Nota
Qué hacen los jueces con los represores que piden el 2×1 (actualizado)
Mientras la Corte Suprema analiza el beneficio del 2×1 luego que más de medio millón de personas se manifestaran en todo el país en su repudio y el Congreso nacional votara una ley que excluye de su aplicación a los acusados por delitos de lesa humanidad, los tribunales inferiores siguen rechazando pedidos de genocidas. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó los pedidos del genocida Miguel Etchecolatz y del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich. En el caso de Von Wernich, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. Además, la CIDH expresó su “preocupación” y “consternación” por el fallo de la Corte.
El repudio al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña -civil integrante del “Grupo Swat” que operó en el Hospital Posadas durante la última dictadura cívico-militar, condenado a 13 años de prisión en 2011- deja en claro que el Nunca Más no es una frase ni un concepto vacío, sino la fiel construcción que a lo largo de 41 años los organismos de derechos humanos han impreso en la sociedad argentina, que de forma masiva manifestará esta tarde el rechazo a la impunidad. Ese fuego creció día a día luego del fallo supremo a medida que diversos represores exigían la aplicación del beneficio del 2×1.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la decisión de la Corte “que se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”. La CIDH manifestó su “consternación” ya que el beneficio fue aplicado a una persona encontrada culpable “por haber cometido un crimen de lesa humanidad”. Los integrantes de la Comisión aclararon que “los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, y subraya que la aplicación del 2×1 tornaría “inadecuada” la sanción de esos crímenes: “Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”.
En ese sentido, la CIDH celebró “la lucha contra la impunidad” en el país y tomó nota de la aprobación en el Congreso de la Ley 27.362, que establece que el 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. La ley fue aprobada el 10 de mayo, mismo día de la masiva movilización que reunió más de 500 mil personas en todo el país en repudio al 2×1.
“Es un fallo político”, dice a lavaca Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en varias de estas causas. “Lo que puede pasar es que, a partir del repudio y la presión social, el Poder Judicial no esté dispuesto a pagar el costo político de esta sentencia. El Gobierno ya se despegó y dejó a la Corte sola. Recuerdo a la sanción de la ley de Punto Final durante el gobierno de Alfonsín: el Poder Judicial no quiso pagar los costos y habilitó la feria para continuar las indagatorias. Luego salió la ley de Obediencia Debida. Por eso hay que ver cómo responden los tribunales inferiores en este caso: no creo que tengan ganas de ser quienes paguen por liberar a represores tan significativos como Etchecolatz o Astiz, por ejemplo. La presión social es importante en esas decisiones”. Algunos fueron rechazados, otros aún no tuvieron respuesta. Aquí ofrecemos un repaso de algunos de ellos.
Rechazados
1. El Tribunal Oral Federal de San Juan, con las firmas de los jueces Héctor Cortes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, declaró “inconstitucional” el pedido del represor Alejando Víctor Manuel Lazo para que se le aplique la ley del 2×1 en el cómputo de la pena por delitos de lesa humanidad por la que está condenado desde 2013. El TOF resolvió “declarar inconstitucional e inaplicable al caso el artículo 7 de la Ley 24,390, en su redacción originaria, por ser contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional”. Lazo es un exsuboficial mayor del Ejército condenado a 10 años de prisión por:
- Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de la violencia y amenazas y por la duración de un más de un mes de detención.
- Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política.
- Concurso ideal con abuso deshonesto.
- Asociación ilícita.
El fiscal de la causa Francisco Maldonado también rechazó el pedido, ya que sostuvo que “no puede obviarse la evidente injusticia que implica utilizar este mecanismo legislativo para beneficiar a quienes en la época de la vigencia de esta ley no se encontraba ni siquiera imputados por cuanto se encontraban gozando de una impunidad otorgada precisamente por los instrumentos normativos como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Además, agregó que “la CIDH es enfática en la necesidad de investigar y enjuiciar esta clase de delitos y que son improcedentes los actos que impliquen renuncia a tales fines”.
2. El Tribunal Oral Federal N°5 –integrado por Adriana Pallioti, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott- rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, exteniente de Campo de Mayo condenado en 2014 a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. Fue el primer represor que recibió el rechazo de la Justicia por el 2×1.
3. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó un segundo pedido de excarcelación de Hugo Ramón Trentini Coletti, condenado el 19 de abril a prisión perpetua por tres homicidios y 14 casos de secuestros y torturas en la “Megacausa San Rafael”. Los jueces Fátima Ruiz López, Gretel Diamante y Marcelo Grosso señalaron que “los motivos argüidos por la defensa de Coletti suponen un pretexto de la interpretación de un fallo de la CSJN, una derivación inaceptable sobre el derecho vigente en la actualidad”. Además, sostuvieron que “los forzados argumentos con que la defensa pretende el otorgamiento de la excarcelación de Trentini no resisten el menor análisis y sólo se sostienen en una generalizada y múltiple aplicación del ´dos por uno´, que el letrado intenta fundar en el renacer de las leyes que en el caso carecen de vigencia”.
4. El TOF N°5 (mismo tribunal del fallo Girbone, pero integrado esta vez Adriana Pallioti y Leopoldo Bruglia) también rechazó el pedido de 2×1 presentado por Jorge Magnacco, el exmédico de la Armada que hacía los partos en la ESMA, condenado a 10 años por el plan sistemático de apropiación de ninxs. Gozó de libertad condicional hasta 2013, pero la Cámara de Casación la revocó y lo envió a cárcel común luego de ser observado en un shopping. Hoy está siendo juzgado en el juicio por los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en ese centro clandestino.
5. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza –a través de los fallos de los jueces Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso- rechazó el pedido de 2×1 de Norberto Ernesto Mercado Laconi, exoficial principal de la Unidad Regional II, quien está siendo juzgado en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en San Rafael. Sobre Mercado Laconi pesa un pedido de ocho años prisión: los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena lo acusaron como autor material de ocho hechos de privación abusiva de libertad agravada y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador. En su resolu
ción, los jueces hicieron lugar al dictamen previo del fiscal Garciarena, que no sólo había solicitado el rechazo sino también fustigó a la defensa por “la absoluta falta de seriedad del planteo formulado”. El fiscal subrayó que el abogado defensor del represor admitió en la audiencia que había leído el fallo del a Corte y criticó que no explicara -“siquiera mínimamente”- las razones por las que el “Fallo Muiña” puede resultar aplicable en este caso.
6) El Tribunal Oral Federal de Tucumán –integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga- rechazó el pedido de 2×1 del represor Carlos Eduardo Trucco, condenado en 2013 a 14 años en la megacausa «Arsenales II-Jefatura de Policía II». También dejó sin validez el reclamo de otros 42 genocidas. El TOF manifestó que la aplicación del beneficio significaría «una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo», y lo rechazó por «inconstitucional e inconvencional» ya que “atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”. El fiscal federal Pablo Camuña había presentado un escrito ante el Tribunal en el que subrayó enfáticamente que “la interpretación que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso ‘Muiña’ no es aplicable al caso”.
7) El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba rechazó el pedido del represor Arnaldo “Chubi” López, que cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros luego que el mismo tribunal lo condenara en 2016 a prisión perpetua en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera”. Al recibir esa sentencia, amenazó al gobernador Juan Schiaretti: “Los vamos a secuestrar”. Los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci explicaron que se tratan de “delitos permanentes” y consideraron inaplicable el beneficio del 2×1 citando los acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma.
8) El excapitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo, fue uno de los primeros represores que se presentó ante la Justicia para reclamar el beneficio del 2×1 luego del “Fallo Muiña”. Gallo también fue miembro del Batallón 601 y carapintada. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Gallo en 2012 a 15 de prisión en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. En 2016 se le otorgó una pena única de 25 años al reunificarla con otras sentencias anteriores. Ese mismo año el TOF rechazó un primer pedido de Gallo por la aplicabilidad del 2×1. Los jueces lo rechazaron nuevamente. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo celebró que el juez Fernando Canero indicara “que los tribunales inferiores pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte si se presentan argumentos novedosos sobre el tema a resolver”. La decisión sobre el pedido del 2×1 del represor está ahora en manos de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la jueza Liliana Catucci y los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. Catucci y Riggi fueron los magistrados que conformaron la mayoría de la Sala I que otorgó el último beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz (en ese fallo, la jueza Ana María Figueroa votó en contra).
9) El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó el pedido del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua por más de 30 casos de privación ilegal de la libertad y tortura y 7 homicidios calificados. Los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. El juez Pablo Vega sostuvo que el fallo de la Corte omite las normativa que “expresamente prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de penas”. Los fiscales Molina y Schapiro también se opusieron a las excarcelacioes de Miguel Etchecolatz; del exdirector de la Unidad Penal N°9, Abel David Dupuy (cumple prisión perpetua), y de dos médicos que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi (13 años de prisión); de los civiles de la inteligencia castrense Rufino Batalla y Raúl Espinoza (13 años de prisión); del expolicía bonaerense Roberto Grillo (prisión perpetua); y del apropiador Omar Alonso (10 años de prisión). http://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-la-fiscalia-pidio-el-rechazo-del-2×1-para-etchecolatz-von-wernich-y-otros-siete-condenados/
10) El TOF N°1 de La Plata también rechazó el pedido del exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz (principal sospechoso por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López). El juez Germán Castelli se fundamentó en otro fallo del mismo Tribunal, en el que junto al magistrado Pablo Vega se negó al pedido de 2×1 del represor Rufino Batalla, ya que “no corresponde la aplicación de aquella norma, en tanto el imputado no estuvo, en ningún momento, detenido durante la vigencia” de esa ley, que rigio desde 1995 hasta 2001. Batalla -ex personal civil de inteligencia del Ejército- fue condenado en 2014 a 13 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”, en La Plata. El único de los jueces que votó a favor del 2×1 de Batalla fue Alejandro Esmoris, que en 2016 ya había fallado en favor de la aplicación de ese beneficio para el represor Guillermo Duret, condenado a 15 años de prisión por el secuestro, la tortura y la desaparición de Carlos Labollita. Hoy está libre.
11) La Unidad de Derechos Humanos de Resistencia -a través de los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Horacio Rodríguez y Diego Vigay- solicitaron al Tribunal Oral Federal que rechace el pedido de 2×1 que formularon los ex agentes de la Policía chaqueña Jorge Ibarra y Albino Borda, que están siendo juzgados en la causa Caballero II junto a suboficiales y oficiales de la policía provincial y de Santiago del Estero y oficiales del Ejército. Borda también está acusado de dos casos de desaparición forzada y de violencia sexual. Los fiscales consideraron que ese beneficio “no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad, por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad».
12) El juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, rechazó el pedido de la defensa del represor Walter Carmen Roldán, condenado a 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Lijo descartó la aplicación del beneficio ya que son casos “en los que el delito comienza con la privación ilegítima de la libertad de determinadas personas y se mantiene, mientras se ignore el paradero o destino de la víctima”.
Pedidas
- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó en 2014 a 13 años de prisión al veterinario Claudio Raúl Grande en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”. Grande era Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, órgano militar de la subzona militar 11. Según La Nación, solicitó la aplicación del 2×1. La Justicia aún no se expidió.
Concedidas
El juez del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, otorgó la prisión domiciliaria a Osvaldo Omar Pallero, civil procesado en 2015 como miembro de la Triple A en el distrito. El juez invocó el fallo de la Corte Suprema: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ´la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes de los principios que caracterizan el Estado de Derecho´”. Pallero, según el procesamiento del juez federal Alejo Ramos Padilla, integró una asociación ilícita destinada a la eliminación, “mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”. Integraba el cuerpo de “vigilancia y seguridad” que había conformado el interventor Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Tras un año y medio detenido reclamó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tiene 74 años.
Nota
Daniel Solano: la Corte Suprema confirmó la detención de los siete policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
Nota
Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
Nota
24 de marzo de 2023: Que la memoria (los) ilumine
Crónica de un nuevo 24 de marzo desde la voz de la gente, que habla de todo: de cuánto estaba el chori la marcha pasada a cuánto está hoy; de la pesificación de los fondos jubilatorios y de las elecciones por venir; de las dos marchas, y de la realidad. La necesidad de seguir enfrentando al fascismo, ¿cada vez más presente?, y la energía que da la calle. El recuerdo de Hebe, la presencia y las palabras de Nora Cortiñas, la partida sin condena de Carlos Blaquier. Lo pendiente: los juicios aún en curso, la falta de respuestas del Poder Judicial y de la política, les desparecides de hoy. La presencia de niñas y niños como herencia de una sana costumbre: memoria, verdad y justicia, ahora y siempre.

Y si de vos
“Octubre 1976”, de Ana María Ponce, desaparecida.
me dijeran que no exististe,
les gritaría que me quedan,
tus ojos tristes,
tu caminar lento,
tu sonrisa apenas esbozada,
tu caricia leve,
y una espera,
una larga espera
de la que no volveremos
nunca,
o tal vez sí…

Ahora es marzo de 2023.
24 de marzo de 2023.
Un pibe alto camina lento, con ojos tristes; el frente y el dorsal de su musculosa negra, cuenta: “Son 30.000 y uno es mi abuelo”. Al lado, su mamá, camina lento, con una sonrisa apenas esbozada. Su musculosa gris, cuenta: “Son 30.000 y uno es mi papá”. Caminan lento porque hay un océano de cabezas, pies y corazones que se dirigen desde el Congreso de la Nación hacia Plaza de Mayo, a reivindicar la Memoria, la Verdad y la Justicia, a 47 años de la noche más sombría.
El pibe alto se llama Thomas Aballay y sostiene un cartel que contiene la foto de su abuelo, cuya sonrisa es tan ancha que parece desbordarse de la imagen. Se lee: “Jorge Oscar Tanco, detenido desaparecido, 16/09/1976”. Dice: “Pertenezco a la agrupación de Nietos de desaparecidos, conmueve un montón estar acá. El Nunca Más no debe quedar en el aire, por eso hay que seguir luchando”. Lo escucha su mamá, Maika Tanco, la hija de Jorge. Plantea deudas de esta democracia en relación a los castigos por los crímenes de lesa humanidad: “Necesitamos hablar no sólo del pasado, sino del presente y del futuro. La cárcel para los genocidas debe ser definitiva; cárcel común, no que estén en sus casas. Además, los juicios están retrasados. En los últimos cuatro años no hubo adelantos significativos y eso quedó manifiesto en que el empresario Carlos Blaquier acaba de morir sin ser juzgado por su complicidad con la dictadura. 47 años después, no es justicia. Y él ni siquiera la tuvo; falleció como inocente, y no lo fue”.


Lo que plantea Maika, minutos después lo confirman en números desde Sobrevivientes, Familiares Compañerxs y Amigxs del Centro Clandestino de Detención «El Olimpo”, emplazado en el barrio porteño de Floresta: “Hoy, 8 de cada 10 condenados por delitos de lesa humanidad están en sus casas cumpliendo las penas que debieran completar en cárcel común”. Desde que se reabrieron los juicios, entre 2006 y 2022 hubo 283 sentencias dictadas, 1115 personas condenadas y 171 absueltas. Hay 15 juicios en curso y 75 causas aguardan fecha de debate. En relación a la falta de celeridad, se debe a la escasez de tribunales orales disponibles. Un ejemplo es el proceso judicial por las violaciones de derechos humanos en el Centro Clandestino “Puente 12”, en La Matanza. El debate, pactado para principios de 2022, recién comenzará el próximo 3 de abril “por cuestiones de agenda”.
Como el mundial
El olor a humo que emana de decenas de parrillas acompañan toda la marcha. Hay olor a chori, hay olor a un pueblo que, pese a ser una fecha que evoca la peor de las crueldades, se hermana, se abraza. Se trata de una fecha para encontrarse y reencontrarse, con unx mismo y con el resto. El barro que se multiplica con el paso de las horas en varios sectores de la Plaza de Mayo refleja la masividad de la cita ineludible. Hay mil banderas de organizaciones sociales, de partidos, de sindicatos; pasacalles, stencils, graffitis viejos y que acaban de nacer; bombos, cánticos, intervenciones artísticas; hay sueños compartidos: “La importancia de estar acá es mostrar que la derecha, los milicos, la policía, no tiene la cancha libre; desearía que fueran menos, pero no lo son, siguen teniendo mucho poder. Entonces, la única defensa que tenemos es la calle”, alza Cecilia, 69 años, de Florida Norte. Y profundiza: “Hay que apuntar a la igualdad social como eje; tenemos alimentos para millones de personas, pero la mitad de nuestra población infantil es pobre. Alguien se la está llevando y es contra ellos que debemos pelear”.
Antes de empezar a marchar, Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, le dice a la lavaca que está “con mucha fuerza para seguir pidiendo Memoria, Verdad y Justicia”; le dice que “el país está cada día peor, porque este gobierno, gobierna para los ricos, y hay que resistir en la calle”; le dice que pasó su cumpleaños (93, el 22 de marzo) “muy feliz, llena de abrazos y de afecto, pero la felicidad nunca es completa y será así hasta encontrar a Gustavo (su hijo, desaparecido)”; dice que el compromiso “debe ser hasta morir” y antes de terminar la charla, en medio de un intenso calor, propone ir tomar una cerveza al final de la jornada.

Lucía Iérmoli tiene 35 años y está embarazada de seis meses. “Las conquistas hay que defenderlas acá, contra el poder concentrado que sigue creciendo. No estar un día como hoy marcaría una ausencia. Que reviente de gente esta plaza es un logro de todas, de todos. No sé cuántos lugares en el mundo tienen un día que reivindique la memoria”, dice, con voz tierna y con Vera en la panza, que también sigue creciendo. A su lado, su amiga Alejandra Spinetta, 59 años, agrega: “No se puede no estar acá; si uno falta, si no se compromete, es dejarle el lugar para que avance la derecha”.
A unos metros, Laura, de 66, está contenta. Muestra una vitalidad que está recuperando, a medida que avanzan las horas: “Es mi primera movilización después de la pandemia; estuve muy enferma, durante muchos años, pero hoy sentía que debía estar con mi pueblo y no me arrepiento: me llena de energía”.
Detrás, una imagen bellísima que retrata a Hebe de Bonafini, en el primer 24 sin su presencia física. Está con sus dos hijos, chiquitos, ambos desaparecidos. Una frase acompaña el cuadro, a 40 años de la recuperación de la democracia: “El día que me muera no me tienen que llorar. Hagan una fiesta en la calle, porque hice lo que quise y peleé con todo como quise”.

El 24 de marzo de 1995 a las 6 de la mañana llegó al mundo Victoria Rossi. “Victoria por la frase del Che, de ‘hasta la victoria siempre’, por el concepto del triunfo del pueblo”, rememora Viqui, a metros de la Catedral vallada, en su cumpleaños 28. “A partir de que empecé a militar en el centro de estudiantes del secundario, sentí que los 24 de marzo ya no había lugar para festejos personales, sí para abrazos, sí para estar con mi gente, pero desde un lado más colectivo”. Su mamá y su papá, militantes de izquierda, venían a las marchas mucho antes de que se decretara feriado, allá por 2022: “Desde chiquita fui consciente del valor que tenía esta fecha y me acuerdo que en cuarto grado fue el último cumple que festejé en la escuela. Sin embargo, estar acá es lo más importante en este día; un año no vine y algo me faltó. Decidí que esa sensación no la quiero sentir más”. Y asocia: “Más allá de que esto no sea una celebración, vivo un 24 de marzo como lo más parecido a ganar un campeonato del mundo, porque hay un gran motivo para juntarse: hay orgas, partidos, familias, parejas, gente que va de la mano con quien quiere y eso tiene que ver con la búsqueda de la libertad por la que peleaban las y los desaparecidos”.

Ideas de ayer a hoy
Un hombre cuarentón camina de la mano de su hija. Ambos tienen puesta el mismo modelo de remera que exige “Juicio y castigo”. La diferencia es que una es talle X y la otra es talle S. Expresa Lucas: “Estamos acá por dos motivos: por responsabilidad social y porque mi papá es uno de los 30 mil”. ¿Qué utopías de su viejo hay que traer al presente? “Nunca dejar de hacer política seria y trabajar mucho en los barrios”. Se va a seguir marchando, siempre de la mano de su hija. En su espalda, de su mochila cuelga un pañuelo blanco que denuncia: “Pablo Córdoba, desaparecido”.

Ana Valverde escucha atentamente el documento leído por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Tiene 72 años, milita hace 54 y lleva bien alto un cartel con la foto y el nombre de Patricia Gaitán, desaparecida por la última dictadura cívico militar eclesiástica. “La principal pelea de los 70 que hay que dar hoy es cómo lograr la unidad de las y los laburantes”. Dice que es jubilada y protesta porque “el gobierno nacional acaba de confiscar el fondo de garantía de sustentabilidad que estaba en dólares y que por un DNU lo pesificó. Esto no perjudica a quienes ahora somos jubilados, sino también a ustedes, los más jóvenes”.
–¿Vos aportás? –me pregunta.
–Sí.
–Bueno, te acaban de afanar.
Un pasacalle grita: “30.000 razones contra el FMI”; un cartel pegado con engrudo sigue la línea: “Basta de extorsiones del FMI”; desde arriba del escenario, en el documento que leen los organismos de derechos humanos, se agita: “El Poder económico es el gran ausente de este proceso, y su impunidad la seguimos pagando como pueblo, porque nos siguen sometiendo a la miseria, buscando un enriquecimiento sin límites y sin importar los costos”. Abajo, la inflación arrasa. Alberto es de Avellaneda y atiende una parrilla que instaló en la esquina de Avenida de Mayo y Carlos Pellegrini: “En la marcha pasada, el chori estaba 150 pesos, cobrándolo caro; hoy, yo lo tengo 700, como barato; en otros puestos está hasta 900”. A 50 metros, Viviana está sentada en un banquito. En el piso, sobre una lona, expone pañuelos blancos y azules, con la consigna “Nunca Más”. “El año pasado estaban 250 pesos, hoy 500”. Agrega: “Fue muy floja la venta, hoy se vendió mucho menos que en 2022”.



La primera actividad que arranca el 24, a media mañana, y la que cierra, a eso de las 20, se da en Plaza de los Dos Congresos. Es un festival por la memoria donde cantan bandas de heavy metal, que se organiza desde hace 16 años. Quien presenta a las bandas se llama Fernando Ricart, tiene 52 años, un pelo larguísimo y un padrino que estuvo detenido desaparecido: “Se lo llevaron por ser delegado, como si eso fuera un delito. Estuvo un mes y medio desaparecido, pero el daño que le hicieron fue para siempre. Se lo llevaron siendo uno, y me devolvieron a otra persona. Nunca se recuperó”. Andrés, 39 años, escucha la música pesada junto a su hijo de 6. Lleva una remera que se pregunta qué hicieron con Santiago Maldonado. Le pregunto qué ideas de la militancia de los 70 serían importantes que hoy sean prioridad: “Se perdió la perspectiva de un cambio revolucionario real; el peronismo tiene su eje en la Justicia, como si no fuera parte de este sistema que hay que cambiar de raíz; mientras que la izquierda partidaria sigue en la pelotudez, discutiendo en el Congreso sobre concepciones marxistas de hace tiempo, sin pensar en el cambio social actual”.

Rocío y Darío viajaron desde Tandil junto a su hijo Amadeo, de un año recién cumplido, para sentir en vivo y en directo la marcha que tantos años recorrieron cuando vivían en Buenos Aires. “La memoria se construye desde la cuna y las Madres y las Abuelas son la escuela”, recuerda ella. “La mejor manera de reivindicar a las y los desaparecidos es seguir su camino: el trabajo de base que se hacía en esos años”, recuerda él, que al igual que su bebé lleva puesta una remera de Diego Maradona. A su lado está Belén, una amiga de la pareja que por primera vez es parte de esta movilización: “En Tandil es diferente; hay un espacio fuerte y comprometido con los derechos humanos, pero es una ciudad mayormente oligarca; para mí es muy fuerte estar acá. Más que nunca debemos mantener viva la memoria y para eso hay que movernos”.
Memoria en este momento
Hay un graffiti recién pintado en la estación de subte Lima, de la línea A, que reza: “Memoria en este momento”.
Aparece también en paredes, en carteles y en diversos reclamos. Elizabeth tiene 70 años y lleva colgado un cartel que pide “Libertad a Assange, una verdad sin mordaza”. Lo relaciona con el 24 de marzo: “En el caso de Julian, se condena la libertad de expresión, no hay derecho a la información de la población y se expone cómo se persigue a la gente cuando se descubren los secretos de los gobiernos”. Detrás de ella, un stencil negro exhorta: “Abran los archivos secretos de la Dictadura”. Elizabeth tiene tres compañeros desaparecidos: Mónica Epstein, Hernán Abriata y Klaus Zleschank. “De ellos, además de recordarlos, hay que seguir su ejemplo: militar por una mejor redistribución de los ingresos”.
El recorrido desde la 9 de Julio hasta la Plaza de Mayo está acompañado por afiches de la organización La Poderosa con un encabezado: “40 años alimentando la democracia”. Se da en el marco de un proyecto de ley que impulsa el conglomerado de asambleas villeras para que se reconozca con un salario a las más de 70 mil cocineras comunitarias que trabajan en el país sin percibir un salario. ¿Qué implica el reconocimiento laboral? “Un salario ligado al Mínimo Vital y Móvil como base; acceso al aguinaldo, vacaciones, seguridad social, cobertura contra riesgos en el trabajo por enfermedades y maternidad, por invalidez y vida, retiro, acceso a la jubilación y guarderías”, expresan desde el movimiento.
Uno de esos afiches lo tiene a su lado Francisca, que vive en la calle y ahora está delante de un kiosco de diarios cerrado. Tiene una bandeja de arroz por la mitad y una voz que pide escucha: “Se la pasa muy difícil acá”. Y en un puñado de palabras, esgrime una deuda sustancial de la democracia: “Pensemos, ¿cuántos políticos en los últimos años hablaron de la situación de calle, de las villas? Eso dice mucho de cómo estamos”.

Detrás de su lente, la mirada de Oswald, colombiano de 41 años que hace 14 vive en Argentina, fotografía a un pueblo que recuerda sin parar. “Es imposible estar acá y no compararlo con mi país. Allá, pese a que no hubo una dictadura tan marcada, la serie de gobiernos de derecha y los paramilitares han desaparecido a más gente que en cualquier dictadura del cono sur”. Añade: “Por eso es tan importante valorar lo que se consiguió acá. En mi país, el miedo y la violencia aún imposibilita la unión de familiares de víctimas para reclamar en conjunto. En el último tiempo la juventud comienza a jugar un rol clave y para esto la Argentina es un ejemplo a seguir”.
Sobre Avenida de Mayo, un gazebo contiene a un grupo de “peruanos autoconvocadxs” que vocifera por la “dictadura que vive Perú”. Más de 60 caras se alternan con cintas de luto negro, en un antimemorial que estremece. Son las “víctimas del Estado Peruano”. Merly tiene 36 años, nació en Parcona Ica y hace 20 vive en Argentina. “Estamos acá porque también queremos decir Nunca Más. Las muertes tienen rostro y la mayoría son de pueblos originarios, del sur del país”.
Carolina, de 23, muestra su juventud caminando rápido, para no perderle pisada a sus amigos que van un poco más adelante. “Recordar a los desaparecidos de la dictadura es luchar por los desaparecidos de hoy. La derecha sigue avanzando y no lo podemos permitir”. A pocos metros de la Plaza de Mayo, donde desemboca la enorme movilización, Daniela, de 35, vende hamburguesas veganas. En el frente de su heladerita de telgopor está pegado un cartel con los colores de la diversidad, que se pregunta: ¿Dónde mierda está Tehuel? “No se puede aceptar tener desaparecides en democracia. El Estado define de quién se ocupa y de quién no, discriminando a las identidades trans. El racismo sigue, nunca se fue”.

Pablo está a pasos de la Pirámide de Mayo. Tiene 36 años, una militancia desde la juventud y un miedo que le recorre el cuerpo: “La democracia vuelve a estar en riesgo; las voces que la amenazan vuelven a tener más peso, que se traducen en persecución, en proscripción, en prohibición”. Suma: “Sufrimos salarios de miseria que sólo lo podremos dar vuelta con una transformación obrera y un pacto social que resguarde un piso que la derecha busca perforar. Para esto, hay que poner el cuerpo como en los 70, porque salvo en determinados momentos como el 2001 o la reforma jubilatoria del macrismo, no pudimos hacerlo en unidad”. A su lado, lo escucha Fidel, su hijo de 8 años.
–¿Por qué estás acá? –le pregunto a Fidel.
–Por la desaparición de los compañeros.
La tarde empieza a caer, la multitud a desconcentrarse y, mientras las paredes siguen pintando preguntas, también se escuchan versos que alimentan la memoria.
Se que algún día dejaré de pertenecer al mundo,
“Poema para no morir”, de José Beláustegui, desaparecido.
y nunca más podré escribir,
ni hacer el amor,
ni disfrazar la naturaleza con un poema,
ni viajar en los libros,
ni exponer mis ideas.
Por eso en este poema dejo, mar, cielo y luna
mariposas, besos y sirenas,
y me dejo a mí,
porque cuando muera seguiré viviendo en estos
versos.

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