Mientras la Corte Suprema analiza el beneficio del 2×1 luego que más de medio millón de personas se manifestaran en todo el país en su repudio y el Congreso nacional votara una ley que excluye de su aplicación a los acusados por delitos de lesa humanidad, los tribunales inferiores siguen rechazando pedidos de genocidas. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó los pedidos del  genocida Miguel Etchecolatz y del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich. En el caso de Von Wernich, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. Además, la CIDH expresó su “preocupación” y “consternación” por el fallo de la Corte.

El repudio al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña -civil integrante del “Grupo Swat” que operó en el Hospital Posadas durante la última dictadura cívico-militar, condenado a 13 años de prisión en 2011- deja en claro que el Nunca Más no es una frase ni un concepto vacío, sino  la fiel construcción que a lo largo de 41 años los organismos de derechos humanos han impreso en la sociedad argentina, que de forma masiva manifestará esta tarde el rechazo a la impunidad. Ese fuego creció día a día luego del fallo supremo a medida que diversos represores exigían la aplicación del beneficio del 2×1.

Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la decisión de la Corte “que se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”. La CIDH manifestó su “consternación” ya que el beneficio fue aplicado a una persona encontrada culpable “por haber cometido un crimen de lesa humanidad”. Los integrantes de la Comisión aclararon que “los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, y subraya que la aplicación del 2×1 tornaría “inadecuada” la sanción de esos crímenes: “Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”.

En ese sentido, la CIDH celebró “la lucha contra la impunidad” en el país y tomó nota de la aprobación en el Congreso de la Ley 27.362, que establece que el 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. La ley fue aprobada el 10 de mayo, mismo día de la masiva movilización que reunió más de 500 mil personas en todo el país en repudio al 2×1. 

“Es un fallo político”, dice a lavaca Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en varias de estas causas. “Lo que puede pasar es que, a partir del repudio y la presión social, el Poder Judicial no esté dispuesto a pagar el costo político de esta sentencia. El Gobierno ya se despegó y dejó a la Corte sola. Recuerdo a la sanción de la ley de Punto Final durante el gobierno de Alfonsín: el Poder Judicial no quiso pagar los costos y habilitó la feria para continuar las indagatorias. Luego salió la ley de Obediencia Debida. Por eso hay que ver cómo responden los tribunales inferiores en este caso: no creo que tengan ganas de ser quienes paguen por liberar a represores tan significativos como Etchecolatz o Astiz, por ejemplo. La presión social es importante en esas decisiones”. Algunos fueron rechazados, otros aún no tuvieron respuesta. Aquí ofrecemos un repaso de algunos de ellos.

Rechazados

1. El Tribunal Oral Federal de San Juan, con las firmas de los jueces Héctor Cortes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, declaró “inconstitucional” el pedido del represor Alejando Víctor Manuel Lazo para que se le aplique la ley del 2×1 en el cómputo de la pena por delitos de lesa humanidad por la que está condenado desde 2013. El TOF resolvió “declarar inconstitucional e inaplicable al caso el artículo 7 de la Ley 24,390, en su redacción originaria, por ser contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional”. Lazo es un exsuboficial mayor del Ejército condenado a 10 años de prisión por:

• Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de la violencia y amenazas y por la duración de un más de un mes de detención.
• Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política.
• Concurso ideal con abuso deshonesto.
• Asociación ilícita.

El fiscal de la causa Francisco Maldonado también rechazó el pedido, ya que sostuvo que “no puede obviarse la evidente injusticia que implica utilizar este mecanismo legislativo para beneficiar a quienes en la época de la vigencia de esta ley no se encontraba ni siquiera imputados por cuanto se encontraban gozando de una impunidad otorgada precisamente por los instrumentos normativos como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Además, agregó que “la CIDH es enfática en la necesidad de investigar y enjuiciar esta clase de delitos y que son improcedentes los actos que impliquen renuncia a tales fines”.

2. El Tribunal Oral Federal N°5 –integrado por Adriana Pallioti, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott- rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, exteniente de Campo de Mayo condenado en 2014 a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. Fue el primer represor que recibió el rechazo de la Justicia por el 2×1.

3. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó un segundo pedido de excarcelación de Hugo Ramón Trentini Coletti, condenado el 19 de abril a prisión perpetua por tres homicidios y 14 casos de secuestros y torturas en la “Megacausa San Rafael”. Los jueces Fátima Ruiz López, Gretel Diamante y Marcelo Grosso señalaron que “los motivos argüidos por la defensa de Coletti suponen un pretexto de la interpretación de un fallo de la CSJN, una derivación inaceptable sobre el derecho vigente en la actualidad”. Además, sostuvieron que “los forzados argumentos con que la defensa pretende el otorgamiento de la excarcelación de Trentini no resisten el menor análisis y sólo se sostienen en una generalizada y múltiple aplicación del ´dos por uno´, que el letrado intenta fundar en el renacer de las leyes que en el caso carecen de vigencia”.

4. El TOF N°5 (mismo tribunal del fallo Girbone, pero integrado esta vez Adriana Pallioti y Leopoldo Bruglia) también rechazó el pedido de 2×1 presentado por Jorge Magnacco, el exmédico de la Armada que hacía los partos en la ESMA, condenado a 10 años por el plan sistemático de apropiación de ninxs. Gozó de libertad condicional hasta 2013, pero la Cámara de Casación la revocó y lo envió a cárcel común luego de ser observado en un shopping. Hoy está siendo juzgado en el juicio por los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en ese centro clandestino.

5. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza –a través de los fallos de los jueces Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso- rechazó el pedido de 2×1 de Norberto Ernesto Mercado Laconi, exoficial principal de la Unidad Regional II, quien está siendo juzgado en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en San Rafael. Sobre Mercado Laconi pesa un pedido de ocho años prisión: los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena lo acusaron como autor material de ocho hechos de privación abusiva de libertad agravada y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador. En su resolu
ción, los jueces hicieron lugar al dictamen previo del fiscal Garciarena, que no sólo había solicitado el rechazo sino también fustigó a la defensa por “la absoluta falta de seriedad del planteo formulado”.  El fiscal subrayó que el abogado defensor del represor admitió en la audiencia que había leído el fallo del a Corte y criticó que no explicara -“siquiera mínimamente”- las razones por las que el “Fallo Muiña” puede resultar aplicable en este caso.

6) El Tribunal Oral Federal de Tucumán –integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga- rechazó el pedido de 2×1 del represor Carlos Eduardo Trucco, condenado en 2013 a 14 años en la megacausa «Arsenales II-Jefatura de Policía II». También dejó sin validez el reclamo de otros 42 genocidas. El TOF manifestó que la aplicación del beneficio significaría «una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo», y lo rechazó por «inconstitucional e inconvencional» ya que “atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”. El fiscal federal Pablo Camuña había presentado un escrito ante el Tribunal en el que subrayó enfáticamente que “la interpretación que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso ‘Muiña’ no es aplicable al caso”.

7) El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba rechazó el pedido del represor Arnaldo “Chubi” López, que cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros luego que el mismo tribunal lo condenara en 2016 a prisión perpetua en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera”. Al recibir esa sentencia, amenazó al gobernador Juan Schiaretti: “Los vamos a secuestrar”. Los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci explicaron que se tratan de “delitos permanentes” y consideraron inaplicable el beneficio del 2×1 citando los acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma.

8) El excapitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo, fue uno de los primeros represores que se presentó ante la Justicia para reclamar el beneficio del 2×1 luego del “Fallo Muiña”. Gallo también fue miembro del Batallón 601 y carapintada. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Gallo en 2012 a 15 de prisión en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. En 2016 se le otorgó una pena única de 25 años al reunificarla con otras sentencias anteriores.  Ese mismo año el TOF rechazó un primer pedido de Gallo por la aplicabilidad del 2×1. Los jueces lo rechazaron nuevamente. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo celebró que el juez Fernando Canero indicara “que los tribunales inferiores pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte si se presentan argumentos novedosos sobre el tema a resolver”. La decisión sobre el pedido del 2×1 del represor está ahora en manos de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la jueza Liliana Catucci y los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. Catucci y Riggi fueron los magistrados que conformaron la mayoría de la Sala I que otorgó el último beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz (en ese fallo, la jueza Ana María Figueroa votó en contra).

9) El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó el pedido del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua por más de 30 casos de privación ilegal de la libertad y tortura y 7 homicidios calificados. Los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. El juez Pablo Vega sostuvo que el fallo de la Corte omite las normativa que “expresamente prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de penas”. Los fiscales Molina y Schapiro también se opusieron a las excarcelacioes de Miguel Etchecolatz; del exdirector de la Unidad Penal N°9, Abel David Dupuy (cumple prisión perpetua), y de dos médicos que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi (13 años de prisión); de los civiles de la inteligencia castrense Rufino Batalla y Raúl Espinoza (13 años de prisión); del expolicía bonaerense Roberto Grillo (prisión perpetua); y del apropiador Omar Alonso (10 años de prisión). https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-la-fiscalia-pidio-el-rechazo-del-2×1-para-etchecolatz-von-wernich-y-otros-siete-condenados/  

10) El TOF N°1 de La Plata también rechazó el pedido del exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz (principal sospechoso por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López). El juez Germán Castelli se fundamentó en otro fallo del mismo Tribunal, en el que junto al magistrado Pablo Vega se negó al pedido de 2×1 del represor Rufino Batalla, ya que “no corresponde la aplicación de aquella norma, en tanto el imputado no estuvo, en ningún momento, detenido durante la vigencia” de esa ley, que rigio desde 1995 hasta 2001. Batalla -ex personal civil de inteligencia del Ejército- fue condenado en 2014 a 13 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”, en La Plata. El único de los jueces que votó a favor del 2×1 de Batalla fue Alejandro Esmoris, que en 2016 ya había fallado en favor de la aplicación de ese beneficio para el represor Guillermo Duret, condenado a 15 años de prisión por el secuestro, la tortura y la desaparición de Carlos Labollita. Hoy está libre.

11) La Unidad de Derechos Humanos de Resistencia -a través de los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Horacio Rodríguez y Diego Vigay- solicitaron al Tribunal Oral Federal que rechace el pedido de 2×1 que formularon los ex agentes de la Policía chaqueña Jorge Ibarra y Albino Borda, que están siendo juzgados en la causa Caballero II junto a suboficiales y oficiales de la policía provincial y de Santiago del Estero y oficiales del Ejército. Borda también está acusado de dos casos de desaparición forzada y de violencia sexual. Los fiscales consideraron que ese beneficio “no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad, por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad».

Pedidas

1. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó en 2014 a 13 años de prisión al veterinario Claudio Raúl Grande en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”. Grande era Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, órgano militar de la subzona militar 11. Según La Nación, solicitó la aplicación del 2×1. La Justicia aún no se expidió.

Concedidas

El juez del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, otorgó la prisión domiciliaria a Osvaldo Omar Pallero, civil procesado en 2015 como miembro de la Triple A en el distrito. El juez invocó el fallo de la Corte Suprema: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ´la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes de los principios que caracterizan el Estado de Derecho´”. Pallero, según el procesamiento del juez federal Alejo Ramos Padilla, integró una asociación ilícita destinada a la eliminación, “mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”. Integraba el cuerpo de “vigilancia y seguridad” que había conformado el interventor Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Tras un año y medio detenido reclamó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tiene 74 años.