Nota
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
“Había un loco, creo que era Pitágoras, que decía: ‘Si educas a los niños no será necesario castigar a los hombres’. Así que seguridad y educación son cosas que deberían ir de la mano” reflexiona Waldemar Cubilla, que vive en la villa La Carcova de José León Suárez, estuvo 10 años preso y está a punto de recibirse de sociólogo.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido por la Bonaerense en 2009, llama “retroceso” al paquete de medidas que acaba de lanzar el gobernador Daniel Scioli como parte de un “plan de emergencia” que considera que el problema de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. “Yo doy vuelta la discusión, porque no puede ser que se destinen 600 millones de pesos a la seguridad cuando a los docentes se les dijo que no había plata, cuando no hay ni un centro de rehabilitación para el paco, no hay voluntad de reinsertar a los pibes, no hay posibilidades laborales. Los hospitales en la provincia se vienen abajo y las escuelas también”, enumera Vanesa sobre lo que llama la “raíz” del problema que los políticos abordan como “inseguridad”.
La mesa está servida
¿Qué diría nuestro estómago si le diéramos de comer arroz con arvejas nueve días seguidos? ¿Qué diría un matemático si les damos a 98 niños 8 pizzas y 25 manzanas como almuerzo? ¿Por cuánto es divisible la hamburguesa? La situación en escuelas del conurbano, la desaparición del alimento, la comida en mal Estado, y cómo se logra que en los chicos ni siquiera se chupen la mandarina.
Emergencia y narcos
Para Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la “emergencia” sigue la línea de una serie de políticas de seguridad de provincia, antes y después de los períodos en que el ex juez Carlos Arslanián manejó la cuestión: “No podemos arrancar desde la coyuntura actual sino que es un tema de larga data. En última instancia es un endurecimiento de líneas de pensamiento que dan como única respuesta al llamado problema de la inseguridad, la ocupación territorial a través de fuerzas armadas como es la policía. En el caso de la provincia se plantea todo en términos de conflictividad social como una guerra”. La cadena corta incluiría “las movidas policiales en diciembre, el golpe de mercado en enero, el repudio al código penal y los linchamientos”, dice Cañón.
La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, ubica los últimos acontecimientos en una serie de medidas que, a corto plazo, tienen como punto de partida “la instalación de lo narco como toda la explicación de la violencia social y delictiva” del país y la reacción del diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, a la reforma del Código Penal. “Esto produjo todo un encadenamiento de situaciones que pretendieron demostrar que no hay otra opción que el endurecimiento del sistema punitivo”, explica a lavaca. “No negamos la relevancia del narcotráfico, pero se lo utiliza como etiqueta para justificar estas salidas sin querer dar respuestas ni analizar el fenómeno criminal, económico y social para intervenir con políticas diversificadas”.
El CELS y la Comisión por la Memoria coinciden: “Es el quinto plan de Scioli que va en la misma línea, sin nada nuevo, y con medidas punitivas que ya implicaron un fracaso. Se está declarando la emergencia a sí mismo”.
Derechización del escenario
“Me parece increíble que ninguna fuerza política salga a discutir esta medida”, se indigna Vanesa Orieta, señalando no sólo al kirchnerismo (“estoy cansada de que 678 me pase los tapes de lo que hace la derecha. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué proponen?”) si no por ejemplo a las fuerzas que convocaron un paro general sin discutir esta mirada de la seguridad, ni las variables que ella implica (salud, educación, prevención). Litvachky del CELS sostiene: “La sensación es que vivimos estos últimos días con un pico de generación de este escenario punitivo, y vemos con alguna preocupación que no hubo una respuesta muy articulada ni de peso del arco político que pudiera contrarrestar esa derechización del escenario”.
Las no soluciones
¿Cómo juegan los medios? “Mediáticamente se está instalando como que hay alguien que está dando una respuesta. Pero: ¿cuál es?”, pregunta Litvachky. “Pareciera una respuesta destinada a cobrar centralidad política más que a trabajar sobre los fenómenos concretos que preocupan. Nosotros no desmerecemos el problema ni negamos la preocupación social. Pero las preocupaciones son las de todos los sectores sociales, no sólo los sectores pudientes que tienen miedo. En general, la violencia social y los fenómenos delictivos afectan de forma desigual, sobre todo a los sectores populares, que tienen menos recursos para defenderse. Entonces, lo que planteamos es que eso no se resuelve con políticas de endurecimiento, porque son básicamente antipopulares: pueden traer tranquilidad mediática, efectista, pero en los hechos concretos no resuelve lo que siguen sufriendo los mismos sectores”.
Linchamientos, Recoleta y villa
Waldemar Cubilla, desde villa La Carcova (así la llaman los vecinos, sin el acento), analiza los medios con el ejemplo reciente de los linchamientos: “En los barrios donde yo vivo y camino, la justicia por mano propia muchas veces está establecida como la solución legitima. No deja de llamarme la atención el hecho de cómo la sociedad civil viene a reemplazar al Estado en materia de seguridad. Pero ha habido muchísimos casos como estos al interior de las villas y muchas veces no llegaron ni a denuncias. Me sorprende, entonces, cómo los medios de comunicación ponen este tema en escena como una cosa extraordinaria, que da sustento a campañas partidarias, pero sin embargo en muchas comunidades es habitual este tipo de resolución. Lo que digo es que si pasa algo por fuera de las villas, en Recoleta, inmediatamente repercute hacia adentro nuestros barrios. Y no al revés. ¿Por qué? Escuché testimonios de gente que estuvo en los linchamientos y todos decían: “Hay que ir a las villas, ahí están todos los chorros”. Entonces es una cuestión de clase y de ubicación geográfica. Pero si pasa algo al interior del barrio, si matan una persona o se da un caso de justicia propia entre gente de las villas, no repercute en ningún lado”.
Los barrios y 2015
La situación en las villas, explicada por Waldemar: “En este último mes aumentó la presencia policial dentro de los barrios, y ya no solo pasan con el patrullero: se bajan y paran a los pibes que andan en las esquinas”, cuenta, y dice que, como efecto culata, muchos de esos jóvenes se acercaron a la Biblioteca Popular La Carcova que él creó hace ya dos años. “Estas últimas semanas empezaron a venir muchos pibes jóvenes, de los que antes estaban en las esquinas. La biblioteca se convirtió en uno de los puntos del barrio donde encuentran un poco de tranquilidad a tanta persecución policial”, expresa. No es que la policía genera más lecturas: “Es que los pibes, que no tienen contención, que no son los barderos, están asustados”. Además, porque no son actores nuevos los que entran en el barrio para traer “seguridad”: “Es la misma policía que los invitó a robar alguna otra vez, que mantiene los negocios” dice Waldemar que, se recuerda, estuvo preso durante 10 años, estudió en el penal de San Martín gracias la instalación del CUSAM (Centro Universitario de la Universidad de San Martín) y hoy está a punto de recibirse de sociólogo en aquella universidad.
En tanto, el referente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza Pablo Pimentel apunta que en 2009 habían sugerido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reajustar las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y las cooperativas de Argentina Trabaja. “Fueron políticas positivas y concretas” rescata, pero observa que actualmente hay un desborde de los planes sociales, que además han quedado económicamente muy atrasados. “Hay un sector importante de la población que sigue excluida, y que observa que en 2015 cualquier cambio que venga de la política va a ser por derecha”, señala.
Pimental agrega otra variable. “Hace unos años que la producción de paco y otras sustancias se han instalado fuertemente en distintos barrios, generando una creación de fuentes de trabajo marginales, con chicos muy jóvenes armados. Hay una desolación en los barrios como La Matanza, donde el grado de enfrentamiento entre grupos que peleaban por el territorio era tal, que el riesgo era tener una cocina al lado de tu ventana”, explica. “Hay una instalación de grupos que antes no estaban y ahora sí, y porque se los han permitido. Ahí hago responsable a un Estado que ha sido permisivo, y no ha tenido políticas de control, de contención ni prevención”.
¿Qué hacer?
Más allá de políticas que apunten a un control democrático de la seguridad, ¿qué hacer en lo inmediato para la prevención de la violencia y el delito? Pimentel: “Hay una masificación de la violencia en la calle donde se pone en riesgo la vida de cualquiera, por lo que hay que hacer una tarea de prevención, pero en base a un tipo de seguridad democrática basada en una filosofía de respeto a los derechos humanos”. Además, el referente local sostiene la necesidad de sacar a la calle al personal de Desarrollo Social (trabajadores sociales, sociólogos y otros especialistas) para hacer trabajo territorial en zonas pobres. “Hay que marcarle a los jóvenes un camino de liberación. Así como Scioli destinará 600 millones en seguridad, hay que triplicar la cifra en políticas sociales. Yo les decía a gente del Sedronar, que tiene intenciones de trabajar en un barrio de La Matanza, que son territorios donde el Estado tiene que venir a quedarse un tiempo muy largo. Si vienen, tocan y se van, con todo respeto, mejor que no vengan”.
Por su parte, Litvachky apunta más allá de las políticas sociales: “No solo con mayor inclusión se acaba la violencia y el delito. Hay políticas concretas de seguridad para hacer, que tienen que estar dirigidas a los sectores populares. Y para eso no podés dejar la policía como está. No ha habido ni una sola medida dirigida a revisar el trabajo de la propia Bonaerense, cuando ella también es parte del problema”. Recordamos que el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Nilda Garré intentó una serie de reformas (descabezamiento de las cúpulas, cambio de comisarios, gobierno civil y reformulación de los planes de estudio) en la Policía Federal, la órbita en la que le correspondía hacerlo. “No estamos diciendo que no sea necesario un trabajo profesionalizado de la policía para intervenir en determinados fenómenos delictivos, ¿pero lo vas a hacer con la Bonaerense, que está corrompida y no define prioridades específicas a partir de la gravedad de la situación sino de sus propios intereses?” plantea Litvachky, del CELS.
Hugo Cañón también subraya la urgencia de reformar las fuerzas de seguridad. “Es la gran asignatura de la democracia”. Y Vanesa Orieta remata: “Hay que entender que las botas que ya pisaron nuestros barrios y que mataban a gente que tenía un discurso elaborado, hoy están matando a los pibes de los barrios”. Por su lado Waldemar filosofa trazando el puente entre la Carcova y la Antigua Grecia, Pitágoras y un proyecto de humanidad que todavía está pendiente.
Para aportar luces en un debate y un panorama desafortunado, aquí la cobertura de la presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática que cubrimos en soledad en 2011:
El CELS realizó un informe sobre las reformas, contrarreformas, emergencias y planes de seguridad dictados por los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires desde 2000 en adelante. «Cronología sobre el fracaso de la mano dura», se titula, y demuestra la consolidación de un sistema punitivo que, lejos de calmar la «inseguridad», reforzó los fracasos: cada vez más policías, más patrulleros, más control y más limitaciones a las excarcelaciones fueron las fórmulas que las autoridades bonaerenses aplicaron para barrer con sus propias políticas. Puede leerse completo acá.
Nota
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.
Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.
Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.
Video: Sebastián Smok.
De la economía popular a la formal
“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI
Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.
Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.
Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.
Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad
Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.
¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)
¿Por qué creés que quieren que se termine?
Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.
Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?
Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.
¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?
No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.
¿Cómo volvemos para volver a ser marea?
Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.



Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok
Nota
Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.
Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.
En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.
La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.
La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
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