Nota
Qué hacen los jueces con los represores que piden el 2×1 (actualizado)
Mientras la Corte Suprema analiza el beneficio del 2×1 luego que más de medio millón de personas se manifestaran en todo el país en su repudio y el Congreso nacional votara una ley que excluye de su aplicación a los acusados por delitos de lesa humanidad, los tribunales inferiores siguen rechazando pedidos de genocidas. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó los pedidos del genocida Miguel Etchecolatz y del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich. En el caso de Von Wernich, los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. Además, la CIDH expresó su “preocupación” y “consternación” por el fallo de la Corte.
El repudio al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña -civil integrante del “Grupo Swat” que operó en el Hospital Posadas durante la última dictadura cívico-militar, condenado a 13 años de prisión en 2011- deja en claro que el Nunca Más no es una frase ni un concepto vacío, sino la fiel construcción que a lo largo de 41 años los organismos de derechos humanos han impreso en la sociedad argentina, que de forma masiva manifestará esta tarde el rechazo a la impunidad. Ese fuego creció día a día luego del fallo supremo a medida que diversos represores exigían la aplicación del beneficio del 2×1.
Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación” por la decisión de la Corte “que se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”. La CIDH manifestó su “consternación” ya que el beneficio fue aplicado a una persona encontrada culpable “por haber cometido un crimen de lesa humanidad”. Los integrantes de la Comisión aclararon que “los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos por los fines y objetivos que persigue, que es el concepto de la humanidad como víctima”, y subraya que la aplicación del 2×1 tornaría “inadecuada” la sanción de esos crímenes: “Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”.
En ese sentido, la CIDH celebró “la lucha contra la impunidad” en el país y tomó nota de la aprobación en el Congreso de la Ley 27.362, que establece que el 2×1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional”. La ley fue aprobada el 10 de mayo, mismo día de la masiva movilización que reunió más de 500 mil personas en todo el país en repudio al 2×1.
“Es un fallo político”, dice a lavaca Guadalupe Godoy, abogada de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, querellante en varias de estas causas. “Lo que puede pasar es que, a partir del repudio y la presión social, el Poder Judicial no esté dispuesto a pagar el costo político de esta sentencia. El Gobierno ya se despegó y dejó a la Corte sola. Recuerdo a la sanción de la ley de Punto Final durante el gobierno de Alfonsín: el Poder Judicial no quiso pagar los costos y habilitó la feria para continuar las indagatorias. Luego salió la ley de Obediencia Debida. Por eso hay que ver cómo responden los tribunales inferiores en este caso: no creo que tengan ganas de ser quienes paguen por liberar a represores tan significativos como Etchecolatz o Astiz, por ejemplo. La presión social es importante en esas decisiones”. Algunos fueron rechazados, otros aún no tuvieron respuesta. Aquí ofrecemos un repaso de algunos de ellos.
Rechazados
1. El Tribunal Oral Federal de San Juan, con las firmas de los jueces Héctor Cortes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, declaró “inconstitucional” el pedido del represor Alejando Víctor Manuel Lazo para que se le aplique la ley del 2×1 en el cómputo de la pena por delitos de lesa humanidad por la que está condenado desde 2013. El TOF resolvió “declarar inconstitucional e inaplicable al caso el artículo 7 de la Ley 24,390, en su redacción originaria, por ser contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional”. Lazo es un exsuboficial mayor del Ejército condenado a 10 años de prisión por:
- Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de la violencia y amenazas y por la duración de un más de un mes de detención.
- Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política.
- Concurso ideal con abuso deshonesto.
- Asociación ilícita.
El fiscal de la causa Francisco Maldonado también rechazó el pedido, ya que sostuvo que “no puede obviarse la evidente injusticia que implica utilizar este mecanismo legislativo para beneficiar a quienes en la época de la vigencia de esta ley no se encontraba ni siquiera imputados por cuanto se encontraban gozando de una impunidad otorgada precisamente por los instrumentos normativos como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Además, agregó que “la CIDH es enfática en la necesidad de investigar y enjuiciar esta clase de delitos y que son improcedentes los actos que impliquen renuncia a tales fines”.
2. El Tribunal Oral Federal N°5 –integrado por Adriana Pallioti, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott- rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, exteniente de Campo de Mayo condenado en 2014 a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. Fue el primer represor que recibió el rechazo de la Justicia por el 2×1.
3. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó un segundo pedido de excarcelación de Hugo Ramón Trentini Coletti, condenado el 19 de abril a prisión perpetua por tres homicidios y 14 casos de secuestros y torturas en la “Megacausa San Rafael”. Los jueces Fátima Ruiz López, Gretel Diamante y Marcelo Grosso señalaron que “los motivos argüidos por la defensa de Coletti suponen un pretexto de la interpretación de un fallo de la CSJN, una derivación inaceptable sobre el derecho vigente en la actualidad”. Además, sostuvieron que “los forzados argumentos con que la defensa pretende el otorgamiento de la excarcelación de Trentini no resisten el menor análisis y sólo se sostienen en una generalizada y múltiple aplicación del ´dos por uno´, que el letrado intenta fundar en el renacer de las leyes que en el caso carecen de vigencia”.
4. El TOF N°5 (mismo tribunal del fallo Girbone, pero integrado esta vez Adriana Pallioti y Leopoldo Bruglia) también rechazó el pedido de 2×1 presentado por Jorge Magnacco, el exmédico de la Armada que hacía los partos en la ESMA, condenado a 10 años por el plan sistemático de apropiación de ninxs. Gozó de libertad condicional hasta 2013, pero la Cámara de Casación la revocó y lo envió a cárcel común luego de ser observado en un shopping. Hoy está siendo juzgado en el juicio por los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en ese centro clandestino.
5. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza –a través de los fallos de los jueces Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso- rechazó el pedido de 2×1 de Norberto Ernesto Mercado Laconi, exoficial principal de la Unidad Regional II, quien está siendo juzgado en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en San Rafael. Sobre Mercado Laconi pesa un pedido de ocho años prisión: los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena lo acusaron como autor material de ocho hechos de privación abusiva de libertad agravada y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador. En su resolu
ción, los jueces hicieron lugar al dictamen previo del fiscal Garciarena, que no sólo había solicitado el rechazo sino también fustigó a la defensa por “la absoluta falta de seriedad del planteo formulado”. El fiscal subrayó que el abogado defensor del represor admitió en la audiencia que había leído el fallo del a Corte y criticó que no explicara -“siquiera mínimamente”- las razones por las que el “Fallo Muiña” puede resultar aplicable en este caso.
6) El Tribunal Oral Federal de Tucumán –integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga- rechazó el pedido de 2×1 del represor Carlos Eduardo Trucco, condenado en 2013 a 14 años en la megacausa «Arsenales II-Jefatura de Policía II». También dejó sin validez el reclamo de otros 42 genocidas. El TOF manifestó que la aplicación del beneficio significaría «una amnistía y una prescripción camufladas con argumentos falaces de garantismo», y lo rechazó por «inconstitucional e inconvencional» ya que “atenta contra la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico”. El fiscal federal Pablo Camuña había presentado un escrito ante el Tribunal en el que subrayó enfáticamente que “la interpretación que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso ‘Muiña’ no es aplicable al caso”.
7) El Tribunal Oral Federal N°1 de Córdoba rechazó el pedido del represor Arnaldo “Chubi” López, que cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros luego que el mismo tribunal lo condenara en 2016 a prisión perpetua en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera”. Al recibir esa sentencia, amenazó al gobernador Juan Schiaretti: “Los vamos a secuestrar”. Los jueces Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci explicaron que se tratan de “delitos permanentes” y consideraron inaplicable el beneficio del 2×1 citando los acuerdos internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma.
8) El excapitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga Quintela, Víctor Gallo, fue uno de los primeros represores que se presentó ante la Justicia para reclamar el beneficio del 2×1 luego del “Fallo Muiña”. Gallo también fue miembro del Batallón 601 y carapintada. El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Gallo en 2012 a 15 de prisión en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. En 2016 se le otorgó una pena única de 25 años al reunificarla con otras sentencias anteriores. Ese mismo año el TOF rechazó un primer pedido de Gallo por la aplicabilidad del 2×1. Los jueces lo rechazaron nuevamente. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo celebró que el juez Fernando Canero indicara “que los tribunales inferiores pueden apartarse de la jurisprudencia de la Corte si se presentan argumentos novedosos sobre el tema a resolver”. La decisión sobre el pedido del 2×1 del represor está ahora en manos de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por la jueza Liliana Catucci y los jueces Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani. Catucci y Riggi fueron los magistrados que conformaron la mayoría de la Sala I que otorgó el último beneficio de prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz (en ese fallo, la jueza Ana María Figueroa votó en contra).
9) El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata desestimó el pedido del excapellán de la Iglesia Católica, Christian Von Wernich, condenado en 2007 a reclusión perpetua por más de 30 casos de privación ilegal de la libertad y tortura y 7 homicidios calificados. Los fiscales generales Marcelo Molina y Hernán Schapiro remarcaron que el 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los Derechos Humanos y de crímenes de lesa humanidad”. El juez Pablo Vega sostuvo que el fallo de la Corte omite las normativa que “expresamente prohíbe los indultos, amnistías y conmutación de penas”. Los fiscales Molina y Schapiro también se opusieron a las excarcelacioes de Miguel Etchecolatz; del exdirector de la Unidad Penal N°9, Abel David Dupuy (cumple prisión perpetua), y de dos médicos que actuaron en esa cárcel, Carlos Domingo Jurío y Enrique Corsi (13 años de prisión); de los civiles de la inteligencia castrense Rufino Batalla y Raúl Espinoza (13 años de prisión); del expolicía bonaerense Roberto Grillo (prisión perpetua); y del apropiador Omar Alonso (10 años de prisión). https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/la-plata-la-fiscalia-pidio-el-rechazo-del-2×1-para-etchecolatz-von-wernich-y-otros-siete-condenados/
10) El TOF N°1 de La Plata también rechazó el pedido del exdirector de Investigaciones de la Policía Bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz (principal sospechoso por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López). El juez Germán Castelli se fundamentó en otro fallo del mismo Tribunal, en el que junto al magistrado Pablo Vega se negó al pedido de 2×1 del represor Rufino Batalla, ya que “no corresponde la aplicación de aquella norma, en tanto el imputado no estuvo, en ningún momento, detenido durante la vigencia” de esa ley, que rigio desde 1995 hasta 2001. Batalla -ex personal civil de inteligencia del Ejército- fue condenado en 2014 a 13 años de prisión por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”, en La Plata. El único de los jueces que votó a favor del 2×1 de Batalla fue Alejandro Esmoris, que en 2016 ya había fallado en favor de la aplicación de ese beneficio para el represor Guillermo Duret, condenado a 15 años de prisión por el secuestro, la tortura y la desaparición de Carlos Labollita. Hoy está libre.
11) La Unidad de Derechos Humanos de Resistencia -a través de los fiscales federales Carlos Amad, Patricio Sabadini, Horacio Rodríguez y Diego Vigay- solicitaron al Tribunal Oral Federal que rechace el pedido de 2×1 que formularon los ex agentes de la Policía chaqueña Jorge Ibarra y Albino Borda, que están siendo juzgados en la causa Caballero II junto a suboficiales y oficiales de la policía provincial y de Santiago del Estero y oficiales del Ejército. Borda también está acusado de dos casos de desaparición forzada y de violencia sexual. Los fiscales consideraron que ese beneficio “no superaría un análisis de constitucionalidad y convencionalidad, por resultar incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad».
12) El juez federal Ariel Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, rechazó el pedido de la defensa del represor Walter Carmen Roldán, condenado a 23 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Lijo descartó la aplicación del beneficio ya que son casos “en los que el delito comienza con la privación ilegítima de la libertad de determinadas personas y se mantiene, mientras se ignore el paradero o destino de la víctima”.
Pedidas
- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó en 2014 a 13 años de prisión al veterinario Claudio Raúl Grande en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”. Grande era Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, órgano militar de la subzona militar 11. Según La Nación, solicitó la aplicación del 2×1. La Justicia aún no se expidió.
Concedidas
El juez del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, otorgó la prisión domiciliaria a Osvaldo Omar Pallero, civil procesado en 2015 como miembro de la Triple A en el distrito. El juez invocó el fallo de la Corte Suprema: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ´la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes de los principios que caracterizan el Estado de Derecho´”. Pallero, según el procesamiento del juez federal Alejo Ramos Padilla, integró una asociación ilícita destinada a la eliminación, “mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”. Integraba el cuerpo de “vigilancia y seguridad” que había conformado el interventor Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Tras un año y medio detenido reclamó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tiene 74 años.
Nota
Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.
Por Claudia Acuña
Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.
Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.
Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.
A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Una y otra vez.
Hasta lograrlo.
Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.
Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.
Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.
Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.
Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.
Quizá.
Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.
Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.
La presentación
Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.
Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.
Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».
El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.
Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Nota
La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.
Por Francisco Pandolfi
Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.
La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”.
Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».
Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.
Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.
Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”.
En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.
La causa, sin avances
Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.
Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”.
La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.
Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.
Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.
Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.
Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.
Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.
Nota
La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.
Por Franco Ciancaglini.
La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo.
En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso.
“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.
La que habla es una de sus hijas, Paula.
El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10.
Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.
El arma y la palabra
Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.
Es jubilada.
Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.
Tiene tres hijas.
Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.
Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.
Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.
La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.
Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.
El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.
Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.
Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.
Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.
“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.
Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.
Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.
Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.
Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.
La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”.
¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.
La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.
¿Necesitan algo? “Sí: paz”.
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