Nota
Ojo con los medios: Grupo La Nación
Composición accionaria: Matilde Noble Mitre de Saguier 66%; Bartolomé Mitre 10% y ‘otros’ 24%. En el 2003, versiones periodísticas indicaban que los dueños de La Nación eran los titulares de la banca off shore Barton Corp. La empresa La Nación no ha fijado posición al respecto.
La historia: La Nación fue fundada por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870. «La Nación será una tribuna de doctrina» fue su lema. El matutino tuvo que ganar sus primeros lectores (no más de un millar) compitiendo con otros dos diarios ya establecidos, El Nacional de Dalmacio Vélez Sarfield y La Tribuna, dirigido por los hermanos Héctor y Mariano Varela junto a Juan Ramón Muñoz. La Nación representó desde siempre el poder terrateniente, ligado a la sociedad agro ganadera.
La crisis del grupo: En los ’80, el diario empezó a perder terreno. El descenso progresivo de la publicidad, la caída de las ventas, y un sinfín de hechos históricos empezaron a carcomer los cimientos de la credibilidad del diario mitrista.
En 1992, la viuda Matilde de Saguier (de Julio César Saguier, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la UCR) aún conservaba un porcentaje mínimo de acciones. Pero en 1994, sus hijos – particularmente Julio – lograron gestionar en Estados Unidos un préstamo de aproximadamente 40 millones de dólares de un banco de financiamiento internacional. Con ello, los Saguier comenzaron a comprar acción por acción a los Mitre. Sólo Bartolomé «Bartolo» Mitre decidió no vender. Así habría controlado al diario la familia Saguier. El hecho es conocido en el ambiente de los empresarios periodísticos. Una versión sostiene que habría sido el Grupo Clarín en realidad el que asistió a los Saguier para hacerse del crédito. La especie se basa en que Ernestina Herrera de Noble tiene un parentesco con ellos. Muy pocas personas conocen los hechos tal como fueron.
Aprovechando ese vacío informativo, en el primer semestre de este año, el semanario El Guardián, vinculado supuestamente al empresario Raúl Moneta, salió a instalar que los Saguier pasaron a componer el directorio de MNMS (Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier), al cual se integró en febrero de 1996, la sociedad extranjera Barton Corp con un 50% del capital social (1).
En 1995, Guillermo Schmitt, conocido como «el alemán», un consultor capacitado en rediseños y ‘racionalizaciones’ empresariales se hizo cargo del ajuste, que incluyó despidos y reducciones salariales.
A raíz de un allanamiento que la jueza Servini de Cubría realizó en el diario en junio de 2003, se conocieron algunos detalles de la composición societaria del grupo.
Según trascendió, el 11 de octubre de 1995, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, viuda y empresaria, nacida el 27 de marzo de 1939, compareció ante el escribano Hugo Crovetto, junto a su hijo mayor, Julio César Saguier, casado y abogado, nacido el 6 de octubre de 1960, domiciliado en Pueyrredón 2068, 10º piso de la ciudad de Buenos Aires, y su otro hijo, Alejandro Julio Saguier, casado y empresario, nacido el 27 de octubre de 1961,.domiciliado en Clay 3082, 9 ° C, para constituir una sociedad anónima con capital social de $ 12.000, representado por 12.000 acciones de $ 1 de valor nominal cada una, que se integró de la siguiente forma:
o Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, 11.880 acciones, un voto por acción.
o Julio César Saguier, 60 acciones ordinarias y un voto por acción.
o Alejandro Julio Saguier, 60 acciones y un voto por acción.
Presidía el directorio, Matilde Mitre de Saguier, el vice Alejandro Julio Saguier, los directores titulares eran Fernán Julio Martín Saguier y Luis María Julio Saguier; los directores suplentes Julio César Saguier, José Luis Olivera, Matilde Florencia Saguier; síndicos: Gustavo Mirko Schlossberg y María Garciarena, esposa de Julio César.
El domicilio de la sociedad que se hizo cargo del control de S.A. La Nación, fue fijado en Juncal 691, 1 er. piso de la Ciudad de Buenos Aires.
El 26 de diciembre de 1995, los accionistas Matilde Mitre de Saguier y sus hijos aportaron a MNMS Holding sus tenencias accionarías en S.A. La Nación:
o Matilde Mitre de Saguier, 2.768.235 acciones ordinarias + 399.547 acciones ordinarias escriturales = 3.167.782 acciones representativas del 16,67%.
o Julio César Saguier, 5.000 acciones ordinarias.
o Alejandro Julio Saguier, 5.000. Valor patrimonial: $ 20.277.427.
El 28 de febrero de 1996, el escribano Crovetto recibió a Alejandro Julio y al síndico titular, Schlossberg, para concretar la participación de la sociedad extranjera Barton Corp como accionista de MNMS Holding S.A. con un 50% del capital social.
Los accionistas aumentaron el capital a $ 40.578.854 (con el dólar a 1 x 1). Matilde Mitre de Saguier, Julio César y Alejandro Julio decidieron no ejercer el derecho de acrecer ni el de suscripción preferente, porque el producido de la integración de capital que hizo Barton Corp., fue para cancelar obligaciones pendientes de la sociedad con Clariden Bank, AG, que por entonces era controlado por el grupo Credit Suisse (CS First Boston).
El 13 de junio de 1997, la asamblea extraordinaria de MNMS Holding, con la presencia de los titulares y del síndico Schlossberg, aprobó un aumento de capital social de $ 40.578.854 a $ 41.546.824 por aportes irrevocables por $ 967.970 efectuados, en partes iguales, por MNMS y Barton Corp.
El 29 de abril de 1998, otra vez se reunió el directorio de MNMS Holding, y designó a Philip C. Blows, en su carácter de mandatario de Barton Corp. y a Julio César Saguier para redactar y firmar el acta correspondientes.
¿Qué se sabe de la compañía Barton Corp.? El 8 de febrero de 1995 se constituyó con sede social en las oficinas de Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, PO Box 268, George Town, Gran Caiman. El documento público por el que nació Barton Corp. fue firmado por Delano Solomon, en su carácter de Registrador General y certificado por S. Seales en nombre del Gobernador de las islas Caimán. Su domicilio en la Argentina es Ricardo Rojas, Piso 13, Dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires (2).
Decidido a ordenar su irregular relación con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la justicia federal que la investiga, Sociedad Anónima La Nación difundió lo que se considera es ‘la historia oficial’ de la transferencia accionaria, default y reestructuración de pasivo que protagonizó en los últimos 10 años.
Hasta donde se sabía -y es uno de los motivos de la investigación de la AFIP y de la justicia federal- el control accionario de S.A. La Nación pertenece a MNMS Holding, una empresa que, a su vez, es controlada en casi un 70% por Barton Corporation, una sociedad offshore, de las caribeñas islas Caimán.
La autoría de la ingeniería juridico-financiera de esta trama fue realizada por el bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez, que participó también, a través de su filial en las islas Vírgenes Británicas, de la creación de Cimeco (sociedad de S.A. La Nación, Grupo Clarín y Vocento, de España, que posee el control de los diarios La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, y Los Andes, de la ciudad de Mendoza).
Uno de los secretos societarios que la justicia no ha logrado develar, al menos de acuerdo a las necesidades de la investigación fiscal, es a quién pertenece la persona jurídica Barton Corporation, representada ante las asambleas de accionistas de S.A. La Nación por la abogada argentina Laura Magali Valladares.
Los dos directores en MNMS Holding, que supuestamente representan a Barton Corporation, son Philip Blows y Christopher Shaw, que han resultado una incógnita para la jueza en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría.
Durante 1994 la familia Saguier había decidido tomar el control de S.A. La Nación pero no contaba con fondos propios suficientes, y entonces obtuvo un préstamo de US$ 40 millones del Clariden Bank, una filial del Credit Suisse Group.
Credit Suisse es un grupo financiero con vastas y complejas relaciones con la economía argentina. Hacía varias décadas que se encontraba vinculado a la Röhm, que lo introdujo en el capital accionario de los ex Banco General de Negocios y el uruguayo Banco Comercial, ambos liquidados e investigados por la jueza Servini de Cubría, y magistrados uruguayos.
Pero, a la vez, Credit Suisse mantenía una relación desconocida para la mayoría de la opinión pública argentina. En su International Advisory Borrad se sentaba como consejero Agostino Rocca, por entonces director ejecutivo de Organización Techint, el grupo industrial más importante de la Argentina, con intereses en más de 20 países.
Rocca falleció en un accidente aéreo en el que también murió Germán Sopeña, quien era considerado, por integrantes de la familia Saguier, el seguro sustituto de José Claudio Escribano como subdirector periodístico del diario La Nación.
Techint mantiene otra relación muy profunda con los Saguier y S.A. La Nación: construyó la nueva torre La Nación, proyecto inmobiliario para el que los Saguier crearon un fideicomiso administrado por Banco Río SCH.
El mensuario Apertura, propiedad de los capitales españoles Recoletos, publicó en su nota de tapa un artículo titulado «La Nación después del default», ilustrado con una fotografía de Julio César Saguier, presidente de S.A. La Nación, quien, según Apertura, «explica cómo logró una quita del 60% de la deuda. Qué papel jugaron Rocca (Techint), Miguens (Bemberg) y Schmidheiny (Fundación Avina)».
La nota la firma Gustavo Sencio, director del mensuario en el que fuera promovido cuando Gabriel Griffa era su director y accionista mayoritario. Griffa fue cofundador de Apertura, cuando era bimensual, junto a Marcelo Longobardi, quien luego se retiró del negocio para dedicarse a la conducción periodística en radio y TV.
Griffa, años después y con negocios buenos y otros no tanto, decidió venderle la revista a Eduardo Eurnekian (quien a su vez la vendió a Recoletos), ya que dijo haber decidido dedicarse a actividades en el Tercer Sector, como se denomina al intrincado mundo de las Organizaciones No Gubernamentales. Explicó que había conocido a un filántropo suizo y atendería sus intereses regionales.
El filántropo se llama Stephan Schmidheiny, un personaje desconocido para la mayoría de los argentinos, pero no para los Saguier.
Schmidheiny es presidente de Anova AG, fue director de Nestlé, y en 1992 fundó World Business Council for Sustainable Development, que realizó ponencias en todas las cumbres sobre políticas ambientales que se han sucedido desde entonces. Él fue el principal asesor del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Río de Janeiro, en 1992.
Un año después, Schmidheiny y Agostino Rocca fundaron el capítulo argentino de Fundes, una asociación civil sin fines de lucro que promovería el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.
Sin embargo, Fundes existía en Suiza desde 1984, cuando Marcos Gregorio McGrath, entonces arzobispo de Panamá, convenció a Schmidheiny y otros empresarios que se interesaran en el tema ambiental, tan caro a Panamá por el canal interoceánico.
La actividad de Schmidheiny en Latinoamérica resulta prolífica. Por ejemplo, él fue quien le aportó US$ 500.000 al empresario argentino radicado en España, Martin Varsavsky, un protagonista de la burbuja cibernética de los ’90, para la creación de Educar Chile, y con el compromiso de crear, luego Educar Bolivia y Educar Costa Rica.
Varsavsky interesó a Schmidheiny presentándole su proyecto Educar Argentina, que realizó durante el gobierno de Fernando De la Rúa, por su amistad con uno de los hijos del ex Presidente, apodado Aíto (Fernando Junior). Educar Argentina fue uno de los proyectos más promocionados del llamado Grupo Sushi (pioneros en la comunicación política que hoy realiza el dúo unplugged Los Fernández, en la Casa Rosada). Si alguien sabe qué fue del proyecto Educar Argentina, por favor enviar la información disponible.
En Chile, Schmidheiny había tomado control de la industria forestal y de porciones de la industria maderera, compitiendo con los negocios de las familias Angelini (Arauco) y Matte (CMPC). De pronto controló Masisa y la expandió a la Argentina, Brasil y México.
A través de Forestal Terranova, con ventas por US$ 105,5 millones, avanzó sobre Masisa (a partir de la producción propia de madera, incorpora valor agregado fabricando molduras, puertas y tableros MDF), con una facturación de US$ 309 millones, y cruzó la Cordillera, para establecer sinergias corporativas con otros grupos vinculados a lo forestal como es la industria del papel, donde destaca Papel Prensa, uno de cuyos accionistas es S.A. La Nación.
Recientemente, la mayoría accionaria de Masisa fue traspasada al Grupo Nueva. Schmidheiny más tarde concretó un fideicomiso mediante el cual donó la totalidad de las acciones del Grupo Nueva al Grupo VIVA, sin impacto sobre la administración de Masisa.
Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Roberto Lavagna, ministro de Economía; y Martín Redrado, vicecanciller, entregaron el año pasado a Masisa Argentina el «Premio a la Exportación Argentina», por 4to. año consecutivo (3).
Deudas: De acuerdo a S.A. La Nación, el 7 de noviembre de 2003 presentó ante la Inspección General de Justicia el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, en la que imputó el quebranto producido por la salida de la convertibilidad, dando cuenta de una pérdida neta de $ 236 millones y un déficit de capital de trabajo por $ 342,7 millones.
Los Saguier, imitando lo que hicieron en 1994, buscaron inversores (Carlos Miguens, de la Maltería Quilmes; Paolo Rocca, de Techint; y Schmidheiny), y realizaron un plan de ajuste que incluyó importantes deudas refinanciadas con Papel Prensa -en un cronograma que le resultó difícil de aceptar al ministro Lavagna, informado de lo que ocurre en esa empresa en la que el Estado mantiene 25% de las acciones- y otros proveedores.
Según S.A. La Nación, la reestructuración logró que, a mediados de 2003, la deuda acumulada no pesificable de US$ 140 millones se redujese a US$ 35 millones a pagar en siete años.
La ingeniería financiera incluyó un pago proporcional en efectivo (más de US$ 20 millones), la cesión del crédito que poseía como beneficiaria del fideicomiso financiero Edificio La Nación (o sea que cedió la escritura de su porción del inmueble), pagos refinanciados de los contratos de leasing (por el reequipamiento del taller gráfico) y otorgamiento de espacios publicitarios a sus acreedores (4).
La revista Apertura plantea la duda de si Miguens, Rocca y Schmidheiny ingresarán, en el futuro, como accionistas, capitalizando sus préstamos.
Hasta donde se sabe, Techint es el más formidable lobby que conoce el Estado argentino en todas sus áreas. Techint promovió, a través del Grupo Argentino (que copresidían Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín) y la Unión Industrial Argentina, la devaluación de enero de 2002 que hasta provoca críticas de parte del hoy presidente Néstor Kirchner; amplió el corralito; desajustó los precios relativos para producir un subsidio de las empresas de servicios a las empresas electrointensivas (la siderurgia), y obtuvo enormes ganancias con el otro subsidio de mantener un dólar a un nivel superior al real. (5)
Medios:
– Diario La Nación SA
Venta
Fecha Venta promedio
1993 250.000
1999 200.000
mayo 2003 159.409
mayo 2004 164.958
– CIMECO (Compañía Inversora en Medios de Comunicación (33,4 % Grupo Clarín; 33,3% Diario La Nación; y 33,3% el español Grupo Correo).
Medios: Diario La Voz del Interior (Córdoba); Diario Los Andes (Mendoza)
– Revista Gestión (50 % La Nación y 50% Grupo HSM)
– Revista Rolling Stone (lo comparte con Ediciones La Urraca se desconoce composición).
– Revista Lugares
– Revista Ahora Mamá.
– El jardín en la Argentina.
– Agencia Diarios y Noticias (DyN) (controla Grupo Clarín; La Nación, asociados con El Cronista, Buenos Aires Herald y 13 diarios del interior del país).
– Papel Prensa S.A. (36,9% del Grupo Clarín; 36,9% diario La Nación y 26,2% Estado Nación).
– La Nación on Line (portal)
(1) https://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/7-10-2003.htm
(2) https://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/2-6-2003.htm
(3) https://www.weblog.com.ar/2004_05.html
(4) mayo de 2004 Revista Apertura
(5) Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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