A 30 cuadras de Plaza de Mayo nacen chicos malformados, hay abortos espontáneos y los vecinos tienen la sangre intoxicada por la contaminación generada por grandes empresas sobre el Riachuelo. ¿Cómo es el juicio que podría determinar que esas empresas paguen, que dejen de contaminar, y que se busquen soluciones para las víctimas? El dilema: ¿se puede producir bien, dar fuentes de trabajo y no contaminar? Santiago Kaplun, uno de los abogados de la megacausa, explicó a lavaca por qué el futuro del Riachuelo ya llegó.
Santiago Kaplun es un abogado de 32 años que se especializa en cuestiones ambientales. Él y su maestro, Jorge Mosset Iturraspe, vienen desarrollando diversas batallas legales por asuntos ambientales, y esta vez habían presentado una demanda colectiva por la contaminación del Riachuelo contra el Estado nacional, el bonaerense y el porteño y contra 44 empresas de primera línea. Entre ellas se encuentran Shell, Petrobras, YPF, Central Dock Sud, Indupa, Molinos, Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas.
La Corte ordenó los gobiernos de los tres estados que presenten un plan de saneamiento de la cuenca e intimó a las compañías para que informen qué hacen con sus residuos. Les dio plazo para las presentaciones hasta el 5 de setiembre. Dejó en suspenso, en cambio, otra petición de los abogados: que se cree un fondo de compensación para las víctimas de la contaminación, muchas de las cuales presentan –según la demanda- plomo en la sangre, sufrieron abortos espontáneos o tienen mal formaciones congénitas. En esta entrevista con lavaca, cuenta cómo se llegó a este fallo inédito.
-¿Cómo nace la causa del Riachuelo?
-Nos llama un grupo de vecinos del polo petroquímico de Dock Sud, después de tener alguna aparición mediática con Jorge Mosset Iturraspe, cuando actuamos en un caso de contaminación en Santa Fe. Enseguida nos involucramos y empezamos con visitas al lugar y a averiguar datos desde otro plano. Porque había un montón de información técnica de las industrias, pero nosotros decidimos correr el velo para ver a la gente que sufre. Encontramos personas muy complicadas del otro lado de la refinería de Shell.
-¿Qué quiere decir “personas muy complicadas”?
-Hay chiquitos que tienen altos índices de plomo en sangre, lo cual ya les produjo deficiencias en el crecimiento. En esa zona del polo petroquíco itambién hay abortos espontáneos, criaturas malformadas. Es una cosa increíble, si se piensa que ocurre a sólo 30 cuadras de la Plaza de Mayo. Y no es gente que vive hace dos días, sino 35 años. A partir de ahí comenzamos a ampliar el espectro de la investigación. Hablamos con profesionales de la zona y se dieron cuenta de que nuestra intención no era solo levantar datos, sino que queríamos hacer algo en serio. Nos contactamos con muchos médicos del Hospital Fiorito y nos trajeron los análisis de sangrerealizados allí: tenían tolueno en sangre, ácidos, diferentes metales. Así se armó un consorcio activo. Con ellos llevamos adelante la presentación judicial colectiva, como habilita la reforma constitucional del 94. Por eso puede beneficiar al conjunto de los habitantes.
Demandando a los grandes
-¿ Este tipo de demandas pueden asemejarse a esas megadenuncias contra empresas tabacaleras que cada tanto aparecen en los Estados Unidos para resarcir a los enfermos de cáncer?
-Acá no tenemos la posibilidad de hacer class accion, que es como se llaman esos procesos. Sí podemos hacer una presentación por lo que se conoce como derechos difusos: cualquiera puede reclamar por un daño colectivo. La diferencia es que mientras que en la class accion los damnificados directamente pueden percibir una indemnización; acá, hay que probar el daño individual en cada caso. En el expediente del Riachuelo, la Corte Suprema tomó la parte de la causa por el daño colectivo y envió a cada presentación particular a los juzgados de primera instancia. No creo que sea por una cuestión de competencia, sino para que no se le llenen los despachos con 300 expedientes. En esos casos multimillonarios contra tabacaleras, la persona damnificada se lleva una parte, según le corresponde, y el resto va a un fondo compensador para atender a otras víctimas. Esto es lo innovador que nosotros le pedimos a la Corte.
-¿Cómo funcionaría ese fondo?
-No es un invento nuestro, existe en muchos países. Y acá está contemplado en la Ley General del Ambiente. Pero como esta ley no está reglamentada, la Corte tiene libre creatividad para interpretarla. Para nosotros, el fondo compensador debería funcionar dando asistencia primaria a quienes resulten damnificados por la contaminación de la cuenca Riachuelo-Matanza. Otro objetivo también tiene que ser el saneamiento final. Hace cien años que se está contaminando, no se va a solucionar en un ratito, pero hay que empezar.
-¿De dónde debería provenir el dinero para ese fondo?
-Debería nutrirse de las empresas que contaminan, a través de penalizaciones o royalties anuales. Hay empresas que por su actividad están signadas como agentes contaminantes. Por ejercer ese tipo de producción deberían pagar una tasa anual. Ese fondo, más un aporte estatal, puede dar asistencia a las víctimas.
-¿Por qué la contaminación del Riachuelo, un problema centenario, se judicializa recién ahora?
-No lo sabemos. Tal vez haya algún juicio personal, por daños en contra de algún agente contaminante puntual. Pero no una causa colectiva que pida la recomposición de la cuenca. El Defensor del Pueblo, mas allá de que valoro el informe amplísimo que realizó, no llevó adelante una actuación judicial, sólo alertó a las autoridades.
-¿Cómo se lleva la representación de 150 damnificados en una causa?
-Es un trabajo fuerte, porque cada persona tiene un perjuicio diferente. Es como tener 150 juicios individuales. Pero tenemos otras experiencias, en un caso representamos a 163 damnificados por contaminación de cromo en un pueblito de Santa Fé. No es nada fácil: cada uno tenía que firmarnos un poder y la única escribana del pueblo trabaja para la curtiembre que demandamos. Tuvimos que alquilar un micro y llevar a todos a otra ciudad para hacer los poderes. Después, la jueza donde tramita el expediente nos dijo que no se podía llevar la causa de manera conjunta y nos pidió que dividiéramos el expediente, abriendo uno por cada demandante. Para eso, había que sacar 18.000 fotocopias. Me quejé y la jueza me dijo que me iba a beneficiar porque así iba a poder tener una dedicación exclusiva a cada expediente. Después agregó que el problema económico era mío, porque era yo el que presentaba 163 expedientes. Como no hay muchos antecedentes sobre daños y perjuicios en contaminación, uno hace camino al andar.
El futuro ya llegó
-Si bien el derecho ambiental tiene rango constitucional no parece estar incluido dentro de los derechos de ejercicio real. Pasa algo similar a lo que ocurre con el derecho al trabajo o a la vivienda. ¿Por qué cree que existe esa brecha jurídica?
-Los desocupados podrían demandar por el derecho a trabajar, pero aparece la discusión de quién es el que está obligado a dar trabajo y se complica todo. Pero en los casos ambientales por contaminación, existen agentes concretos contaminantes. Hay tipos que se están llevando fortunas a costa de todo esto. Otro ejemplo: si en el subte se produce un alto índice de ruido y existe un pliego que fija estándares de calidad, alguien incumplió.
-Sin embargo, no se acostumbra a penalizar al que no cumple. Acaba de reconocer que es la primera vez que se judicializa la contaminación del Riachuelo.
-Tal vez se esté instaurando de a poco. Pero estamos frente a una disyuntiva muy grande. Hay empresas que dan trabajo a miles de argentinos. No se si tanto en el Riachuelo, pero en el interior hay pueblos enteros que se mueven alrededor de estas industrias. Y eso pesa. Tenemos un caso de una curtiembre muy grande en Esperanza, una localidad de 35.000 habitantes al norte de Santa Fé. Nosotros consideramos que tiene un índice de contaminación altísimo. Ahora bien, la planta –directa o indirectamente- incide en el 30 por ciento de la población. Ahí uno es Montesco o Capuleto. Pero para mi no puede haber producción útil y rentable a costa de la salud de la gente.
-Las empresas suelen argumentar que si cumplen con los estándares ambientales pierden competitividad.
-En las curtiembres, un caso que conozco bien, los clientes no están en la Argentina, sino en Europa. Si un cuero que llega a allá a 10 pesos, sólo 5 pesos representan el valor de la producción, los otros cinco corresponden al transporte. No hay que ser inteligente para darse cuenta que la empresa no puede instalarse en el país que consume el producto, porque no se lo permiten. Entiendo que no vivimos en un lugar con un PBI espectacular y que necesitamos de las inversiones. Pero no a cualquier precio, hay un montón de lugares para instalarse. Claro, hay una cuestión de costos de producción, pero si no son rentables, que se vayan. No soy un negado del trabajo que dan, pero no a cualquier precio.
-¿ Pero qué pasa cuando un pueblo defiende la contaminación para preservar una fuente laboral?
-Te imponen necesidades sociales sobre cualquier cosa a futuro, pero resulta que el futuro es hoy. Estas son empresas que trabajan hace mucho tiempo. Los malformados están hoy, el índice de abortos espontáneos es de hoy, la enfermedades congénitas, cutáneas y respiratorias corresponden a hoy. El futuro del Riachuelo es hoy. Esta historia tiene cien años, hubo un cúmulo de incumplimientos y a río revuelto la ganancia es de los pescadores.
El fondo del asunto
-Otro aspecto poco habitual en la justicia argentina es que un fallo que intime a 44 empresas de primer nivel.
-Ahí hay mil industrias que son clandestinas y el que no es clandestino se ampara en el que lo es para lavar sus culpas. Pero el clandestino es nada en niveles de producción. Yo tengo un amigo que tiene una curtiembre pequeña, de la que viven su familia y las de sus dos hijos, y da trabajo a 25 empleados. Si bien no es clandestino, sus dimensiones pueden ser similares a cualquiera de ellas. Y él me cuenta que con esa estructura no podría curtir en un año la cantidad de cueros que produce una curtiembre de las grandes en un solo día. Las grandes empresas ya hicieron el lobby antes e impidieron la reglamentación de la Ley del Ambiente. Tenemos una ley marco modernísima, que data de noviembre de 2002, y no se reglamentó. Por ejemplo, en un capítulo establece que todas las industrias que tienen actividad contaminante deberán poseer un seguro de responsabilidad civil, pero no hay una sola compañía en la Argentina que pueda brindar esa cobertura. No está reglamentado en la ley, no está reglamentado cómo deberían ser esas pólizas en la Superintendencia de Seguros y, entonces, no hay tales seguros. Si existieran, hoy tal vez estaríamos citando en garantía a las aseguradoras. La pregunta es si los aseguradoras querrán hacer negocios con las compañías que contaminan el Riachuelo.
-¿Qué grado de transparencia pueden tener los informes que la Corte le pidió a estas empresas?
-Obviamente nadie esta obligado a declarar en contra de sí mismo. A mí me parece que la Corte lo hace para tener información y después contrastarla con pericias que vaya a producir o con estudios oficiales que ya existan. La actividad que ellos generan es contaminante y está claro que en el Riachuelo no hay oxígeno. No hay que olvidarse que la Ley General del Ambiente invierte la carga de la prueba, no es el damnificado que tiene que probar quién lo contamina, sino que solo hay que acreditar al daño y es el denunciado el que tiene que demostrar que no contamina. Me parece que la Corte quiere sus informes para resolver después sobre el fondo de compensación. Esa es nuestra expectativa. Y eso sí sería un precedente importantísimo, tanto en la Argentina como en Latinoamérica. Estamos en un momento con las arcas llenas, con superávit impensado. Con ese fondo administrado correctamente se puede atender a los damnificados sin perder de vista el fondo del asunto: que no se siga contaminando más.
-Los opositores a este fondo de compensación señalan que no es posible garantizar que el dinero no se desvíe para otros fines, como sucede con otras partidas estatales.
-Me parece que la administración debería ser compartida con organismos, instituciones y ONGs serias, que podrían garantizar los objetivos del fondo.
Dónde fue la plata
-A lo largo de cien años, hubo más de dos decenas de planes de saneamiento del Riachuelo, ¿qué garantías hay de que el proyecto que exigió la Corte no sea uno más?
-En realidad, ninguna. Solo, que estando la Corte de por medio, se supone que ya no serán “Dios y la Patria” quienes demanden por incumplimiento.
Estamos en un país que tiene siempre prioridades de emergencia que seguramente le quitaron espacio a este tema, que es silencioso. Acá se gastó muchísimo en consultorías, elaboración de proyectos. Hasta hubo un plan aprobado en el gobierno de Eduardo Duhalde con un presupuesto de 500 millones de dólares para comenzar con el saneamiento. Se gestionó un crédito ante el BID por el 50 por ciento, se aprobó, y se recibieron 150 millones. Pero se redireccionaron a planes sociales. Vamos a ver qué hace la nueva secretaria (la abogada Romina Picolotto), por sus antecedentes deberíamos tener alguna expectativa positiva. Esta mujer tiene una oportunidad muy buena para estrenarse en el cargo.
-¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que haya una sentencia definitiva en la causa del Riachuelo?
-No va a ser poco, me imagino un par de años. Mi expectativa a corto plazo es la creación del fondo, que exista y que la gente que está en problemas tenga un lugar a donde ir para que se la compense. No necesariamente con plata. Si alguien tiene plomo en sangre, que pueda acceder a médicos, medicamentos o una casa lejos de donde vive. Es infinita la cantidad de respuestas que puede dar el fondo y no es tan oneroso.
-¿Y los daños colectivos como se compensarían?
Habrá que liberar la imaginación para ver como se compensa el daño moral colectivo por la contaminación de la cuenca. Hay un precedente interesante que es la causa de la Municipalidad de Tandil contra la empresa El Cóndor-La Estrella porque un micro destruyó una estatua en medio de una plaza. Había sido donada por un escultor y era irremplazable. ¿Cómo se compensa eso? Se condenó a la empresa a que hiciera un montón de obras en la plaza, se les dio a los habitantes un lugar nuevo para disfrutarlo. De eso se trata también acá. Eso está en manos de la Corte.
Del lado de Gualeguaychú
-¿Para usted el clima que se generó en torno a las pasteras de Gualeguaychu ayudó para que saliera este fallo de la Corte?
-Hay lecturas que pueden llevar a la conclusión de que no era muy oportuno que salga esto ahora. Si se piensa que el presidente le está reclamando al extranjero que no nos contamine y, de repente, su propia Corte lo condena a limpiar su casa, no debería ser demasiado feliz el fallo. Desde otro punto de vista, si el discurso presidencial en los foros internacionales reclama a las empresas extranjeras radicadas en la Argentina inversiones para no generar contaminación, el fallo es oportuno. Hay que ver, yo no lo relaciono con tiempos políticos.
-¿Qué mirada tiene sobre el conflicto con Uruguay?
-Me llama la atención que las empresas insistan en la instalación. Me lleva a pensar que probablemente quieran hacer las cosas bien. Pero pagar para ver puede llegar a ser carísimo. ¿Cuánto cuesta equivocarse? Me parece bárbaro que no quiera asumirse ese riesgo. Por eso, si tengo que ponerme de un lado, me pongo del lado de Gualeguaychú. Estaría bueno que se instalen en otra parte.