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Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado

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La desaparición forzada de Santiago Maldonado es el punto de inflexión de un proceso del que es víctima la comunidad Pu Lof en Resistencia, de Cushamen, que incluye la detención de su lonko, Jones Huala, las constantes represiones violentas y las causas armadas. Cuál es el rol de Benetton en este proceso y qué significa trabajar en sus campos. Los argumentos que consideran ilegal la detención de Huala y el incumplimiento del Estado argentino de los derechos de los pueblos originarios. La posición de la comunidad azotada por la justicia y la Gendarmería con respecto a la RAM. “No somos ese grupo ni pertenecemos a él, pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para justificar  las represiones”, asegura Fernando Jones Huala. ¿Cuál es la salida? “La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de  incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos”, dice el lonko de la comunidad. Una nota que pone en contexto la pregunta que el Estado argentino sigue sin responder: ¿dónde está Santiago Maldonado?
Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago MaldonadoViolencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado
Daniel Loncón, uno de los werken (voceros) de la comunidad Pu Lof en Resistencia, del Departamento de Cushamen, define con tres preguntas básicas  el contexto que no hay que perder de vista en la desaparición forzada de Santiago Maldonado:  “¿Por qué desaparece Santiago? Por una represión de Gendarmería. ¿Por qué reprime Gendarmería? Porque se estaba protestando por la libertad de un lonko preso hacía un mes. ¿Por qué está preso el lonko? Ahí nos remite a la cuestión territorial: ese despojo es la génesis histórica de todo esto. Desde que se inició la recuperación el 13 de marzo de 2015, nuestra comunidad sufrió una persecución y represión sistemática por parte de la Justicia y el Estado”.
Facundo Jones Huala está detenido en la Unidad Penitenciaria Federal N°14 de Esquel desde el 27 de junio por un pedido de captura internacional para ser extraditado a Chile. Las abogadas que han representado al lonko a lo largo del proceso han descrito la decisión judicial como una “aberración jurídica”. ¿Por qué? El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, ordenó su detención por los mismos hechos que habían sido materia de juicio de extradición en Esquel, el 31 de agosto y el 1 de septiembre del año pasado. El juez federal Guido Otranto declaró la nulidad del juicio porque no se cumplieron las garantías del debido proceso: el dato que permitió ubicar a Jones Huala en Argentina fue obtenido bajo torturas a un testigo.
La abogada de la familia Maldonado,  Verónica Heredia, también señaló a lavaca que esa escalada represiva sobre la comunidad es el contexto en el que debe leerse la desaparición de Santiago Maldonado: “Lo que ocurrió el 1 de agosto forma parte de una práctica sistemática de represión por parte de Gendarmería al pueblo mapuche. Esto es una desaparición forzada anunciada: se da por una sistemática violación de derechos por las fuerzas policiales con apoyo del poder político y el silencio del Poder Judicial”.

Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado

Jones Huala


El hostigamiento
La primera detención de Jones Huala se produjo el 27 de mayo de 2016 en un violento despliegue de efectivos provinciales, Gendarmería y GEOP. Ese mismo día, horas después y con el lonko ya preso, las fuerzas policiales regresaron a la comunidad y desalojaron a golpes y gases lacrimógenos: hubo heridos y detenidos, y dos mujeres con cuatro niños –el menor de 1 mes, el mayor de 8 años- pasaron la noche a la intemperie, con 10 grados bajo cero, custodiadas por Gendarmería. No fue esa la única represión que sufrió la comunidad: en enero, la Pu Lof soportó tres operativos violentos por parte de la Gendarmería, Infantería y policía provincial, que golpearon y dispararon contra niños y mujeres. También se llevaron animales. Hubo diez detenidos y varios heridos de gravedad, internados. A uno de ellos le fracturaron la mandíbula de un balazo y otro estuvo en terapia intensiva con traumatismo de cráneo. Como informó la Revista Cítrica, uno de los detenidos ese día fue Ariel Garzi, el amigo de Santiago que lo llamó por teléfono luego de su desaparición, en esa llamada que fue atendida y duró 22 segundos que aún es misterio, ya que la justicia no la investigó.
La comunidad también tuvo que enfrentar una causa  judicial que intentó aplicarles la Ley Antiterrorista y que abrió la puerta a un espionaje ilegal, por el cual fueron procesados dos fiscales provinciales, dos jefes policiales y un agente de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI,. El procesamiento de todos estos funcionarios de Estado fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. “El primer grupo de la comunidad que inició este proceso de recuperación fue baleado por policías que llegaron en autos de civil”, dice a lavaca Fernando Jones Huala, hermano del lonko y otro de los voceros. “Los peñi y las lamien pusieron carteles en el alambrado y a la media hora llegaron en dos autos de civil policías uniformados. Enseguida empezaron a los tiros. Muchas veces denunciamos el uso de armas 9mm, pero pocas veces pudimos recoger las vainas: la persona que dispara viene con otra atrás, que va juntando las vainas. La mayoría de las veces no podíamos encontrarlas. A eso se sumó el armado de causas: tenemos más de 25 personas procesadas en diferentes causas en torno a la recuperación, que se suman al lonko preso”.
Sobre la segunda detención de Jones Huala, dice Loncón: “Esta decisión es más política que judicial. Evidencia una persecución en términos de pensamiento. Desde la Pu Lof se está planteando una propuesta política del Movimiento Autónomo del Puel Mapu y eso es lo que más le genera terror al poder. No le tiene miedo a las piedras, sino a la lucha de las ideas. El MAP está planteando un proyecto político muy claro: uno de sus proyectos es la recuperación de las tierras productivas que hoy están en manos del latifundio. Y eso afecta una cuestión central en este sistema hegemónico de poder, que es la concentración de la riqueza”.
-Allí aparece Benetton como eje central
-Cuando la comunidad Santa Rosa viajó a Roma a reunirse con Benetton, allí no se pudo llegar a una solución. La propuesta fue otorgarle tierras en otros lugares, donde la comunidad no aceptó. Si se quiere podemos decir que el privado  tuvo más iniciativa que el propio Estado, porque el artículo 75 inciso 17, más allá de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos, también reconoce la entrega de tierras aptas y suficientes. Benetton tuvo la iniciativa de entregar tierras, que no eran aptas ni suficientes, pero el Estado no hizo ese ejercicio. Contrariamente a eso ha favorecido al capital privado y extranjero al momento de allanarle el camino administrativo y jurídico para quedarse con esas tierras. Hemos denunciado que no es ingenuo este proceso de corrimiento estatal: ese esquema perverso vemos en el sur.
Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado
El patrón Benetton
El “esquema perverso” que describe Loncón lo lleva en su cuerpo y en su historia: el werken cuenta a lavaca que de niño podían pasar dos meses hasta que pudiera ver a su papá, que trabajaba en los campos del actor central en esta trama de despojo: Benetton.
“Tenía que viajar entre 6 y 7 horas a caballo, invierno o verano, cruzar el Río Chubut, un río que crecido llega hasta el lomo del caballo. Muchas veces lo vi llegar con la ropa mojada. Son las condiciones históricas bajo las que nuestras familias vivieron y viven. Ahora tenemos el agravante de que en los pueblos, caso Cushamen o El Maitén, tenemos una dependencia total del poder político, sumado a una avanzada colonizadora y religiosa atroz”.
-¿Qué trabajo hacía su padre en los campos de Benetton?
-Empezó  cuando pertenecía a los ingleses y se jubiló hace unos años, cuando ya estaba la administración Benetton. Era peón de campo y sufría las mismas condiciones del 99 por ciento de las personas que están en esos lugares y territorios. Cuando de chico iba a la estancia veía cómo los carneros que la estancia exhibe en las exposiciones de la Sociedad Rural en Comodoro o en Esquel, que se cotizan en dólares, vivían en condiciones muchos mejores que los peones: tenían viruta en el piso para que no se dañen las patas, luz eléctrica y agua y alimento a discreción, algo que no tenían los empleados. Ellos vivían en una piecita muy pequeña, tenían un fogón con  leña, al lado tenían el recabo (la montura del caballo) y el perro. Esa era la existencia del peón, sus elementos. Como dice Cafrune, qué otra cosa puede mostrar el peón que no sea su pobreza. Esa es la historia repetida de muchas de nuestras familias. De hecho, la condición del peón que estuvo vapuleado todas estas semanas (Evaristo Jones, el puestero a quien querían endilgarle la posible muerte de Maldonado) no varía mucho de las condiciones de vida y de existencia. Ningún medio mostró cómo ni dónde vive, ni los trabajos que tiene que hacer. Tampoco que, en muchos casos, trabaja toda la familia, pero le pagan solo al peón. Ni tampoco cuentan que el mantenimiento de los puestos no es remunerado.
La Justicia criminaliza dos veces
Aún no hay fecha para el segundo juicio de extradición del lonko Jones Huala. La comunidad y organismos de derechos humanos denunciaron su ilegal detención y señalan que el anterior proceso fue declarado nulo por el juez Otranto. “No se puede autorizar la extradición solicitada respecto de Francisco Facundo Jones Huala, sin violar su garantía al debido proceso legal”, es el textual de la sentencia.
¿Por qué es violatorio? Porque las fuerzas estatales cometieron un delito gravísimo para inculparlo. Esto dijo el juez en el fallo.
“[…] se deriva con claridad que todas las manifestaciones que realizó (el testigo) mientras estuvo detenido fueron producto de la coacción que recibió de parte del personal policial para que revele datos de los autores de las pintadas que habían aparecido en la ciudad de Gualjaina referidas a la Resistencia Ancestral Mapuche. Fue coaccionado físicamente a través de golpes y psíquicamente mediante la amenaza de que él quedaría involucrado en ese hecho si no declaraba lo que se le exigía. De esta coacción surgió la vinculación de Francisco Facundo Jones Huala con las pintadas, con el incendio del camión, la conformación de la Resistencia Ancestral Mapuche, los planes de recuperación territorial y la condición de prófugo de la justicia chilena”.
Luego de este fallo del juez Otranto, la fiscal Silvina Ávila (la misma que hoy investiga el expediente de la desaparición forzada de Maldonado) y el procurador Eduardo Casal solicitaron a la Corte Suprema que revocara la nulidad. La Corte Suprema la confirmó, pero en el mismo sentido que Otranto: no se expidió sobre el motivo de la extradición. Ese vacío es el que aprovechó el juez federal Villanueva para ordenar la detención de Huala.  El argumento judicial es que la sentencia no impide dar curso a un nuevo pedido de extradición ya que la solicitud no quedó decidida de forma definitiva.
Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) habían presentado un amicus curiae para exigir la liberación del lonko que sintetiza el estado de la causa:

  • La orden de captura internacional fue dejada sin efecto el 30 de mayo de 2016, resolución que fue “debidamente comunicada a las autoridades nacionales como al Jefe de Sección Extradiciones Departamento de INTERPOL”.
  • “Resaltamos, conforme la información que manejamos, que no se ha dictado una nueva orden de captura internacional, ni tampoco existe un nuevo requerimiento de extradición de parte del Estado de Chile contra Jones Huala”.
  • “La detención de Jones Huala, en nuestra opinión, resultaría arbitraria, ilegítima y abusiva. No existirían, a nuestro criterio, motivos razonables que fundamenten la necesidad de que Jones Huala sea privado de su libertad”.

Violencia sin derecho: el Estado, el reclamo mapuche y la desaparición forzada de Santiago Maldonado
El MAP no es la RAM: una diferencia que no es sólo de siglas
Loncon explica que la Pu Lof en Resistencia de Cushamen forma parte del MAP, cuyas reivindicaciones se diferencian de otras coordinadoras o confederaciones mapuche. “Cada una tiene su camino, se han ido organizando en cada momento histórico como se puede. Somos respetuosos de las diversas expresiones que nuestro pueblo tiene, porque si bien compartimos una historia común de despojo, cada uno tiene sus formas. Algunos eligen la vía administrativa de reclamo. Nuestros abuelos muriendo yendo por allí, recorriendo dependencias y organismos estatales pidiendo títulos de propiedad, algo que medianamente les asegure su territorio. Hoy se buscan otras formas de denunciar y de mostrar cierto hartazgo”.
Los werken explican cuáles son las reivindicaciones centrales del MAP:

  • Recuperación de todo el territorio ancestral. “Por eso las recuperaciones no se hacen donde fueron confinados nuestros antepasados, sino en tierras productivas. Qué pasa: esas tierras hoy están en manos de los latifundios y de los ricos”.
  • Mejoramiento de la calidad de vida mediante la autonomía y el trabajo propio. “Cuando hablamos de autonomía queremos echar por tierra la reacción al mito de un supuesto Estado mapuche. Nadie habla de eso: nosotros convocamos las legislaciones que el mismo Estado ha establecido. No implica poner en peligro la soberanía de nadie: pasa que tenemos un Estado monocultural, construido bajo un sustrato racista muy grande que no quiere entender otras formas de desarrollo de vida”.
  • Ejercicio de derechos políticos y sociales. “Nuestras recuperaciones necesitan un territorio para desarrollarse”.

-A través de un comunicado, varias organizaciones mapuche expresaron que la RAM era un invento de servicios de inteligencia, cuyas acciones servían como ventana a la represión. ¿Cúal es la posición del MAP?
Loncon: Las acciones existen, no se pueden negar, pero no podemos aseverar ni adjudicarlas a una comunidad determinada. En Chubut hay más de 110 comunidades registradas. Ninguna se ha adjudicado esas acciones.
Jones Huala: La forma de expresión existe, pero no hay forma de comprobar específicamente cuál acción corresponde a esta organización y cuál a un servicio de inteligencia. Por ejemplo, el día que se llevaron a Santiago se prendió fuego mágicamente una estación de la Trochita que está pegada al pueblo de El Maitén, lleno de gendarmes y policías. ¿Cómo puede ser? La comunidad ha manifestado hace mucho tiempo que no somos ese grupo ni pertenecemos a él. Pero siguen insistiendo. Intentan adjudicarnos hechos de violencia para ir preparando el escenario para meter las represiones.
Loncon: Veamos los ataques a la Casa del Chubut, en Buenos Aires: ¿permitirían esas acciones pensar que el Gobierno tiene vínculos con la RAM porque habilitó la zona ese día? En Chile ya habíamos empezado a ver que son muy comunes los montajes: tienen figuras, como “testigos ocultos”, que te señalan como culpable de un incendio y la fiscalía luego se agarra de eso para perseguirte. Nosotros decimos: ojo, Argentina está mirando mucho el modelo represivo chileno. Allí hay muertos por carabineros y secuestrados por la PDI (Policía de Investigaciones). No nos olvidemos que cuando en Argentina ocurre la Conquista del Desierto se produce, a su vez, la pacificación de la araucanía en Chile. Fue una avanzada militar conjunta. Hemos visto cómo el aparato estatal genera condiciones para problemas con la solución ya preparada. Hemos visto en el sur cómo se produce el llamado “estado de excepción”, es decir, la suspensión de todo tipo de orden con lapsus de tiempo donde puede pasar cualquier cosa. Eso es lo que pasa cuando la Gendarmería corta la ruta y los accesos, para generar un terreno donde puede pasar de todo. Ahora hubo algo que trascendió: la desaparición de Santiago. Y, desde allí, el Estado junto a los medios monopólicos pueden instalar cualquier tipo de relato.
La salida
-¿Qué escenarios se abren con el nuevo juicio al lonko?
Jones Huala: El juicio anterior fue ratificado por la Corte Suprema y allí salió todo el espionaje ilegal que sufrimos. Allí quedó evidenciada la persecución política e ideológica contra Facundo y la violencia institucional que llevan adelante para ejercer esa persecución. En este nuevo proceso se suman todas las irregularidades que hay en torno a él y, también, la desaparición de Santiago: a él lo desaparecen por reclamar la libertad de Facundo. De todas maneras, quien decide en última instancia es la Corte Suprema. Creo que parte de ese nuevo escenario lo va a definir el propio Gobierno, pero también la movilización social que se viene dando.
Loncon: Hay un estado de creación de conciencia de nuestra gente y pueblo en la cual estamos muy esperanzados, porque Facundo pudo sintetizar muchos años de despojo, de condiciones indignas de existencia, de condiciones materiales de vida desfavorables, y lo pudo sintetizar en un discurso que ha llegado muchísimo. Eso genera una movilización social que va adquiriendo su propio camino. Entendemos que más allá de la presión que tenga el juez está la presión social, y la que se va a seguir generando hasta el mismo momento del juicio, porque la situación llegó hasta niveles internacionales. Ha movilizado cosas en diferentes partes del mundo. Esperamos que todo esto termine en la no extradición y liberación del lonko. Hay pruebas de sobra para exponer este terrorismo de Estado que sufre la comunidad mapuche. Es un conflicto político histórico, en el cual el Estado debe asumir la responsabilidad de ser quien ha generado, promovido y sostenido el conflicto, a costa de la gente.
Jones Huala: No es solo el pueblo mapuche el que sufre esta violencia, también el pueblo qom, wichi: es necesario que el Estado adopte todas las medidas necesarias y todas las herramientas constitucionales y supraconstitucionales que tiene para poder resolver este conflicto.
Loncon: La salida de todo esto no es represiva: es política; es sentarse a una mesa a discutir, poder avanzar con acuerdos y que el Estado se haga cargo de años de  incumplimiento de tratados y leyes que reconocen nuestros derechos.
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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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