa marchar hoy? “La forma de venir a expresarme contra este gobierno macrista, neoliberal, o no sé como llamarlo. Del Fondo Monetario, que es el que maneja toda esta situación acá en nuestra Argentina”. Recuerda que vivió tiempos similares, pero asegura: “Como éste, no hubo ningún ajuste”.
Y concluye: “Esta marcha tiene un significado grande para mí. Porque yo me vengo expresando en todas las marchas: marchas de los jubilados, marcha de los maestros, hoy en la marcha federal. Bueno, estoy siempre en las marchas. Pero hoy veo que toda esta gente de todo el país está manifestando por lo mismo. Porque ya hay gente con hambre”.

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Changa para el puchereo

Una de las que viene del otro lado de General Paz es Claudia Reinaga. Es del barrio 24 de Febrero, en la localidad de Rafael Castillo, municipio de La Matanza. “Venimos porque la situación en la que vivimos ya no se puede más. Te suben la luz, te suben el gas: yo tengo dos garrafas cada 15 días. Cada una está 400 pesos. Soy madre soltera, tengo ocho hijos. Cobro una pensión de 6.000 pesos que no sé hasta cuándo va a durar. Con eso ayuda para llenar la olla. Uno de mis hijos está sin trabajo. Hace changuita para el puchereo. Trabajó en albañilería pero tampoco podés cobrar cara una mano de obra porque no te llaman más. Hay mucha bronca en mi barrio. Mucha necesidad. Por eso hoy sacamos dos micros llenos”.
Alejandro marcha sosteniendo con las dos manos una virgen sobre su cabeza. Milita en el Movimiento Evita y es trabajador municipal en Luján: hace 43 días que están de paro. “Tuvimos conciliación obligatoria pero no hay novedad de nada. Nos boludean el porcentaje: nos quieren dar un 17 por ciento cuando pedimos, como mínimo, el 27. Tenemos un sueldo muy desfasado: 12 mil pesos de básico”.

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-¿Para qué te alcanzan los 12 mil?
-En mi barrio el kilo de pan vale 70 mangos. ¡70! Y se repite en todo el país: lo vemos. No se puede con la luz, con la escuela, con el gas. Con 12 mil pesos no se puede nada. Hace un año quejábamos de las tarifas, que siguen estando: hoy ya no podemos comer.
-¿Y la virgencita?
-Es la de Luján. A todos lados. Es la fe de los trabajadores y la fe popular. Otra no queda: en algo hay que creer.
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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

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Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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