Nota
Mosconi, Salta: últimas noticias a metros de una bomba
En Plaza de Mayo, Pepino Fernández y Mario Rearte -dos referentes del movimiento piquetero más organizado y combativo- no subieron a ningún escenario ni pronunciaron ningún discurso. Hace dos meses consiguieron que el gobierno reconozca una deuda de 39.000 pesos con 28.500 trabajadores de YPF. Esta semana deberán presentarse a la justicia, acusados por las más poderosas empresas multinacionales. Sin embargo, estuvieron solos, olvidados por las consignas y a metros de la bomba.
Es 20 de diciembre y en Plaza de Mayo diferentes pedazos del movimiento social exhiben lo que de aquella jornada pudieron, en estos dos años, conservar.
Cambian las banderas, las siglas, los dirigentes.
Se repiten las consignas.
La Central Clasista Combativa (CCC) se asoma por Avenida de Mayo.
José Pepino Fernández y Mario Rearte, los dos referentes de la salteña UTD de Mosconi, están a un costado de plaza, esperando.
Están allí desde hacer una semana, desde la 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
Hoy los acompaña Maristella Svampa, la autora de la única y más completa investigación académica sobre el movimiento piquetero argentino.
Ayer, nadie.
En medio de los cantos y la gente, Pepino cuenta que, finalmente, consiguió el dinero para pagar el pasaje que lo lleve de vuelta. Allí lo espera un juez penal, según se enteró hoy mismo.
Pepino supone que el motivo es la última de las 70 causas judiciales que lo han convertido en el dirigente piquetero más procesado. Un honor inesperado por ser, también, la cabeza visible del movimiento de los trabajadores desocupados más duro.
Esto es, más combativo y organizado.
La síntesis de esta causa es también la forma más breve de contar su lucha. En el expediente se asegura que Pepino, en una punta y Rearte, en la otra, bloquearon hace dos meses y durante 15 días la planta de carga y descarga de la empresa Refinor en Campo Durán, a 70 kilómetros de Mosconi. El juez de instrucción Néstor Aramayo ordenó el desalojo, que fue concretado por la policía de Tartagal. Actuó luego de la denuncia presentada por la «firma damnificada que se hallaba en estado de incumplimiento de compromisos de venta, especialmente con Bolivia y Paraguay, donde se habían comenzado a registrar síntomas de desabastecimiento de combustibles en algunas localidades».
Junto con el desalojo, el juez ordenó la detención de Pepino y Rearte, pero solo pudo concretar una: cuando en Mosconi se enteraron de que Pepino había sido nuevamente encarcelado, las sedes operativa y de almacenaje de combustibles de las empresas Tecpetrol y Refinor, radicadas sobre la ruta nacional 34, fueron el blanco de una protesta que logró la liberación de Petete, llevar el conflicto a la tapa de todos los diarios y arrancar al gobierno nacional el compromiso de un acuerdo en respuesta a los reclamos que habían originado ese piquete prolongado. No se trataba de Planes Trabajar ni de sus 150 míseros pesos, sino del pago de las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada. Así fue como el 26 de noviembre de 2003, en una conferencia de prensa, el secretario de la presidencia Oscar Parrilla, anunció:
«El Gobierno decidió pagar 39 mil pesos en bonos a los 28.500 trabajadores de ex empresa estatal YPF, que habían quedado excluidos de los beneficios del Programa de Propiedad Participada (PPP) cuando se privatizó la petrolera. El Gobierno hizo este esfuerzo para brindar esta solución definitiva a esos trabajadores que habían quedado fuera, y llevó la oferta de 23 mil pesos promedio a un 66 por ciento más el pago de esa deuda».
En esa misma conferencia, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, detalló que «el pago será en Boden 2016, que cotizan en un 75 por ciento. Por lo tanto los ex trabajadores cobrarán en mano 30 mil pesos en efectivo cuando los cambien».
Por último, agregó: «no es necesario hacer marchas para pedir alimentos, útiles o trabajo porque hay disposición de los funcionarios a atenderlos y a dialogar».
Ese día, al salir de la Casa Rosada, Pepino declaró: «No le creo mucho a estos funcionarios, pero tienen que entender que si no cumplen con sus palabras va a ver violencia».
Al día siguiente, en Salta, el fiscal penal Oscar Trosser solicitó al juez Aramayo la detención de Pepino, acusándolo de «incitación a la violencia».
Así nació la causa número 70.
Pepino y Rearte llevaron grabadas las voces de los funcionarios y se las hicieron escuchar a todo Mosconi.
Esperaron una semana.
Esperaron dos.
Tres.
Y decidieron viajar a Buenos Aires para preguntar cuando se concretarían.
Así fue como se sentaron en Plaza de Mayo, desde las 9 y hasta las 9, cruzando el cerco de la Casa Rosada para recordar que estaban allí, esperando una reunión con los funcionarios que, les dijeron, nunca estaban.
Así fue, también, como los encontró el 20 de diciembre: parados a un costado del escenario, escuchando a los dirigentes que hablaron por turnos de los mismos muertos, las mismas luchas y los mismos reclamos.
Escuchaban también las novedades que llegaban desde Salta.
La tritlogía del terror
Tres de las empresas que operan en la zona -Tecpetrol, Refinor y Pluspetrol- anunciaron que se retiraban de Mosconi. Pepino sonríe. «No se retiran de Mosconi: los corrimos de Mosconi. Levantan las sedes administrativas, pero los pozos no se los pueden llevar».
Rearte precisa: «Esas empresas lo único que ofrecen son unos pocos puestos de trabajos temporarios, de dos o tres meses, muy menores, como para tareas de desmalezamiento o limpieza».
Pepino vuelve a sonreír y comenta: «Eso es lo que nadie entiende de Mosconi. Lo quieren arreglar con Planes Trabajar, pero no pueden, porque la gente de Mosconi es gente formada, acostumbrada a vivir con 1.500 pesos. No van a presionarlas porque levanten unas oficinas y se lleven 20 puestos de trabajo».
Las propias cifras que aportan las empresas dan una idea de qué está hablando. También, contra qué y quién están luchando.
En la página web de Tecpetrol -del Grupo Techint-(www.tecpetrol.com) puede leerse cuál es la relación entre las ganancias y los puestos de trabajo que genera en los 720 pozos en los que opera:
«La Empresa obtuvo ganancias por más de US$ 55,4 millones (Abril 2001-Marzo 2002) y emplea a 520 personas».
Por su parte, Refinor informa desde su página web (www.refinor.com) lo siguiente:
«Composición accionaria de la empresa: el 50 por ciento le corresponde a Repsol, el 28,5% a Petrobras y el 21,5% a Pluspetrol. Cuenta con un plantel de 386 personas en forma directa y 571 en forma indirecta, ha realizado exportaciones por valor de 390 millones de pesos, mientras que las ventas llegaron a los 900 millones».
Rearte lo resume así:
«Yo hago este análisis. Cuando nosotros estábamos trabajando en YPF el Estado nacional tenía una deuda de 52 mil millones de dólares. En ese entonces, había empresa y trabajo. Después vino toda esa campaña que hizo creer que el déficit del Estado venía por las empresas públicas y que los zánganos éramos los trabajadores que dábamos pérdidas. Hoy nos damos cuenta que tenemos una deuda externa de 175 mil millones, no tenemos empresas y no tenemos trabajo. Ese es el camino al que nos llevaron los dirigentes, los grandes responsables que hoy siguen siendo los mismos que están sentados en los partidos políticos, haciendo lobby, con grandes influencias en los medios para hacernos ver a los que luchamos contra esto como los violentos y responsables de la crisis».
En el escenario, alguien repite «Que se vayan todos» convertido hoy en el grito de un locutor cerrando una declaración consensuada. Ya no está la CCC, sino la Asamblea Nacional de Trabajadores, integrada por el Bloque Piquetero. Hay más de siete dirigentes esperando su turno en el micrófono, mientras en la fuente los chicos se refrescan y tiran agua. Antes de dar paso a los discursos, la voz del micrófono ordena que se bajen las banderas y se cierren las pancartas partidarias, de acuerdo a lo convenido previo al acto, que incluyó un tire y afloje infinito sobre el orden de la lista de oradores, la ubicación de las columnas, las consignas, los detalles.
Rearte sigue reflexionando:
«Como bien dice Pepino, a veces para conseguir materiales para construir, tenemos que tomar medidas. Para conseguir 200 o 300 Planes de 150 pesos, tenemos que tomar medidas. Y esto es porque ni las empresas ni los gobiernos toman las decisiones que se necesitan para dar respuestas a los problemas de fondo. Las empresas tienen que dar trabajo y los gobiernos, garantizar derechos. Como no lo hacen, tenemos que tomar medidas que, lamentablemente, llegan a enfrentamientos muy duros. ¿Sabe por qué? Porque la gente tiene convicciones muy firmes. Busca lo que necesita y sabe que la única manera de sobrevivir es esa: luchando. El Estado quiere arreglarlo dando nada más que Planes y un bolsón alimentario. Entonces la gente reacciona, porque eso no le alcanza, no va alcanzar hasta que no haya trabajo. Por eso está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias para reconquistar nuestras empresas. Porque las que están no van a crear más puestos de trabajo. No les interesa. Para ellas el trabajo es un gasto. Hacen trabajar a la gente doce horas, cuando si cumplieran con la jornada laboral de 8 estarían creando un turno más de trabajo. Sacan millones y pagan monedas. Y lo único que les preocupa es cómo sacar más millones y pagar menos monedas».
Pepino se pierde en la multitud, buscando en la columna que se acerca a alguien que conoce y quiere saludar. Antes, recuerda que allá quedaron todavía 8 detenidos durante la última protesta esperando los cargos. Rearte contínua:
«Hay muchos interesados en que nos enfrentemos pobres contra pobres, porque con eso ganan las empresas y los partidos. Quieren ahora hacernos responsables de los desmanes que se produjeron en Mosconi, pero no tienen pruebas. Lo que hubo, sí, fue una protesta espontánea, cuando la gente se enteró de la detención de Pepino. Pero ninguna de la gente que lo apoya es capaz de romper los lugares en donde juegan sus hijos, por ejemplo, como pasó ese día. Así como están dadas las cosas, así como las empresas están generando presión, creemos que alevosamente están intentando que a algunos referentes comiencen a mirarnos con malos ojos. Pero no creo que les resulte tan fácil, porque nosotros hicimos un trabajo muy profundo. Incluso cuando nos reunimos con el ministro Fernández después de estos episodios, le dijimos que la mejor manera de saber quiénes éramos y por qué exigíamos lo que exigimos, era venir a Mosconi. Y se comprometió a visitarnos. Nos dijo que en la primera quincena de diciembre iba a estar allá. Hoy es 20 y ni miras de viajar».
Lo que vio un ministro
La última visita de un ministro a Mosconi fue en junio del 2001. Fue cuando Juan Pablo Cafiero, por entonces ministro de Desarrollo Social, críticó duramente a Repsol y determinó «que en Mosconi no hay Estado».
La síntesis de lo que vio Cafiero:
«Después de la privatización sin red de YPF la consecuencia es una irritativa y desigual distribución de la riqueza, muy visible en Mosconi, con empresas petroleras que publican balances en los medios de comunicación donde se muestran afanosas de haber ganado miles de millones de dólares y viven junto a poblaciones hiper empobrecidas; con empresas que provocan un daño al medio ambiente impresionante, que tiran sus desechos en arroyos que terminan en las comunidades indígenas».
Los periodistas le recordaron, entonces, que los líderes piqueteros con quienes estuvo reunido tenían orden de captura.
La respuesta de Cafiero:
«No sé si pesan sobre ellos pedidos de captura, entiendo que no porque son personas que me plantearon sus reclamos de manera muy razonable. Evidentemente tienen características de liderazgo popular y mucha comprensión de los temas locales y de los problemas del país. Noté una suerte de liderazgos sin aparatos. Noté que Pepino Fernández era muy respetado por la comunidad».
Rearte recuerda hoy:
«En ese tiempo se lograron muchas cosas. Pero ahora es como si se estuviera dando un giro en revés contra nosotros, porque a través de los medios se hace mucha presión para mostrarnos como los responsables del retiro de las empresas y, por lo tanto, de conseguir con nuestros reclamos más desocupación que trabajo. Pero no es así, porque en definitiva los recursos están ahí, están saliendo de nuestro suelo. Ellos dicen que le quemaron las oficinas, pero por esos daños cobraron un seguro. Y ni siquiera levantaron ellos esas oficinas, porque las heredaron de YPF. Nosotros decimos que si nos dieran las herramientas para explotar esos pozos, podríamos tranquilamente hacerlo porque hay mucha gente preparada técnicamente para ese trabajo que hoy está desocupada, incluso para recuperar algunos pozos que hoy están inactivos. Con una pequeña inversión, podríamos hacerlo. Pero no vemos intención del gobierno en hacerlo. No lo vemos con la intención ni de revertir la situación actual ni de poner límites a las empresas que están prácticamente sin control llevándose todos los recursos naturales de nuestro suelo. Y este es un momento oportuno para hacerlo porque en algunos casos hay renovaciones de contratos que están por vencer y eso da una oportunidad para que las empresas vuelvan a manos del Estado. «
Allá en Mosconi la UTD comenzó a hacer historia cuando en 1996 tomó el Consejo Deliberante durante 23 días para exigir Planes y bolsones de comida. Luego, convirtió los esas planes en proyectos productivos. Después, transformó los piquetes en algo más: una herramienta para arrancarle a las empresas, sin intermediarios, recursos que destinaron a la comunidad. Levantaron así una ladrillera para construir viviendas con las que erradicaron los ranchos. Siguieron con la erradicación de letrinas, luego construyeron escuelas con salas de computación, laboratorios y comedores: también salas de primeros auxilios, viveros, compactadotas de basura y, por último, una universidad. Dice Rearte: «los contratos con las empresas dicen que tienen la obligación de invertir en la zona y en la población donde están explotando y sacando petróleo. Nosotros, entonces, hacemos lo que no hacen los funcionarios: hacer cumplir la ley».
Otra ley los llevó a la cárcel cuando, en el 9 de abril de 2003 los detuvo a la salida del Congreso Nacional, luego de una reunión en el Senado. La acusación: el uso de «una metodología de apartamiento constante de la ley penal, cuando no de una actitud desafiante para con los distintos poderes del Estado». Rearte fue liberado a los 15 días, al no tener antecedentes penales. Pepino, que ya contaba con cincuenta y pico de causas, salió de la cárcel recién el 27 de mayo. Entró al penal de Salta a compartir los días con 800 presos que comían en el piso y salió dejándoles organizado un taller de carpintería y una huerta.
Esta semana los dos tendrán, una vez más, que probar de qué lado está la ley y de cuál la justicia.
En tanto, Rearte se queda solo en la Plaza, esperando que Pepino lo encuentre en esa esquina en donde la multitud aguanta el calor y los discursos.
Son las siete de la tarde.
Enfrente está la Catedral y a unos metros y veinte minutos de distancia, una bomba.
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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