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Seis años sin Daniel Solano
A Daniel Solano lo vieron por última vez la madrugada del 5 de noviembre de 2011 en una disco en Choele-Choel, Río Negro. Hoy sigue desaparecido. Testigos declararon cómo esa noche la policía lo emboscó, lo golpeó y se lo llevó tras reclamar por su sueldo como trabajador contratado por Agrocosecha, empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina. Hay siete efectivos procesados que irán a juicio en febrero del año que viene por “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Un juez autorizó el 15 de noviembre su búsqueda en un jagüel que un testigo señaló como el lugar donde habrían arrojado el cuerpo, pero la pericia está en riesgo por su elevado costo. Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia, dijo a lavaca: “El dinero lo tiene que aportar el Estado”. Mientras, su padre, Gualberto Solano, exige hace seis años que le devuelvan a su hijo.
A Daniel Solano lo vieron por última vez en la madrugada del sábado 5 de noviembre de 2011 en la disco Macuba en Choele-Choel, Río Negro. Era la tercera vez que Daniel –guaraní de la comunidad Misión Cherenta (Tartagal, Salta), obrero, 27 años- recorría los 2.300 kilómetros desde Tartagal hasta la cosecha de manzanas en Río Negro, en la localidad de Lamarque (a 17 kilómetros de Choele Choel), donde vivía hacinado con otros 150 trabajadores en un galpón y dedicaba el día entero al trabajo contratado por Agrocosecha S.R.L., empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina, sello criollo de la multinacional de origen belga Univeg. Testigos vieron cómo tres policías provinciales que hacían sus “adicionales” como seguridad del lugar lo sacaron de la disco a empujones, lo golpearon y lo cargaron en un auto. Ese día Daniel había hablado con sus compañeros para hacer un paro en reclamo por dinero adeudado: el acuerdo era por unos 2.000 pesos mensuales, pero le habían pagado sólo 800 pesos.
Desde ese día, Daniel Solano está desaparecido. Ahora, el juez de garantías Roberto Gaviña autorizó para el 15 de noviembre la búsqueda de Daniel en un jagüel ubicado a 25 km del campo “La Manuela”, lugar señalado en 2014 por un testigo de identidad reservada como el sitio donde arrojaron el cuerpo sin vida. La causa principal acumula 53 cuerpos y siete policías procesados que, según indicó a lavaca uno de los abogados de la familia, Leandro Aparicio, irán a juicio en febrero del año que viene. Ellos son Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera (procesados por los delitos de “vejaciones, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”); Pablo Andrés Albarrán Carcamo, Pablo Roberto Quidel y Diego Vicente Cuello (por la “privación ilegal de libertad y homicidio agravado”); y Héctor Cesar Martínez (por “vejaciones, privación ilegal de libertad y homicidio agravado”). Aparicio: “Son los mismos siete policías que estuvieron detenidos tres años, y que hoy siguen trabajando, cobrando y portando armas, a pesar de que la justicia de Río Negro, en todos sus niveles, por conveniencia y no por convicción, dijo que era un caso de desaparición forzada”.
¿Por qué entonces llega como un caso de “homicidio calificado”? Para Aparicio, se trata de una “cuestión práctica”. Dice el abogado: “La Corte Suprema de Justicia dijo que están dadas todas las características para un caso de desaparición forzada. Si bien hubo una participación del Estado para detener a siete policías, se dan todos los elementos: la jueza y la fiscal que encubrieron, la policía que desarrolló la tarea y encubre. Por una cuestión práctica, si bien es un caso de desaparición forzada, nos convenía continuar la causa en la justicia provincial y no en la federal, por eso es que el expediente sigue caratulado como homicidio calificado”.
-¿Qué ocurrirá el 15 de noviembre?
-El juez Gaviña autorizó a bajar al jagüel para seguir la pista del testigo de identidad reservada. Pero, en su resolución, dice que como la pericia la pedimos nosotros, nos tenemos que hacer cargo de los costos. Y no podemos: es un pozo de aproximadamente 70 metros, tapado con muchas cosas, y el método para bajar sin personas cuesta 3 millones de pesos. Algunos jagueleros dijeron que las paredes se iban a desmoronar y que era imposible bajar ahí. Eso es falso: llevamos un geólogo experto en perforación que hizo un dictamen, acompañó un protocolo y dijo cómo se puede bajar. Planteó una combinación de métodos para sacar una heladera y, después, sacar todo lo que está adentro. El juez libró oficio a 20 reparticiones estatales para que bajen, todos con resultados negativos. Por lo que tuvimos que requerir una empresa privada. Pero ese dinero lo tiene que aportar el Estado. Si no aparece para el 15 se tendrá que posponer esa medida de prueba y, en ese sentido, plantearemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una medida cautelar para que el Estado colabore.
La investigación completa:
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Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
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