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#NiñasNoMadres: denuncia contra Manzur y otras autoridades políticas y sanitarias por tortura

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El Encuentro de Profesionales contra la Tortura denunció ante la Asociación Médica Mundial al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de esa provincia y de Jujuy, por impedir el acceso al aborto legal a niñas y “someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La abogada Verónica Heredia, integrante de la organización, precisó a lavaca los alcances de la demanda. Además, compartimos el reportaje completo sobre la trama antiderechos en Tucumán que cobró visibilidad tras la obstaculización al aborto a una niña de 11 años.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, fueron denunciados ante la Asociación Médica Mundial, por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”. La demanda fue realizada por el Encuentro de Profesionales contra la Tortura.
Tal como contó MU en su edición de marzo (investigación que compartimos al final de esta nota), en Tucumán se desplegó una red antiderechos que obstaculizó la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 11 años que había sido violada por la pareja de su abuela. El objetivo de esa red fue dilatar la gestación bajo la premisa de “salvemos las dos vidas”. El resultado fue la tortura a una niña y la muerte de una beba de 600 gramos.
“Los profesionales aquí denunciados no solo no han cumplido con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo sino que han obstaculizado el acceso de las menores al mismo, y sometiéndolas a una violencia institucional y mediática pocas veces vista violando su juramento médico, y avasallando sus derechos como menor”, puntualiza la denuncia, que también involucra a dos médicos jujeños por la obstaculización de la ILE a otra niña de 12 años violada. El EPCT (una organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otros) subraya que más de 3000 niñas menores de 14 años son obligadas a ser madres en Argentina, según el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Por su parte, en Tucumán, y según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), 137 niñas menores de 14 años fueron madres en 2018.
“Denunciamos al gobernador, en su calidad de médico, ya que dio la orden de que se continúen los procedimientos necesarios en procura de ‘salvar las dos vidas’”, precisa a lavaca la doctora Verónica Heredia, secretaria del EPCT: “Esta es la perversidad de utilizar la ley, los fallos y las observaciones de los organismos internacionales para decir lo que quiera de forma deliberada, porque es falsear el fallo FAL de la Corte Suprema, que en ningún momento habla de salvar las dos vidas. Entendemos que los hechos configuran tortura. El embarazo forzoso está previsto en el Estatuto de Roma como un delito de lesa humanidad. Pero el hecho en sí es el mismo: es obligar a llevar adelante un embarazo, en especial si son niñas, y sobre todo en Argentina, porque todo esto se hizo contrariando expresamente la ley y la jurisprudencia”.
A quiénes denuncian
 
#NiñasNoMadres: denuncia contra Manzur y otras autoridades políticas y sanitarias por tortura
La doctora Verónica Heredia, del Encuentro de Profesionales contra la Tortura. 
La denuncia del EPCT por “falta ética grave en ejercicio de la profesión” alcanza a:

  • Juan Manzur, gobernador de Tucumán.
  • Gustavo Vigliocco, viceministro de Salud y responsable directo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa). Vigliocco fue uno de los principales responsables de la obstaculización de la ILE a la niña de 11 años. Tal como reveló MU, la abogada de la organización ANDHES, Florencia Vallino, contó que el funcionario le prometió a la familia de la niña construirles una casa si continuaban con el embarazo. Y sumó: “Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar”. Vigliocco también dijo en una entrevista radial que Lucía podía continuar la gestación porque “es grande de contextura física”.
  • Roxana Chahla, ministra de Salud.
  • Elizabeth Ávila, directora del Hospital del Este Eva Perón, donde estuvo internada la niña.

La demanda involucra además a dos médicos de Jujuy, que obstaculizaron en enero la ILE a una niña de 12 años violada y con 23 semanas de gestación. Ellos son:

  • Gustavo Briones, jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Materno Infantil Dr. Héctor Quintana, de San Salvador de Jujuy.
  • Marcelo Villa, director del Hospital Guillermo Paterson de la localidad de San Pedro.

La denuncia cita jurisprudencia internacional respecto a materia de aborto y menciona el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2012) que establece que las personas tienen derecho a la ILE si el embarazo proviene de una violación o si representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. Señala además que el Ministerio de Salud publicó en 2015 el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la ILE. Sin embargo, Tucumán es una de las provincias que no adhirió, y hasta se declaró “Provida” a seis días del debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado.
De todas formas, la denuncia precisa los lineamientos para acceder a la ILE:

  • No se necesita autorización judicial.
  • No se necesita denuncia policial o judicial.
  • Las víctimas deben recibir “en forma inmediata y expeditiva” asistencia adecuada.
  • Tienen el derecho a recibir información.
  • Tienen derecho a la privacidad y la confidencialidad.

Nada de eso ocurrió en Tucumán ni en Jujuy.
Por ese motivo, Heredia explica la causa de esta demanda: “La Asociación Médica Mundial es una organización internacional que representa a los médicos en el mundo, fundada en 1947, que tiene como misión asegurar la independencia de los médicos para servir según la conducta ética en todas sus intervenciones. Apuntamos directamente a quienes buscaron impedir el acceso a la ILE a las niñas, hechos que configuraron tortura al haberlas obligado a ser niñas madres. Ahora, la Asociación Médica Argentina tendrá que dar explicaciones a nivel internacional sobre el accionar de estos médicos”.
A continuación, compartimos el reportaje sobre Tucumán en la edición 133 de MU.
***
Donde no es cuento: la pesadilla tucumana
Cómo es la trama antiderechos de una provincia que se declaró “Provida” durante el debate en el Congreso y tiene a su gobernador como el principal defensor. Los datos que asustan. Pactos de silencios, funcionarios coimeros, médicos que no se callan y las adolescentes que fijan la agenda política que viene: “Ya no nos callamos más”. ▶ LUCAS PEDULLA
Hay una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela en un pueblo al borde de la frontera con Santiago del Estero que suplica: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Es decir que reclama la Interrupción Legal del Embarazo.
Hay un viceministro de Salud que le ofrece una casa si no se hace el aborto.
Hay una fiscal de homicidios que quiere un defensor oficial para el feto.
Hay una provincia que se declaró “Provida” a seis días del debate en el Senado, que en 2018 tuvo 137 niñas madres menores de 14 años, e intentó votar una ley para prohibir el aborto en casos de violación, pero no pudo.
Hay un gobernador, Juan Manzur, que encabezó las marchas antiderechos.
Hay médicos que tienen miedo de hablar por persecuciones laborales y políticas.
Hay agentes fiscales en los hospitales de madrugada.
Hay un arzobispo, Carlos Sánchez, que nombró uno por uno a los legisladores nacionales en un sermón para advertirles que voten en contra de la IVE, el mismo que difundió a través de un audio de WhatsApp el nombre verdadero de la niña de 11 años.
Hay dos profesionales de la salud que realizaron una microcesárea, cuando un hospital entero se declaró objetor de conciencia en el momento.
Hay una beba de 660 gramos que nació producto de ese embarazo forzado y murió.
Hay abogados antiderechos que denuncian a los médicos por homicidio.
El cuento de la criada tuvo una versión argentina este febrero.
No la escribió Margaret Atwood, sino 38 senadores que votaron por el aborto clandestino.
Tampoco es ficción ni la República de Gilead.
Es Tucumán.
Y arde.
Romper el silencio
El 31 de enero, la Red de Profesionales por la Vida y el Aborto Legal se enteró de que una niña de 11 años con un embarazo en curso producto de una violación había ingresado al Hospital Eva Perón, en San Miguel de Tucumán. Este tejido se creó en el NOA para brindar herramientas y -sobre todo- apoyo a las médicas y médicos en casos de ILE, en provincias en las que la trama antiderechos pisa fuerte a nivel político. MU habló con integrantes en la provincia, que pidieron reserva de identidad para evitar persecuciones, pero que ayudan a entender cómo funcionan los hilos de una trama perversa.
Los profesionales que trataron con la familia en un primer momento habían pensado que dadas las características del caso se iban a comunicar con ellos para iniciar el protocolo ILE. Sin embargo, lo que comunicaron las autoridades del hospital fue que los servicios de Salud Mental y Servicio Social no iban a intervenir. Lucía (así fue dada a conocer en los medios para proteger su identidad) había llegado a la Clínica de Atención Primaria de Salud (CAPS) de su pueblo, en la localidad de 7 de Abril, con 16 semanas de gestación. Los médicos de la red confirmaron a MU que en la capital le constataron un embarazo de 20,4 semanas. Pero la ministra de Salud Rossana Chalha, en conferencia de prensa, dijo 22,7. La red responde: “Es muy fácil de desmentir. Está en la historia clínica”.
La situación se presentaba extraña. “Nos preguntábamos quién era el que estaba decidiendo acá. ¿La niña? ¿La madre? ¿O el Estado?”. Los primeros en romper el pacto de silencio fueron los profesionales de Salud Mental. “Denunciaron que el director de Salud Mental de la provincia, Walter Sigler, un funcionario que no tiene especialidad de psiquiatría en niños, estaba haciendo entrevistas a la niña, mientras no dejaban intervenir a los equipos del hospital. Estábamos convencidos de que había un plan de dilación para llegar hasta donde se pudiera con el embarazo”.
Sigler fue el funcionario que en conferencia dijo que la niña había tenido “ideaciones” suicidas. Los médicos responden: “La ideación es cuando decís que a veces pensás en morirte. La nena había llegado con autolesiones. Y todos los médicos del hospital decían que lloraba todos los días”.
-¿Cómo es el diálogo interno entre médicos cuando pasa algo así?
-Nadie habla. Nadie quiere enterarse de nada. Hay mucho silencio. Mucha angustia. Y un aroma de que en cualquier momento puede explotar todo. Entre los que sabemos quiénes somos, tratamos de contactarnos. Te vas enterando de a puchos quién es un compañero, mientras hay jefes o ginecólogos que atienden con pañuelos celestes atados en la mano. Así todos los días.
La tortura estatal
Las organizaciones ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales) y CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer) se presentaron como amicus curiae para garantizar el derecho al aborto no punible de la niña. La abogada de ANDHES, Florencia Vallino, fue una de las profesionales que más cerca estuvo de la familia. En diálogo con MU sintetiza cuatro hechos fundamentales:

  • Desde que Lucía ingresó al sistema de salud y se le practicó una microcesárea, pasaron cuatro semanas, cuando había manifestado en reiteradas oportunidades (incluso en Cámara Gesell durante el proceso judicial) el deseo de interrumpir el embarazo.
  • Nunca se informó adecuadamente a la familia su derecho a acceder a la ILE.
  • Nunca intervino el equipo interdisciplinario para acompañar y contener a la niña.
  • Cuando la madre firmó el consentimiento de la ILE, le exigieron la aprobación del otro progenitor. Vallino: “Esto no es una exigencia legal”. Tampoco se le informó dónde lo tenía que presentar. Así estuvo dos semanas. Recién el 26 de febrero, luego de presentar una nota en la mesa de entradas del hospital exigiendo su derecho, la recibieron.

Vallino: “Manifestamos con total claridad que forzar a una niña a maternar constituye tortura. No es necesario que la justicia ordene al Sistema Provincial de Salud (Siprosa) estas prácticas. Y los funcionarios siempre le transmitieron mucho miedo a la familia. Por ejemplo, le decían que podía perder el útero y que nunca más iba a poder maternar”.
-¿Quién fue?
La familia señala en particular a una autoridad provincial: el viceministro Gustavo Vigliocco, responsable del Siprosa. Hay detalles: Vigliocco le tocaba la panza, le mostraba la ecografía, le hacía referencia al futuro de ese feto, le preguntaba quién lo iba a criar. Todo a una niña de 11 años.
Vigliocco fue el funcionario que dijo en una entrevista en Radio Con Vos: “La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero es grande de contextura: tiene más de 50 kilos”.
Vallino: “No imaginábamos estos niveles de perversidad ni la noción de una niña como incubadora”.
-¿Hubo algún ofrecimiento directo desde el Estado para evitar la ILE?
-La familia nos manifestó que Vigliocco, de manera directa, les propuso construirles una casa si decidían continuar el embarazo. Él tenía un contacto directo, y esto lo remarco a propósito: esto no pasa. Él es una autoridad del sistema público de salud. No sucede que las autoridades visiten a una niña víctima alojada en un hospital, que tiene su médico de cabecera. Pero Vigliocco iba. Y cuando finalmente la madre firmó el consentimiento, esas promesas se desvanecieron. Y él, de un día para otro, desapareció.
Ni Chalha ni Vigliocco quisieron hablar para este artículo. Ambos fueron denunciados (junto a la directora del Hospital Eva Perón, Elizabeth Ávila, y la jefa del servicio de Ginecología, Tatiana Obeid Pedementoe) por organizaciones feministas y de derechos humanos por el delito de “incumplimiento de deberes de funcionario público”.
La fiscal Giannoni tampoco aceptó ser entrevistada.
Los hilos
MU dialogó en exclusiva con el director de la Obra Social de Prensa de Tucumán, José Gijena, y su esposa, la tocoginecóloga Cecilia Ousset, los dos profesionales que realizaron la microcesárea a Lucía. La entrevista completa puede leerse en lavaca.org (Cómo el estado tucumano torturó a una niña de 11 años), en la que cuentan el procedimiento al que los sometieron, las amenazas, y la censura a sus hijos en la escuela, hasta el punto de negarle la vacante a uno de ellos. Ambos, además, fueron denunciados por abogados antiderechos por homicidio.
¿Cómo se activan los mecanismos en una provincia que opera con esa violencia estatal? Los médicos de la Red dicen a MU: “Hay algo muy crudo: es una ruleta rusa. Es depende de a quién le toque primero saber que hay una niña o adolescente embarazada y de si esa persona es garante de derecho o no. Eso incrementa la vulnerabilidad de nuestra comunidad, porque así la ruleta se simplifica en ricos y pobres. Mucho más si, como Lucía, son niñas del interior sin acceso a nada. Es muy perverso. Estamos viendo los hilos de los que deciden quién es madre y quién no”.
Lo antiderecho es político
Soledad Deza es integrante de Católicas por el Derecho al Decidir, docente, investigadora y miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), además de profesora de la Universidad de San Pablo (USPT) y presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres en Tucumán. También fue abogada de Belén, la joven que estuvo tres años presa por un aborto espontáneo, condenada por “homicidio agravado por el vínculo”. Recién en marzo de 2017, la Corte Suprema de la provincia resolvió por unanimidad dejar sin efecto esa injusta sentencia. Belén tuvo que irse a vivir al Conurbano bonaerense.
Hay un dato construido por Deza que ubica que lo que sucede en Tucumán no es producto del azar, sino de una regularidad específica: desde 1992 a 2012, en la provincia fueron criminalizados 534 abortos. El 97 por ciento de los casos tiene a la propia mujer como imputada. “¿Qué se le imputa? Aborto, aborto provocado, pero de 2008 en adelante el 25 por ciento de las causas fue aborto natural o espontáneo. Es decir, eventos obstétricos que no son delito, como Belén, que muestra un ánimo de criminalizar por fuera de lo habilitado por el Código Penal”.
Las organizaciones realizaron el 14 de enero un pedido a la Secretaría de Derechos Humanos para actualizar las cifras. “Nos interesa medir qué pasó después del fallo FAL y, sobre todo, cómo incidió el caso Belén. Un ejemplo: en febrero, en el Hospital San Pablo, llegó una chica de 18 años con un aborto en curso e intervino la fiscal Gianonni pidiendo restos de muestra. Eso no se puede hacer”.
-¿Qué eslabones de la máquina antiderechos visualizó el caso de Lucía?
-Evidenció un accionar antiderecho transversal dentro de los poderes del Estado. Lo grave es que vivimos en una provincia donde ese accionar antiderecho fue un accionar político destinado a impedir el acceso a un derecho. Y fue solapado: no tuvimos marchas, pero sí un nivel de incidencia mucho más peligroso destinado a convalidar la violación de los derechos de esta criatura. Es importante preguntarnos qué pasa en nuestra sociedad que los casos de niñas embarazadas se están detectando con la gestación tan avanzada, porque ahí tiene que haber un abandono estatal, una escuela o un sistema de salud que no las vio. O lo que es peor: una sociedad para la que está naturalizado una niña con una panza de 20 semanas. Me pregunto: ¿qué estamos validando?
-¿Qué similitudes encuentra en esa trama respecto a Belén?
-Es la misma maquinaria. Belén estuvo presa porque un equipo de salud, con una cosmovisión moral afín a ciertos dogmas religiosos, decidió que podía violar la ley para castigarla desde su lugar de poder. Luego, el Poder Judicial convalidó ese accionar. Es la misma maquinaria para castigar aquellas decisiones con las cuales no acuerdan moralmente. Y eso impugna o invalida cualquier tipo de democracia, a la vez que profundiza una enorme desigualdad: todas esas mujeres pertenecen a sectores populares. No solo hay falta de empatía, sino un ensañamiento que profundiza la desigualdad y convierte la maternidad en servicio público de mujeres pobres y con escasos recursos simbólicos y materiales, lo cual es doblemente malicioso por parte del Estado.
-¿Qué hipótesis puede trazar a partir de esa regularidad?
Por un lado, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) dice que en 2018, en Tucumán, 137 niñas fueron madres con menos de 14 años: allí solo hay niñas pobres. Por otro, la doble moral: esas niñas son las mismas que no reciben Educación Sexual Integral (ESI) porque van a una escuela pública donde se sigue impartiendo educación religiosa; las mismas que no acceden a la anticoncepción gratuita porque Tucumán no adhirió a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva; y las que paradójicamente terminan pagando el pacto patriarcal del Gobierno con los sectores fundamentalistas de iglesias católicas y evangélicas.
-¿Qué nos deja Lucía?
Así como Belén logró sensibilizar y evidenció que podía ser cualquier chica, este caso conmovió aun a sectores que fueron históricamente antagónicos con el derecho al aborto. Es de una crueldad impactante, y me parece que finalmente inscribió que pretender a una niña de 11 años como madre es un deseo perverso. Pero lo que hay que subrayar es que detrás hay un movimiento de mujeres que inscribió estas violencias como imperdonables.
El movimiento
Frente al Sistema Provincial de Salud se paran tres jóvenes con pañuelo verde.
En cuestión de minutos serán 300, con aerosoles, banderas y dos pintadas que lo dicen todo: “ILE no es cesárea”y “Niñas, no madres”.
Camila (22), Carla (22) y Mariana (18) son las primeras en llegar. Dicen que están rabiosas. “Queremos que las autoridades que permitieron esta atrocidad sean removidas. Punto”. Sol y Florencia, ambas de 23, con purpurina en los ojos y en los cachetes, se suman: “Nosotras no nos escondemos. Nos insultan todo el tiempo, nos gritan asesinas, pero lo importante es seguir sumándose y no tener miedo. Es un orgullo llevar el pañuelo, y cuando vemos a otra persona que lo tiene, nos sentimos acompañadas. Es saber que, aun en esta provincia, con alguien podés contar”. Las cinco coinciden en un detalle esperanzador: “Generalmente somos las adolescentes”.
Las escucha María Rosa Castro, trabajadora en un instituto privado, 58 años. Su voz pone contexto y perspectiva: “Soy vecina, no estoy en ninguna organización, pero veo cómo las mujeres que en mi barrio abortaban cuando tenían 15 ó 16 años, hoy son las que llenan las calles antiderechos. Porque sus hijas también abortan. ¿Pero dónde? En sanatorios. Sabemos que las perjudicadas son las pobres que no tienen posibilidad de pagarlos. Y si quedan vivas, van presas. En cambio las otras salen vivas y vuelven tranquilas a sus casas con sus familias. Nosotras no luchamos por ‘las dos vidas’, luchamos por todas. ¿Sabés cuál es mi principal bronca? Que hablan de ‘provida’ mientras la criatura está dentro del vientre, pero cuando esa criatura sale y están en los semáforos violados, drogados o con hambre, los corren y los insultan y les meten un tiro por detrás de la cabeza. Eso es injusticia e hipocresía”.
La calle explota. Se nombra a cada uno de los funcionarios públicos tucumanos. Las jóvenes devuelven con un veredicto: “Torturadores”. ¿Qué significa ese grito en esta provincia? Florencia y Lucía, estudiantes de Teatro y Ciencias de la Comunicación, 24 y 20 años, responden: “Significa que no nos callamos más. Sentimos que frente al movimiento feminista no podemos quedarnos en silencio. Y aunque ahora seamos trescientas o menos de cien, estamos acá, cortando la calle, y que lo vean todos los medios nacionales: estamos poniendo el cuerpo, la voz, el aerosol. Todo”.
Ambas tienen un cartel que ata los cabos y sintetiza este cuento de terror: “El Estado es pedófilo”. No es ficción.
Es Tucumán. Y arde.
 
 
 

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Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

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Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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S.O.S. Garrahan: el desfinanciamiento del hospital modelo

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Un guardapolvo blanco, pintado de letras rojas en el dorso: “Salud en lucha”. Una pancarta naranja, con letras negras, que grita: “El Garrahan es insalubre”. Lo que adorna a las instalaciones del centro pediátrico de referencia en salud pública, gratuito, de altísima calidad y de máxima complejidad donde se atiende a infancias de todo el país, refleja el contexto de lucha: seis paros en diez semanas. Una movilización el martes pasado a Plaza de Mayo. Otros paros por venir. Y un festival que se está organizando para el 8 de noviembre. Seis mil laburantes que dijeron basta, que ya no se puede, que así no se sigue. Los reclamos son tan centrales como diversos: salario, condiciones laborales y presupuesto. Todos, repercuten en un problema tan primordial como poco tenido en cuenta: la salud mental de sus trabajadoras y trabajadores.

Por Francisco Pandolfi

Lo que pasa puertas adentro de esta entidad emplazada al sur de la Ciudad de Buenos Aires llevó a que en 2019 se creara la Comisión de Condiciones de Trabajo Insalubres y Agotamiento Prematuro del Hospital Garrahan. 

Ivone Malla tiene 55 años y es, desde hace 12, médica hepatóloga del hospital e integra la comisión desde su nacimiento. Le cuenta a lavaca por qué surgió la necesidad imperiosa de organizarse y de ponerle ese nombre: “En 2019 empezamos a notar la situación compleja en la que estábamos. El grado de sufrimiento que padecíamos por estar expuestos durante tanto tiempo, todos los días, muchas horas por día, bajo una presión insoportable un tercio de nuestra vida. Armamos un grupo de whatsapp, primero entre cinco, seis personas, y en menos de una semana éramos 200. Hicimos reuniones y armamos la comisión con integrantes de distintas áreas del hospital. Y decidimos armar un informe que es contundente por los datos que denuncia. El documento de 40 páginas tiene cifras como estas: “En el Garrahan muere casi un paciente por día. La mayor parte es menor de un año y un cuarto menor a un mes”.

La salud de quienes cuidan la salud

Ivone actualiza algunos datos del informe presentado en marzo de 2020: 

–El 26 por ciento de las licencias que se piden en el hospital se deben a trastornos de depresión y problemas de salud mental.

–Hicimos una encuesta y uno de cada 2 trabajadores del hospital toma psicofármacos.

–Otro dato alarmante tiene que ver con la tasa de suicidios. El hospital duplica a la tasa del país, que es de uno cada 12 mil personas por año. En el Garrahan somos 6 mil laburantes y tenemos un trabajador por año que se suicidó. De hecho, cuando empezó este reclamo se mató un compañero. Obviamente este no es un número oficial, porque pedimos el registro a las autoridades y no brindan la información, pero nosotros sabemos bien lo que pasá acá. 

Frente a este escenario, desde la Comisión proponen medidas concretas: “Demostramos con datos fehacientes que el trabajo que realizamos afecta nuestra salud física y mental y amerita la aplicación de un régimen especial que contemple las condiciones de trabajo insalubres y/o agotamiento prematuro a los que estamos expuestos, y limite la exposición con reducción horaria sin afectar nuestros salarios (de ocho a seis horas el área médica y de siete a seis la enfermería), licencias por estrés (de cinco a quince días anuales) y reducción de nuestros requisitos jubilatorios (25 años de servicio, mínimo 50 años de edad y 82% móvil). 

Ivone sentencia: “Se habla mucho del modelo Garrahan, que la manera de sostenerlo es que pasemos más horas en el hospital y debe suceder todo lo contrario. Un motivo por el que se están yendo muchos profesionales es por los bajos salarios, porque aunque siempre cobramos poco el ajuste de los últimos meses es feroz, pero otro factor es por ese mismo modelo Garrahan que te obliga a quemarte, a dejar la salud, porque te exprime a tal punto de ser expulsivo. No podemos continuar un sistema que no cuida la salud de quienes cuidamos la salud pediátrica de mayor complejidad del país”.

La situación de insalubridad de las y los trabajadores del Garrahan es gravísima.

El sueldo más bajo de la historia 

Norma Lezana es la Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos. Tiene 62 años y hace 36 que trabaja en el hospital, cuando ingresó meses después de la inauguración del Garrahan, el 25 de agosto de 1987. “Estudié en la universidad pública y recuerdo cómo mi sueño era trabajar en ese lugar que se estaba construyendo. Yo armé mi vida en paralelo a este hospital de tanto prestigio, que sigue solucionando las enfermedades más graves y raras de los niños y niñas de Argentina, que no son números. Cada historia es un pacientito, un nombre, una familia. Cada caso requiere una reunión, un equipo interdisciplinario detrás, esa siempre fue la intención acá, así nos formamos y así creció el Garrahan”, dice Norma, ya con los ojos vidriosos. 

Esa labor en equipo, hoy la replican para otro tipo de lucha: “Ahora nos toca defender la importante misión que tiene esta institución, en un momento en el que quienes trabajamos estamos cobrando el sueldo más bajo de la historia. En menos de un año, la inflación fue de 236% y nuestro salario apenas subió el 100. Este cambio fue de golpe, entonces no hubo manera de acomodarnos, porque no podés de un día para el otro dejar de pagar internet, de mandar a tu hijo al colegio, ya no pagar los impuestos. Es angustiante lo que estamos viviendo. Una compañera el otro día me dijo que empezó a pagar el alquiler con el crédito que te da Mercado Pago, que te cobra mucho interés y en poco tiempo ya no va a tener sueldo. Otra me dijo que no tenía de dónde sacar para el campamento escolar de su hijo. Yo gastaba 5 mil pesos de luz y me vinieron 100 mil. Es muy estresante, esto antes no pasaba”. 

Desde las distintas organizaciones que forman la vida política del hospital dan números concretos: los operarios y técnicos no llegan a 500 mil pesos. De enfermería a 750 mil. 900 mil del área médica con aproximadamente 15 años de experiencia. Ivone expresa: “Necesitamos una recomposición salarial del 100% y un sueldo inicial igual a la canasta familiar, que hoy está en 1.500.000 mil pesos”. Completa Norma: “Los sueldos más bajos están bajo la línea de la pobreza y los de la mayoría, salvo los de los médicos más antiguos y los cargos de conducción, tampoco llegan a cubrir la canasta básica. Frente a esto, nuestro sueldo subió un 1 y un 2% en las últimas paritarias, que es lo que firmó UPCN con el gobierno nacional. Por eso denunciamos al sindicato, a la CGT y a la CTA, porque firmaron esto calladitos, como si no se dieran cuenta la situación que vivimos”.

Norma es licenciada en nutrición y pone el foco en lo que compra (o no) la gente y en lo que mira (o no) el Gobierno nacional: “Veo changuitos vacíos, poca fruta, verdura y lácteos. El salario no es algo que nos puedan recortar, porque no es un gasto. Pero este gobierno es insensible, cruel, lleno de mercenarios. Pueden hablar de déficit cero, de que Caputo es el mejor ministro, pero la realidad es que varios enfermeros después de trabajar diez horas, cuando salen a las 7 de la mañana de acá se van a otro trabajo y no a descansar. Puede ser libertario o no libertario, pero si esta es la realidad sólo queda claro que es un gobierno pésimo”. 

Mientras tanto, la perspectiva del Ejecutivo: “El Ministro de Salud Mario Lugones acaba de presentar un plan estratégico de recorte del 20% en la salud. Es criminal esta decisión. Y sólo se explica con el lobby que está haciendo la gestión privada. Los funcionarios son sus gerentes y nos están llevando a un retroceso tremendo”.

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Hay salarios iniciales que no llegan a los 500 mil pesos.

El éxodo de trabajadores

Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 36 años y hace 15 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. “Desde hace varias semanas luchamos por una recomposición salarial y por mejores condiciones de trabajo. Este año convivimos con un presupuesto congelado que duró los primeros seis meses. El Ministerio de Salud mandó una ampliación de ese presupuesto, pero es insuficiente. Por eso exigimos la apertura de paritarias y un porcentaje acorde que por lo menos nos empate con la inflación. Las categorías más bajas no pueden cubrir ni lo básico, como vestirse, comer, educarse”. 

Josmar es delegado de la junta interna de ATE y comparte un dato que refleja la situación extrema: “No nos quisieron decir el número concreto, pero desde la propia Dirección confesaron que en los últimos 9 meses renunció la misma cantidad de profesionales que en los últimos 9 años. Si bien esta situación no empezó con este gobierno, sí la profundizó muchísimo y potenció el éxodo de profesionales. Esa pérdida no se recupera”.

Guido Gromadzyn es neurocirujano y parte de Trabajadores Autoconvocados del Garrahan. Tiene 40 años y desde 2009 recorre estos pasillos. Su cumpleaños de 15 no está siendo el más feliz: “Nunca estuve tan preocupado, porque la salud pública está peor que nunca. El hospital hasta ahora, había sido un oasis al realizarse las técnicas más avanzadas y nunca nos faltó nada. Si bien muchas veces tuvimos conflictos de sueldo, es muy preocupante sentir cómo el hospital de a poco se va debilitando y desmantelando desde el recurso humano, y desgranando todo el trabajo interdisciplinario tan característico del Garrahan. Siempre tuvimos los mejores profesionales y ahora están renunciando porque no llegan a fin de mes, profesionales que tienen alquilar y les es imposible, hipermegaespecialistas que ya no les conviene hacer las jornadas extendidas de 8 horas cobrando un sueldo miserable y entonces se van a trabajar a otro lugar o directamente fuera del país”. 

Guido mira el futuro: “Es lo que más me preocupa. Somos un hospital escuela y va a llevar años y décadas formar este tipo de profesionales. Esto va a repercutir directamente en la salud de los chicos y si sigue así va a empeorar, porque muchos compañeros nos dicen: ‘Yo estoy hace 15 años, siempre me puse la camiseta, pero más allá de marzo no aguanto’. Es desesperante saber que en poco tiempo el gobierno está rompiendo todo y que nos va a llevar muchísimo reconstruirlo”. 

Sobre el financiamiento freezado, Norma Lezana pone números: “Al presupuesto que teníamos de 60 mil millones del año pasado, que estuvo congelado todo el año y que en junio se acabó, llegó un refuerzo de 90 mil millones de pesos, o sea, un tercio más. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad. Solo por poner un caso: el medicamento gammaglobulina aumentó 10 veces, y lo mismo sucede con el resto de los remedios, insumos y obras. Por eso en salud no se puede ajustar, pero el ministro Lugones es el hombre manos de tijera, solo piensa en recorte, recorte y recorte”. 

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Hay motosierra, licuadora y también organización como defensa de la salud pública.

El ministro que nunca pisó el hospital

El Juan Pedro Garrahan lleva ese nombre por un reconocido pediatra. En cuanto a su sostenimiento, depende un 80% del Ejecutivo nacional y un 20% del gobierno porteño. Cuando a principios de octubre asumió el ministro Lugones, una de sus primeras decisiones fue echar a todos los integrantes del Consejo de Administración, al otorgar un bono por única vez de $500 mil pesos a las y los trabajadores. Contextualiza Ivone: “El bono no fue una dádiva, sino el producto de varios meses de reclamo y además se obtuvo con recursos genuinos que producimos con nuestro trabajo, ya que ese dinero salió de una caja donde va la plata que se recauda de las obras sociales de los pacientes. Esa caja sigue existiendo, pero el mensaje de la patronal fue que ya no se repartirá entre las y los trabajadores”.

Josmar agrega: “Cuando Lugones se reunió hace 15 días con el nuevo Consejo de Administración (presidido por Soraya Anis El Kik) dijo públicamente que el presupuesto del hospital garantizaba su total funcionamiento, pero nosotros sabemos que no es así”. Da un ejemplo: “En una de las terapias especializadas en pacientes inmunosuprimidos donde sí o sí debe haber una determinada ventilación, en estos últimos días de calor los aires acondicionados no funcionaron. Y no funcionan desde hace varios meses porque dicen que no hay plata para arreglarlos. Da otro: “No solamente se nota en las habitaciones de los pacientes, también en los entrepisos técnicos donde está toda la maquinaria, hay mucha precariedad en el ambiente, con paredes, techos y pisos rotos”. Otro más: “En los vestuarios del personal hay humedad, hay ratas, hay baños clausurados”. Y explica el por qué de las palabras del ministro Lugones: “Nunca pisó el hospital”.

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A 37 años de su inauguración, sus trabajadores denuncian cómo lo están desmantelando.

La resistencia

Por año, el Garrahan atiende 660 mil consultas. Realiza 12 mil cirugías. Trata el 40% del cáncer infantil del país. Hace más de 100 trasplantes pediátricos de órganos, lo que representa al 50% de toda la Argentina.

Eso, y muchísimo más, es lo que está en juego. 

Tras la marcha blanca del martes pasado, donde confluyeron con las clases públicas universitarias, ayer se consensuó en la asamblea del Garrahan continuar el plan de lucha. Se votaron dos paros: el jueves 31 de octubre, con permanencia y distintas actividades. Y el viernes 8 de noviembre, con un abrazo cultural y social en defensa del hospital, y con el cierre de un festival musical.

Guido Gromadzyn: “Hace meses que reclamamos y, aunque esto nos está llevando un montón de desgaste mental y emocional, vamos a seguir organizándonos para que esto le llegue a toda la comunidad y así evitar que esto se desbande aún más. Vamos a seguir, porque aunque este gobierno parezca que nunca escucha, siempre sirve hacer ruido”.

Cierra Norma Lezana: “Hay mucho en riesgo y no sé si la población es consciente de lo que se puede llegar a perder si no hay un cambio de rumbo en un gobierno que no dialoga, que no entiende lo evidente. Acá estamos preparados para resistir, porque si no resistimos nosotros, no lo va a hacer nadie. Estamos fortalecidas y convencidos de que vale la pena defender todo lo que significa nuestro hospital Garrahan”.

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