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Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Publicada

hace 8 años

20/09/2017

La desaparición forzada de Santiago Maldonado es el punto de inflexión de un proceso del que es víctima la comunidad Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, que incluye la detención de su lonko, Jones Huala, las constantes represiones violentas y las causas armadas. Cuál es el rol de Benetton en este proceso y qué significa trabajar en sus campos. Los argumentos que consideran ilegal la detención de Huala y el incumplimiento del Estado argentino de los derechos de los pueblos originarios. La posición de la comunidad azotada por la justicia y la Gendarmería con respecto a la RAM. “No somos ese grupo ni pertenecemos a él, pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para justificar las represiones”, asegura Fernando Jones Huala. ¿Cuál es la salida? “La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos”, dice el lonko de la comunidad. Una nota que pone en contexto la pregunta que el Estado argentino sigue sin responder: ¿dónde está Santiago Maldonado?

Daniel Loncón, uno de los werken (voceros) de la comunidad Pu Lof en Resistencia, del Departamento de Cushamen, define con tres preguntas básicas el contexto que no hay que perder de vista en la desaparición forzada de Santiago Maldonado: “¿Por qué desaparece Santiago? Por una represión de Gendarmería. ¿Por qué reprime Gendarmería? Porque se estaba protestando por la libertad de un lonko preso hacía un mes. ¿Por qué está preso el lonko? Ahí nos remite a la cuestión territorial: ese despojo es la génesis histórica de todo esto. Desde que se inició la recuperación el 13 de marzo de 2015, nuestra comunidad sufrió una persecución y represión sistemática por parte de la Justicia y el Estado”.
Facundo Jones Huala está detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel desde el 27 de junio por un pedido de captura internacional para ser extraditado a Chile. Las abogadas que han representado al lonko a lo largo del proceso han descrito la decisión judicial como una “aberración jurídica”. ¿Por qué? El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por los mismos hechos que habían sido materia de juicio de extradición en Esquel, el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. El juez federal Guido Otranto declaró la nulidad del juicio porque no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.
La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, también señaló a lavaca que esa escalada represiva sobre la comunidad es el contexto en el que debe leerse la desaparición de Santiago Maldonado: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”.

Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Jones Huala

El hostigamiento
La primera detención de Jones Huala se produjo el 27 de mayo de 2016 en un violento despliegue de efectivos provinciales, Gendarmería y GEOP. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales regresaron a la comunidad y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería. No fue esa la única represión que sufrió la comunidad: en enero, la Pu Lof soportó tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. También se llevaron animales. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo. Como informó la Revista Cítrica, uno de los detenidos ese día fue Ariel Garzi, el amigo de Santiago que lo llamó por teléfono luego de su desaparición, en esa llamada que fue atendida y duró 22 segundos que aún es misterio, ya que la justicia no la investigó.
La comunidad también tuvo que enfrentar una causa judicial que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista y que abrió la puerta a un espionaje ilegal, por el cual fueron procesados dos fiscales provinciales, dos jefes policiales y un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI,. El procesamiento de todos estos funcionarios de Estado fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “El primer grupo de la comunidad que inició este proceso de recuperación fue baleado por policías que llegaron en autos de civil”, dice a lavaca Fernando Jones Huala, hermano del lonko y otro de los voceros. “Los peñi y las lamien pusieron carteles en el alambrado y a la media hora llegaron en dos autos de civil policías uniformados. Enseguida empezaron a los tiros. Muchas veces denunciamos el uso de armas 9mm, pero pocas veces pudimos recoger las vainas: la persona que dispara viene con otra atrás, que va juntando las vainas. La mayoría de las veces no podíamos encontrarlas. A eso se sumó el armado de causas: tenemos más de 25 personas procesadas en diferentes causas en torno a la recuperación, que se suman al lonko preso”.
Sobre la segunda detención de Jones Huala, dice Loncón: “Esta decisión es más política que judicial. Evidencia una persecución en términos de pensamiento. Desde la Pu Lof se está planteando una propuesta política del Movimiento Autónomo del Puel Mapu y eso es lo que más le genera terror al poder. No le tiene miedo a las piedras, sino a la lucha de las ideas. El MAP está planteando un proyecto político muy claro: uno de sus proyectos es la recuperación de las tierras productivas que hoy están en manos del latifundio. Y eso afecta una cuestión central en este sistema hegemónico de poder, que es la concentración de la riqueza”.
-Allí aparece Benetton como eje central
-Cuando la comunidad Santa Rosa viajó a Roma a reunirse con Benetton, allí no se pudo llegar a una solución. La propuesta fue otorgarle tierras en otros lugares, donde la comunidad no aceptó. Si se quiere podemos decir que el privado tuvo más iniciativa que el propio Estado, porque el artículo 75 inciso 17, más allá de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, también reconoce la entrega de tierras aptas y suficientes. Benetton tuvo la iniciativa de entregar tierras, que no eran aptas ni suficientes, pero el Estado no hizo ese ejercicio. Contrariamente a eso ha favorecido al capital privado y extranjero al momento de allanarle el camino administrativo y jurídico para quedarse con esas tierras. Hemos denunciado que no es ingenuo este proceso de corrimiento estatal: ese esquema perverso vemos en el sur.

El patrón Benetton
El “esquema perverso” que describe Loncón lo lleva en su cuerpo y en su historia: el werken cuenta a lavaca que de niño podían pasar dos meses hasta que pudiera ver a su papá, que trabajaba en los campos del actor central en esta trama de despojo: Benetton.
“Tenía que viajar entre 6 y 7 horas a caballo, invierno o verano, cruzar el Río Chubut, un río que crecido llega hasta el lomo del caballo. Muchas veces lo vi llegar con la ropa mojada. Son las condiciones históricas bajo las que nuestras familias vivieron y viven. Ahora tenemos el agravante de que en los pueblos, caso Cushamen o El Maitén, tenemos una dependencia total del poder político, sumado a una avanzada colonizadora y religiosa atroz”.
-¿Qué trabajo hacía su padre en los campos de Benetton?
-Empezó cuando pertenecía a los ingleses y se jubiló hace unos años, cuando ya estaba la administración Benetton. Era peón de campo y sufría las mismas condiciones del 99 por ciento de las personas que están en esos lugares y territorios. Cuando de chico iba a la estancia veía cómo los carneros que la estancia exhibe en las exposiciones de la Sociedad Rural en Comodoro o en Esquel, que se cotizan en dólares, vivían en condiciones muchos mejores que los peones: tenían viruta en el piso para que no se dañen las patas, luz eléctrica y agua y alimento a discreción, algo que no tenían los empleados. Ellos vivían en una piecita muy pequeña, tenían un fogón con leña, al lado tenían el recabo (la montura del caballo) y el perro. Esa era la existencia del peón, sus elementos. Como dice Cafrune, qué otra cosa puede mostrar el peón que no sea su pobreza. Esa es la historia repetida de muchas de nuestras familias. De hecho, la condición del peón que estuvo vapuleado todas estas semanas (Evaristo Jones, el puestero a quien querían endilgarle la posible muerte de Maldonado) no varía mucho de las condiciones de vida y de existencia. Ningún medio mostró cómo ni dónde vive, ni los trabajos que tiene que hacer. Tampoco que, en muchos casos, trabaja toda la familia, pero le pagan solo al peón. Ni tampoco cuentan que el mantenimiento de los puestos no es remunerado.
La Justicia criminaliza dos veces
Aún no hay fecha para el segundo juicio de extradición del lonko Jones Huala. La comunidad y organismos de derechos humanos denunciaron su ilegal detención y señalan que el anterior proceso fue declarado nulo por el juez Otranto. “No se puede autorizar la extradición solicitada respecto de Francisco Facundo Jones Huala, sin violar su garantía al debido proceso legal”, es el textual de la sentencia.
¿Por qué es violatorio? Porque las fuerzas estatales cometieron un delito gravísimo para inculparlo. Esto dijo el juez en el fallo.
“[…] se deriva con claridad que todas las manifestaciones que realizó (el testigo) mientras estuvo detenido fueron producto de la coacción que recibió de parte del personal policial para que revele datos de los autores de las pintadas que habían aparecido en la ciudad de Gualjaina referidas a la Resistencia Ancestral Mapuche. Fue coaccionado físicamente a través de golpes y psíquicamente mediante la amenaza de que él quedaría involucrado en ese hecho si no declaraba lo que se le exigía. De esta coacción surgió la vinculación de Francisco Facundo Jones Huala con las pintadas, con el incendio del camión, la conformación de la Resistencia Ancestral Mapuche, los planes de recuperación territorial y la condición de prófugo de la justicia chilena”.
Luego de este fallo del juez Otranto, la fiscal Silvina Ávila (la misma que hoy investiga el expediente de la desaparición forzada de Maldonado) y el procurador Eduardo Casal solicitaron a la Corte Suprema que revocara la nulidad. La Corte Suprema la confirmó, pero en el mismo sentido que Otranto: no se expidió sobre el motivo de la extradición. Ese vacío es el que aprovechó el juez federal Villanueva para ordenar la detención de Huala. El argumento judicial es que la sentencia no impide dar curso a un nuevo pedido de extradición ya que la solicitud no quedó decidida de forma definitiva.
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) habían presentado un amicus curiae para exigir la liberación del lonko que sintetiza el estado de la causa:

La orden de captura internacional fue dejada sin efecto el 30 de mayo de 2016, resolución que fue “debidamente comunicada a las autoridades nacionales como al Jefe de Sección Extradiciones Departamento de INTERPOL”.
“Resaltamos, conforme la información que manejamos, que no se ha dictado una nueva orden de captura internacional, ni tampoco existe un nuevo requerimiento de extradición de parte del Estado de Chile contra Jones Huala”.
“La detención de Jones Huala, en nuestra opinión, resultaría arbitraria, ilegítima y abusiva. No existirían, a nuestro criterio, motivos razonables que fundamenten la necesidad de que Jones Huala sea privado de su libertad”.

El MAP no es la RAM: una diferencia que no es sólo de siglas
Loncon explica que la Pu Lof en Resistencia de Cushamen forma parte del MAP, cuyas reivindicaciones se diferencian de otras coordinadoras o confederaciones mapuche. “Cada una tiene su camino, se han ido organizando en cada momento histórico como se puede. Somos respetuosos de las diversas expresiones que nuestro pueblo tiene, porque si bien compartimos una historia común de despojo, cada uno tiene sus formas. Algunos eligen la vía administrativa de reclamo. Nuestros abuelos muriendo yendo por allí, recorriendo dependencias y organismos estatales pidiendo títulos de propiedad, algo que medianamente les asegure su territorio. Hoy se buscan otras formas de denunciar y de mostrar cierto hartazgo”.
Los werken explican cuáles son las reivindicaciones centrales del MAP:

Recuperación de todo el territorio ancestral. “Por eso las recuperaciones no se hacen donde fueron confinados nuestros antepasados, sino en tierras productivas. Qué pasa: esas tierras hoy están en manos de los latifundios y de los ricos”.
Mejoramiento de la calidad de vida mediante la autonomía y el trabajo propio. “Cuando hablamos de autonomía queremos echar por tierra la reacción al mito de un supuesto Estado mapuche. Nadie habla de eso: nosotros convocamos las legislaciones que el mismo Estado ha establecido. No implica poner en peligro la soberanía de nadie: pasa que tenemos un Estado monocultural, construido bajo un sustrato racista muy grande que no quiere entender otras formas de desarrollo de vida”.
Ejercicio de derechos políticos y sociales. “Nuestras recuperaciones necesitan un territorio para desarrollarse”.

-A través de un comunicado, varias organizaciones mapuche expresaron que la RAM era un invento de servicios de inteligencia, cuyas acciones servían como ventana a la represión. ¿Cúal es la posición del MAP?
Loncon: Las acciones existen, no se pueden negar, pero no podemos aseverar ni adjudicarlas a una comunidad determinada. En Chubut hay más de 110 comunidades registradas. Ninguna se ha adjudicado esas acciones.
Jones Huala: La forma de expresión existe, pero no hay forma de comprobar específicamente cuál acción corresponde a esta organización y cuál a un servicio de inteligencia. Por ejemplo, el día que se llevaron a Santiago se prendió fuego mágicamente una estación de la Trochita que está pegada al pueblo de El Maitén, lleno de gendarmes y policías. ¿Cómo puede ser? La comunidad ha manifestado hace mucho tiempo que no somos ese grupo ni pertenecemos a él. Pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para ir preparando el escenario para meter las represiones.
Loncon: Veamos los ataques a la Casa del Chubut, en Buenos Aires: ¿permitirían esas acciones pensar que el Gobierno tiene vínculos con la RAM porque habilitó la zona ese día? En Chile ya habíamos empezado a ver que son muy comunes los montajes: tienen figuras, como “testigos ocultos”, que te señalan como culpable de un incendio y la fiscalía luego se agarra de eso para perseguirte. Nosotros decimos: ojo, Argentina está mirando mucho el modelo represivo chileno. Allí hay muertos por carabineros y secuestrados por la PDI (Policía de Investigaciones). No nos olvidemos que cuando en Argentina ocurre la Conquista del Desierto se produce, a su vez, la pacificación de la araucanía en Chile. Fue una avanzada militar conjunta. Hemos visto cómo el aparato estatal genera condiciones para problemas con la solución ya preparada. Hemos visto en el sur cómo se produce el llamado “estado de excepción”, es decir, la suspensión de todo tipo de orden con lapsus de tiempo donde puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que pasa cuando la Gendarmería corta la ruta y los accesos, para generar un terreno donde puede pasar de todo. Ahora hubo algo que trascendió: la desaparición de Santiago. Y, desde allí, el Estado junto a los medios monopólicos pueden instalar cualquier tipo de relato.
La salida
-¿Qué escenarios se abren con el nuevo juicio al lonko?
Jones Huala: El juicio anterior fue ratificado por la Corte Suprema y allí salió todo el espionaje ilegal que sufrimos. Allí quedó evidenciada la persecución política e ideológica contra Facundo y la violencia institucional que llevan adelante para ejercer esa persecución. En este nuevo proceso se suman todas las irregularidades que hay en torno a él y, también, la desaparición de Santiago: a él lo desaparecen por reclamar la libertad de Facundo. De todas maneras, quien decide en última instancia es la Corte Suprema. Creo que parte de ese nuevo escenario lo va a definir el propio Gobierno, pero también la movilización social que se viene dando.
Loncon: Hay un estado de creación de conciencia de nuestra gente y pueblo en la cual estamos muy esperanzados, porque Facundo pudo sintetizar muchos años de despojo, de condiciones indignas de existencia, de condiciones materiales de vida desfavorables, y lo pudo sintetizar en un discurso que ha llegado muchísimo. Eso genera una movilización social que va adquiriendo su propio camino. Entendemos que más allá de la presión que tenga el juez está la presión social, y la que se va a seguir generando hasta el mismo momento del juicio, porque la situación llegó hasta niveles internacionales. Ha movilizado cosas en diferentes partes del mundo. Esperamos que todo esto termine en la no extradición y liberación del lonko. Hay pruebas de sobra para exponer este terrorismo de Estado que sufre la comunidad mapuche. Es un conflicto político histórico, en el cual el Estado debe asumir la responsabilidad de ser quien ha generado, promovido y sostenido el conflicto, a costa de la gente.
Jones Huala: No es solo el pueblo mapuche el que sufre esta violencia, también el pueblo qom, wichi: es necesario que el Estado adopte todas las medidas necesarias y todas las herramientas constitucionales y supraconstitucionales que tiene para poder resolver este conflicto.
Loncon: La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos.

Temas:

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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

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hace 1 día

28/10/2025

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?

El podcast completo:

Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.

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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después

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hace 7 días

22/10/2025

Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.

Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Fotos Juan Valeiro

El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.

Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después — Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.

Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.

Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.

La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:

“Que no te vendan gato por león”.
“¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.

Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:

Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.

Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.

Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.

Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.

Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.

La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.

Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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hace 2 semanas

17/10/2025

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas — Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.

Misión imposible: la ¿increíble? historia de Sabrina Ortiz

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.