Nota
Ojo con los medios: Grupo La Nación
Composición accionaria: Matilde Noble Mitre de Saguier 66%; Bartolomé Mitre 10% y ‘otros’ 24%. En el 2003, versiones periodísticas indicaban que los dueños de La Nación eran los titulares de la banca off shore Barton Corp. La empresa La Nación no ha fijado posición al respecto.
La historia: La Nación fue fundada por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870. “La Nación será una tribuna de doctrina” fue su lema. El matutino tuvo que ganar sus primeros lectores (no más de un millar) compitiendo con otros dos diarios ya establecidos, El Nacional de Dalmacio Vélez Sarfield y La Tribuna, dirigido por los hermanos Héctor y Mariano Varela junto a Juan Ramón Muñoz. La Nación representó desde siempre el poder terrateniente, ligado a la sociedad agro ganadera.
La crisis del grupo: En los ’80, el diario empezó a perder terreno. El descenso progresivo de la publicidad, la caída de las ventas, y un sinfín de hechos históricos empezaron a carcomer los cimientos de la credibilidad del diario mitrista.
En 1992, la viuda Matilde de Saguier (de Julio César Saguier, ex intendente de la Ciudad de Buenos Aires y dirigente de la UCR) aún conservaba un porcentaje mínimo de acciones. Pero en 1994, sus hijos – particularmente Julio – lograron gestionar en Estados Unidos un préstamo de aproximadamente 40 millones de dólares de un banco de financiamiento internacional. Con ello, los Saguier comenzaron a comprar acción por acción a los Mitre. Sólo Bartolomé “Bartolo” Mitre decidió no vender. Así habría controlado al diario la familia Saguier. El hecho es conocido en el ambiente de los empresarios periodísticos. Una versión sostiene que habría sido el Grupo Clarín en realidad el que asistió a los Saguier para hacerse del crédito. La especie se basa en que Ernestina Herrera de Noble tiene un parentesco con ellos. Muy pocas personas conocen los hechos tal como fueron.
Aprovechando ese vacío informativo, en el primer semestre de este año, el semanario El Guardián, vinculado supuestamente al empresario Raúl Moneta, salió a instalar que los Saguier pasaron a componer el directorio de MNMS (Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier), al cual se integró en febrero de 1996, la sociedad extranjera Barton Corp con un 50% del capital social (1).
En 1995, Guillermo Schmitt, conocido como “el alemán”, un consultor capacitado en rediseños y ‘racionalizaciones’ empresariales se hizo cargo del ajuste, que incluyó despidos y reducciones salariales.
A raíz de un allanamiento que la jueza Servini de Cubría realizó en el diario en junio de 2003, se conocieron algunos detalles de la composición societaria del grupo.
Según trascendió, el 11 de octubre de 1995, Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, viuda y empresaria, nacida el 27 de marzo de 1939, compareció ante el escribano Hugo Crovetto, junto a su hijo mayor, Julio César Saguier, casado y abogado, nacido el 6 de octubre de 1960, domiciliado en Pueyrredón 2068, 10º piso de la ciudad de Buenos Aires, y su otro hijo, Alejandro Julio Saguier, casado y empresario, nacido el 27 de octubre de 1961,.domiciliado en Clay 3082, 9 ° C, para constituir una sociedad anónima con capital social de $ 12.000, representado por 12.000 acciones de $ 1 de valor nominal cada una, que se integró de la siguiente forma:
o Matilde Ana María Noble Mitre de Saguier, 11.880 acciones, un voto por acción.
o Julio César Saguier, 60 acciones ordinarias y un voto por acción.
o Alejandro Julio Saguier, 60 acciones y un voto por acción.
Presidía el directorio, Matilde Mitre de Saguier, el vice Alejandro Julio Saguier, los directores titulares eran Fernán Julio Martín Saguier y Luis María Julio Saguier; los directores suplentes Julio César Saguier, José Luis Olivera, Matilde Florencia Saguier; síndicos: Gustavo Mirko Schlossberg y María Garciarena, esposa de Julio César.
El domicilio de la sociedad que se hizo cargo del control de S.A. La Nación, fue fijado en Juncal 691, 1 er. piso de la Ciudad de Buenos Aires.
El 26 de diciembre de 1995, los accionistas Matilde Mitre de Saguier y sus hijos aportaron a MNMS Holding sus tenencias accionarías en S.A. La Nación:
o Matilde Mitre de Saguier, 2.768.235 acciones ordinarias + 399.547 acciones ordinarias escriturales = 3.167.782 acciones representativas del 16,67%.
o Julio César Saguier, 5.000 acciones ordinarias.
o Alejandro Julio Saguier, 5.000. Valor patrimonial: $ 20.277.427.
El 28 de febrero de 1996, el escribano Crovetto recibió a Alejandro Julio y al síndico titular, Schlossberg, para concretar la participación de la sociedad extranjera Barton Corp como accionista de MNMS Holding S.A. con un 50% del capital social.
Los accionistas aumentaron el capital a $ 40.578.854 (con el dólar a 1 x 1). Matilde Mitre de Saguier, Julio César y Alejandro Julio decidieron no ejercer el derecho de acrecer ni el de suscripción preferente, porque el producido de la integración de capital que hizo Barton Corp., fue para cancelar obligaciones pendientes de la sociedad con Clariden Bank, AG, que por entonces era controlado por el grupo Credit Suisse (CS First Boston).
El 13 de junio de 1997, la asamblea extraordinaria de MNMS Holding, con la presencia de los titulares y del síndico Schlossberg, aprobó un aumento de capital social de $ 40.578.854 a $ 41.546.824 por aportes irrevocables por $ 967.970 efectuados, en partes iguales, por MNMS y Barton Corp.
El 29 de abril de 1998, otra vez se reunió el directorio de MNMS Holding, y designó a Philip C. Blows, en su carácter de mandatario de Barton Corp. y a Julio César Saguier para redactar y firmar el acta correspondientes.
¿Qué se sabe de la compañía Barton Corp.? El 8 de febrero de 1995 se constituyó con sede social en las oficinas de Campbell Corporate Services Limited, The Bank of Nova Scotia Building, PO Box 268, George Town, Gran Caiman. El documento público por el que nació Barton Corp. fue firmado por Delano Solomon, en su carácter de Registrador General y certificado por S. Seales en nombre del Gobernador de las islas Caimán. Su domicilio en la Argentina es Ricardo Rojas, Piso 13, Dpto. A de la Ciudad de Buenos Aires (2).
Decidido a ordenar su irregular relación con la Administración Federal de Ingresos Públicos y la justicia federal que la investiga, Sociedad Anónima La Nación difundió lo que se considera es ‘la historia oficial’ de la transferencia accionaria, default y reestructuración de pasivo que protagonizó en los últimos 10 años.
Hasta donde se sabía -y es uno de los motivos de la investigación de la AFIP y de la justicia federal- el control accionario de S.A. La Nación pertenece a MNMS Holding, una empresa que, a su vez, es controlada en casi un 70% por Barton Corporation, una sociedad offshore, de las caribeñas islas Caimán.
La autoría de la ingeniería juridico-financiera de esta trama fue realizada por el bufete panameño Alfaro, Ferrer & Ramírez, que participó también, a través de su filial en las islas Vírgenes Británicas, de la creación de Cimeco (sociedad de S.A. La Nación, Grupo Clarín y Vocento, de España, que posee el control de los diarios La Voz del Interior, de la ciudad de Córdoba, y Los Andes, de la ciudad de Mendoza).
Uno de los secretos societarios que la justicia no ha logrado develar, al menos de acuerdo a las necesidades de la investigación fiscal, es a quién pertenece la persona jurídica Barton Corporation, representada ante las asambleas de accionistas de S.A. La Nación por la abogada argentina Laura Magali Valladares.
Los dos directores en MNMS Holding, que supuestamente representan a Barton Corporation, son Philip Blows y Christopher Shaw, que han resultado una incógnita para la jueza en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de la Ciudad de Buenos Aires, María Romilda Servini de Cubría.
Durante 1994 la familia Saguier había decidido tomar el control de S.A. La Nación pero no contaba con fondos propios suficientes, y entonces obtuvo un préstamo de US$ 40 millones del Clariden Bank, una filial del Credit Suisse Group.
Credit Suisse es un grupo financiero con vastas y complejas relaciones con la economía argentina. Hacía varias décadas que se encontraba vinculado a la Röhm, que lo introdujo en el capital accionario de los ex Banco General de Negocios y el uruguayo Banco Comercial, ambos liquidados e investigados por la jueza Servini de Cubría, y magistrados uruguayos.
Pero, a la vez, Credit Suisse mantenía una relación desconocida para la mayoría de la opinión pública argentina. En su International Advisory Borrad se sentaba como consejero Agostino Rocca, por entonces director ejecutivo de Organización Techint, el grupo industrial más importante de la Argentina, con intereses en más de 20 países.
Rocca falleció en un accidente aéreo en el que también murió Germán Sopeña, quien era considerado, por integrantes de la familia Saguier, el seguro sustituto de José Claudio Escribano como subdirector periodístico del diario La Nación.
Techint mantiene otra relación muy profunda con los Saguier y S.A. La Nación: construyó la nueva torre La Nación, proyecto inmobiliario para el que los Saguier crearon un fideicomiso administrado por Banco Río SCH.
El mensuario Apertura, propiedad de los capitales españoles Recoletos, publicó en su nota de tapa un artículo titulado “La Nación después del default”, ilustrado con una fotografía de Julio César Saguier, presidente de S.A. La Nación, quien, según Apertura, “explica cómo logró una quita del 60% de la deuda. Qué papel jugaron Rocca (Techint), Miguens (Bemberg) y Schmidheiny (Fundación Avina)”.
La nota la firma Gustavo Sencio, director del mensuario en el que fuera promovido cuando Gabriel Griffa era su director y accionista mayoritario. Griffa fue cofundador de Apertura, cuando era bimensual, junto a Marcelo Longobardi, quien luego se retiró del negocio para dedicarse a la conducción periodística en radio y TV.
Griffa, años después y con negocios buenos y otros no tanto, decidió venderle la revista a Eduardo Eurnekian (quien a su vez la vendió a Recoletos), ya que dijo haber decidido dedicarse a actividades en el Tercer Sector, como se denomina al intrincado mundo de las Organizaciones No Gubernamentales. Explicó que había conocido a un filántropo suizo y atendería sus intereses regionales.
El filántropo se llama Stephan Schmidheiny, un personaje desconocido para la mayoría de los argentinos, pero no para los Saguier.
Schmidheiny es presidente de Anova AG, fue director de Nestlé, y en 1992 fundó World Business Council for Sustainable Development, que realizó ponencias en todas las cumbres sobre políticas ambientales que se han sucedido desde entonces. Él fue el principal asesor del secretario general de la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia sobre Desarrollo y Medio Ambiente, en Río de Janeiro, en 1992.
Un año después, Schmidheiny y Agostino Rocca fundaron el capítulo argentino de Fundes, una asociación civil sin fines de lucro que promovería el desarrollo de la pequeña y mediana empresa local.
Sin embargo, Fundes existía en Suiza desde 1984, cuando Marcos Gregorio McGrath, entonces arzobispo de Panamá, convenció a Schmidheiny y otros empresarios que se interesaran en el tema ambiental, tan caro a Panamá por el canal interoceánico.
La actividad de Schmidheiny en Latinoamérica resulta prolífica. Por ejemplo, él fue quien le aportó US$ 500.000 al empresario argentino radicado en España, Martin Varsavsky, un protagonista de la burbuja cibernética de los ’90, para la creación de Educar Chile, y con el compromiso de crear, luego Educar Bolivia y Educar Costa Rica.
Varsavsky interesó a Schmidheiny presentándole su proyecto Educar Argentina, que realizó durante el gobierno de Fernando De la Rúa, por su amistad con uno de los hijos del ex Presidente, apodado Aíto (Fernando Junior). Educar Argentina fue uno de los proyectos más promocionados del llamado Grupo Sushi (pioneros en la comunicación política que hoy realiza el dúo unplugged Los Fernández, en la Casa Rosada). Si alguien sabe qué fue del proyecto Educar Argentina, por favor enviar la información disponible.
En Chile, Schmidheiny había tomado control de la industria forestal y de porciones de la industria maderera, compitiendo con los negocios de las familias Angelini (Arauco) y Matte (CMPC). De pronto controló Masisa y la expandió a la Argentina, Brasil y México.
A través de Forestal Terranova, con ventas por US$ 105,5 millones, avanzó sobre Masisa (a partir de la producción propia de madera, incorpora valor agregado fabricando molduras, puertas y tableros MDF), con una facturación de US$ 309 millones, y cruzó la Cordillera, para establecer sinergias corporativas con otros grupos vinculados a lo forestal como es la industria del papel, donde destaca Papel Prensa, uno de cuyos accionistas es S.A. La Nación.
Recientemente, la mayoría accionaria de Masisa fue traspasada al Grupo Nueva. Schmidheiny más tarde concretó un fideicomiso mediante el cual donó la totalidad de las acciones del Grupo Nueva al Grupo VIVA, sin impacto sobre la administración de Masisa.
Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación; Roberto Lavagna, ministro de Economía; y Martín Redrado, vicecanciller, entregaron el año pasado a Masisa Argentina el “Premio a la Exportación Argentina”, por 4to. año consecutivo (3).
Deudas: De acuerdo a S.A. La Nación, el 7 de noviembre de 2003 presentó ante la Inspección General de Justicia el balance correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, en la que imputó el quebranto producido por la salida de la convertibilidad, dando cuenta de una pérdida neta de $ 236 millones y un déficit de capital de trabajo por $ 342,7 millones.
Los Saguier, imitando lo que hicieron en 1994, buscaron inversores (Carlos Miguens, de la Maltería Quilmes; Paolo Rocca, de Techint; y Schmidheiny), y realizaron un plan de ajuste que incluyó importantes deudas refinanciadas con Papel Prensa -en un cronograma que le resultó difícil de aceptar al ministro Lavagna, informado de lo que ocurre en esa empresa en la que el Estado mantiene 25% de las acciones- y otros proveedores.
Según S.A. La Nación, la reestructuración logró que, a mediados de 2003, la deuda acumulada no pesificable de US$ 140 millones se redujese a US$ 35 millones a pagar en siete años.
La ingeniería financiera incluyó un pago proporcional en efectivo (más de US$ 20 millones), la cesión del crédito que poseía como beneficiaria del fideicomiso financiero Edificio La Nación (o sea que cedió la escritura de su porción del inmueble), pagos refinanciados de los contratos de leasing (por el reequipamiento del taller gráfico) y otorgamiento de espacios publicitarios a sus acreedores (4).
La revista Apertura plantea la duda de si Miguens, Rocca y Schmidheiny ingresarán, en el futuro, como accionistas, capitalizando sus préstamos.
Hasta donde se sabe, Techint es el más formidable lobby que conoce el Estado argentino en todas sus áreas. Techint promovió, a través del Grupo Argentino (que copresidían Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín) y la Unión Industrial Argentina, la devaluación de enero de 2002 que hasta provoca críticas de parte del hoy presidente Néstor Kirchner; amplió el corralito; desajustó los precios relativos para producir un subsidio de las empresas de servicios a las empresas electrointensivas (la siderurgia), y obtuvo enormes ganancias con el otro subsidio de mantener un dólar a un nivel superior al real. (5)
Medios:
– Diario La Nación SA
Venta
Fecha Venta promedio
1993 250.000
1999 200.000
mayo 2003 159.409
mayo 2004 164.958
– CIMECO (Compañía Inversora en Medios de Comunicación (33,4 % Grupo Clarín; 33,3% Diario La Nación; y 33,3% el español Grupo Correo).
Medios: Diario La Voz del Interior (Córdoba); Diario Los Andes (Mendoza)
– Revista Gestión (50 % La Nación y 50% Grupo HSM)
– Revista Rolling Stone (lo comparte con Ediciones La Urraca se desconoce composición).
– Revista Lugares
– Revista Ahora Mamá.
– El jardín en la Argentina.
– Agencia Diarios y Noticias (DyN) (controla Grupo Clarín; La Nación, asociados con El Cronista, Buenos Aires Herald y 13 diarios del interior del país).
– Papel Prensa S.A. (36,9% del Grupo Clarín; 36,9% diario La Nación y 26,2% Estado Nación).
– La Nación on Line (portal)
(1) https://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/7-10-2003.htm
(2) https://www.diariosobrediarios.com.ar/dsd/diarios/zona_dura/2-6-2003.htm
(3) https://www.weblog.com.ar/2004_05.html
(4) mayo de 2004 Revista Apertura
(5) Edición i, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2004.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
- Revista MuHace 18 horas
Mu 197: ¿Dónde está?
- Revista MuHace 3 semanas
Mu 196: El modelo
- NotaHace 2 semanas
Incendios en Córdoba: zona de catástrofe
- ActualidadHace 4 semanas
Vetados y reprimidos: la ronda de los miércoles de los jubilados fue atacada por un desproporcionado operativo policial
- Mu178Hace 2 semanas
La pieza clave: ReCoop, distribuidora de productos de empresas recuperadas
- NotaHace 2 semanas
Julio López, desaparecido en democracia hace 18 años: sus testimonios contra la Bonaerense
- ActualidadHace 3 semanas
Verdad y consecuencias del veto a la movilidad jubilatoria: el día que puede cambiar todo
- ArtesHace 2 semanas
Maca, Eva & infancias: arte en modo Primavera