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Multinacionales vs sociedad: Manual del buen saqueo

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La presentación de la versión en castellano de la “Guía de Buenas Prácticas para la Minería y Biodiversidad” organizada por la Fundación Hábitat y Desarrollo en Bariloche, fue una patética muestra del marketing minero, que en este caso quedó desnudado por las agudas preguntas del auditorio. lavaca reproduce la crónica de Prensa Sur sobre el encuentro ocurrido en el Hotel Panamericano de Bariloche, confirmación de la grieta entre las comunidades y las multinacionales mineras.

Lo que parecía ser una disertación más dentro de un congreso marcado por la tranquilidad, se convirtió en una lluvia de críticas a las empresas mineras metalíferas. Pobladores locales y representantes de todos los países de América Latina manifestaron su descreimiento en relación a las supuestas “buenas intenciones” de las empresas, indicaron que les parecía “ingenuo” tratar de frenar la contaminación con un manual, y les preguntaron a los disertantes si no se daban cuenta que su actividad era mal vista por la gente en todo el continente.
La presentación de la “versión en español de la Guía de Buenas Prácticas para la Minería y Biodiversidad del Internacional Council on Mining & Metals” organizada por la Fundación Hábitat y Desarrollo, con la activa colaboración de la ong británica Living Earth Foundation, pasó de la calma al debate en cuanto se abrió el espacio para las preguntas.
Había dominado la charla Christine Copley, llegada desde Londres, directora del programa de medioambiente del Concejo Internacional de Minería y Metales, órgano establecido por unas 16 empresas mineras entre las cuales, según ella, no figura Barrick Gold, pero sí Río Tinto (una de las mayores del mundo, y que lleva adelante los mismos métodos que Barrick). De todas maneras, la Cámara Argentina de Minería se sumará a este concejo en los próximos días. En el panel, la mujer era secundada por un representante de una de las Ong facilitadoras y un empleado minero de alto rango.
Copley explicó en inglés, mientras se hacía la traducción simultánea, cuál era el contenido de este manual, destinado a ayudar a las empresas a enfrentar las dificultades de su actividad. Allí se habla de “construcción de nuevos consensos entre las empresas y la sociedad civil”, de “mitigar el impacto sobre la biodiversidad”, “no crear falsas expectativas al hablar de remediación”, “limitar muy claramente las responsabilidades”, y se explica porqué “tener en cuenta la biodiversidad favorece los negocios”.
La guía también invoca que es “producto del diálogo con organizaciones ambientales”, se remarca que “las empresas deben dar información a la sociedad sobre sus actividades”, aparecen cuadros donde se admite el alto riesgo de impactar negativamente sobre los ecosistemas (a punto tal de usar la palabra “catastrófico”), se propone evaluar “compensaciones”, y se ofrece un conjunto de herramientas de desarrollo comunitario – “Community Development Toolkit”- para “integrar” a las comunidades a la actividad minera.
Al finalizar la presentación se dio paso a las preguntas. “¿Siendo que la minería metalífera es considerada a nivel mundial una de las mayores amenazas a los ecosistemas del planeta, porqué cree usted (a Copley) que se sigue llevando adelante?”. La respuesta giró en torno a la “confianza” y “desafío” en que se inicie un “proceso” que nos lleve hacia la “minería responsable”.
El resto de las preguntas (o directamente intervenciones, en algunos casos), dio cuenta del alto nivel de rechazo a las empresas mineras en cada uno de los países de Latinoamérica. Cabe recordar que las personas presentes eran en su gran mayoría asistentes internacionales al congreso de conservación y demostraban saber mucho sobre sus prácticas y áreas de trabajo y estudio.
Un peruano rebatió el planteo de que la minería debía soportarse por ser una actividad tradicional, indicando que en Perú es “tradicionalmente desastrosa”, y que seguramente un puneño con plomo en los pulmones no estará orgulloso de lo tradicional. Guardaparques argentinos explicaron cómo los proyectos mineros amenazan gravemente áreas protegidas. Un francés preguntó irónicamente de que manera se podía ayudar a los autores del manual a convencer a las empresas de que no contaminen. La respuesta (¿irónica también?) fue una recomendación: “hablen con las empresas”.
El venezolano Hildebrando Arango, Director de Divulgación e Interpretación de la Naturaleza, se preguntó si las mineras realmente conocen o quieren respetar la hebra de la vida, que si se corta, no puede reiniciarse. Pidió pruebas de regeneración de un ecosistema después de un alto impacto y pidió que se precise de qué se hablaba al recomendar a las empresas que sean claras con los límites de su responsabilidad. “¿Hablan de límites legales…geográficos… o de los límites éticos? ¿Qué pesa más, el dinero o la vida?”. Los aplausos llenaron la sala.
Un estudiante de Chile se paró para contar cómo las leyes mineras chilenas amparan a las empresas por encima de las áreas protegidas, a punto tal que un parque se redujo para permitir una explotación. Dijo que “intentar detener el desastre de esta minería con un manual me parece por lo menos ingenuo”, y dijo que el tema tenía la seriedad necesaria como para tomar posición entre todos y “enfrentar la minería”. En este sentido, un vecino de Bariloche preguntó si las empresas iban a respetar el rechazo que surge a lo largo de la cordillera a los diversos emprendimientos. La respuesta descalificó esos movimientos: “los líderes después se hacen políticos. Lo que se debe respetar es la ley.”
Solamente dos personas hicieron preguntas poco molestas para los panelistas. El resto era una seguidilla de críticas: Una vecina de Bariloche se refirió a las consecuencias del proyecto Pascua Lama, “que nos deja sin un glaciar”, y habló de las conocidas “irregularidades” de Bajo La Alumbrera en la provincia de Catamarca. Una bióloga que trabaja en la reserva San Guillermo, en la zona de Pascua Lama, dijo que las consecuencias efectivamente son desastrosas y que los guardaparques que cuidan la región nunca fueron consultados.
Sobre el final, otro vecino de Bariloche se dirigió al panel: “Quiero saber si entendieron que desde los distintos países de Latinoamérica les han dicho “No la minería”, ni con alto impacto ni con bajo impacto, si entendieron ese no, eso quiero saber.”
Entre los asistentes se encontraba Soledad Bleta, de la Unidad de Gestión Ambiental de la Actividad Minera, perteneciente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. No hizo ninguna pregunta.

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Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

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11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.  

Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo. 

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba. 

Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio. 

Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo. 

Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia

La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.

Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.

Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate. 

Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.

En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.

El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.

Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.

Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.

“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.

Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.

Las condenas:

  • Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos:  condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
  • Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
  • La oficial  Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
  • Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
  • El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
  • El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46)  el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
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Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

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Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.

La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Pedidos de justicia por Daniel Solano en 2012, a meses de su asesinato.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.

Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.

Compartimos la investigación de MU sobre este caso:

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Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

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Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.

En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.

La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.

Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.  

El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban  conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.

Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:

  • la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
  • el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
  • las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
  • el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
  • las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
  • las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
  • Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
  • Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.

Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:

  • Sí: sí a la vida.
  • Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
  • Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
  • Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.

Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.  

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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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