IMPA resiste una amenaza de desalojo

IMPA es una fábrica metalúrgica recuperada que ya hace más de 11 años pertenece a sus trabajadores, pero es también algo más: allí funciona un centro cultural, un bachillerato de jóvenes y adultos al que asisten 150 personas, y un centro de salud gratuito a disposición de los vecinos de Almagro.
La noticia del día: el juez Hugo Vitale declaró inconstitucional – a su humilde arbitrio, sin tener fundamentos de peso- la ley 2969/08, que reconoce los derechos de los trabajadores de la fábrica e impide su desalojo. Una medida que sienta un peligroso precedente para las fábricas recuperadas por sus trabajadores, la mayor parte aún afectada por una precaria situación legal.
Eduardo Murúa -trabajador de IMPA y referente del movimiento- es el encargado de darles la noticia a sus compañeros en una improvisada asamblea. Su celular suena una decena de veces; llegan novedades y él las transmite. “Más allá de las explicaciones legales y cómo seguir laburando, tenemos que enfrentar el principal problema en una empresa recuperada: la unidad. Si estamos unidos no podemos perder, estoy convencido. Si este grupo se une, junto al bachillerato, con otras empresas… es imposible que estos tipos pasen. Sólo con la división podrían llegar a destruir IMPA. Siempre lo dijimos y no ocultamos las dificultades que suelen tener las empresas como la nuestra, pero ni siquiera este es el peor momento productivo de nuestra empresa que con tanto sacrificio hemos sostenido.”
Algunos compañeros intervienen tímidamente. El debate dura apenas unos minutos. Se palpitan nervios; las caras largas se miran entre sí y menean la cabeza. Una mujer rompe el silencio:

IMPA es
De los trabajadores
Y al que no le gusta
Se jode, se jode

El canto se extiende y a su ritmo enfilan hacia la puerta. No hay más que decir: la mujer lo resume todo.

[flash http://www.youtube.com/watch?v=dCDjRbbQ7bk]

La vigilia
Una centena de jóvenes, manifestándose sobre la calle Querandíes, alza banderas y canta al ritmo de los bombos; son los chicos del bachillerato de IMPA, y claman por la fábrica al igual que lo trabajadores. Los une, inexorablemente, un futuro incierto: el de un posible desalojo, el de la eventual pérdida de IMPA; sea escuela, sea fábrica.
Murúa se pierde entre el tumulto; los chicos invitan a dar una pequeña vuelta por el barrio. La idea es hacer ruido, contar y explicar, entregar volantes. Camino a Rivadavia y detrás de los bombos, la caravana marcha improvisadamente en ruidoso orden.
La vuelta llega hasta avenida La Plata y deriva en sentada. Murúa da un paso adelante e improvisa unas palabras; lo siguen algunos de los alumnos. Los vecinos de Caballito observan la secuencia.
Entre aplausos y cantos de optimismo comienza el retorno a la fábrica. Murúa va delante, solo; “esta especie de marcha fue idea de los chicos. Es su forma de apoyar en este momento”, dice entre desesperadas pitadas a un cigarrillo.
No come hace semanas; la huelga hambre es una de sus formas de protesta y de alertar a los medios. “Estamos analizando terminar con esta huelga: vamos a necesitar los cuerpos fuertes ante un eventual intento de desalojo”, explica. Una carpa instalada justo en la puerta de IMPA le oficia de hogar en estos tiempos de vigilia. Sentado sobre el colchón y con las piernas cruzadas, responde:

¿Qué significa que el juez haya declarado la inconstitucionalidad de la ley? ¿Cómo afecta eso a IMPA?
Traducirlo jurídicamente es imposible. Hay 24 leyes iguales en la ciudad de Buenos Aires y a ningún juez se le antojó declararlas inconstitucionales. Lo cierto es que si la ley que nos protege no está vigente, hay peligro de desalojo. El problema es que este juez va más allá; yo creo que se anima a declarar la inconstitucionalidad porque tiene algún tipo de apoyo político. Todas las opiniones legales, de jueces y abogados con los que charlamos la situación, nos decían que era imposible un fallo de este tipo, por lo menos en el plazo que lo está haciendo, porque la ley 238 es muy clara: otorga 3 años para pagar la expropiación de la fábrica y 1 año más para iniciar el proceso expropiatorio. Y la ley recién se había declarado el 26 de enero del 2009… Entonces, esta decisión está por fuera de todos los plazos normales. Hay muchas empresas que han tenido hasta una prórroga en las expropiaciones y ningún juez lo cuestionó; el síndico podría haber cuestionado la inconstitucionalidad de la ley en la ciudad y no lo hizo.

¿Y por qué con IMPA?
Porque hay una decisión política clara de desalojar un proyecto. IMPA no es solamente una empresa recuperada. Nosotros no somos trabajadores que recuperamos una empresa y nos quedamos haciendo pomitos: nosotros somos un espacio más de resistencia.

¿Qué argumentos expone el juez para dictaminar la inconstitucionalidad?
Se agarra no de una ley de la Ciudad sino de la Constitución, que dice que en las expropiaciones tiene que haber una indemnización previa. Es una locura: la Ciudad ni siquiera contempla en su presupuesto un rubro para pagar este tipo de expropiaciones.
Después, en el fallo, hay algunas chicanas con respecto a la cooperativa, pero son estupideces. Dicho sea de paso, la Constitución Nacional que avala a este juez es la misma que votaron todos los políticos oligarcas en el 94, que pusieron como único becerro de oro al Dios Mercado y la propiedad privada. Esa es la Constitución que tenemos, sobre eso nos regimos, y los humanos sobre esta Constitución no existimos; y menos los trabajadores.

¿Y cuál es tu teoría del ensañamiento con IMPA?
Esto tiene que ver, me parece, con un negocio: vender la fábrica e indemnizar a los trabajadores por 2 millones y medio nada más, y con el resto, hacerse un negocio entre el síndico y el juez de 12 millones de pesos limpitos.

¿Se están preparando para eso?
Nosotros tenemos un grupo que está preparado para la defender el lugar. Somos 60 trabajadores que estamos preparados para resistir cualquier intento de desalojo más todas las organizaciones sociales que nos apoyan. Por otro lado, decidimos hacer esta vigilia, para tratar de disuadir a la fuerza policial en forma pacífica, con alegría, al aire libre, escuchando música, viendo películas, explicando el conflicto… estando juntos.

¿Cuál es la salida que ustedes proponen?
No va a ser fácil de que acabe la amenaza de desalojo. Le hemos propuesto al Estado nacional una salida: que se ponga como garante de todos los bienes que hay acá.

¿Qué pasos van a seguir legalmente desde la fábrica?
Vamos a apelar la declaración de inconstitucionalidad. Seguramente el juez va a contestar que no nos da la apelación y nosotros iremos en queja a la Cámara. Y si la Cámara decide apoyar la decisión del juez, iremos a la Corte Suprema de justicia.
Lo que hay que asegurar acá, más allá de ese mecanismo judicial perverso, es evitar la amenaza de desalojo, que es lo que nos preocupa. De todas maneras, creemos más en la legitimidad de nuestra lucha que en la legalidad.
La llamada vigilia, en tanto, se desarrolla en la puerta de la fábrica y durante las 24 horas. Hay proyecciones, música y charla, buenas excusas para alentar lo que más necesitan: no estar solos.

Contacto:
IMPA: Querandíes 4290, Almagro
Teléfonos: 15 6861 2104 / 4958-3764/4981-3610