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Fábricas y empresas sin patrón: y siguen las firmas

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Dos hombres y una mujer, tan acalorados como agitados, esperan sentados en la antesala del estudio que el abogado Luis Caro tiene en Avellaneda. La puerta se entreabre, el letrado asoma, y los tres se apresuran a ponerse de pie. Uno de ellos estira la diestra para saludar y se presenta: «Somos la próxima empresa recuperada», dice Roberto Villalba. Su cara se ilumina con una sonrisa que podría auspiciarKolinos y sin dar tiempo a nada descerraja su historia: el hombre era jefe de planta en Ancla, una fábrica de cadenas con 97 años de vida. «Soy la quinta generación de mi familia que trabaja en la firma y desde que nací vivo en la planta», dice con orgullo. Desde el 27 de noviembre comparte su residencia con 45compañeros que decidieron tomar las instalaciones después de que advirtieran un intento de vaciamiento por parte de las noveles generaciones de patrones.

La revolución permanente

El proceso de recuperación de fábricas que emergió tras la crisis de 2001 tal vez haya perdido su imagen más violenta, aquella que mostraba en las pantallas televisivas a los trabajadores resistiendo desalojos, enfrentados cuerpo a cuerpo con la policía. Pero sin embargo, la reapertura por parte de los obreros de empresas quebradas o vaciadas por sus dueños no se detuvo, como lo ejemplifica la esperanzadora presentación de Villalba. También podría mencionarse los casos de la lanera El Mirador, cuyos 36 trabajadores están acampando frente a la puerta de la fábrica o el ex lavadero hospitalario Lanape, reabierto hace menos de un mes por sus otrora empleados, devenidos ahora en socios de la recién nacida Cooperativa 24 de Febrero.

«Dicen que el país cambió, que todo esta mejor, pero los trabajadores tienen que seguir recuperando fábricas», sentencia Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (MNFRT), uno de los varios agrupamientos que conformaron las casi dos centenas de firmas autogestionadas El movimiento de Caro, que aglutina a unas 80 empresas, es uno de los desgranamientos de aquel viejo Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) que originalmente reunió a las cooperativas de trabajadores que rescataron empresas en medio de la crisis del 2001.

En diciembre de 2006 nació otro de los agrupamientos, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), que nombró como presidente a José Abelli, referente santafesino de la recuperación de empresas, y como vicepresidente a Fabio Resino, del hotel Bauen de Buenos Aires. FACTA, que nuclea a unas 30 cooperativas, aspira -según declaran sus propios dirigentes- a convertirse en el ala más progresista del movimiento cooperativo tradicional. Para eso comenzó un acercamiento con Cooperar, una de las dos grandes confederaciones de cooperativas de la Argentina. La nueva federación también inició contactos para avanzar en trabajos conjuntos con la Federación de Cooperativas de Trabajadores (FECOOTRA), que agrupa a las antiguas cooperativas de trabajo y a un puñado de las recientes empresas recuperadas. «Cuando nuestro movimiento surgió, allá por el 2002, podías ir de guapo a todos lados por el contexto de crisis terminal que vivía el país. Hoy necesitás hablar con todos: sentarse a conversar no implica bajarse los lienzos. Además, la economía social nos excede a las empresas recuperadas; hay que tender a un armado más amplio que nos permita disputar con el poder económico que domina el mercado», argumenta Federico Tonarelli, uno de los voceros de FACTA, que también vislumbra un acercamiento con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionadas (ANTA), organización que reúne a las recuperadas aglutinadas por la Central de Trabajadores Argentinos.

El sur también existe

En la zona sur bonaerense, 13 empresas -metalúrgicas, plásticas, químicas, constructoras y apicultoras- se agruparon en torno a la seccional UOM de Quilmes, uno de los pocos gremios que apoyó los procesos de recuperación autogestiva junto a la Federación Gráfica y a la seccional Rosario de la Asociación de Empleados de Comercio. Ahora que resultó electo intendente de Quilmes el referente de la UOM, Francisco Barba Gutiérrez, estas empresas sureñas comenzaron a diseñar dos nuevas instancias de organización: una se denomina Consorcio Productivo del Sur, destinado a desarrollar trabajos en conjunto para mejorar la capacitación y los canales de comercialización de las empresas; y la otra es una nueva federación de empresas recuperadas de la zona con la intención de convertirla en una herramienta potente para discutir la expropiación definitiva de sus fábricas.

Las 13 fábricas nucleadas en la UOM, como casi todas las recuperadas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, fueron expropiadas transitoriamente. La mayoría de las leyes de expropiación cedieron las maquinarias a los trabajadores en carácter de donación. Pero para los inmuebles la mecánica fue distinta: el Estado se comprometía a indemnizar en un lapso -generalmente de dos años- a los acreedores de las quiebras. Los trabajadores debían reintegrarle al erario público ese dinero en créditos que rondaban los 20 años. Pero el Estado no cumplió su parte. «La legislación hizo lo que tenía que hacer, lo que falta es la acción ejecutiva: homologar leyes y que los Estados depositen el dinero», señala Osvaldo Pérez, miembro de la recuperada Metal Varela y presidente del Consorcio Productivo del Sur.

Como excepción apenas podrían mencionarse un puñado de casos, como los de UTRASA (ex Gatic) de Corrientes, donde el gobierno provincial desembolsó los 250.000 pesos que se había comprometido; o el incipiente acuerdo firmado para Renacer (ex Aurora-Gründig), en Ushuaia. Cansado de las zozobras que genera el incumplimiento del Estado, algunas cooperativas -como la Unión Papelera Platense, la metalúrgica MVH, la termoplástica Vinilplast, el diario cordobés Comercio y Justicia, la productora de sopletes Nueva Era o la fábrica de pastas rosarina Mil Hojas- decidieron aprovechar su buen momento económico y comprar la quiebra con recursos propios para sacarse el problema de encima. No obstante, la gran mayoría de las empresas autogestionadas aún vive en la incertidumbre legal. «Hasta el momento, ningún juez se animó a sacar a los trabajadores. En todos los casos logramos la extensión de los plazos. También ya hay algunos ex dueños, como en el caso de Lavalán, que iniciaron juicios al Estado para que les pague. Saben que es más fácil sacarle plata a los gobiernos que echar a los obreros», tranquiliza Caro.

El limbo jurídico

Aunque difieren en los caminos, todas las agrupaciones de empresas recuperadas colocan al frente de sus demandas una solución definitiva para las expropiaciones de las fábricas: «Si ya tuviéramos el título de propiedad, podríamos acceder a algunos créditos blandos para poder desarrollarnos», señala Pérez. «Necesitamos reinvertir para vender. En el Bauen, por ejemplo, nos vendría muy bien arreglar la pileta. Pero si reinvertirmos y después nos desalojan… Nadie quiere dar crédito en este limbo jurídico», agrega Tonarelli.

La situación del Bauen es, tal vez, una de las más delicadas. Aunque el hotel fue reabierto y reacondicionado por sus trabajadores, no fue beneficiado con una ley de expropiación y ya recibió varias órdenes de desalojo. Hace tres años, la Legislatura porteña aprobó la expropiación definitiva de 13 empresas y el hotel se quedó afuera de ese grupo. Después, hubo otra media docena de expropiaciones transitorias, entre las que se encuentran la editorial Cefomar, la elaboradora de tapas de empanada La Mocita, la transportadora Ravione y la fábrica de globos Global. Pero entre ellas tampoco fue incluido el Bauen, situado en el corazón porteño y en el medio de una disputa legal entre ex dueños y testaferros que dificulta aún más una resolución favorable para los trabajadores. Recién pocos días antes de las pasadas elecciones presidenciales, lograron ser recibidos por el ministro de Interior Alberto Fernández para conocer, cara a cara, sus necesidades.

A pesar de las leyes de expropiación definitiva que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas porteñas tampoco respiran tranquilidad. Con excepción de la fábrica para materia primas para helados Ghelco, el gobierno de la Ciudad tampoco depositó el dinero correspondientes a las indemnizaciones. «Ahora no sabemos que pasará cuando asuma Mauricio Macri, que dice que quiere revisar caso por caso. Encima las leyes de expropiación nunca fueron reglamentadas», señala Tonarelli. Caro pide que no cunda el pánico: «Los antiguos patrones tendrán que hacerle juicio al Estado para que pague, pero de ninguna manera corren riesgo las cooperativas que cuentan con leyes de expropiación: el gobierno ya hizo presentaciones judiciales para ejecutar las transferencias a favor de los trabajadores, automáticamente quedaron interrumpidas las cláusulas de caducidad que establecían la leyes de expropiación».

Ante este limbo legal, las cooperativas agrupadas en FACTA exigen una Ley Nacional de Expropiación que permita regularizar la situación de todas las fábricas recuperadas, tanto las que cuentan con leyes de expropiación como aquellas que no las tienen, como el hotel Bauen o Cerámicas Zanón, de Neuquén.

Le ley que falta

El movimiento que responde a Caro, a su vez, exige una reforma a la ley de Quiebras. El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados pero venció el plazo para que lo apruebe el Senado, por lo tanto -como en el juego de la Oca- el trámite volvió al punto de partida. El proyecto de la nueva ley busca que los jueces que tengan a su cargo una quiebra puedan ceder, de manera automática y sin necesidad de leyes de expropiación, los bienes de las empresas fallidas a los trabajadores, a quienes se les reconocerían los créditos laborales como forma de compensar los pagos.

FACTA, a su vez, también reclama una nueva ley de cooperativas de trabajo que reconozca un estatus especial al trabajador autogestionado, para que -entre otras cosas- los obreros de las fábricas recuperadas puedan contar con las obras sociales gremiales. «Es un disparate que los miembros de las empresas recuperadas tengan que pagar monotributo», opina Tonarelli que, además, exige que cambie la ley de riesgo de trabajo que no contempla a las cooperativas. «Nuestros trabajadores no pueden asegurarse en las ART, tenemos que sacar una poliza, que termina siendo mucho más caro».

Otro grupo de empresa, autodenominado la Red Gráfica, que reúne a media docena de imprentas recuperadas se aglutinó para solucionar problemas como estos. «Coordinando

juntos podremos abaratar seguros, comprar mejor el papel, presentarnos en forma conjunta a grandes licitaciones», explica Gustavo Ojeda de la Cooperativa Gráfica Patricios.

La integración económica entre las cooperativas comenzó a ser, lentamente, una estrategia para compensar las desigualdades que viven en medio de un mercado despiadado. El Bauen, por ejemplo, concretó acuerdos con otras cooperativas del interior para que sus socios se alojen en sus habitaciones cuando tienen que viajar a Buenos Aires. La cooperativa Evaquil fabrica evaporadores para las heladeras que producen los trabajadores de la ex Coventry. El hospital israelita contrata los servicios de la recientemente recuperada lavandería 24 de Febrero. Y el mismo hospital, además, firmó convenios con una decena de fábricas recuperadas para brindarle asistencia médica a los trabajadores que las integran. La cooperativa «tractorera» Zanello reparó un micro de la Cooperativa de Transporte de San Salvador de Jujuy y ésta, a su vez, asesoró a una par correntina para que pueda adquirir el combustible con tarifa subsidiada.

«Ahora que se reglamentó la Ley de Cajas de Crédito Cooperativas estamos analizando la posibilidad de crear nuestro propio sistema de crédito a tasas simbólicas, que permitan mantener el capital», explica Tonarelli.

Si bien la realidad económica de cada fábrica recuperada es distinta, en líneas generales puede decirse que cuentan con economías esperanzadoras. Sus socios retiran -en promedio- 1.500 pesos y hay casos donde la suma se duplica. Algunas cooperativas lograron exportar su producción al extranjero, como Ghelco, Vinilplast, el frigorífico Yaguané o la metalúrgica Los Constituyentes. Otras fábrica, como Mil Hojas, logró un éxito inconmensurable para estos tiempos: en los programas televisivos de gastronomía rosarinos se anuncia que los platos que allí se preparan se cocinan con pastas producidas por la cooperativa.

La deuda social

Aquellas fábricas que lograron salir de la economía de subsistencia tomaron como conducta reinvertir una porción de sus ingresos, que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento de sus excedentes. Así, la textil San Remo compró dos nuevas máquinas, el ex Astillero Zanin reparó su pantógrafo y adquirió soldadoras automáticas o la fábrica de sopletes Nueva Era (ex Cane) compró dos centros de mecanizado.

«Nosotros, como muchas cooperativas, tenemos una crisis de crecimiento, es una buena señal. A veces, la demanda excede nuestra capacidad de producción ante la falta de procesos innovadores y de acceso al crédito», describe Pérez, de Metal Varela y agrega: «También tenemos una deuda pendiente con la sociedad. En los momentos más bravos, cuando acampábamos frente a la puerta o estábamos en medio de la toma, muchos se acercaron a darnos apoyo, a traernos guiso, o pan. Tenemos que devolvérselo con cultura, absorbiendo a trabajadores que están fuera del sistema, capacitando jóvenes».

El sentimiento que confiesa Pérez no exclusivo de Metal Varela. Varias fábricas recuperadas abrieron sus puertas a la sociedad brindándole diversos servicios como forma de agradecimiento pero también como manera aportar a la transformación social. Gráfica Patricios, por ejemplo, levantó una radio, un centro de salud y una escuela media que fue incorporada al programa oficial Deserción Cero. Otra imprenta, Chilavert, y Maderera Córdoba cuentan, a su vez, con bachilleratos populares. El hotel Bauen cede sus instalaciones para que se reúnan los trabajadores del subte, los familiares de las víctimas de Cromañón y diversos movimientos sociales. El supermercado Tigre, de Rosario, habilitó un Centro de Economía Solidaria en el que treinta emprendedores ofrecen sus productos, un Centro editorial que ya ha publicado diez títulos y una sala teatral por donde ya han desfilado los nóbeles José Saramago y Adolfo Pérez Esquivel. Además, abre sus puertas para que se reúnan los Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y los miembros de la Asociación Argentina de Actores. En sus instalaciones también funciona un servicio de Psicología que lleva atendidas más de 5.500 consultas.

Hasta las mascotas

El mayor éxito de las recuperadas -subraya Caro- tal vez sea su mayor obstáculo: «Los trabajadores tienen que convencerse de que pueden hacerlo», dice el abogado y completa: «No es fácil resistirse a la tentación de gerentes, inversores, capitalistas que aparecen y prometen el oro y el moro. Ghelco, por ejemplo, rechazó seis ofertas. Es muy difícil decir que no, más aún cuando los subsidios y ayudas estatales llegan siempre tarde».

Este tipo de decisiones siempre trae aparejados grandes debates hacia el interior de la fábrica y pone a prueba la amalgama social de las cooperativas. La asamblea sigue siendo el órgano máximo de decisión entre los trabajadores de las empresas recuperadas, aunque el grado de participación en cada una de ellas varía. «La asamblea da mucha legitimidad a las decisiones, pero a veces también hace muy lenta la toma de decisiones. Es un delicado equilibrio que cada cooperativa va evaluando en el camino. También es verdad que a veces en las posiciones que se llevan a la asamblea tienen más que ver con cuestiones personales que estratégicas. O, por el contrario, se delega todo en el consejo de administración para evitar las propias responsabilidades», dice Tonarelli. «Si no hay compromiso con la participación, el consejo de administración se separa del resto de los trabajadores y se desvirtúa todo. Por eso es clave la información amplia y pormenorizada para todos socios», completa Caro.

El modelo de las fábricas recuperadas inspiró también a numerosas cooperativas que emergieron en el país en los últimos años. Artesanos, medios sociales de comunicación, agrupaciones culturales y microemprendedores de los más diversos tipo utilizaron el now how de los trabajadores autogestionados. Uno de los casos más recientes y curiosos, tal vez sea el de los veterinarios de la asociación civil MAPA -aquella que hizo famosa Gerardo Sofovich en sus noches de domingo- que se acercaron a FACTA para ver cómo podían organizarse después de que la institución comenzara a desintegrarse tras la muerte de sus fundadores. También para las mascotas -dicen los veterinarios- hay otro mundo posible.

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
Milei con Julián Peh, el CEO de la empresa creadora de $LIBRA.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
La empresa creadora de $LIBRA tiene lazos, también, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

  • El estado del cupo laboral travesti trans. 
  • Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución. 
  • La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género. 

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans. 

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros. 

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU  62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Cristina Montserrat Hendrickse. Foto: Lina Etchesuri

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”. 

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”. 

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”. 

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”. 

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.  

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo. 

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a  Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Marlene Wayar, activista travesti trans e impulsora de la Ley de Reparación Histórica, fue una de las oradoras. Foto: lavaca

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”. 

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”. 

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas  siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones. 

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

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La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo queda

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi. 

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas. 

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”. 

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”. 

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”. 

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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