Una vez finalizada la lectura de alegato público, cerca de dos mil personas marcharon el viernes 11 hacia la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para reclamar respuestas concretas contra la criminalización de la protesta. Los detalles de la reunión, los reclamos y las respuestas.

Cerca de dos mil personas marcharon el viernes 11 al mediodía hacia la Secretaría de Derechos Humanos para reclamar respuestas concretas contra la criminalización de la protesta.

Una vez finalizado el alegato público en las escalinatas de Tribunales, la delegación de Alerta Salta comenzó la marcha avanzando por la avenida Corrientes. En el Obelisco, se unió a la nutrida delegación del Movimiento Teresa Rodríguez (MTD) y en Corrientes y 25 de Mayo se sumaron los integrantes del MTD de Solano y del MTD Maximiliano Kosteki, de Guernica.

Al llegar a la puerta de la Secretaría, la policía los esperaba con un cordón que custodiaba la entrada del edificio. Sin embargo, en el quinto piso, el asesor Daniel Ciesa recibió a la delegación con una frase inesperada:

-«No estábamos al tanto de esta reunión».

La carta presentada ocho días antes, los llamados telefónicos para confirmar la entrevista, la publicación en los diarios de la marcha hacia la Secretaría o, finalmente, los gritos que provocaron las palabras de Ciesa consiguieron que, finalmente, el secretario Eduardo Duhalde y el jefe de gabinete de asesores, Rodolfo Mattarolo, se hicieran presentes en la sala de reuniones. La delegación de Alerta Salta estaba compuesta por Marina Schifrin, Pepino Fernández y la doctora Mara Puntano y representantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano y Guernica, el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), el Equipo de Educación Popular de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, la Red de Intelectuales, Artistas y Académicos, la Universidad Trashumante y la vaca.org. También se sumaron a la reunión dos integrantes de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.

En concreto, los reclamos planteados fueron:

1. Se solicitó un pronunciamiento explícito de la Secretaría en contra de la criminalización de la protesta.

2. Se pidió que, en particular, exprese su oposición con respecto a los fallos de la Cámara de Casación, en los casos de Marina Schiffrin y los trabajadores ferroviarios, y sobre el acoso judicial a Pepino Fernández.

3. Que la Secretaría se comprometa a que los derechos sociales postergados -causa real de las protestas- no desaparezcan de la agenda pública.

4. Que la Secretaría se comprometa a monitorear de cerca la situación de Salta y San Luis, como focos de conflicto de los derechos humanos hoy.

5. Que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento un proyecto de ley de amnistía para acabar con los procesos judiciales iniciados y comience a trabajar, consultando a los propios damnificados, para reformar el Código Penal en aquellos puntos que entran en conflicto con los derechos civiles garantizados por la Constitución.

La respuesta del Secretario Duhalde y el jefe de gabinete, Mattarolo fue:

1- Que trasladarían estas preocupaciones al Presidente.

2- Que estaban decididos a implementar una delegación de la Secretaría de Derechos Humanos en Salta

3- Que ya habían comenzado a trabajar en un informe sobre la situación de los derechos humanos en San Luis

Ante esta respuesta, se solicitó una audiencia con el Presidente, con carácter de urgencia, para reiterar los reclamos.

Las definiciones más importantes

La primera en hablar fue la docente Marina Schifrin, condenada por un corte de ruta en defensa de la escuela pública, hace siete años en Bariloche. Preguntó, concretamente, qué había sucedido con el proyecto de la ley de amnistía.

El secretario Duhalde contestó:

-Para nosotros la amnistía no soluciona el problema de fondo, sólo soluciona hacia atrás. Pero no para adelante. Nosotros formamos una comisión de juristas y movimientos sociales para reformar el Código Penal, sobre todo el artículo 194 que es el que se utiliza mayoritariamente para criminalizar la protesta. Pero no se llegó a un consenso sobre los alcances de esa reforma. Y la decisión del gobierno era ir adelante con el tema sólo si había consenso de las organizaciones interesadas.

Luego, explicó que la principal dificultad residía en elaborar una ley de amnistía que englobe casos tan disímiles. Y confesó: «El Gobierno Nacional no tiene una política definida en cuanto a la criminalización de la protesta social»

Schifrin y Roberto Martino (MTR) coincidieron en expresar que la falta de consenso no exculpaba al gobierno de su obligación de elaborar una solución para estos casos. «Si hay un proyecto mejor que el que existe, el gobierno debe enviarlo al Congreso», dijo Schifrin. Viki, del MTD de Guernica, aseguró que si bien una ley de amnistia era necesaria para terminar con las causas abiertas, también era necesario trabajar «para adelante», reformando el Código Penal. El secretario Duhalde preguntó, entonces, si todos los presentes estaban de acuerdo con la amnistía. La respuesta fue positiva. Luego, preguntó si todos estaban de acuerdo también con la reforma del Código Penal. Martino, del MTR, le aclaró entonces que una cosa no quitaba la otra: «queremos la ley de amnistía y también la reforma del Código. El consenso se construye en la medida en que se avance en dirección a la no criminalización. El Ejecutivo podría entonces mandar el proyecto de ley de amnistía y trabajar, con más tiempo, el consenso alrededor de la reforma del Código».

La delegación señaló, entonces, el porqué de la urgencia de resolver estos temas: el punto de inflexión lo han marcado los fallos del Tribunal de Casación en las causas de los trabajadores ferroviarios y en el de Marina Schiffrin. En esos fallos, los jueces han dejado por escrito no solo que se considera un delito el reclamo de derechos humanos impostergables, sino también la participación popular. «La única forma legítima y verificable de la expresión soberana del pueblo, es el sufragio. Por medio de éste, el pueblo rechaza o acepta las alternativas que le propone la clase política. Otros tipos de presunta expresión de la voluntad popular, distintos del sufragio (tales como reuniones multitudinarias en plazas o lugares públicos, encuestas, huelgas, lock-outs u otros medios de acción directa, vayan o no acompañadas por las armas, etc.) no reflejan realmente la opinión mayoritaria del pueblo, sino a los sumo, la de un grupo sedicioso», dice textualmente el fallo del Tribunal de Casación que confirmó la sentencia de tres meses de prisión en suspenso y dos años de prohibición de participar en manifestación de la docente Marina Schifrin . Palabras que, con idéntico sentido, han repetido los jueces que condenaron a los trabajadores ferroviarios y procesaron a Pepino Fernández. Esta coincidencia no es casual: desnuda una misma política.

El secretario Duhalde coincidió en la similitud de los fallos.

Mara Puntano preguntó cuál es el sentido de una Secretaría de Derechos Humanos si no puede actuar en situaciones concretas de violación de esos derechos. Y recordó que no le mandaron un fax ni un mail para adjuntar a las causas, a pesar de que ella le envío los datos de los 600 procesados. También subrayó que la criminalización de la protesta social es una política del gobierno y citó al ministro Aníbal Fernández, quien prometió perseguir a los piqueteros con el código Penal en la mano. Duhalde manifestó su desacuerdo con esta lectura de la política oficial. Dijo que para él, este gobierno no criminalizaba la protesta. Que esa fue una manifestación puntual ante los hechos ocurridos en el Ministerio de Trabajo y, a modo de prueba, recordó que el ministro Tomada ahora tiene denuncias por falso testimonio por haber retirado la demanda contra aquellos piqueteros. En otro tramo de la conversación, Duhalde reconoció que el gobierno no era homogéneo y convivían distintas posiciones sobre el tema.

Duhalde expresó que no cree que el gobierno tenga intención de criminalizar, pero que la justicia, sobre todo en algunas provincias, van en esa dirección. «Es cierto que el gobierno nacional no impulsó ningún proyecto para despenalizar la protesta, pero hay varios estamentos del gobierno que lo estudian», aseguró. «Hacemos mucho trabajo invisible» se justificó.

Vicky, del MTD de Guernica, preguntó entonces porqué no es visible una política de derechos humanos. «No nos pueden decir que no quieren ser mediáticos. Nosotros necesitamos que lo sean. El conjunto de los luchadores tiene que saber que no están solos».

Pepino Fernández preguntó cómo una secretaría de Derechos Humanos permite que torturen, o fumiguen a la gente, como ocurrió cuando fue preso en Salta. El secretario Duhalde admitió tener límites jurisdiccionales. Aseguró que como forma de solucionar esas ausencias decidieron crear una delegación de la Secretaría en Salta Ya hay dos, una en Santiago del Estero y otra en Neuquén.

Jojó Lucero Belgrano (Universidad Trashumante) expuso sobre la situación en San Luis. Denunció los abusos a los derechos humanos ejercidos por el gobierno provincial. El sometimiento del pueblo a un Plan que los obliga a ser el ejército privado del gobierno. La vigencia del artículo 242 del Código de Procedimiento Criminal que autoriza a la policía a allanar y detener personas sin orden de un juez. Y denunció cómo se comenzó a criminalizar la protesta: a través de la persecución (física e ideológica) a luchadores sociales y la detención y luego encausamiento de los detenidos en movilizaciones. Reclamó, finalmente, por la demora de la Secretaría en pronunciarse al respecto e incluso, de presentarse en San Luis cuando más se los necesitaba. Y recalcó que San Luis está abandonado, y silenciado por los medios nacionales, situación que obliga aún más a que dicha Secretaría se pronuncie clara y contundentemente.

El secretario Duhalde comentó que la Secretaría decidió instalar un Observatorio en San Luis. Dicho observatorio, precisó ante el pedido de detalles, consistirá en una persona de la Secretaría que coordinará actividades con organizaciones sociales y cátedras de Derechos Humanos de San Luis, pero no estará de manera permanente en la provincia. También aseguró que ya se estaba trabajando en un documento sobre la situación de los derechos humanos en esa provincia.

El secretario Duhalde se excusó de poder hacer más, alegando los escasos recursos humanos y económicos de la Secretaría. También dijo que hay poderes judiciales provinciales y ejecutivos provinciales con más poder juridiccional que los nacionales. Ejemplificó con Salta. Roberto Martino le respondió: «estamos reclamando por los derechos que establece la Constitución Nacional. Los que están en falta son otros. Nosotros somos las víctimas», sostuvo. Destacó el gesto del juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, quien recibió la semana anterior a Pepino Fernández y representantes del MTR. «Son gestos: en Salta lo tratan como a un delincuente y aquí lo reciben en el Palacio de Justicia. Esos gestos también dicen algo. Y no se necesitan recursos para llevarlos a cabo, sino políticas claras.» Reclamó, entonces, que el Secretario se pronuncie públicamente en los momentos oportunos para dejar en claro ante la opinión pública qué significa un compromiso con la defensa de los derechos humanos: «es un obligación de esta Secretaría pronunciarse, por ejemplo, en los casos de los fallos del Tribunal de Casación o cuando Aníbal Fernández sale a correr a l os piqueteros con el Código Penal o cuando un fiscal quiere filmar a los manifestantes».

La doctora Puntano señaló «en el campo popular con poco se hace y se puede lograr mucho. El fundamento de que no tienen fondos ni medios para cubrir todas las situaciones provinciales se deshace cuando nosotros, sin un peso y con mucha voluntad, logramos revertir situaciones de injusticia y de abuso de nuestros derechos.

El secretario Duhalde prometió entonces transmitir las preocupaciones expresadas en esa reunión en una charla con el presidente Néstor Kirchner. Neka Jara (MTD Solano) opinó que eso no alcanzaba: que era necesario un pronunciamiento público de parte de la Secretaria.

Los funcionarios de la Secretaría solicitaron a los presentes que valoren, cuanto menos, la política llevada a cabo con respecto a la memoria, lo cual les ha valido presiones y amenazas. Maristella Svampa (Red de Intelectuales, Artistas y Académicos) valoró esa política, pero señaló la ausencia de una política para el pasado reciente ni para el presente. Dijo que en la actualidad hay una invisibilidad de esos derechos y remarcó que el secretario Duhalde tiene la obligación de pronunciarse no solo respecto del pasado, sino sobre los derechos humanos hoy.

Duhalde se defendió: «No somos nostálgicos», aseguró. Y agregó: «No crea que no hay resistencias».

Por último, los presentes remarcaron la urgencia de las respuestas a los reclamos presentados.»¿Vamos a esperar que las causas de Pepino lleguen a cien? No pueden contemplar los tiempos políticos cuando hay semejantes necesidades. Así es la defensa por los derechos humanos: urgente e impostergable».

El jefe de gabinete, Rodolfo Mattarolo y reiteró:

-Trasladaremos estas preocupaciones al Presidente.

-Le pedimos, entonces, que tramiten en forma urgente una reunión con el Presidente, así podemos expresarles estas preocupaciones directamente, expresó Neka Jara para finalizar la reunión.