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Ojo con los medios: Grupo La Nación

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Composición accionaria: Matilde Noble Mitre de Saguier 66%; Bartolomé Mitre 10% y ‘otros’ 24%. En el 2003, versiones periodísticas indicaban que los dueños de La Nación eran los titulares de la banca off shore Barton Corp. La empresa La Nación no ha fijado posición al respecto.
La historia: La Nación fue fundada por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870. «La Nación será una tribuna de doctrina» fue su lema. El matutino tuvo que ganar sus primeros lectores (no más de un millar) compitiendo con otros dos diarios ya establecidos, El Nacional de Dalmacio Vélez Sarfield y La Tribuna, dirigido por los hermanos Héctor y Mariano Varela junto a Juan Ramón Muñoz. La Nación representó desde siempre el poder terrateniente, ligado a la sociedad agro ganadera.
La crisis del grupo: En los ’80, el diario empezó a perder terreno. El descenso progresivo de la publicidad, la caída de las ventas, y un sinfín de hechos históricos empezaron a carcomer los cimientos de la credibilidad del diario mitrista.
En 1992, la viuda Matilde de Saguier (de Julio César Saguier, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la UCR) aún conservaba un porcentaje mínimo de acciones. Pero en 1994, sus hijos – particularmente Julio – lograron gestionar en Estados Unidos un préstamo de aproximadamente 40 millones de dólares de un banco de financiamiento internacional. Con ello, los Saguier comenzaron a comprar acción por acción a los Mitre. Sólo Bartolomé «Bartolo» Mitre decidió no vender. Así habría controlado al diario la familia Saguier. El hecho es conocido en el ambiente de los empresarios periodísticos. Una versión sostiene que habría sido el Grupo Clarín en realidad el que asistió a los Saguier para hacerse del crédito. La especie se basa en que Ernestina Herrera de Noble tiene un parentesco con ellos. Muy pocas personas conocen los hechos tal como fueron.
Aprovechando ese vacío informativo, en el primer semestre de este año, el semanario El Guardián, vinculado supuestamente al empresario Raúl Moneta, salió a instalar que los Saguier pasaron a componer el directorio de MNMS (Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier), al cual se integró en febrero de 1996, la sociedad extranjera Barton Corp con un 50% del capital social (1).
En 1995, Guillermo Schmitt, conocido como «el alemán», un consultor capacitado en rediseños y ‘racionalizaciones’ empresariales se hizo cargo del ajuste, que incluyó despidos y reducciones salariales.
A raíz de un allanamiento que la jueza Servini de Cubría realizó en el diario en junio de 2003, se conocieron algunos detalles de la composición societaria del grupo.
Según trascendió, el 11 de octubre de 1995, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, viuda y empresaria, nacida el 27 de marzo de 1939, compareció ante el escribano Hugo Crovetto, junto a su hijo mayor, Julio César Saguier, casado y abogado, nacido el 6 de octubre de 1960, domiciliado en Pueyrredón 2068, 10º piso de la ciudad de Buenos Aires, y su otro hijo, Alejandro Julio Saguier, casado y empresario, nacido el 27 de octubre de 1961,.domiciliado en Clay 3082, 9 ° C, para constituir una sociedad anónima con capital social de $ 12.000, representado por 12.000 acciones de $ 1 de valor nominal cada una, que se integró de la siguiente forma:
o Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, 11.880 acciones, un voto por acción.
o Julio César Saguier, 60 acciones ordinarias y un voto por acción.
o Alejandro Julio Saguier, 60 acciones y un voto por acción.
Presidía el directorio, Matilde Mitre de Saguier, el vice Alejandro Julio Saguier, los directores titulares eran Fernán Julio Martín Saguier y Luis María Julio Saguier; los directores suplentes Julio César Saguier, José Luis Olivera, Matilde Florencia Saguier; síndicos: Gustavo Mirko Schlossberg y María Garciarena, esposa de Julio César.
El domicilio de la sociedad que se hizo cargo del control de S.A. La Nación, fue fijado en Juncal 691, 1 er. piso de la Ciudad de Buenos Aires.
El 26 de diciembre de 1995, los accionistas Matilde Mitre de Saguier y sus hijos aportaron a MNMS Holding sus tenencias accionarías en S.A. La Nación:
o Matilde Mitre de Saguier, 2.768.235 acciones ordinarias + 399.547 acciones ordinarias escriturales = 3.167.782 acciones representativas del 16,67%.
o Julio César Saguier, 5.000 acciones ordinarias.
o Alejandro Julio Saguier, 5.000. Valor patrimonial: $ 20.277.427.
El 28 de febrero de 1996, el escribano Crovetto recibió a Alejandro Julio y al síndico titular, Schlossberg, para concretar la participación de la sociedad extranjera Barton Corp como accionista de MNMS Holding S.A. con un 50% del capital social.
Los accionistas aumentaron el capital a $ 40.578.854 (con el dólar a 1 x 1). Matilde Mitre de Saguier, Julio César y Alejandro Julio decidieron no ejercer el derecho de acrecer ni el de suscripción preferente, porque el producido de la integración de capital que hizo Barton Corp., fue para cancelar obligaciones pendientes de la sociedad con Clariden Bank, AG, que por entonces era controlado por el grupo Credit Suisse (CS First Boston).
El 13 de junio de 1997, la asamblea extraordinaria de MNMS Holding, con la presencia de los titulares y del síndico Schlossberg, aprobó un aumento de capital social de $ 40.578.854 a $ 41.546.824 por aportes irrevocables por $ 967.970 efectuados, en partes iguales, por MNMS y Barton Corp.
El 29 de abril de 1998, otra vez se reunió el directorio de MNMS Holding, y designó a Philip C. Blows, en su carácter de mandatario de Barton Corp. y a Julio César Saguier para redactar y firmar el acta correspondientes.
¿Qué se sabe de la compañía Barton Corp.? El 8 de febrero de 1995 se constituyó con sede social en las oficinas de Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, PO Box 268, George Town, Gran Caiman. El documento público por el que nació Barton Corp. fue firmado por Delano Solomon, en su carácter de Registrador General y certificado por S. Seales en nombre del Gobernador de las islas Caimán. Su domicilio en la Argentina es Ricardo Rojas, Piso 13, Dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires (2).
Decidido a ordenar su irregular relación con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la justicia federal que la investiga, Sociedad Anónima La Nación difundió lo que se considera es ‘la historia oficial’ de la transferencia accionaria, default y reestructuración de pasivo que protagonizó en los últimos 10 años.
Hasta donde se sabía -y es uno de los motivos de la investigación de la AFIP y de la justicia federal- el control accionario de S.A. La Nación pertenece a MNMS Holding, una empresa que, a su vez, es controlada en casi un 70% por Barton Corporation, una sociedad offshore, de las caribeñas islas Caimán.
La autoría de la ingeniería juridico-financiera de esta trama fue realizada por el bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez, que participó también, a través de su filial en las islas Vírgenes Británicas, de la creación de Cimeco (sociedad de S.A. La Nación, Grupo Clarín y Vocento, de España, que posee el control de los diarios La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, y Los Andes, de la ciudad de Mendoza).
Uno de los secretos societarios que la justicia no ha logrado develar, al menos de acuerdo a las necesidades de la investigación fiscal, es a quién pertenece la persona jurídica Barton Corporation, representada ante las asambleas de accionistas de S.A. La Nación por la abogada argentina Laura Magali Valladares.
Los dos directores en MNMS Holding, que supuestamente representan a Barton Corporation, son Philip Blows y Christopher Shaw, que han resultado una incógnita para la jueza en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría.
Durante 1994 la familia Saguier había decidido tomar el control de S.A. La Nación pero no contaba con fondos propios suficientes, y entonces obtuvo un préstamo de US$ 40 millones del Clariden Bank, una filial del Credit Suisse Group.
Credit Suisse es un grupo financiero con vastas y complejas relaciones con la economía argentina. Hacía varias décadas que se encontraba vinculado a la Röhm, que lo introdujo en el capital accionario de los ex Banco General de Negocios y el uruguayo Banco Comercial, ambos liquidados e investigados por la jueza Servini de Cubría, y magistrados uruguayos.
Pero, a la vez, Credit Suisse mantenía una relación desconocida para la mayoría de la opinión pública argentina. En su International Advisory Borrad se sentaba como consejero Agostino Rocca, por entonces director ejecutivo de Organización Techint, el grupo industrial más importante de la Argentina, con intereses en más de 20 países.
Rocca falleció en un accidente aéreo en el que también murió Germán Sopeña, quien era considerado, por integrantes de la familia Saguier, el seguro sustituto de José Claudio Escribano como subdirector periodístico del diario La Nación.
Techint mantiene otra relación muy profunda con los Saguier y S.A. La Nación: construyó la nueva torre La Nación, proyecto inmobiliario para el que los Saguier crearon un fideicomiso administrado por Banco Río SCH.
El mensuario Apertura, propiedad de los capitales españoles Recoletos, publicó en su nota de tapa un artículo titulado «La Nación después del default», ilustrado con una fotografía de Julio César Saguier, presidente de S.A. La Nación, quien, según Apertura, «explica cómo logró una quita del 60% de la deuda. Qué papel jugaron Rocca (Techint), Miguens (Bemberg) y Schmidheiny (Fundación Avina)».
La nota la firma Gustavo Sencio, director del mensuario en el que fuera promovido cuando Gabriel Griffa era su director y accionista mayoritario. Griffa fue cofundador de Apertura, cuando era bimensual, junto a Marcelo Longobardi, quien luego se retiró del negocio para dedicarse a la conducción periodística en radio y TV.
Griffa, años después y con negocios buenos y otros no tanto, decidió venderle la revista a Eduardo Eurnekian (quien a su vez la vendió a Recoletos), ya que dijo haber decidido dedicarse a actividades en el Tercer Sector, como se denomina al intrincado mundo de las Organizaciones No Gubernamentales. Explicó que había conocido a un filántropo suizo y atendería sus intereses regionales.
El filántropo se llama Stephan Schmidheiny, un personaje desconocido para la mayoría de los argentinos, pero no para los Saguier.
Schmidheiny es presidente de Anova AG, fue director de Nestlé, y en 1992 fundó World Business Council for Sustainable Development, que realizó ponencias en todas las cumbres sobre políticas ambientales que se han sucedido desde entonces. Él fue el principal asesor del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Río de Janeiro, en 1992.
Un año después, Schmidheiny y Agostino Rocca fundaron el capítulo argentino de Fundes, una asociación civil sin fines de lucro que promovería el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.
Sin embargo, Fundes existía en Suiza desde 1984, cuando Marcos Gregorio McGrath, entonces arzobispo de Panamá, convenció a Schmidheiny y otros empresarios que se interesaran en el tema ambiental, tan caro a Panamá por el canal interoceánico.
La actividad de Schmidheiny en Latinoamérica resulta prolífica. Por ejemplo, él fue quien le aportó US$ 500.000 al empresario argentino radicado en España, Martin Varsavsky, un protagonista de la burbuja cibernética de los ’90, para la creación de Educar Chile, y con el compromiso de crear, luego Educar Bolivia y Educar Costa Rica.
Varsavsky interesó a Schmidheiny presentándole su proyecto Educar Argentina, que realizó durante el gobierno de Fernando De la Rúa, por su amistad con uno de los hijos del ex Presidente, apodado Aíto (Fernando Junior). Educar Argentina fue uno de los proyectos más promocionados del llamado Grupo Sushi (pioneros en la comunicación política que hoy realiza el dúo unplugged Los Fernández, en la Casa Rosada). Si alguien sabe qué fue del proyecto Educar Argentina, por favor enviar la información disponible.
En Chile, Schmidheiny había tomado control de la industria forestal y de porciones de la industria maderera, compitiendo con los negocios de las familias Angelini (Arauco) y Matte (CMPC). De pronto controló Masisa y la expandió a la Argentina, Brasil y México.
A través de Forestal Terranova, con ventas por US$ 105,5 millones, avanzó sobre Masisa (a partir de la producción propia de madera, incorpora valor agregado fabricando molduras, puertas y tableros MDF), con una facturación de US$ 309 millones, y cruzó la Cordillera, para establecer sinergias corporativas con otros grupos vinculados a lo forestal como es la industria del papel, donde destaca Papel Prensa, uno de cuyos accionistas es S.A. La Nación.
Recientemente, la mayoría accionaria de Masisa fue traspasada al Grupo Nueva. Schmidheiny más tarde concretó un fideicomiso mediante el cual donó la totalidad de las acciones del Grupo Nueva al Grupo VIVA, sin impacto sobre la administración de Masisa.
Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Roberto Lavagna, ministro de Economía; y Martín Redrado, vicecanciller, entregaron el año pasado a Masisa Argentina el «Premio a la Exportación Argentina», por 4to. año consecutivo (3).
Deudas: De acuerdo a S.A. La Nación, el 7 de noviembre de 2003 presentó ante la Inspección General de Justicia el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, en la que imputó el quebranto producido por la salida de la convertibilidad, dando cuenta de una pérdida neta de $ 236 millones y un déficit de capital de trabajo por $ 342,7 millones.
Los Saguier, imitando lo que hicieron en 1994, buscaron inversores (Carlos Miguens, de la Maltería Quilmes; Paolo Rocca, de Techint; y Schmidheiny), y realizaron un plan de ajuste que incluyó importantes deudas refinanciadas con Papel Prensa -en un cronograma que le resultó difícil de aceptar al ministro Lavagna, informado de lo que ocurre en esa empresa en la que el Estado mantiene 25% de las acciones- y otros proveedores.
Según S.A. La Nación, la reestructuración logró que, a mediados de 2003, la deuda acumulada no pesificable de US$ 140 millones se redujese a US$ 35 millones a pagar en siete años.
La ingeniería financiera incluyó un pago proporcional en efectivo (más de US$ 20 millones), la cesión del crédito que poseía como beneficiaria del fideicomiso financiero Edificio La Nación (o sea que cedió la escritura de su porción del inmueble), pagos refinanciados de los contratos de leasing (por el reequipamiento del taller gráfico) y otorgamiento de espacios publicitarios a sus acreedores (4).
La revista Apertura plantea la duda de si Miguens, Rocca y Schmidheiny ingresarán, en el futuro, como accionistas, capitalizando sus préstamos.
Hasta donde se sabe, Techint es el más formidable lobby que conoce el Estado argentino en todas sus áreas. Techint promovió, a través del Grupo Argentino (que copresidían Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín) y la Unión Industrial Argentina, la devaluación de enero de 2002 que hasta provoca críticas de parte del hoy presidente Néstor Kirchner; amplió el corralito; desajustó los precios relativos para producir un subsidio de las empresas de servicios a las empresas electrointensivas (la siderurgia), y obtuvo enormes ganancias con el otro subsidio de mantener un dólar a un nivel superior al real. (5)
Medios:
– Diario La Nación SA
Venta
Fecha Venta promedio
1993 250.000
1999 200.000
mayo 2003 159.409
mayo 2004 164.958
– CIMECO (Compañía Inversora en Medios de Comunicación (33,4 % Grupo Clarín; 33,3% Diario La Nación; y 33,3% el español Grupo Correo).
Medios: Diario La Voz del Interior (Córdoba); Diario Los Andes (Mendoza)
– Revista Gestión (50 % La Nación y 50% Grupo HSM)
– Revista Rolling Stone (lo comparte con Ediciones La Urraca se desconoce composición).
– Revista Lugares
– Revista Ahora Mamá.
– El jardín en la Argentina.
– Agencia Diarios y Noticias (DyN) (controla Grupo Clarín; La Nación, asociados con El Cronista, Buenos Aires Herald y 13 diarios del interior del país).
– Papel Prensa S.A. (36,9% del Grupo Clarín; 36,9% diario La Nación y 26,2% Estado Nación).
– La Nación on Line (portal)

(1) http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/7-10-2003.htm

(2) http://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/2-6-2003.htm
(3) http://www.weblog.com.ar/2004_05.html
(4) mayo de 2004 Revista Apertura
(5) Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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La última Mu: Movete

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