Nota
Chau Benetton de la UBA
En una decisión inédita, impulsada por docentes y alumnos, la Facultad de Agronomía de la UBA rescindió el convenio con la multinacional italiana, dueña de la estancia Leleque (donde desapareció Santiago Maldonado) y denunciada por comunidades mapuches.
Por Darío Aranda para lavaca.org
No fue el gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton, multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.
La respuesta a una pregunta
La desaparición de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y política. «¿Dónde está Santiago Maldonado?», se transformó en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional, con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la Gendarmería y su represión.
La Fauba no estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas, manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA) y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz). Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.
MU accedió al contrato en diciembre pasado. «Convenio específico de asistencia técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires», es el título formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La cláusula primera establece el objetivo del contrato: «Se planea llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la cantidad y la calidad de a producción ganadera». Específica que «la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites».
Precisa que los productos finales serán tres informes con la descripción del «estado de los recursos y detalles del plan de manejo» que se entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses estimados de enero, abril y septiembre).
El segundo punto señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo Golluscio, «quien deberá entregar un informe final de actividades y resultados».
La empresa abonó 96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.
El contrato con Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).
Resistencias académicas
El Grupo de Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba, conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.
En un carta dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que «los convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político, reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo».
El pedido de rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del historiador Ramón Minieri (libro «Ese ajeno sur») donde aporta pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras (adquirido en 1991 por Benetton).
También recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio 169 de la OIT.
«Los convenios de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana», resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.
Los integrantes de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén, en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables, excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran los derechos de los sectores populares del campo.
Valorizaron que durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos indígenas.
El escrito, de cuatro páginas, finalizaba: «Solicitamos que se rescinda en forma inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e invisibilización de los pueblos indígenas».
El debate
El Consejo Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio) que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por consejeras representantes de graduados (de la lista llamada «Integración») y que pidió la rescisión.
Sobre dieciséis integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).
Desde el GET-Qom ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra (Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA), entre otros.
El tratamiento del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y, el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado) avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de cancelar el convenio.
El martes 5 de junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally, informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen. Planteó una fundamentación pro empresaria: «El valor académico del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de generación de conocimiento científico, así como en la formación de recursos humanos». Defendió el trabajo junto a Benetton.
El dictamen de la decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la no renovación del contrato.
Fue votado por unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).
Pro-Empresa
-El decano saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio, reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a la decisión.
-La consejera estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía Independiente (LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la isla universitaria.
-La vicedecana, Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.
Universidad transgénica: los sponsors de la Facultad de la Agronomía de la UBA
Pequeño gran triunfo
Monsanto, Syngenta, Bayer, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) son algunas de las empresas del agronegocio que tienen convenios (y financiamiento) con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba), tal cual se reveló en distintas notas en la revista MU. Las compañías impulsan un modelo con consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde la Ley de Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación pública quedó permeable al sector privado.
La cancelación del convenio con Benetton es inédita en la Fauba. Es un triunfo de docentes, graduados y estudiantes, que también cuestionan los vínculos de la Facultad con compañías transgéncias, y le pusieron así un freno a autoridades y docentes pro-empresas.
Nota
El verdadero riesgo país: las leyes para seguir poniendo a Argentina de remate

Cinco leyes todavía en debate están proyectadas para hipotecar el presente y el futuro del país y su sociedad. Una que permite la venta irrestricta de tierras a manos extranjeras. Otra que congela por 30 años esa entrega con arbitraje fuera de la justicia argentina. Una tercera que permite a quienes compren operar sin que se sepa quién es el dueño real. La cuarta, que oculta los agoritmos que usan nuestra información. Y la quinta, que limita a la sociedad civil en su derecho a reclamar. Distintas organizaciones plantean debates y preguntas para entender con claridad el verdadero riesgo país de estos días. La semana próxima volverá a ser clave en el Congreso, y en la calle.

Diferentes organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran la Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y el Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir entre otras, están coordinando acciones de difusión frente al tratamiento de proyectos de ley como el de Inviolabilidad de la propiedad privada, también conocido como Ley de Tierras y el llamado Súper RIGI. Lavaca tuvo acceso a tramos del documento que se está preparando, hasta ahora titulado: Senado de la Nación, lo que se pone en juego con los proyectos de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Súper RIGI.
Allí se plantea. “El 6 de agosto el Senado de la Nación tiene previsto tratar en el recinto el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (Expte. PE-13/2026, Mensaje 22/26). El día anterior, las comisiones del propio Senado abren el tratamiento del Súper RIGI. No son dos agendas separadas: son piezas de una misma operación legislativa”.

“Aunque se presentan como iniciativas independientes, ambas reformas modifican de forma complementaria el régimen jurídico aplicable a la tierra y las grandes inversiones. Mientras uno desintegra los límites existentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros, la otra otorga una serie de privilegios extraordinarios para blindar esas inversiones. En su conjunto, estas iniciativas reconfiguran la capacidad regulatoria del Estado Nacional y las provincias en materia de bienes comunes estratégicos como la tierra, el agua, la energía y los minerales”.
El segundo apartado del documento tiene un enorme poder descriptivo, que se sintetizó además con las placas con las que acompañamos este texto. El título de ese segmento que reproducimos por su valor informativo y didáctico: Un paquete de entrega: cómo encajan las piezas.
“Los diferentes proyectos (o anteproyectos) de Ley que impulsa el Gobierno de Javier Milei deben ser leídos en su conjunto. Esa unidad revela una mecánica que ninguna ley, por separado, deja ver ni puede garantizar. Leído desde los territorios, el combo propone en secuencia soluciones a los cuatro problemas que el capital extranjero enfrenta para apropiarse de tierras estratégicas en la Argentina.
1. La Inviolabilidad saca el techo: habilita quién puede comprar. Conviene tener presente qué protege hoy la Ley de Tierras Rurales (26.737), porque es exactamente lo que el paquete desarma: un tope del 15% a la titularidad extranjera del territorio —nacional, provincial y local—, un límite del 30% por nacionalidad, un máximo de superficie por titular, la prohibición de adquirir tierras con lagos y ríos, y el Registro Nacional de Tierras Rurales, que hace pública esa información. Sin el límite del 15%, sin el tope por nacionalidad, sin el máximo por titular y sin la prohibición sobre lagos y ríos, un mismo actor extranjero puede adquirir tierra sin límite, incluidas las que contienen agua dulce, glaciares y nacientes.

2. La Ley de Sociedades borra el rastro: establece cómo se compra sin que se sepa quién es el dueño. Y este eslabón no es hipotético: ya ocurrió. En 2016, un decreto flexibilizó la extranjerización de tierra realizada a través de transferencias de acciones societarias, reemplazando el permiso previo por una simple comunicación sin sanción. La vía societaria tiene precedente empírico. La reforma de la Ley de Sociedades reabre y profundiza esa puerta: una corporación radicada en Delaware o en otro paraíso fiscal puede quedarse con territorio estratégico sin que el Estado sepa quién es el titular real.

3. El Súper RIGI blinda y neutraliza: construye las bases y garantiza qué pasa después de comprar. Estabilidad normativa por 30 años, beneficios cambiarios, impositivos y aduaneros extraordinarios, arbitraje internacional excluyente fuera de la jurisdicción argentina y desactivación del poder de policía estatal sobre el territorio adquirido. Quien adhiera obtiene un «derecho adquirido asimilable al de propiedad» (art. 24) que ninguna ley posterior puede alterar.

4. Se apaga la información: el Estado y la ciudadanía dejan de ver. La Ley de Tierras creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, la primera foto nacional de quién posee la tierra. Derogarla apaga ese registro y con él el acceso público a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización. En paralelo, el anteproyecto de reforma de la Ley de Datos Personales que el Ejecutivo ya puso a consideración de organizaciones: le prohíbe al propio Estado inspeccionar los algoritmos que operen sobre la información de la población, y declara el entrenamiento de inteligencia artificial «interés legítimo», habilitando el uso masivo de datos personales como insumo. El Súper RIGI, por su parte, no prevé mecanismo alguno de transparencia sobre los proyectos adheridos, y la regulación del lobby baja la voz de quienes podrían oponerse.
La imagen es precisa: primero se entrega la tierra, el agua, la energía y los datos; y en simultáneo se le vendan los ojos a las tres instancias que deberían vigilar: el registro de tierras, el control de los algoritmos y la transparencia sobre las inversiones. No es un conjunto de reformas independientes que coinciden en el tiempo: es una arquitectura.
Por qué la Patagonia es el destino previsible: agua dulce, minerales estratégicos, energía y clima frío ideal para enfriar servidores hacen de la región el emplazamiento óptimo para la infraestructura de data centers e inteligencia artificial que el Súper RIGI viene a incentivar. Tierra sin límite (Inviolabilidad) + titularidad opaca (Sociedades) + blindaje de 30 años (Súper RIGI) + apagón informativo (fin del Registro + reforma de datos) es, exactamente, el traje a medida de un enclave”.

Otro capítulo se titula Lo que se pone en juego-El costo político, y abre la visión sobre los alcances de esta intentona oficialista. Allí se describe:
«La aprobación del paquete —Inviolabilidad y Súper RIGI leídos en conjunto— implica, en términos concretos riesgos sobre los siguientes ejes:
Soberanía jurisdiccional: el arbitraje internacional excluyente del Súper RIGI desarticula la división de poderes. El mayor ejemplo de quiénes se benefician de esta sinergia de iniciativas legislativas son las mega corporaciones extractivistas extranjeras expuestas en el presente documento.
Soberanía territorial: pérdida de control sobre quién accede a la tierra y a los bienes naturales estratégicos, con riesgo de concentración a gran escala y de apropiación de fuentes de agua y energía.
Información pública: apagón del Registro Nacional de Tierras Rurales y pérdida del acceso a los datos dominiales y catastrales sobre extranjerización.
Federalismo: la reforma se articula con el Súper RIGI para neutralizar la capacidad regulatoria y el poder de policía de las provincias y municipios sobre su propio territorio. Buscan también condicionar las ordenanzas que establezcan límites. Se reemplaza el ejercicio del federalismo de concertación por un unitarismo autoritario avalado por el Congreso de la Nación. Reforma Constitucional, inconstitucional.
Derechos: según el CELS, aceleración de desalojos sin garantías, mayor exposición de comunidades indígenas y familias campesinas —agravada por la derogación de la Ley 26.160 de emergencia territorial indígena— y regresión en el derecho a la vivienda, en tensión con los compromisos del PIDESC.
Ambiente: debilitamiento de la protección sobre tierras incendiadas, cuerpos de agua y humedales, en contradicción con la función social y ambiental de la propiedad y con el principio de progresividad y no regresión.
Cambio climático y resiliencia territorial: debilitar la capacidad estatal para ordenar el territorio limita la posibilidad de diseñar políticas públicas frente a la crisis climática. Sin el control del territorio, se dificulta gravemente la conservación de los sumideros naturales de carbono (bosques, humedales, etc), la protección de cuencas hídricas y la prevención y restauración de ecosistemas estratégicos degradados.
Caja fiscal y previsional: las provincias que adhieran al Súper RIGI resignan Ingresos Brutos, Impuesto de Sellos y regalías por 30 años, y el sistema previsional absorbe la reducción de aportes patronales sin compensación».
El documento también incluye como tema Lo que se le exige al Senado. Allí se explica:
“En su carácter de cámara de origen de la Inviolabilidad de la Propiedad Privada, de cámara revisora del Súper RIGI y de representante de las provincias, las organizaciones abajo firmantes instan al Senado de la Nación a:
Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y no convalidar por vía legislativa la derogación de la Ley de Tierras Rurales que la Justicia ya declaró inconstitucional.
Rechazar de plano y en todos sus términos el proyecto de Súper RIGI que le llegó con media sanción de la Cámara de Diputados, y no convalidar la doble delegación —de las provincias y del Congreso al Poder Ejecutivo— que el régimen consolida.
Ambos rechazos son una sola defensa: la de la soberanía sobre la tierra, el agua, la energía y los datos de la Argentina, frente a un paquete que abre los recursos y, en simultáneo, blinda a quienes los explotan contra todo control futuro. Rechazar uno y aprobar el otro dejaría la cerradura a medio cerrar: la fuerza del reclamo está en rechazar los dos”.
Las organizaciones que plantearon estos temas además en una Carta Abierta al Senado referida al Súper RIGI, el 28 de julio, son: Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas, Centro de Estudios para la Ciudad, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para La Vida, Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE), Fundación Biodiversidad Argentina, Génerasj, Asuntos del Sur, LAIA (Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial), Greenpeace Argentina, Taller Ecologista, Campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, PACHAS – Movimiento Ecopolitico por el Buen Vivir y The Common Initiative.
Nota
MU 215: Sin chamuyo



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