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Ojo con los medios: Grupo La Nación

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Composición accionaria: Matilde Noble Mitre de Saguier 66%; Bartolomé Mitre 10% y ‘otros’ 24%. En el 2003, versiones periodísticas indicaban que los dueños de La Nación eran los titulares de la banca off shore Barton Corp. La empresa La Nación no ha fijado posición al respecto.
La historia: La Nación fue fundada por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870. «La Nación será una tribuna de doctrina» fue su lema. El matutino tuvo que ganar sus primeros lectores (no más de un millar) compitiendo con otros dos diarios ya establecidos, El Nacional de Dalmacio Vélez Sarfield y La Tribuna, dirigido por los hermanos Héctor y Mariano Varela junto a Juan Ramón Muñoz. La Nación representó desde siempre el poder terrateniente, ligado a la sociedad agro ganadera.
La crisis del grupo: En los ’80, el diario empezó a perder terreno. El descenso progresivo de la publicidad, la caída de las ventas, y un sinfín de hechos históricos empezaron a carcomer los cimientos de la credibilidad del diario mitrista.
En 1992, la viuda Matilde de Saguier (de Julio César Saguier, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la UCR) aún conservaba un porcentaje mínimo de acciones. Pero en 1994, sus hijos – particularmente Julio – lograron gestionar en Estados Unidos un préstamo de aproximadamente 40 millones de dólares de un banco de financiamiento internacional. Con ello, los Saguier comenzaron a comprar acción por acción a los Mitre. Sólo Bartolomé «Bartolo» Mitre decidió no vender. Así habría controlado al diario la familia Saguier. El hecho es conocido en el ambiente de los empresarios periodísticos. Una versión sostiene que habría sido el Grupo Clarín en realidad el que asistió a los Saguier para hacerse del crédito. La especie se basa en que Ernestina Herrera de Noble tiene un parentesco con ellos. Muy pocas personas conocen los hechos tal como fueron.
Aprovechando ese vacío informativo, en el primer semestre de este año, el semanario El Guardián, vinculado supuestamente al empresario Raúl Moneta, salió a instalar que los Saguier pasaron a componer el directorio de MNMS (Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier), al cual se integró en febrero de 1996, la sociedad extranjera Barton Corp con un 50% del capital social (1).
En 1995, Guillermo Schmitt, conocido como «el alemán», un consultor capacitado en rediseños y ‘racionalizaciones’ empresariales se hizo cargo del ajuste, que incluyó despidos y reducciones salariales.
A raíz de un allanamiento que la jueza Servini de Cubría realizó en el diario en junio de 2003, se conocieron algunos detalles de la composición societaria del grupo.
Según trascendió, el 11 de octubre de 1995, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, viuda y empresaria, nacida el 27 de marzo de 1939, compareció ante el escribano Hugo Crovetto, junto a su hijo mayor, Julio César Saguier, casado y abogado, nacido el 6 de octubre de 1960, domiciliado en Pueyrredón 2068, 10º piso de la ciudad de Buenos Aires, y su otro hijo, Alejandro Julio Saguier, casado y empresario, nacido el 27 de octubre de 1961,.domiciliado en Clay 3082, 9 ° C, para constituir una sociedad anónima con capital social de $ 12.000, representado por 12.000 acciones de $ 1 de valor nominal cada una, que se integró de la siguiente forma:
o Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, 11.880 acciones, un voto por acción.
o Julio César Saguier, 60 acciones ordinarias y un voto por acción.
o Alejandro Julio Saguier, 60 acciones y un voto por acción.
Presidía el directorio, Matilde Mitre de Saguier, el vice Alejandro Julio Saguier, los directores titulares eran Fernán Julio Martín Saguier y Luis María Julio Saguier; los directores suplentes Julio César Saguier, José Luis Olivera, Matilde Florencia Saguier; síndicos: Gustavo Mirko Schlossberg y María Garciarena, esposa de Julio César.
El domicilio de la sociedad que se hizo cargo del control de S.A. La Nación, fue fijado en Juncal 691, 1 er. piso de la Ciudad de Buenos Aires.
El 26 de diciembre de 1995, los accionistas Matilde Mitre de Saguier y sus hijos aportaron a MNMS Holding sus tenencias accionarías en S.A. La Nación:
o Matilde Mitre de Saguier, 2.768.235 acciones ordinarias + 399.547 acciones ordinarias escriturales = 3.167.782 acciones representativas del 16,67%.
o Julio César Saguier, 5.000 acciones ordinarias.
o Alejandro Julio Saguier, 5.000. Valor patrimonial: $ 20.277.427.
El 28 de febrero de 1996, el escribano Crovetto recibió a Alejandro Julio y al síndico titular, Schlossberg, para concretar la participación de la sociedad extranjera Barton Corp como accionista de MNMS Holding S.A. con un 50% del capital social.
Los accionistas aumentaron el capital a $ 40.578.854 (con el dólar a 1 x 1). Matilde Mitre de Saguier, Julio César y Alejandro Julio decidieron no ejercer el derecho de acrecer ni el de suscripción preferente, porque el producido de la integración de capital que hizo Barton Corp., fue para cancelar obligaciones pendientes de la sociedad con Clariden Bank, AG, que por entonces era controlado por el grupo Credit Suisse (CS First Boston).
El 13 de junio de 1997, la asamblea extraordinaria de MNMS Holding, con la presencia de los titulares y del síndico Schlossberg, aprobó un aumento de capital social de $ 40.578.854 a $ 41.546.824 por aportes irrevocables por $ 967.970 efectuados, en partes iguales, por MNMS y Barton Corp.
El 29 de abril de 1998, otra vez se reunió el directorio de MNMS Holding, y designó a Philip C. Blows, en su carácter de mandatario de Barton Corp. y a Julio César Saguier para redactar y firmar el acta correspondientes.
¿Qué se sabe de la compañía Barton Corp.? El 8 de febrero de 1995 se constituyó con sede social en las oficinas de Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, PO Box 268, George Town, Gran Caiman. El documento público por el que nació Barton Corp. fue firmado por Delano Solomon, en su carácter de Registrador General y certificado por S. Seales en nombre del Gobernador de las islas Caimán. Su domicilio en la Argentina es Ricardo Rojas, Piso 13, Dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires (2).
Decidido a ordenar su irregular relación con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la justicia federal que la investiga, Sociedad Anónima La Nación difundió lo que se considera es ‘la historia oficial’ de la transferencia accionaria, default y reestructuración de pasivo que protagonizó en los últimos 10 años.
Hasta donde se sabía -y es uno de los motivos de la investigación de la AFIP y de la justicia federal- el control accionario de S.A. La Nación pertenece a MNMS Holding, una empresa que, a su vez, es controlada en casi un 70% por Barton Corporation, una sociedad offshore, de las caribeñas islas Caimán.
La autoría de la ingeniería juridico-financiera de esta trama fue realizada por el bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez, que participó también, a través de su filial en las islas Vírgenes Británicas, de la creación de Cimeco (sociedad de S.A. La Nación, Grupo Clarín y Vocento, de España, que posee el control de los diarios La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, y Los Andes, de la ciudad de Mendoza).
Uno de los secretos societarios que la justicia no ha logrado develar, al menos de acuerdo a las necesidades de la investigación fiscal, es a quién pertenece la persona jurídica Barton Corporation, representada ante las asambleas de accionistas de S.A. La Nación por la abogada argentina Laura Magali Valladares.
Los dos directores en MNMS Holding, que supuestamente representan a Barton Corporation, son Philip Blows y Christopher Shaw, que han resultado una incógnita para la jueza en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría.
Durante 1994 la familia Saguier había decidido tomar el control de S.A. La Nación pero no contaba con fondos propios suficientes, y entonces obtuvo un préstamo de US$ 40 millones del Clariden Bank, una filial del Credit Suisse Group.
Credit Suisse es un grupo financiero con vastas y complejas relaciones con la economía argentina. Hacía varias décadas que se encontraba vinculado a la Röhm, que lo introdujo en el capital accionario de los ex Banco General de Negocios y el uruguayo Banco Comercial, ambos liquidados e investigados por la jueza Servini de Cubría, y magistrados uruguayos.
Pero, a la vez, Credit Suisse mantenía una relación desconocida para la mayoría de la opinión pública argentina. En su International Advisory Borrad se sentaba como consejero Agostino Rocca, por entonces director ejecutivo de Organización Techint, el grupo industrial más importante de la Argentina, con intereses en más de 20 países.
Rocca falleció en un accidente aéreo en el que también murió Germán Sopeña, quien era considerado, por integrantes de la familia Saguier, el seguro sustituto de José Claudio Escribano como subdirector periodístico del diario La Nación.
Techint mantiene otra relación muy profunda con los Saguier y S.A. La Nación: construyó la nueva torre La Nación, proyecto inmobiliario para el que los Saguier crearon un fideicomiso administrado por Banco Río SCH.
El mensuario Apertura, propiedad de los capitales españoles Recoletos, publicó en su nota de tapa un artículo titulado «La Nación después del default», ilustrado con una fotografía de Julio César Saguier, presidente de S.A. La Nación, quien, según Apertura, «explica cómo logró una quita del 60% de la deuda. Qué papel jugaron Rocca (Techint), Miguens (Bemberg) y Schmidheiny (Fundación Avina)».
La nota la firma Gustavo Sencio, director del mensuario en el que fuera promovido cuando Gabriel Griffa era su director y accionista mayoritario. Griffa fue cofundador de Apertura, cuando era bimensual, junto a Marcelo Longobardi, quien luego se retiró del negocio para dedicarse a la conducción periodística en radio y TV.
Griffa, años después y con negocios buenos y otros no tanto, decidió venderle la revista a Eduardo Eurnekian (quien a su vez la vendió a Recoletos), ya que dijo haber decidido dedicarse a actividades en el Tercer Sector, como se denomina al intrincado mundo de las Organizaciones No Gubernamentales. Explicó que había conocido a un filántropo suizo y atendería sus intereses regionales.
El filántropo se llama Stephan Schmidheiny, un personaje desconocido para la mayoría de los argentinos, pero no para los Saguier.
Schmidheiny es presidente de Anova AG, fue director de Nestlé, y en 1992 fundó World Business Council for Sustainable Development, que realizó ponencias en todas las cumbres sobre políticas ambientales que se han sucedido desde entonces. Él fue el principal asesor del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Río de Janeiro, en 1992.
Un año después, Schmidheiny y Agostino Rocca fundaron el capítulo argentino de Fundes, una asociación civil sin fines de lucro que promovería el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.
Sin embargo, Fundes existía en Suiza desde 1984, cuando Marcos Gregorio McGrath, entonces arzobispo de Panamá, convenció a Schmidheiny y otros empresarios que se interesaran en el tema ambiental, tan caro a Panamá por el canal interoceánico.
La actividad de Schmidheiny en Latinoamérica resulta prolífica. Por ejemplo, él fue quien le aportó US$ 500.000 al empresario argentino radicado en España, Martin Varsavsky, un protagonista de la burbuja cibernética de los ’90, para la creación de Educar Chile, y con el compromiso de crear, luego Educar Bolivia y Educar Costa Rica.
Varsavsky interesó a Schmidheiny presentándole su proyecto Educar Argentina, que realizó durante el gobierno de Fernando De la Rúa, por su amistad con uno de los hijos del ex Presidente, apodado Aíto (Fernando Junior). Educar Argentina fue uno de los proyectos más promocionados del llamado Grupo Sushi (pioneros en la comunicación política que hoy realiza el dúo unplugged Los Fernández, en la Casa Rosada). Si alguien sabe qué fue del proyecto Educar Argentina, por favor enviar la información disponible.
En Chile, Schmidheiny había tomado control de la industria forestal y de porciones de la industria maderera, compitiendo con los negocios de las familias Angelini (Arauco) y Matte (CMPC). De pronto controló Masisa y la expandió a la Argentina, Brasil y México.
A través de Forestal Terranova, con ventas por US$ 105,5 millones, avanzó sobre Masisa (a partir de la producción propia de madera, incorpora valor agregado fabricando molduras, puertas y tableros MDF), con una facturación de US$ 309 millones, y cruzó la Cordillera, para establecer sinergias corporativas con otros grupos vinculados a lo forestal como es la industria del papel, donde destaca Papel Prensa, uno de cuyos accionistas es S.A. La Nación.
Recientemente, la mayoría accionaria de Masisa fue traspasada al Grupo Nueva. Schmidheiny más tarde concretó un fideicomiso mediante el cual donó la totalidad de las acciones del Grupo Nueva al Grupo VIVA, sin impacto sobre la administración de Masisa.
Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Roberto Lavagna, ministro de Economía; y Martín Redrado, vicecanciller, entregaron el año pasado a Masisa Argentina el «Premio a la Exportación Argentina», por 4to. año consecutivo (3).
Deudas: De acuerdo a S.A. La Nación, el 7 de noviembre de 2003 presentó ante la Inspección General de Justicia el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, en la que imputó el quebranto producido por la salida de la convertibilidad, dando cuenta de una pérdida neta de $ 236 millones y un déficit de capital de trabajo por $ 342,7 millones.
Los Saguier, imitando lo que hicieron en 1994, buscaron inversores (Carlos Miguens, de la Maltería Quilmes; Paolo Rocca, de Techint; y Schmidheiny), y realizaron un plan de ajuste que incluyó importantes deudas refinanciadas con Papel Prensa -en un cronograma que le resultó difícil de aceptar al ministro Lavagna, informado de lo que ocurre en esa empresa en la que el Estado mantiene 25% de las acciones- y otros proveedores.
Según S.A. La Nación, la reestructuración logró que, a mediados de 2003, la deuda acumulada no pesificable de US$ 140 millones se redujese a US$ 35 millones a pagar en siete años.
La ingeniería financiera incluyó un pago proporcional en efectivo (más de US$ 20 millones), la cesión del crédito que poseía como beneficiaria del fideicomiso financiero Edificio La Nación (o sea que cedió la escritura de su porción del inmueble), pagos refinanciados de los contratos de leasing (por el reequipamiento del taller gráfico) y otorgamiento de espacios publicitarios a sus acreedores (4).
La revista Apertura plantea la duda de si Miguens, Rocca y Schmidheiny ingresarán, en el futuro, como accionistas, capitalizando sus préstamos.
Hasta donde se sabe, Techint es el más formidable lobby que conoce el Estado argentino en todas sus áreas. Techint promovió, a través del Grupo Argentino (que copresidían Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín) y la Unión Industrial Argentina, la devaluación de enero de 2002 que hasta provoca críticas de parte del hoy presidente Néstor Kirchner; amplió el corralito; desajustó los precios relativos para producir un subsidio de las empresas de servicios a las empresas electrointensivas (la siderurgia), y obtuvo enormes ganancias con el otro subsidio de mantener un dólar a un nivel superior al real. (5)
Medios:
– Diario La Nación SA
Venta
Fecha Venta promedio
1993 250.000
1999 200.000
mayo 2003 159.409
mayo 2004 164.958
– CIMECO (Compañía Inversora en Medios de Comunicación (33,4 % Grupo Clarín; 33,3% Diario La Nación; y 33,3% el español Grupo Correo).
Medios: Diario La Voz del Interior (Córdoba); Diario Los Andes (Mendoza)
– Revista Gestión (50 % La Nación y 50% Grupo HSM)
– Revista Rolling Stone (lo comparte con Ediciones La Urraca se desconoce composición).
– Revista Lugares
– Revista Ahora Mamá.
– El jardín en la Argentina.
– Agencia Diarios y Noticias (DyN) (controla Grupo Clarín; La Nación, asociados con El Cronista, Buenos Aires Herald y 13 diarios del interior del país).
– Papel Prensa S.A. (36,9% del Grupo Clarín; 36,9% diario La Nación y 26,2% Estado Nación).
– La Nación on Line (portal)

(1) http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/7-10-2003.htm

(2) http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/2-6-2003.htm
(3) http://www.weblog.com.ar/2004_05.html
(4) mayo de 2004 Revista Apertura
(5) Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio.

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político.

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía.

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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