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La ley del más fuerte

Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año. Veintidós años después de la privatización de YPF, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.

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Un informe de Darío Aranda sobre leyes clave del modelo extractivo que están forzando las corporaciones a sancionar antes de fin de año.
La ley del más fuerte
La retórica utiliza palabras como patria, imprescindible, soberanía, necesidad imperiosa y alega que, de no aprobar la ley, la Argentina será inviable. En la vereda opuesta, legisladores nacionales denuncian la entrega de recursos nacionales y resuenan palabras duras: cipayos, traidores a la patria. Finalmente, luego de horas de debate, gana el voto por la afirmativa. Los legisladores se abrazan, celebran, sonríen.
Fue el 24 de septiembre de 1992, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley que posibilitó la privatización de la empresa nacional Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Veintidós años después, la historia se repite. El bloque oficialista aprobó y celebró la reforma a la ley de hidrocarburos, por la cual se otorga enormes beneficios a las empresas internacionales y se justifica con dos palabras: “Soberanía energética”.
Una línea de conducta que se refleja en la manera de aprobar transgénicos, una nueva ley de agrotóxicos y un proyecto para modificar la reglamentación referida a semillas y que tiene un nombre: “Ley Monsanto”.

Sale con soja

Paseo Colón 982. Lunes 25 de marzo de 1996. El secretario de Agricultura, Felipe Solá firmó la resolución 167 por la cual autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. Fue el comienzo de una política que produjo un quiebre en el modelo agropecuario argentino. El trámite de aprobación llevó sólo llevó 81 días, en base a estudios de las propia empresa Monsanto, faltó información sobre posibles consecuencias en la salud y el ambiente y estuvo plagado de irregularidades.
Dieciséis años después de la primera soja transgénica en Argentina, la historia se repite. El 10 de agosto de 2012, el secretario de Agricultura, Lorenzo Bazzo, firmó la resolución 446/12 de aprobación de la nueva generación de soja, llamada “Intacta RR2 Pro”. El 20 de agosto de 2012, el ministro, Norberto Yahuar, la presentó junto a los directivos Monsanto en un acto público. La compañía la publicitó como beneficiosa por su mayor rendimiento y se aseguró el cobro de regalías (según la empresa, ya firmó acuerdos con el 75 por ciento de los productores de soja del país).
El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció ante la Justicia la forma “irregular” en que fue aprobada la soja. Advirtió que no hubo consulta pública (como establece la ley argentina), carece del debido estudio de impacto ambiental y omite frondosa bibliografía científica que alerta sobre los efectos sanitarios y ambientales de los transgénicos. La acción judicial, que tramita en la Justicia Federal, solicita que se anule la aprobación de la soja transgénica y se suspenda la comercialización de la semillas. También afirma que tres firmantes del expediente “están vinculados a empresas” de agroquímicos y transgénicos.
El juez hizo lugar a una diligencia preliminar y permitió que la parte denunciante (Celma) acceda al expediente de aprobación de la nueva soja. Casi tres mil fojas, mucho lenguaje técnico y, luego de la lectura legal, una decena de conclusiones: no posee una “debida declaración de impacto ambiental” por parte de la Conabia (Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria) y la aprobación “se sustenta en estudios sólo de Monsanto”. El Estado no realizó estudios y, según advierte el Celma, ni siquiera realizó preguntas sobre los estudios citados por Monsanto.
La organización denunciante también señaló que los estudios presentados por Monsanto tienen “carencias significativas”. A modo de ejemplo, se contempló sólo la intoxicación aguda (la que se genera en un primer momento) y no se estudiaron los efectos crónicos (a largo plazo).
“Es como en el ’96, la historia parece repetirse, pero ya conocemos las consecuencias de los transgénicos y los agrotóxicos, por eso es necesario que se reexaminen todas las semillas transgénicas liberadas en la Argentina y que la aprobación no se haga a carpeta cerrada, el procedimiento debe ser transparente y se debe cumplir el requisito de la participación ciudadana para poder realizar las objeciones fundadas que hoy se ignoran abiertamente”, denunció Fernando Cabaleiro, del Celma.
Desde 1996, en Argentina se aprobaron 28 transgénicos. El 75 por ciento de ellos (21) fue durante el kirchnerismo. Los expedientes no son de acceso público. Y todo hace suponer que la forma de aprobación fue similares a la de la soja de 1996 y la de 2012.

La vuelta de YPF

En 1992, el Congreso Nacional aprobó la privatización de YPF. Es el símbolo de la entrega de la década menemista. Argentina se transformó en un (mal) ejemplo al vender su empresa petrolera. La compra por Repsol fue el colmo de los hechos: como si un almacén de barrio comprara un gran mercado. El mundo del revés en clave noventosa. Lo que siguió es historia conocida. Repsol se desprendió de activos de YPF, aumentó la producción (y exportó hidrocarburos) pero no invirtió en exploración.
Exprimió a la vaca, pero no la alimentó ni la cuidó. Lo propio hicieron el resto de las empresas petroleras asentadas en Argentina.
Declinó la producción y el país tuvo que comenzar a importar. El “déficit energético” de 2011 rondó los 3.500 millones de dólares.
En 2012, el Gobierno decidió la expropiación parcial (51 por ciento) de YPF. Muchos argumentos, pero dos principales: la falta de inversión y la contaminación ambiental. En marzo de 2014, la Cámara de Senadores (con mayoría oficialista), y en abril la Cámara de Diputados, aprobaron el pago a Repsol por 5000 millones de dólares. Nunca hubo, por parte de Nación ni de las provincias, una tasación por los desastres ambientales.

Decreto a medida

Vaca Muerta, en Neuquén, es publicitada como una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Con la cuestionada técnica de la fractura hidráulica (“fracking”).
El 15 de julio de 2013 el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el Decreto 929/2013 de “Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos”. Estableció beneficios de exportaciones para las empresas con proyectos de más de 1000 millones de dólares y beneficios a partir del quinto año de la ejecución de sus proyectos de inversión del derecho a comercializar libremente en el mercado externo el 20 por ciento de la producción de hidrocarburos y, de ese 20 por ciento, “libre disponibilidad del cien por ciento de las divisas provenientes de la exportación de tales hidrocarburos”.
Al día siguiente, el 16 de julio el Gobierno firmó un acuerdo con Chevron para explotar yacimientos no convencionales en Vaca Muerta. Según lo difundido por YPF y la agencia oficial Telam, implica una inversión de 1240 millones de dólares en los próximos cinco años.
Publicitado por el Gobierno como un acuerdo importante hacia la “soberanía energética” y que podría marcar un quiebre en la situación energética del país, el contrato no fue público.
El acuerdo firmado entre Chevron e YPF debía contar con un voto positivo de Neuquén. El 28 de agosto de 2013 la legislatura de Neuquén trataría el acuerdo entre el gobierno provincial e YPF. También implicaba, de manera directa, darle la última luz verde a Chevron para explotar Vaca Muerta.
Una masiva movilización comenzó en la mañana del 28. Organizaciones sociales, partidos de izquierda, sindicatos, estudiantes y comunidades mapuches, entre otros. La Legislatura lucía repleta de policías y, en lo alto de la barda, militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN), desafiantes.
Un grupo de manifestantes derribó vallas. Excusa perfecto para que la policía entre en acción. Gases lacrimógenos y balas de goma. «Acá hay niños, mujeres con sus bebés, abuelos. Reprimieron a todos. Es culpa de la policía y los gobernantes. No pasaba nada, estaba tranquilo y reprimieron. Reprimen, no dan la cara, solo les importa los derechos humanos cuando están las urnas», denunció Inés Ragni, de Madres de Plaza de Mayo de Neuquén, presente en la marcha.
Comenzó lo que duraría más de cinco horas. Los manifestantes se replegaban y volvían a acercarse a la Legislatura. La policía volvía a tirar gases y balas de goma.
Por la tarde, cuando aún se mantenía la represión, la mayoría del Movimiento Popular Neuquino y el Frente para la Victoria aprobaron el pacto entre Provincia e YPF.

La ley del más fuerte

Miguel Galuccio, presidente de YPF, y Ali Moshiri, presidente de Chevron América Latina y África.

Chevron, Chevron qué grande sos

“Necesitamos muchos chevrones”. Afirmó en público, y reiteradas veces, el presidente de YPF, Miguel Galuccio. Y gestó un proyecto de ley de hidrocarburos en ese sentido, consensuado con los gobernadores de las provincias con petróleo (Ofephi, Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).
Fue aprobada el 30 de octubre a la madrugada. Con 130 votos a favor y 116 en contra. En línea con el “decreto Chevron” (929), otorga numerosos beneficios a las empresa.

  • Otorga plazos de explotación inicial de 30 y 35 años, renovables por otros diez.
  • Quita el tope a la cantidad de áreas adjudicadas por empresa (la ley vigente permitía cinco, y claramente no se cumplía). Favorece la concentración del mercado.
  • Establece las regalías en 12 por ciento (con un techo de 18). En el caso de solicitar concesiones para explotación en los primeros tres años de sanción de la ley, permite reducir las regalías en un 25 por ciento. Y permite liquidar utilidades (llevarse los dólares) a sus casas matrices a partir del quinto año de explotación. Alcira Argumedo, diputada de Proyecto Sur, precisó en la sesión en el Congreso que la regalías de la nueva ley son de las más bajas del mercado. Y repasó la regalías en otros país. Bolivia cobra 50 por ciento, Venezuela 30, Colombia 25, Australia 25, Canadá 20, Nigeria 19.
  • Permite acceder a empresa con una versión mínima de 250 millones de dólares. Es sólo el 25 por ciento de lo que establecía el decreto 929 (mil millones). Cifra irrisoria para las petroleras internacionales.
  • Permite la exportación del 20 por ciento de lo extraído (y lo eleva a 60 por ciento en caso de explotación en el mar).
  • Prohíbe la reserva de áreas de producción de hidrocarburos a favor de las empresas nacionales o provinciales en las que el Estado tenga participación bajo cualquiera de las formas jurídicas.
  • La ley no contempla los derechos de los pueblos indígenas (Vaca Muerta está en territorio donde viven, y tienen derechos reconocidos por la Constitución Nacional, Provincia y tratados internacionales de derechos humanos), más de veinte comunidades mapuches.

Y es muy escaso e impreciso en lo referido a las normas ambientales. “Aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de desarrollar una actividad con un adecuado cuidado del ambiente”, señala la ley en una suerte de gesto de buena voluntad. No precisa normas mínimas de protección ambiental ni mucho menos del principio precautorio vigente en la Ley Nacional del Ambiente.
Otro aspecto muy criticado es la nula participación del resto de las provincias (las no petroleras) y de las organizaciones de la sociedad civil. Una ley nacional de enorme trascendencia y discutida y decidida sólo por un puñado de gobernadores y funcionarios nacionales.
Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, definió a la flamante norma como “una ley a medida de las multinacionales”, recordó que el derecho a la consulta (a los pueblos indígenas) está vigente en el marco normativo argentino desde hace veinte años, y sin embargo la nueva ley petrolera no lo tuvo en cuenta. Alertó que impugnarán la norma en tribunales locales e internacionales y seguirán dando las lucha en los territorios.

Otra vez sopa

La ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros. Nueva York y París. El Gobierno es muy crítico respecto a los “fondos buitre”, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de Argentina. Suele atribuir ese pecado a los Gobiernos que le precedieron (y tiene razón), pero repite esa práctica con las petroleras, sector empresario con frondosos antecedentes de contaminación y violación de contratos.
“Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore y cuencas de frontera, con la falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético”, afirmó la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas) y alertó que el nuevo marco jurídico “permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y una muerte segura para las comunidades que habitamos dentro del territorio”.
La Multisectorial acusó a Nación y provincias de no buscar el bien común sino “sólo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica”, lamentaron que no se discuta sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia: “La crisis actual (económica, financiera y energética) no se salda siendo más flexible con las transnacionales”.
Enrique Martínez, ex presidente del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y parte del Movimiento Evita, fue una de las pocas voces que –desde el kirchnerismo– cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. “La actual reforma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del cinco por ciento, cuando la tendencia mundial es la inversa, permite disponer de volúmenes importantes de producto para la exportación directa y hasta impide que el Estado en cualquiera de sus formas de participación se reserve futuras zonas. No es el camino”, lamentó.
La nueva ley va en línea con la política menemista, busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: “Soberanía energética”.

Lo que viene

El 28 de octubre se realizó en el edificio anexo del Congreso Nacional una audiencia pública sobre las escuelas rurales fumigadas de Buenos Aires, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Córdoba, entre otras provincias. Una treintena de maestros, trabajadores y familias de niños afectados dieron testimonios. Exigieron una zona de resguardo para proteger la salud de niños y trabajadores de la educación. En ese mismo momento, sin anuncio público, la Comisión de Agricultura y de Comercio daba luz a un nuevo proyecto de ley de agroquímicos y lo dejo listo para ser votado en el recinto.
Fue presentada por el diputado formoseño Luis Basterra. No establece ningún límite para fumigaciones, no menciona el principio precautorio ni tiene en cuenta las decenas de estudios que dan cuenta de las consecuencias de las fumigaciones. El proyecto de ley modifica reglamentación actual que permite prohibir o recategorizar agroquímicos. El Centro de Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) denunció que el proyecto es regresivo y viola leyes nacionales.
El dictamen fue firmado por 18 diputados. Entre otros, Mayra Mendoza (La Cámpora) y Miguel del Sel (Pro). Sectores políticos enfrentados, pero unidos por los agroquímicos.
Las organizaciones sociales, ambientales y campesinas también están en alerta por una nueva ley de semillas, llamada “ley Monsanto”, que desde 2012 impulsan las grandes empresas del sector y el Ministerio de Agricultura. De aprobarse, será otra de las leyes en beneficio de las corporaciones.

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Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos

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Este 24 de marzo, a 49 años del golpe, la editorial lavaca publica Escritos sobrevivientes, un libro creado junto a un grupo de personas que estuvieron secuestradas y desaparecidas en distintos centros clandestinos de represión durante la última dictadura militar. Se presenta el próximo viernes 28, pero ya podés pasar a buscarlo por MU (Riobamba 143) desde hoy. En este texto, Claudia Acuña cuenta qué representa esta obra parida en colectivo y en medio de aires negacionistas.

Por Claudia Acuña

Este libro representa muchas cosas y todas y cada una nos parecen decisivas para estos tiempos desesperados.

Ni sé por dónde comenzar a enumerarlas, así que sin orden de importancia ni cronológico enumero algunas, aunque sin duda me faltarán otras que invito a que completen quienes lo lean.

Lo primero, para mí, es reconocer el valor social, político, histórico y ético que merecen las personas detenidas-desaparecidas por la dictadura cívico militar que azotó este país desde el 24 de marzo de 1976. No olvidamos esa fecha gracias a ellas, pero no siempre se las nombra con la relevancia que han tenido para construir verdad, justicia y memoria.

A algunas de ellas he tenido el honor de escucharlas y verlas testimoniar en los juicios de lesa humanidad, pero también en los diferentes procedimientos contra la impunidad que crearon y sostuvieron para que esos juicios sucedan.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Una y otra vez.

Hasta lograrlo.

Solo a una pude agradecerle con palabras y lágrimas el esfuerzo, el coraje y el legado que recibíamos por su esfuerzo, pero fundamentalmente por sus vidas consagradas a hacer posible lo imposible. Fue en la puerta de los tribunales de Comodoro Py, mientras los altoparlantes transmitían la primera condena a los genocidas responsables del centro de detención clandestino y de tortura que funcionaba en la Esma. Ahora, con este libro queremos extender esas gracias a cada una, a cada uno.

Sé, porque comprendí la lección que nos daban, que no puedo afirmar que lo hicieron solo ellas, ellos. Esa es otra de las cosas que representa este libro: el saberse parte – y reconocerlo siempre- de algo más grande, más importante y más trascendente no solo del yo, sino incluso del núcleo colectivo en el que nos organizamos, reflexionamos y tomamos fuerza para resistir. Nuestras fuerzas individuales y nuestras construcciones políticas suman, activan, empujan, pero alcanzan sus objetivos cuando sincronizan con la necesidad social, con la época y con la Historia. Tienen alas porque tienen raíces y mueven al mundo hacia lugares mejores porque se sabe más grande y más poderosa que lo que nos rodea.

Eso que aquí las y los autores definen como “subjetividad sobreviviente” nos advierte eso: somos nuestros cuerpos y la sombra que proyectan, lo que hacemos y lo que soñamos, nuestras obras y nuestra imaginación, nuestros saberes y nuestra intuición, pero también y además aquellos cuerpos, proyecciones, hechos, batallas ganadas y perdidas, que nos anteceden y desbordan para fortalecernos y sostenernos de pie. Aquello que ilumina la oscuridad es la memoria sensible: de eso se trata este libro, además.

Otra: el valor de las utopías. En los momentos más aterradores hemos gritado “Aparición con vida y castigo a los culpables”. Bueno: la noticia es que hemos tenido éxito y aquí están las personas que cuando pronunciábamos esas palabras mágicas no podíamos abrazar. Algunas de ellas son las que el tercer sábado de cada mes vimos ingresar a nuestra trinchera durante el largo y desalentador año 2024. Para nosotros ese taller de escritura significó una cita con la esperanza, cada vez. Y una comprobación: el futuro se construye con el hacer colectivo, cada vez.

Por último: este no es un libro de testimonios sobre el horror de la dictadura, sino su contracara o quizá, lo que se puede pensar después de cruzar el abismo de la impunidad.

Quizá.

Me falta todavía superar la alegría de haberlo logrado, de sostener con las manos esta pequeña utopía realizada en tiempos de saqueo de recursos simbólicos y materiales, en las cuales sólo proponerlo sonaba casi irresponsable, para poder encontrar las palabras certeras, que expresen lo que representa que personas empobrecidas y violentadas podamos hacer lo que querramos financiadas sólo por el deseo y la convicción, que siempre es política.

Quizá la palabra exacta sea una sola: Argentina.

La presentación

Escritos sobrevivientes y compila una serie de textos producidos en un taller de escritura que tuvo lugar en MU durante 2024. Estos relatos abordan historias marcadas por lo que el grupo denomina «subjetividad sobreviviente». El resultado es un conjunto de textos poéticos, políticos y filosóficos, de una potencia y belleza conmovedoras.

Participan: Rufino Almeida, Margarita Fátima Cruz, Graciela Daleo, Lucía Fariña, Mercedes Joloidovsky, Eduardo Lardies, Susana Leiracha, María Alicia Milia, Claudio Niro, Silvia Irene Saladino, Stella Maris Vallejos e Inés Vázquez.

Así lo resumen sus autoras y autores: «Un grupo de compañeras y compañeros, ex detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, nos reunimos en un taller de escritura para crear textos enfocados en la subjetividad sobreviviente, mientras la voz del poder alimenta el negacionismo y la reiteración del sufrimiento popular por variados medios».

El libro se presentará el próximo viernes 28 de marzo a las 20 horas en Mu Trinchera Boutique, Riobamba 143.

Podés conseguirlo desde hoy, 24 de marzo, también en MU.

Escritos sobrevivientes: Un nuevo libro escrito por ex detenidos desaparecidos
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La Justicia esquiva la causa por el disparo a Pablo Grillo: “Hasta ahora no se investigó nada”

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La recuperación de Pablo “es muy rápida” pero la investigación sobre su intento de asesinato, muy lenta, o directamente inexistente. Qué dijo el padre hoy frente al Hospital Ramos Mejía donde Pablo sigue pelando por su vida, aún en terapia intensiva pero con avances prometedores, y las abogadas del caso que presentaron ante la Justicia: primero Servini de Cubría y luego el candidateado a la Corte Ariel Lijo rechazaron la causa, y ahora se sortea en la Cámara Federal de Casación a qué juez le tocará investigar a quien le disparó y a sus superiores jerárquicos. Los dichos de Adorni en conferencia de hoy, y quién cortó el diálogo con la familia; las pruebas que se pidieron y las que se aportaron; y el texto de la presentación judicial en la que la familia pide ser querellante, con las pruebas que aportamos desde decenas de medios, fotoperiodistas y organizaciones sociales.

Por Francisco Pandolfi

Pablo Grillo todavía no está fuera de peligro, pero la mejoría día a día, paulatina y constante, le permite a la familia hablar ya no sólo de su estado de salud. Hasta hoy, el único foco era la supervivencia de este fotógrafo de 35 años impactado por una granada de gas lacrimógeno, fuera de toda legalidad, por las fuerzas de inseguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich.

La pérdida de masa encefálica y la fractura de cráneo con la que llegó de urgencia al Hospital Ramos Mejía –el miércoles 12 de marzo, cuando se desató la represión en la marcha por las paupérrimas condiciones en las que viven las y los jubilados–; la primera operación esa misma noche en la que se bajó la presión intracraneal y se le reconstruyó algo del tejido. Las pupilas que empiezan a reaccionar bien. La merma en la sedación. Los primeros movimientos – prematuros e inesperados por los propios médicos–. Otra operación por un derrame que es revertido a tiempo. La baja de los glóbulos blancos como síntoma de la baja en la infección. Y a solo una semana del disparo, Pablo abre los ojos. Y le sacan el respirador para ver cómo reacciona y lo hace agarrándole la mano a la mamá. Y por si fuera poco le susurra las palabras más hermosas a su papá: “Hola, viejo”. 

Pablo continúa en terapia intensiva, en estado crítico, pero respondiendo bien neurológica y físicamente. “Es asombroso el nivel de avance que tuvo”, dice Fabián, su viejo, con los ojos emocionados e incrédulos por la mejoría impensada en tan poco tiempo. Esa sucesión de buenas noticias las que posibilitan a la familia convocar este viernes a una conferencia de prensa «para contar novedades en la causa judicial».

Primero, habla Fabián, su papá, sobre la salud de Pablo: “Las novedades son que está estable, por lo tanto es bueno. Está con los ojos abiertos y sigue sin respirador”.

En la conferencia de prensa convocada por la familia de Pablo Grillo, fotógrafo que fue impactado por una granada de gas lacrimógeno lanzada por las Fuerzas comandadas por Patricia Bullrich, Fabián, su papá, habló sobre la salud de su hijo.

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:35:39.538Z

Fabián lleva puesta una remera azul, con letras blancas que dicen: “Justicia por Pablo Grillo”. Se lo nota cansado, pero más distendido. Se ríe cuando cuenta: “Tengo un video con saludos de (Ricardo) Bochini, veremos si los médicos nos permiten que se lo pasemos. Si lo escucha al Bocha, va a volver a hablar seguro Pablo”. Mantiene los pies sobre la tierra: “Todavía la situación es grave: está en terapia y con riesgo de vida. Pero en ese marco todo lo que estuvo ocurriendo es favorable. A todos nos sorprendió su evolución. Incluso los médicos manifiestan que la evolución que está teniendo es asombrosa. Es muy rápida”.

Este jueves, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el diálogo con la familia quedó roto desde que el padre de Pablo acusó a Bullrich de ser cómplice. Fabián le responde: “Nosotros no cortamos nada porque nunca existió el diálogo. Lo mío fue una respuesta a una declaración mentirosa de Bullrich, por tanto si es que alguien cortó el diálogo fueron ellos. Yo estoy dispuesto a escuchar, si alguien me llama”. Y agregó: “A esta altura no lo espero (ese llamado). Espero poco. Pero demostraría que tienen todavía un grado de humanidad”. 

En relación a las mentiras de Bullrich sobre el trayecto del proyectil, expresó: “Me da vergüenza la forma en que fue acomodando la mentira. La va acomodando a medida que la realidad se lo desmiente, es hasta absurdo, burdo, grotesco: no sé que palabra utilizar”. Cuando le preguntaron si le diría algo al gendarme que, según los elementos reconstruidos hasta el momento, sería quien disparó (presuntamente, el cabo Guerrero), afirmó: “Personalmente no le diría nada. Sí lo vamos a decir de forma jurídica. El mejor diálogo que podemos tener con esta gente es en lo judicial”.

La causa, sin avances

Fabián estuvo acompañado por Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y a Paula Litvachky, del CELS, organismos que patrocinarán legalmente a la familia, que este 21 de marzo se presentó ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 para ser tenida en cuenta como querellante en la investigación judicial.

Lo más importante de la causa hasta ahora: desde el 12 de marzo “no se investigó nada y reclamamos que se empiece a investigar urgente”. Las abogadas cuentan el por qué: “La causa iniciada por la denuncia de la Procuvin (Procuraduría de Violencia Institucional) que dio inicio a la instrucción estaba presentada en el Juzgado 12 de Ariel Lijo, quien se la devolvió a la Jueza Servini de Cubría, que otra vez la rechazó. Ninguno de los dos quiere hacerse cargo de la investigación. Ahora irá a sorteo para definir quién la sigue. La Cámara Federal de Casación Penal tiene que resolver”. Agregan: “Hasta ahora el Ministerio de Seguridad dijo que no hará sumarios internos por el accionar de su Fuerza, lo que refleja el encubrimiento”. 

La causa aún no tiene carátula porque no está radicada en ningún juzgado. La denuncia presentada es por tentativa de homicidio agravado, por abuso de autoridad e incumplimiento de funcionario público.

Dice Paula Litvachky, del CELS: “Es muy importante que la causa salga de este limbo judicial y se inicie el pedido de pruebas antes de que pase más tiempo”.

Dice Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Esperamos que en estos primeros 9 días en los que no se hizo nada, no haya ninguna prueba que se haya destruido, modificado, alterado. Hay cámaras del Gobierno de la Ciudad que tienen un tiempo de duración determinado, o de negocios que también se van borrando y si no las pedís inmediatamente después ya no están. Es vergonzoso que un hecho así no lo esté investigando nadie”.

Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, es junto a Paula Litvachky, del CELS, la abogada que representa a la familia jurídicamente. En este video cuenta los avances de la causa judicial:

www.lavaca.org (@revistamu.bsky.social) 2025-03-21T19:54:48.310Z

Las abogadas pidieron una serie de pruebas. Las más relevantes: “Quién dio las órdenes, cómo se manifestaron esas órdenes y cuáles fueron, antes y después del impacto; cuál fue el protocolo que se aplicó, quienes integraban el equipo donde estaba incluido el cabo Guerrero y qué órdenes se le impartió a ese grupo en particular; qué armas utilizaron”. También exigen que se lo llame a indagatoria a Guerrero. “Ya hay suficientes elementos para hacerlo”.

Completa Paula Litvachky: “Hicimos una presentación con los hechos, tenemos un montón de pruebas para que se reconstruya ese tramo del operativo de modo tal que se pueda tener la responsabilidad de quién disparó y de toda la cadena jerárquica”.

Concluyen ambas: “Las pruebas están. Nunca hubo tanto registro fotográfico y audiovisual. Necesitamos el acompañamiento social para empujar a que se haga justicia y que no quieran desviar el foco de la investigación”.

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La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

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Traumatismo encéfalo craneano, herida cortante e irritación ocular: las heridas causadas a Beatriz Blanco (81 años) ya forman parte de una causa judicial que inició ella misma y también la Procuraduría de Violencia Institucional, y apunta contra dos efectivos que la gasearon y le pegaron, provocando su caída. También apunta a la responsable del operativo, la ministra Patricia Bullrich, que se desplegó el miércoles de manera feroz, pero que -plantea la denuncia- es parte de un “plan sistemático”. Beatriz fue golpeada a las 16:10, antes de los principales incidentes, mientras se manifestaba en una esquina: cómo fue el momento, según relata ella misma en la denuncia y cuenta su hija. Quién es esta jubilada que trabajó de todo. Cómo está: recuperándose, enojada y “con más fuerza que nunca”. La voz de una de sus hijas junto a quienes lucha por justicia, y paz.

Por Franco Ciancaglini.

La imagen de Beatriz Blanco cayendo en seco al suelo -tras ser gaseada y empujada por dos efectivos de la Policía Federal- dio la vuelta al mundo. 

En el video se ve el fin de una secuencia más larga que inicia cuando la Policía Federal empuja de manera violenta a jubiladas y jubilados que se encontraban haciendo el clásico semaforazo de todos los miércoles en el Congreso. 

“Ella lo que cuenta es que estaba con el grupo de jubilados, cortando Entre Ríos, para mostrar sus carteles. Y cuando el semáforo se pone verde se vuelven a la esquina. Y en ese momento vino la policía, apurando a todos los viejos a subirse a la vereda”.

La que habla es una de sus hijas, Paula.

El relato coincide con la temprana decisión de las fuerzas de abalanzarse sobre personas que hacen lo mismo todos los miércoles -un semaforazo, y luego una movilización que da la vuelta al Congreso-: Beatriz fue atacada a las 16:10. 

Esta vez, por lo especial de la fecha, los Policías iban además con el gas apretado y el palo suelto. Cualquiera que estuvo en la manifestación pudo apreciar cómo apenas una persona se acercaba a los efectivos, o incluso estando a metros, sin hacer nada, podía ser gaseado. Incluso teniendo 81 años.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Los camiones hidrantes fueron parte de la cacería desatada. Foto: Lina Etchesuri.

El arma y la palabra

Beatriz Blanco no está afiliada a ninguna barrabrava ni milita en ningún partido político.

Es jubilada.

Trabajó toda su vida como empleada en cooperativa de fletes, empleada cuidando niños, costurera, y de casera hasta los últimos tiempos.

Tiene tres hijas.

Una de ellas, Paula Ippolito, cuenta que junto a su madre Beatriz y su hermana Paula suelen ir juntas a las marchas. “Esta vez fue sola porque justo yo estaba operada de la rodilla. Suele ir, no va todos los miércoles pero cuando puede va”.

Beatriz ya conocía a varios y por eso se acercó al grupo de jubilados que realiza los miércoles el semaforazo. Luego de que la empujaran a la vereda, se puso a hablarle a un cordón policial, una práctica habitual de jubilados anodados ante la violencia sin sentido que ejercen las fuerzas: “Ella siempre es de ir y hablar, de decir qué están haciendo, cómo no les da vergüenza; mi mamá siempre como que quiere hacer conciencia. Ella le debería estar gritando al policía que estaba de espaldas y lo toca con el bastón como diciendo ´mirame´. Ahí el chabón se da vuelta y le tira el spray, y el otro que le pega con el palo en la cabeza”.

Ese combo, que representa un ataque, de gaseo, empujón y golpe, hace que Beatriz pierda el equilibrio instantáneamente, y caiga al suelo.

La primera pregunta es cómo está: “Se está recuperando. Está en reposo, en observación por el golpe que recibió en la cabeza. Está con mucho dolor en todo el cuerpo, con un poco de inestabilidad, con el dolor en los ojos por el gas que le tiraron. Tiene los ojos muy hinchadas: le tiraron gas directo en la cara”.

Este dato del gas directo a sus ojos explica a la vez la pérdida del equilibrio, desechando por tierra las mentiras del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que aseguró que se “cayó sola”. También el título de la empresa La Nación que habló de que la jubilada “atacó” a la policía previo a su “caída”: “Ella le tocó con su bastón para que se diera vuelta, para que la escucharan, no golpeó a nadie. Habría que mostrar los videos enteros donde la Policía increpa primero a los jubilados para que se suban a la vereda, con la agresividad que suelen tener”.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Beatriz Blanco, tras los gases recibidos y el golpe posterior. Foto: Lina Etchesuri.

El caso de Beatriz es uno de los dos -junto al del fotógrafo Pablo Grillo- denunciados por la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) ante la Cámara del Crimen. En esas denuncias a las que accedió lavaca, el organismo que se encarga de monitorear a las fuerzas -en estos tiempos, con menos entusiasmo- presenta como “pruebas” distintos recortes periodísticos alrededor del ataque a Beatriz. Y solicita a la justicia que requiera al Ministerio de Seguridad el personal policial afectado a los lugares de ambos ataques, así como los datos de la “sala de operaciones” a la que reportaban los agentes a cargo del operativo.

Por otro lado, la propia familia de Beatriz presentó una denuncia contra los dos agentes de la Policía Federal y contra la propia ministra Bullrich. Narra en su presentación lo mismo que refiere su hija en esta nota: “Siendo aproximadamente las 16:10 hs me encontraba en las inmediaciones de la esquina de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia de esta ciudad (…) cuando fui rociada con una sustancia lacerante por un efectivo de la Policía Federal. Inmediatamente después, y también a manos de un efectivo de la PFA, recibí un golpe en la cabeza, con un elemento que creo se denomina ‘tonfa’, lo que provoca mi caída al piso”.

Tras el golpe, Beatriz fue derivada al Hospital Argerich, donde diagnosticaron lo producido por el ataque: traumatismo encáfalo craneano, herida cortante e irritación ocular.

Por eso, por un lado, reclama la identificación de los dos efectivos que la atacaron, plausibles de ser responsables de “delitos de lesiones leves” agravadas por tratarse de personal de la fuerza. Y por otro, califica a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich como “autora mediata” por ser responsable del operativo y algo más: la valiente presentación habla de que estos hechos son parte de un plan sistemático.

La causa de la caída: la denuncia de Beatriz Blanco, la jubilada gaseada y golpeada por la Policía

Una síntesis del plan sistemático. Foto: Juan Valeiro.

“Como en los momentos más aciagos de nuestra historia, desde el Poder Ejecutivo se ha montado un Programa de Miseria Planificada cuya consecuencia natural es la Protesta Social. Y sabido es que este tipo de políticas socioeconómicas sólo resultan aplicables cuando se pone a disposición de las mismas al aparato represor del Estado”.

Firma toda esta historia la propia Beatriz, acaso poniendo en contexto lo que representan los golpes que sufrió, su historia y el futuro por el que pelea junto a sus hijas. “Nosotras somos fieles a las marchas que son para los derechos del pueblo”, cuenta Paula, una de ellas. “No militamos en ningún partido político, siempre vamos independientes y solas”, aclara por si hiciera falta.

Paula habla siempre en plural femenino, pensando en su madre y su hermana. Desde ese lugar cuenta: “Nos están sacando todo. Nos están metiendo miedo para que no salgamos a las calles. Están imponiendo todo lo que quieren imponer. Siempre estamos atentas a todas las luchas. Esto va a por todos, no es solamente por los jubilados. A mi me han robado plata con la AFJP a pesar de que ya tengo 30 años de aportes. Estos vienen por todo, por todo lo que conquistamos”.

Junto a Natalia, las jóvenes militan tocando tambores en Batuka, uno de los conjuntos que lleva el ritmo a la calle y es la banda de sonido de la protesta social y la lucha. Hoy, del lado de la víctima, Paula asegura: “Estamos luchando para que esto no vuelva a suceder. Para que tengamos memoria y el pueblo no se duerma. No tenemos miedo. Ya la verdad que queda poco por perder”.

Esta lucha incluye, claro, a Beatriz: “Está más fuerte que nunca. Está enojada, muy enojada. Pero está fuerte para seguir la lucha”.

La lucha, ahora, es por justicia: “Solamente queremos que los responsables tengan justicia, sean los policías o la ministra de Seguridad: que la justicia trabaje a favor del pueblo. Y que no salga nadie más impune”. 

¿Tenés esperanzas? “Y no. Pero hay que hacerlo igual: nos corresponde”.

La esperanza tal vez siga estando en la calle, mientras estas jóvenes sin contención psicológica ni asistencia estatal de ningún tipo enfrentan los golpes: “Estamos nosotras, las hijas, para cuidarla y para que se reponga de esto”.

¿Necesitan algo? “Sí: paz”.

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