En una carta que rebate uno a uno los argumentos políticos que impiden el tratamiento de la Ley de Humedales, firmada por más de 1.800 investigadorxs y académicxs de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional de todo el país, se exige el debate urgente del proyecto de ley consensuado con las organizaciones que desde hace una década impulsan la Ley de Humedales. Continúan los incendios que hicieron que esta semana el humo llegase a Buenos Aires frente a lo cual las autoridades recomiendan no hacer actividades al aire libre, y lavarse las manos. Quienes tomaron nota de esa recomendación parecen haber sido los gobernadores provinciales, principales impulsores del freno a la ley que en realidad pondría límites a la depredación basada en negocios extractivos e inmobiliarios que los mandatarios no quieren perderse.   

La carta de los científicos, motorizada por la preocupación de que el proyecto no sea tratado tras la suspensión del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que iba a darle dictamen, expresa que “estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras”. Además, rebaten las principales “argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales” que traban el debate. La carta y las firmas en esta nota. 

Ley de Humedales YA!

Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional queremos expresar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de perder una nueva oportunidad para obtener dictamen en reunión plenaria de comisiones, que habilite al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales, en la HCDN.

Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971.

En concordancia con el creciente reconocimiento internacional respecto de la importancia estratégica de su valoración y conservación, nos encontramos en un momento clave para avanzar en la sanción de una ley de presupuestos mínimos para su conservación, oportunidad que viene siendo largamente postergada, desde la primera media sanción obtenida en 2013 en el Senado. En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación. Esto nos exige desmontar estas afirmaciones, basados estrictamente en los contenidos del expediente 0075-D-2022:

“No es posible aprobar el dictamen en un trámite exprés, se requiere tiempo para estudiar el proyecto a fondo”. Se trata de una clara maniobra dilatoria. Este proyecto es el resultado de un largo proceso de sedimentación que inicia con la primera media sanción de 2013, nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo conjunto desarrollado por especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores. En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país.

“La Ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”. La ley se enmarca en lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados. Las provincias participan activamente de la realización del inventario nacional de humedales, “Será liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones”.

“Su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo. No debería prohibir actividades productivas realizadas en forma sustentable”. La Ley no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad. Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes. Se busca garantizar sustentabilidad de los ecosistemas de humedales en el largo plazo y así evitar formas de explotación que los inutilice o haga desaparecer en el corto-mediano plazo.

“De avanzar la ley, se podrían frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder” “Aumentarían los niveles de pobreza e indigencia”. De nuevo, se trata de una ley que fijará un conjunto de regulaciones a ser contempladas por los respectivos proyectos de inversión, que hoy se realizan sobre estos ecosistemas prácticamente sin control, con impactos muy negativos. Asegurar la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática como la actual, colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos.

“Los pobladores históricos serán desplazados de los ambientes de humedales”. Nada se dice en el articulado de la ley que avale esta afirmación. Por el contrario, las comunidades que históricamente han construido un vínculo con estos ecosistemas, lo han hecho en un marco de armonía con su entorno, desarrollando sistemas de producción y formas de habitar respetuosas con los pulsos de la naturaleza. En todo caso, son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan a estas comunidades. 

A partir de lo anterior, y ante la posibilidad de nuevas estrategias dilatorias o de distracción sobre los debates de fondo, instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerá a todos, incluso a los que producen sobre humedales.

Por lo expuesto es que, los abajo firmantes, académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional, manifestamos nuestro explicito apoyo al proyecto de ley consensuado de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales -expediente 0075-D-2022-, por cuanto considera a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías.

Algunos de académicos e investigadorxs que firman el documento son: Roberto Fabián Bó, Docente e investigador del Dto. EGE, FCEyN, UBA; Rubén Quintana, IIIA, CONICET, UNSAM; Patricia Pintos, Centro de Investigaciones Geográficas IdIHCS, UNLP, CONICET; Maristella Svampa, CONICET, UNLP; Beatriz Sarlo, Profesora jubilada UBA; Roberto Gargarella, CONICET; Ricardo Manetti, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. 

Todas las firmas en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiAz9uglfp5WthhoPUxixKdl6JWcLmpu/edit?usp=sharing&ouid=107875618691602225821&rtpof=true&sd=true